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clave: "consejo_estado:providencia:54001233100020070017601-71599-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-04-20"
radicado: "54001233100020070017601"
numero: "71599"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
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# Consejo de Estado: el reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-04-20
- **Radicado:** 54001233100020070017601
- **Número interno:** 71599
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** MANUEL GUILLERMO GIL QUINTERO, CONSORCIO PLAN MAESTRO OCAÑA, DISTRIPAL SA, CONSTRUCOL SA, COMPAÑIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
- **Demandado:** MUNICIPIO DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233100020070017601-71599-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/54001233100020070017601/177D53CA041CF153DAD7F281031D2418F92852FC7D47E68C92B7B74B85BB03A1/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012331000200700176011100103

## Regla de decisión

El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento.

## Problema jurídico

¿El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando surge mayor onerosidad y el contratista cumple íntegramente sus obligaciones?
- ¿Procede el reconocimiento de indemnización por pérdida de oportunidad cuando no existe prueba de una posibilidad real de contratación ni de la cuantía del perjuicio?
- ¿Niega la Sala adición de la sentencia cuando no existe pretensión en la demanda ni prueba de pago sobre la suma reclamada?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 84 de 1873, arts. 1546 y 1609

## Extracto

A partir de los hechos reconstruidos hasta este punto, la Sala encuentra que a pesar de que la propuesta del contratista de cambiar la tubería en concreto por PVC no comprometía la totalidad de los sectores de la obra, lo cierto es que con ella se procuró -entre otras cosas- recuperar el tiempo que se había perdido en la ejecución del contrato por efecto de todas las circunstancias previas que se habían presentado, para lo cual se amplió en 5 meses el plazo para desarrollar en su totalidad el objeto pactado; paralelamente el consorcio se comprometió a implementar nuevos frentes de trabajo con el personal necesario para lograr ese propósito.

## Síntesis temática

El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de una relación causal directa entre los supuestos incumplimientos de la entidad estatal y los del contratista, sumado a la falta de prueba fehaciente sobre la imposibilidad de cumplimiento. La corporación judicial examinó los presupuestos de la excepción de contrato no cumplido, las reglas del pliego de condiciones, la bilateralidad negocial y la responsabilidad contractual del Estado, determinando que no se acreditó la afectación alegada ni la temeridad o mala fe procesal que justifique una condena en costas.

## Descriptores temáticos

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PARTES DEL CONTRATO, ACTO CONTRACTUAL, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CONTRATO BILATERAL, RESOLUCIÓN DEL CONTRATO BILATERAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS, RELACIÓN DE CAUSALIDAD, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD, PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, MAYOR VALOR DE LOS COSTOS, CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, ENTREGA DE OBRA PÚBLICA, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATANTE CUMPLIDO, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS, ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS, EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, CONSORCIO, RESARCIMIENTO DEL DAÑO, DAÑO, PROPUESTA DEL PROPONENTE, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, PLIEGO DE CONDICIONES, FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CONCEPTO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA, CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, ADICIÓN DE LA SENTENCIA, SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA, OBJETO DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA, OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA, REQUISITOS DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA, NORMATIVA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PARTES DEL CONTRATO / ACTO CONTRACTUAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTRATO BILATERAL / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO BILATERAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATANTE CUMPLIDO / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
A partir de los hechos reconstruidos hasta este punto, la Sala encuentra que a pesar de que la propuesta del contratista de cambiar la tubería en concreto por PVC no comprometía la totalidad de los sectores de la obra, lo cierto es que con ella se procuró -entre otras cosas- recuperar el tiempo que se había perdido en la ejecución del contrato por efecto de todas las circunstancias previas que se habían presentado, para lo cual se amplió en 5 meses el plazo para desarrollar en su totalidad el objeto pactado; paralelamente el consorcio se comprometió a implementar nuevos frentes de trabajo con el personal necesario para lograr ese propósito. En estas condiciones, resulta inaceptable que el demandante pretenda continuar excusando los incumplimientos en los que incurrió con posterioridad a esas renegociaciones, con base en las circunstancias que se buscaron remediar con ellas. (...) Esta Subsección ha destacado que la prosperidad de la excepción de contrato no cumplido exige verificar una relación de causalidad directa y actual entre el incumplimiento del demandante y la resistencia del demandado, por lo cual no puede edificarse sobre irregularidades pretéritas o históricas, sino que exige la demostración de incumplimientos actuales, concurrentes y de tal gravedad que hagan objetivamente inexigible la prestación propia en el momento en que esta debe ejecutarse. (...) En el mismo sentido, ha señalado que la excepción no puede ser invocada por quien, con pleno conocimiento de esas faltas pretéritas, las ha tenido por superadas al suscribir modificaciones contractuales posteriores que redefinen los plazos, alcances y condiciones de ejecución, generando en la contraparte la legítima expectativa de que tales hechos no volverán a ser alegados como obstáculo para el cumplimiento de la prestación bajo las nuevas condiciones pactadas; de manera que salvo que se alegue y acredite la existencia de un vicio del consentimiento, o que los incumplimientos anteriores no fueron efectivamente superados por las renegociaciones y que, pese a la diligencia exigible, no era razonable conocer su subsistencia al momento de suscribir las modificaciones, las faltas anteriores de la contraparte no pueden servir de excusa para dejar de cumplir cuando se ha aceptado continuar la ejecución bajo otros términos, reconociendo que esas nuevas condiciones resultan suficientes para garantizar la prestación correspondiente (...) Precisa la Sala que durante el periodo que transcurrió entre el momento en el que se presentó la propuesta de cambio de tubería en concreto por tubería PVC y la fecha en que esa modificación se aprobó y aquella la en la que se amplió el plazo de ejecución del contrato se siguieron presentado varias de las dificultades antes mencionadas. Sin desconocer que algunas de esas situaciones podrían constituir incumplimientos atribuibles al demandado, lo cierto es que no pueden justificar las inobservancias en las que el contratista incurrió con posterioridad a esos acuerdos. Ello obedece a que precisamente las negociaciones realizadas por las partes tuvieron por objetivo superar esos inconvenientes mediante la redefinición de condiciones técnicas y temporales que permitieran la ejecución del contrato en el nuevo contexto acordado. (...) Se añade que, aun cuando entre la fecha en la que el contratista presentó su propuesta —26 de septiembre de 2006 — y aquella en la que se suscribió la prórroga que se derivó de ella —16 de enero de 2007— transcurrieron aproximadamente 3 meses, lo cierto es que, de una parte, durante 67 días de ese tiempo el contrato estuvo suspendido por acuerdo de las partes y, de otra, al momento de acordar la ampliación del plazo el consorcio no hizo ninguna manifestación en cuanto a que las circunstancias técnicas, de suministro de materiales, de diseños, de flujo financiero, temporales o de cualquier otra índole que tuvo en cuenta para hacerla hubiesen variado en ese periodo. En cambio, se avino a suscribir la ampliación del plazo en el término que fue propuesto por él. (...), la Sala pasa a analizar si, tras el acuerdo de prórroga, los incumplimientos del contratista se debieron a posteriores incumplimientos del