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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos originados en ella

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Fecha
2021-10-21
Radicado
15001233100020000284801
Número interno
36697
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
PEDRO JOSE MEDINA SANCHEZ
Demandado
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN – P.A.R. I.S.S.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos originados en ella

Lo que dijo la Sala

Como el régimen del contrato TU n.° 00159, para la atención de los servicios de telecomunicaciones que prestaba la entidad a través de la modalidad SAI CT en el “Sitio los Muiscas” en Tunja es el derecho privado, su naturaleza es, exclusivamente, la del contrato de agencia comercial, no de obra pública o suministro (art. 6 del Decreto 2123 de 1992) y no había autorización de la CRT (art. 31 Ley 142), Telecom no se encontraba habilitada para declarar la caducidad, ni la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años. Esas facultades excepionales comprenden el ejercicio de competencias para la expedición de actos administrativos en desarrollo de los contratos estatales que la entidad no poseía.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede ser inhabilitado por la entidad estatal para celebrar contratos con el Estado por cinco años y el contrato no puede ser declarado caducado, ya que el contrato TU n.° 00159, que regula la atención de servicios de telecomunicaciones en el sitio Los Muiscas en Tunja, es de naturaleza privada y Telecom no tiene la competencia legal para adoptar tales decisiones, dado que no se ajusta a la modalidad de obra pública o suministro ni cuenta con la autorización de la CRT. La Sala reitera que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que la originan, por lo que declara nulas las resoluciones n.° 15001205-001642 y n.° 15001205-002726 en lo referente a la caducidad del contrato y la inhabilitación del contratista, debido a la falta de atribuciones de Telecom para expedir tales actos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Telecom se encontraba habilitada para declarar la caducidad del contrato y decretar la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 2123 de 1992, art. 6
  • Ley 142 de 1994, art. 31
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de la acción de controversias contractuales en razón de la cuantía?
  • ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación…
  • ¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro del término establecido por la ley?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELECOM ENTIDAD ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL INHABILIDADES DEL CONTRATISTA INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES EJECUCIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL PRUEBAS APORTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE SERVICIOS PÚBLICOS MONOPOLIO ESTATAL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CONCEPTO DE CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CARGOS DE INTERCONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES CLASES DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES CLÁUSULA EXCEPCIONAL NORMA DE DERECHO PRIVADO ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DEL CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO MODALIDADES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CESANTÍA COMERCIAL INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FACTURACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO BILATERAL CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS ACTO PROPIO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA FUERZA MAYOR PRUEBA DE FUERZA MAYOR CONCEPTO DE FUERZA MAYOR HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA MAYOR INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR CASO FORTUITO CARACTERÍSTICAS DEL CASO FORTUITO INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO CONCEPTO DE CASO FORTUITO CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN REVISIÓN DEL CONTRATO REVISIÓN DEL CONTRATO DE MUTUO REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS FALTA DE PRUEBA

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Inhabilidades e incompatibilidades para contratar Adición y prórroga del contrato Garantía única y efectividad de la póliza Prestación de servicios y contrato realidad Régimen del contrato: ¿Ley 80 o derecho privado?

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Titulación de la relatoría 56.337 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / TELECOM / ENTIDAD ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Telecom se encontraba habilitada para declarar la caducidad del contrato y decretar la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años? Respuesta al problema jurídico: No Como el régimen del contrato TU n.° 00159, para la atención de los servicios de telecomunicaciones que prestaba la entidad a través de la modalidad SAI CT en el “Sitio los Muiscas” en Tunja es el derecho privado, su naturaleza es, exclusivamente, la del contrato de agencia comercial, no de obra pública o suministro (art. 6 del Decreto 2123 de 1992) y no había autorización de la CRT (art. 31 Ley 142), Telecom no se encontraba habilitada para declarar la caducidad, ni la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años. Esas facultades excepionales comprenden el ejercicio de competencias para la expedición de actos administrativos en desarrollo de los contratos estatales que la entidad no poseía. La “Resolución n.° 15001205-002726” que resolvió el “recurso” tiene del mismo vicio, a su vez, en la medida que confirmó esas decisiones frente a las cuales Telecom no era competente. La Sala reitera que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos originados en ella, porque la incompetencia es la forma más grave de ilegalidad por la inobservancia de la fuente de sus atribuciones conforme al principio de legalidad (preámbulo, arts. 6, 121, 122 y 123 CN). La magnitud de esta irregularidad destruye la presunción de legalidad que ostenta el acto administrativo, por ello el juez está facultado para decretarla oficiosamente, aunque no se haya invocado esa grosera y brutal agresión del orden jurídico (usurpación de atribuciones que configura una auténtica “vía de hecho” en el ámbito del derecho). La Sala declarará la nulidad de la “Resolución n.° 15001205-001642” y de la “Resolución n.° 15001205-002726”, en lo referente a declaración de caducidad del contrato TU n.° 00159 y la consecuencial declaración de la inhabilidad de cinco años del contratista para celebrar contratos con entidades estatales, pues Telecom no tenía competencia para adoptar esas decisiones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falta de competencia de la entidad estatal para expedir actos administrativos bajo las reglas del derecho privado que rigen el contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C. P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 18 de agosto de 2020, rad. 36875, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 27 de octubre de 2011, rad. 34144, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, DECRETO 2123 DE 1992 - ARTÍCULO 6, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TELECOM / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de la acción de controversias contractuales en razón de la cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. Como Telecom era una Empresa Industrial y Comercial del Estado al momento de la suscripción del contrato TU n.° 00159 del 24 de octubre de 1994 (Ley 6 de 1943 y 83 de 1945 y los Decretos 1684 de 1947, 1233 de 1950, 1184 de 1965, 1635 de 1960 y 3267 de 1963 y reestructurada mediante decreto 2123 de 1992), y como entidad pública prestaba un servicio público domiciliario (Ley 142 de 1994), la jurisdicción administrativa es competente para conocer de la controversia. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el demandante estimó las pretensiones en (…), suma que supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009, rad. 35288, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1184 DE 1965, DECRETO 1233 DE 1950, DECRETO 1635 DE 1960, DECRETO 1684 DE 1947, DECRETO 2123 DE 1992, DECRETO 3267 DE 1963, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 142 DE 1994, LEY 6 DE 1943, LEY 83 DE 1945 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación contractual? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato (art. 90 CN y art. 87 CCA). FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro del término establecido por la ley? Respuesta al problema jurídico: Si El término para formular las pretensiones en la acción controversias contractuales, de conformidad con el inciso primero del numeral 10 del artículo 136.10.d CCA, por regla general, es de dos años contados a partir del día siguiente a que se liquide unilateralmente el contrato. Como el demandante solicitó la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, identificado como “Resolución nº. 150011205-003305”, que fue notificado el 15 de enero de 1999 (…), y la demanda fue presentada el 21 de noviembre de 2000, el medio de control se intentó en tiempo. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / PRUEBAS APORTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio las declaraciones trasladadas del expediente de la Contraloría General de la República y la copia de la providencia judicial que fue aportada al proceso de manera extemporánea? Respuesta al problema jurídico: No Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró tenían mérito probatorio. Al proceso se aportó, como prueba trasladada solicitada por la demandante, unas declaraciones bajo juramento rendidas en el expediente n.° 659 de la Contraloría General de la República (…). Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación. Como la parte demandada no pidió la práctica de las declaraciones en el proceso primitivo, no estuvo presente en la diligencia y no estructuró su defensa con fundamento en esas pruebas, no serán valoradas. El demandante aportó, después del decreto de pruebas y antes del auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia, una sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja rad n.° 2002-0031-00 (…). Como toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (art 174 y 183 CPC), no se valorarán los documentos allegados de manera extemporánea. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. En relación con el valor probatorio de la prueba testimonial trasladada, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 11 de septiembre de 2013, rad. 20601, C. P. Danilo Rojas Betancourth. SERVICIOS PÚBLICOS / MONOPOLIO ESTATAL / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO Problema jurídico: ¿La Ley 142 de 1994 dispuso que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se regirían por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si La perspectiva estatista, propia del régimen jurídico anterior a la expedición de las leyes 142 y 143, concebía a los servicios públicos como una actividad monopólica del Estado. Cuando un particular se encargaba de su prestación y al efecto usaba la infraestructura pública lo hacía forzosamente bajo la modalidad de concesión del servicio. Dentro de los múltiples preceptos de promoción de la competencia, contenidos en la Ley 142, ocupan especial lugar las reglas en materia de contratación, la cuales someten a un mismo marco jurídico a todos los operadores con independencia de su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, en especial, los de libre iniciativa, competencia y eficiencia económica, los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se regirían por el derecho privado. La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende pueden proferirse actos administrativos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el derecho administrativo de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de octubre de 2020, rad. 48009, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 13 de mayo de 2004, rad. AP 020, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 10 de febrero de 2005, rad. AP 254, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 24 de febrero de 2005, rad. AP 1470, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; auto de 17 de febrero de 2005, rad. 27673, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 26 de enero de 2006, rad. AP 1944, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 26 de enero de 2006, rad. AP 1640, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 2 de marzo de 2006, rad. AP 543, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 16257, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 18 de julio de 2007, rad. 29745, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de junio de 2011, rad. 32018, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 15 de noviembre de 2011, rad. 21178, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003. Con relación al régimen aplicable a los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, cita: Consejo de Estado, sentencia de 13 de mayo de 2004, rad. AP-0020, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 10 de febrero de 2005, rad AP-254, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 24 de febrero de 2005, rad. AP-1470, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 26 de enero de 2006, rad. AP-1944, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 15 de noviembre de 2011, rad. 21178, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 26 de noviembre de 2017, rad. 40816, C. P. Danilo Rojas Betancourth. Respecto de la remisión al derecho privado de los contratos estatales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2017, rad 56562, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 8 de junio de 2018, rad. 38120, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas; sentencia de 30 de septiembre de 2019, rad. 43036, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas; sentencia de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32 CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CONCEPTO DE CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL Problema jurídico: ¿En el contrato de agencia comercial, un comerciante asume de forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo? Respuesta al problema jurídico: Si En el contrato de agencia comercial, un comerciante asume de forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo, de conformidad con el artículo 1317 C. Co. El contrato de agencia comercial se caracteriza por: (i) la función económica dispuesta por la ley, esencia de esta tipología, consiste en que el agente promueva o explote negocios de otro y se abra espacio en un mercado determinado; (ii) la independencia del agente, esto es, que ejerza el encargo sin estar subordinado al empresario; (iii) la estabilidad de la actuación del agente, circunstancia que excluye los encargos ocasionales o esporádicos; (iv) la exclusividad a favor del agente y no del agenciado; (v) la actuación por cuenta ajena, es decir, los efectos económicos del contrato recaen en la empresa y (vi) la determinación de la zona y el ramo de productos. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1317 TELECOM / CARGOS DE INTERCONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES / CLASES DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES / ENTIDAD ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL Problema jurídico: ¿Telecom tenía como objeto la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones dentro del territorio nacional y en conexión con el exterior y los contratos que celebrara la entidad para el cumplimiento de sus objetivos y funciones se someterían al derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 2 del Decreto 2123 de 1992, mediante el cual se reestructuró Telecom en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 20 transitorio CN, estableció que la entidad tenía como objeto la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones dentro del territorio nacional y en conexión con el exterior. Según ese decreto, salvo el contrato de empréstito, todos los demás contratos que celebrara la entidad para el cumplimiento de sus objetivos y funciones se someterían al derecho privado y no requerirían autorizaciones o conceptos previos ni posteriores de organismos distintos a los de Telecom. El procedimiento para la formación, celebración, ejecución y terminación de los contratos se sujetaría a las disposiciones comerciales y civiles pertinentes. En los contratos de obras públicas y suministro se podrían pactar cláusulas exorbitantes (art. 6.). El 24 de octubre de 1994, Telecom y (…) celebraron el contrato TU n.° 00159 (…). Como Telecom celebró el contrato en vigencia del Decreto 2123 de 1992 y de la Ley 142 de 1994, su régimen es el derecho privado. Además, salvo las excepciones señaladas, no se podían pactar las denominadas cláusulas excepcionales al derecho común, pues, aunque el artículo 31 de la Ley 142, vigente para la época del contrato, dispuso que las Comisiones de Regulación podían hacerlas obligatorias, ello ocurrió con posterioridad a su celebración (…). En el contrato se pactó que [el demandante] (…) atendería de forma independiente los servicios de telecomunicaciones que prestaba Telecom a través de la modalidad SAI CT (…), bajo su responsabilidad y supervisión por el término de tres años renovables previa verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del agente (…). Además, se estipuló que el demandante recibiría una retribución correspondiente un porcentaje de lo producido, que sería de propiedad de Telecom, por colaborar en la atención de los servicios de telefonía, que debería mantener visible el logotipo distintivo de la entidad y que debía mantener buenas relaciones con el público en general y que respondería por las deficiencias, mora o negligencia en la atención de los servicios (…). Estas estipulaciones del contrato dan cuenta de que: (i) [el demandante] (…) se encargó de promover el negocio de Telecom en búsqueda de ampliar el mercado de la empresa; (ii) ejercía el encargo sin estar subordinado a la entidad, esto es, de forma independiente; (iii) su actividad se ejercía de forma estable; (iv) actuaba por cuenta de la empresa y (v) que ejercía su actividad en una zona determinada, en el servicio de telecomunicaciones. Por ello, la naturaleza del contrato es el de agencia comercial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la inclusión de cláusulas excepcionales en los contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de noviembre de 2011, rad. 21178, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre el contrato de agencia comercial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2019, rad. 44835, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 2 de agosto de 2019, rad 42648, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 2 de marzo de 2020, rad. 43398, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 28 de abril de 2021, rad, 48003, C. P. Ramiro Pazos Guerrero FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 20, DECRETO 2123 DE 1992 - ARTÍCULO 2, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31 TELECOM / ENTIDAD ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La orden impartida por Telecom de hacer efectiva la garantía, comportó la expedición de un acto administrativo de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta que esta entidad se rige por las disposiciones del derecho privado? Respuesta al problema jurídico: No En los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento que da lugar a la efectividad de las garantías en los términos (art. 18). La entidad demandada ordenó hacer efectiva la garantía n.° 19446 al declarar la caducidad del contrato (…). La declaratoria unilateral del siniestro comporta, pues, la expedición de un acto administrativo de obligatorio cumplimiento, al presumirse legal (arts. 66 CCA y hoy 88 y 92 CPACA, 4 inc. 2 CN) ser ejecutable por la Administración, y contra esa decisión proceden los recursos por vía administrativa y la impugnación judicial. Por ello, la aseguradora está para impugnar el acto que la declara. (…) La Sala (…) reitera que cuando la actividad contractual de las entidades está sometida, exclusivamente, al derecho privado, no le son aplicables las disposiciones del procedimiento administrativo dispuestas en los numerales 4 y 5 del artículo 68 CCA, que comportan el ejercicio de una prerrogativa de la Administración derivada del ejercicio del poder público a través de la expedición de actos administrativos. De modo que, en los contratos sometidos al régimen privado, como la Administración actúa como un particular (actos de gestión), el procedimiento para hacer exigible los amparos será el regulado en el Código de Comercio. La entidad, al igual que un particular, deberá dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro (arts. 1075 y 1080 C. Co.) y deberá demostrar la ocurrencia de este y la cuantía de la pérdida (art. 1077 C. Co.). El asegurador, en caso de desacuerdo, podrá objetar la reclamación (art. 1077 C. Co.). Ante a una controversia al respecto, se deberá acudir al juez del contrato para que dirima la disputa y determine la procedencia de la indemnización. Telecom (…) ordenó hacer efectiva la garantía n.° 19446 de La Previsora SA Compañía de Seguros como consecuencia de haber declarado la caducidad del contrato (art. 3) (…) y que confirmó la decisión a través de la “Resolución n.° 15001205-002726” (…). Como Telecom se rige por las disposiciones del derecho privado, la orden de hacer efectiva la garantía no comportó la expedición de un acto administrativo de obligatorio cumplimiento. La manifestación de la entidad constituyó, bajo las reglas del contrato de seguro, tan solo una orden para dar noticia a la aseguradora acerca del siniestro según lo dispone el artículo 1075 C.Co. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los recursos que proceden contra la decisión que declara unilateralmente el siniestro, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 1997, rad. 9286, C. P. Carlos Betancur Jaramillo. Con relación a la actividad contractual de las entidades estatales que están sometidas al derecho privado y las disposiciones aplicables, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 2019, rad. 39800, C. P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 4 INCISO 2, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 66, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68 NUMERAL 4, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68 NUMERAL 5, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1075, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1080, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 92, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18 CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / MODALIDADES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CESANTÍA COMERCIAL / INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El contrato de agencia comercial se puede terminar de manera unilateral y por justa causa, sin necesidad de cláusula especial y cuando ha sido por culpa del agente, éste no tiene derecho a indemnización alguna o a la llamada cesantía comercial? Respuesta al problema jurídico: Si En el contrato de agencia comercial, la legislación prevé, precisamente, la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato como facultad que se entiende incorporada al contrato sin necesidad de cláusula especial (natural, según art. 1501 CC). En efecto, el artículo 1324 C. Co, remite a las causas de terminación del mandato, dentro de los cuales está su revocación por parte del mandante (art. 1279 C.Co.). El artículo 1325 C.Co, a su vez, dispone que serán justas causas para terminar el contrato de forma unilateral por parte del empresario: (i) el incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato o la ley; (ii) cualquier acción u omisión del agente que afecte gravemente los intereses del empresario; (iii) la quiebra o insolvencia del agente; y (iv) la liquidación o terminación de actividades. Cuando el contrato de agencia termina, el (…) inciso 1° del artículo 1324 C.Co., al prever la llamada “cesantía comercial” ordena que el agente tendrá derecho a la terminación del contrato, a que el empresario le pague una suma equivalente a una doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor. La “cesantía comercial” se fundamenta en el reconocimiento de su actividad de creación de una clientela presente y futura, que no es remunerada totalmente durante la vigencia del convenio y que beneficia al empresario aun cuando se extinga la relación contractual, circunstancia que no implica que la norma sea de orden público, ni la irrenunciabilidad de la prestación (art. 15 CC). El inciso final del artículo 1324 C.Co. prescribe que si el agente da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa comprobada, no tendrá derecho a indemnización o pago alguno por este concepto. La jurisprudencia civil ha señalado que la “cesantía comercial” se debe pagar aun cuando el contrato termine por justa causa. La Sala no comparte esta postura porque el inciso final del artículo 1324 C.Co. dispone que no se tendrá derecho a indemnización o pago cuando la terminación unilateral se dé por justa causa. Si de acuerdo con el tenor literal de esta prescripción (art. 27 y 28 CC) el agente no tiene derecho al pago, esto es, la entrega de un dinero o especie que se deba (art. 1626 CC), esto incluye, por supuesto, la “cesantía comercial” (…). Por ello, cuando la terminación por justa causa se configura sin que el hecho le sea imputable al agente, el empresario deberá pagar la “cesantía comercial”, pues aquél no habría dado lugar a esa circunstancia. Existen situaciones, pues, que, al no ser imputables, en principio, al agente -como lo sería su quiebra o insolvencia o la liquidación o terminación de actividades por decisión del empresario (literales c y d del numeral 1 del art. 1325 C.Co.)- darían lugar al pago de la “cesantía comercial” aun cuando se configure una justa causa para la terminación del contrato. Los incisos 2 y 3 del artículo 1324 C.Co., por su parte, prescriben que, además de la prestación indicada anteriormente, cuando el empresario revoca o da por terminado unilateralmente el contrato sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una indemnización equitativa, como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato. Esta regla también aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario. Para la fijación del valor de la indemnización, se tendrá en cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la autonomía privada de la facultad de resolver el contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de agosto de 2020, rad. 36875, C. P. Guillermo Sánchez Luque. Respecto a la terminación unilateral del contrato de agencia y el reconocimiento de la cesantía comercial, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de octubre de 2011, rad. 2001-00847-01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de noviembre de 2017, rad. 2011-00081-01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 6 de julio de 2007, Rad. 7504. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1279, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1324, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1325, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 15, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1501, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1626, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 27, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 28 INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / FACTURACIÓN / RENDICIÓN DE CUENTAS / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CESANTÍA COMERCIAL Problema jurídico: ¿Se acreditó el incumplimiento de las obligaciones del agente durante la ejecución del contrato, lo cual generó la terminación unilateral del contrato de agencia comercial por justa causa, sin derecho al pago de la cesantía comercial? Respuesta al problema jurídico: Si La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece exteriorizada en la cláusula quinta del contrato permite concluir, sin ambigüedad, que el contratista tenía una obligación clara, consistente en realizar los pagos conforme al requerimiento de TELECOM o debía rendir cuentas en el plazo mensual fijado. Telecom y el interventor del contrato enviaron varias comunicaciones al demandante durante los años 1996, 1997 y 1998, donde señalaron inconsistencias en la facturación y las cuentas rendidas y solicitaron reiteradamente pagar el valor faltante (…). La Sala otorga credibilidad a estos documentos públicos, pues en ellos se expone con claridad el monto de los saldos pendientes de pago. Además, tienen soportes respectivos que justifican la deuda pendiente de pago por el contratista y fueron elaborados por las personas, interventor y empleados de TELECOM, que tenían como función verificar el cumplimiento del contrato. Además, se acreditó que el demandante reconoció, en vigencia del contrato, que algunas de las sumas faltantes se debían a errores por parte de la operadora a su cargo y que pidió un plazo para pagar ciertas sumas requeridas por la entidad (…) De acuerdo con las pruebas, el incumplimiento de las obligaciones del agente tuvo que ver, por una parte, con reiteradas inconsistencias en la facturación que generaron un pasivo a favor de Telecom durante la ejecución del contrato, sin que hubiera respuesta oportuna por parte del demandante acerca de dicha situación a pesar de varios requerimientos (…). Por otra, con el incumplimiento en la obligación de rendir cuentas, que además de haberse pactado contractualmente (cláusula quinta del contrato TU n.° 00159), también es un deber propio del agente según el régimen del contrato de agencia comercial (art. 1268 C. Co., aplicable por remisión del artículo 1330 C. Co.). De modo que no solo se acreditó el incumplimiento de lo pactado, sino que, además, correspondió a una desatención de las obligaciones propias del contrato de agencia mercantil. Aunque el demandante señaló que la entidad no tenía sustento para acreditar los pagos faltantes, no obran pruebas de que hubiera, en efecto, cumplido esa obligación, circunstancia que le correspondía demostrar de conformidad con el artículo 177 CPC y 1757 CC. (…) Tampoco obra prueba acerca de sus alegaciones frente al incumplimiento de la entidad por otorgar un permiso al funcionario encargado de recibir cuentas en el horario laboral y no tener un reemplazo. Estas no pasaron de ser afirmaciones sin sustento probatorio. Como las pruebas dan cuenta de un incumplimiento grave del demandante de las obligaciones derivadas del contrato de agencia comercial TU n.° 00159 (…), procedía la terminación unilateral del contrato por justa causa sin derecho al pago de la “cesantía comercial”, ni la indemnización establecida en los incisos 2 y 3 del artículo 1324 C.Co., de conformidad con la regulación del contrato de agencia comercial (arts. 1324 y 1325 C.Co.). De manera que, no se acreditó un incumplimiento de la entidad en el ejercicio de esta facultad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la intención de las partes en la relación contractual, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 2020, rad. 11001-31-03-019-2011-00361-01; sentencia de 29 de agosto de 1924; sentencia de 6 de marzo de 1972; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2012, rad. 23191, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1268, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1324, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1325, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1330, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757 EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO BILATERAL / CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La excepción de contrato no cumplido faculta a una de las partes de un contrato bilateral a no ejecutar su obligación mientras la otra parte no cumpla la suya, si ninguna de las partes del contrato concurrió a cumplir sus obligaciones, por motivos distintos al incumplimiento del otro, el deudor demandado no podrá proponer la excepción de contrato no cumplido? Respuesta al problema jurídico: Si En todo contrato bilateral, las partes tienen, en caso de incumplimiento de una obligación “primaria”, y no de aquellos compromisos insignificantes o intrascendentes en el desarrollo del negocio jurídico, la acción alternativa para el cumplimiento del contrato o para su resolución. La condición resolutoria tácita, exige a quien demanda acreditar el cumplimiento de sus obligaciones o, en caso de encontrarse en mora, que ese hecho tiene origen en el incumplimiento del otro contratante. El derecho legal a la resolución debe reunir, no solo, las reglas de la mora unilaterales (arts. 1608 CC), sino también las reglas previstas para la mora cuando se trata de obligaciones que tienen su fuente en contratos bilaterales. La acción resolutoria es improcedente cuando ambos contratantes han faltado al cumplimiento de sus respectivas obligaciones, pues ninguno se consideraría en mora. En consonancia, el artículo 1609 CC prescribe que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla o no se allane a hacerlo en la forma y tiempo debidos. La excepción de contrato no cumplido [exceptio non adimpleti contractus] faculta a una de las partes de un contrato bilateral a no ejecutar su obligación mientras la otra parte no cumpla la suya. (…) Esta excepción enerva la acción indemnizatoria del demandante, pues esta solo se debe desde el momento en que el deudor se constituye en mora (art. 1615 CC), que es presupuesto para su exigibilidad. El deudor debe probar que su conducta proviene del incumplimiento del contratante. (…) [P]ara excepcionar por contrato no cumplido es preciso que el excepcionante obre de buena fe y no esté obligado a ejecutar, en primer lugar, sus obligaciones. (…) [E]sta excepción puede presentar varias hipótesis: (i) si el acreedor demandante cumplió o se allanó a cumplir, no procede la excepción; (ii) si el acreedor demandante no cumplió ni se allanó a cumplir, porque el deudor demandado debía primero, tampoco es procedente; (iii) si el acreedor demandante no cumplió ni se allanó a cumplir y el deudor debía cumplir después, tiene para su defensa esta excepción; (iv) si el cumplimiento de las obligaciones era simultáneo, procederá si el deudor demandado ofreció el pago o se allanó a cumplir en los tiempos debidos. Si ninguna de las partes del contrato concurrió a cumplir sus obligaciones, por motivos distintos al incumplimiento del otro, el deudor demandado no podrá proponer la excepción de contrato no cumplido [exceptio non adimpleti contractus]. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1609, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1615 EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TELECOM / PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / ACTO PROPIO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Es procedente la excepción de contrato no cumplido fundada en que el funcionario de Telecom encargado de recibir las cuentas no se encontraba en el lugar de trabajo y que los pagos adeudados estaban supeditados a que la entidad le informara los faltantes? Respuesta al problema jurídico: No La excepción de contrato no cumplido [exceptio non adimpleti contractus]se fundó en que el funcionario encargado de recibir las cuentas no se encontraba en el lugar de trabajo. (…) No se probó que el funcionario encargado de recibir las cuentas no se encontraba en la oficina y que por ese motivo el demandante incumplió sus obligaciones. Tampoco que ese funcionario fuera el único frente al cual se podían rendir las cuentas, esto es, que dicha situación fuera determinante para el cumplimiento del contrato. Tal circunstancia solo se alegó con posterioridad a la decisión de Telecom de terminar el contrato por incumplimiento, con el fin de que la entidad reconsiderara su decisión. En el ámbito de los contratos, los artículos 1603 CC y 871 C. Co. prescriben -en perfecta simetría con el artículo 83 CN- que los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella (art. 1501 CC). (…) En el ámbito de la contratación estatal la buena fe impone un proceder caracterizado por la mutua confianza, diligencia, prudencia y colaboración en la construcción del vínculo jurídico para la satisfacción de la necesidad colectiva y de interés público que se persigue con el contrato público, que se extiende -por supuesto-a si ejecución y terminación (arts. 3 Ley 80 de 1993 y 2 CN). Si, en efecto, se hubiese presentado un inconveniente con los horarios del funcionario encargado de recibir las cuentas, el demandante, al ejecutar el contrato de buena fe, debía hacer las actuaciones necesarias para presentar la rendición de cuentas y para informar a Telecom esa circunstancia. Los deberes de lealtad y corrección exigían al contratista la entrega de los informes pactados, necesarios para determinar el éxito del negocio, sin que proceda excusar su incumplimiento en “horarios de trabajo” de funcionarios públicos. Esa circunstancia no impedía la entrega de los informes requeridos por la entidad contratante. (…) El cumplimiento de su obligación, relativa a presentar informes y hacer los pagos, no estaba supeditada a que TELECOM le informara los faltantes, los cuales, además, se acreditaron (…). Su incumplimiento no tuvo como causa o motivo un incumplimiento de TELECOM de una obligación, pues esta lo que hizo fue reclamar el pago pendiente y la información que suministrara o no, con ocasión de esa reclamación, no tenía por qué ser motivo del cumplimiento incompleto de las obligaciones del contratista. (…) Como la alegada falta de información no es causa del incumplimiento del demandante, no se configura la excepción de contrato no cumplido [exceptio non adimpleti contractus]. (…) La inconformidad del demandante frente a las prórrogas del contrato tampoco constituye un incumplimiento de la entidad demandada, que es el aspecto central que justifica su procedencia. Por demás, la alegada prórroga “automática” operaba previa verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del agente (…). En todo caso, las partes del contrato están habilitadas para modificar la relación contractual por consentimiento mutuo de conformidad con el artículo 1602 CC, circunstancia que quedó acreditada frente al plazo del contrato, pues se suscribieron prórrogas por términos de tres meses que vencieron el 23 de julio de 1998 (…). El demandante pretende actuar en contra de sus propios actos, pues voluntariamente decidió prorrogar el contrato. De manera que, la excepción de contrato no cumplido [exceptio non adimpleti contractus] propuesta no está llamada a prosperar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la buena fe en el ámbito contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, rad. 24715, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1501, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3 FUERZA MAYOR / PRUEBA DE FUERZA MAYOR / CONCEPTO DE FUERZA MAYOR / HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR / CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA MAYOR / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / CASO FORTUITO / CARACTERÍSTICAS DEL CASO FORTUITO / INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO / CONCEPTO DE CASO FORTUITO / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El demandante acreditó la excepción de contrato no cumplido, la circunstancia de fuerza mayor o el caso fortuito? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 64 CC, subrogado por el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, dispone que se llama fuerza mayor o caso fortuito, al hecho imprevisto que, además, no es posible resistir. Un fenómeno externo, exógeno o extraño a los contratantes es irresistible cuando no es posible oponerse a su ocurrencia o a los efectos que se derivan, dada su magnitud y fortaleza e imprevisible pues su ocurrencia no puede verse con anticipación, es decir, no se puede conocer qué y cómo ha de suceder. (…) Hecho que implica la inejecución de las obligaciones contractuales y que, por lo tanto, configura un eximente de responsabilidad, al romper el nexo causal, o lo que es igual, entraña la irresponsabilidad del contratista frente a la no ejecución del contrato. (…) Ningún acontecimiento en sí mismo constituye fuerza mayor o caso fortuito liberatorio, dice la jurisprudencia civil, de una determinada obligación contractual. No es una cuestión de clasificación mecánica de acontecimientos. De modo que, para que la fuerza mayor libere al deudor de su obligación, el hecho que la constituye debe reunir cuatro caracteres: (i) no ser le imputable a su comportamiento; (ii) no haber concurrido con la culpa del deudor; (iii) ser irresistible, esto es, que no haya podido ser impedido y haya puesto al deudor, “dominado por el acontecimiento”, en la imposibilidad absoluta de ejecutar la obligación y (iv) ser imprevisible, es decir que no haya sido lo suficientemente probable para que el deudor haya debido razonablemente precaverse contra él. Las circunstancias alegadas por el demandante no corresponden a hechos constitutivos de fuerza mayor, pues no son hechos imprevisibles e irresistibles. En efecto, la no prueba de los pagos faltantes y la ausencia de un funcionario encargado de recibir las cuentas en el horario laboral corresponden a posibles incumplimientos de la entidad frente a los cuales la Sala, reitera, ya se pronunció (…). Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. (…) Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como se acreditó que la demandada terminó el contrato de agencia comercial con justa causa y no se demostró que se hubiera configurado la “excepción de contrato no cumplido” o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, la Sala considera que esa decisión, contenida en la “Resolución n.° 15001205-001642” y “Resolución n.° 15001205-002726”, fue adoptada válidamente en ejercicio de las facultades propias del derecho privado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes de responsabilidad en materia contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de noviembre de 2005, rad. 14392, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 64, LEY 95 DE 1890 - ARTÍCULO 1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL Problema jurídico: ¿La declaración de Telecom de liquidar de manera unilateral el contrato de agencia comercial, regido por el derecho privado, tiene efecto jurídico alguno respecto al demandante? Respuesta al problema jurídico: No La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el estado de ejecución de las obligaciones. Deben liquidarse los contratos de ejecución sucesiva, es decir aquellos en que el objeto debe ejecutarse en actos escalonados y no solo en un acto único, y en los demás que lo requiera (art. 60 Ley 80 de1993 subrogado art. 217 Decreto Ley 19 de 2012). La liquidación puede ser: (i) de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), (ii) unilateral, es decir por la Administración directamente y (iii) judicial. (…) En regímenes exceptuados de la ley 80 de 1993 los actos que “liquidan” un contrato -cuando no se han pactado en el contrato- constituyen una manifestación unilateral de corte de cuentas de la entidad, que, al no ser ejecutoria ni ejecutiva, no es de obligatorio cumplimiento por el contratista al no constituir acto administrativo. La entidad, pues, no está facultada para imponer obligaciones en ese corte de cuentas, ni mucho menos para emitir un “acto administrativo” que pueda, posteriormente, ser cobrado mediante un proceso ejecutivo. Por ello, las entidades deberán, en todo caso, acudir al juez del contrato para obtener el reconocimiento de las sumas contenidas en ese corte de cuentas, que -se reitera- no son fuente de obligaciones para los contratistas (art. 1494 CC). (…) Como las partes no pactaron en el contrato TU n.° 00159 la posibilidad de liquidar el contrato de forma unilateral y el contrato está cometido derecho privado, la declaración de Telecom no tiene efecto jurídico alguno respecto al demandante, pues dicha facultad no tiene fuente en la ley, ni del concurso de sus voluntades. De manera que, la orden de liquidar el contrato de la “Resolución n.° 15001205-001642” -confirmada en la “Resolución n.° 15001205-002726” y el documento denominado “Resolución n.° 15001205-003305”, que declaró que el demandante debía una suma a Telecom, constituyeron una simple manifestación por parte de la entidad para hacer un corte unilateral de cuentas, desprovista de fuerza obligatoria y frente a los cuales no es procedente declarar su nulidad por no constituir actos administrativos ejecutivos y ejecutorios, sino meras manifestaciones carentes de efectos jurídicos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación de los contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 18971, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de agosto de 1984, rad. 3215, C. P. José Alejandro Bonivento Fernández; sentencia de 16 de octubre de 1980, rad. 1960, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 4 de junio de 2008, rad. 16293, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 30 de septiembre de 2019, rad. 43036, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 19 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1494, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / REVISIÓN DEL CONTRATO / REVISIÓN DEL CONTRATO DE MUTUO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿En el contrato regido por el derecho privado, es procedente la revisión del contrato de agencia comercial, frente a las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico? Respuesta al problema jurídico: No Durante la fase de formación y al momento de celebrar un contrato, incluido el contrato público, las partes valoran beneficios y asumen determinados riesgos financieros que determinan la ecuación contractual. Por ello, a pesar de la importancia del postulado según el cual los contratos son ley para las partes y, por ende, deben cumplirse [pacta sunt servanda], se han moderado los efectos de la aplicación estricta del contrato, al hecho de que los términos originales del acuerdo se mantengan. En efecto, con fundamento en la equidad en las mutuas relaciones de las partes, en la presunción de que ellas se obligan en consideración a las circunstancias existentes al tiempo del negocio [rebus sic stantibus] y bajo el entendimiento de que situaciones extraordinarias, imprevistas e irresistibles, pueden volver excesivamente difícil el estricto cumplimiento del contrato, se desarrolló la llamada “teoría de la imprevisión”, que busca restablecer el equilibrio prestacional perturbado por esas circunstancias. (…) El artículo 898 C. Co. que reguló expresamente la figura, dispone que cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá pedir su revisión. Cuando se presente, el juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, decretará la terminación del contrato, de conformidad con el inciso segundo del artículo 868 C. Co. Para que proceda la revisión del contrato se requiere que el contrato (i) sea existente y válido; (ii) que sea de ejecución sucesiva, periódica o diferida y no aleatorio o de ejecución instantánea; (iii) que se trate de circunstancias imprevistas o imprevisibles; (iv) que sean eventos que ocasionen una excesiva onerosidad, esto es, una desproporción contundente y evidente con relación a la finalidad económica del contrato; (v) que los eventos alteradores de la simetría prestacional hayan acontecido después de la celebración del contrato, durante su ejecución y previamente a su extinción y; (vi) que dichos eventos sean ajenos a la voluntad de las partes. Quien pretenda la revisión del contrato, además, debe haber cumplido, en principio, sus obligaciones, porque las circunstancias que hacen posible la revisión son aquellas que hacen más gravosa su ejecución y no las que la hacen imposible. Es decir, quien alega la imprevisión no puede justificar su propio incumplimiento en la excesiva onerosidad, pues esa circunstancia no impide que el contrato se ejecute. Esta es, precisamente, el elemento distintivo entre la imprevisión y la figura de la fuerza mayor y el caso fortuito, que imposibilitan la ejecución del contrato. Cuando el demandante pretende el restablecimiento del equilibrio económico del contrato frente a los cuales no le son aplicables las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dicho fenómeno no se rige, como es natural, por las disposiciones establecidas en dicho estatuto, sino a partir de la denominada “imprevisión”, establecida en el artículo 898 C. Co. Se aprecia, pues, en la decisión una confusión entre el equilibrio económico del contrato regulado en la Ley 80 de 1993 y la teoría de la imprevisión a la cual se aplican las disposiciones de la ley mercantil. (…) Como el contrato finalizó por la terminación unilateral de la entidad (…), la revisión del contrato no es procedente, pues no hay un desequilibrio en las prestaciones del contrato que puedan ocasionar su reajuste o su terminación. Además, el incumplimiento grave en las obligaciones del demandante, circunstancia que dio lugar a la terminación unilateral del contrato de agencia y que quedó acreditada en el proceso [núm. 24], no se justifica con la alegada configuración de la imprevisión, pues, se reitera, este fenómeno no impide el cumplimiento de las obligaciones de las partes, que se debían cumplir de conformidad con lo pactado en el contrato TU n.° 00159. Los señalamientos, por demás, son afirmaciones sin un sustento probatorio que diera cuenta de los presupuestos necesarios para la revisión del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la teoría de la imprevisión, cita: Corte Suprema de Justicia, sentencia de 29 de octubre de 1936 y sentencia de 23 de mayo de 1938; Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de febrero de 2012, rad. 11001-031-040-2006-00537-01; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 1991, rad. 6102, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 29 de junio de 1989, rad. 5295, C. P. Carlos Betancur Jaramillo. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 898, LEY 80 DE 1993 INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditaron los perjuicios económicos por la declaratoria de caducidad del contrato, la inhabilidad de cinco años del contratista para celebrar contratos con entidades estatales y la liquidación unilateral del contrato? Respuesta al problema jurídico: No No obra prueba que acredite que el perjuicio económico alguno por la declaratoria de caducidad del contrato TU n.° 00159 y por la declaración de la inhabilidad de cinco años del contratista para celebrar contratos con entidades estatales y la liquidación unilateral del contrato. (…) Como la prueba de este perjuicio correspondía al demandante, de conformidad con el artículo 177 CPC, se negará esta pretensión. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331000200002848011100103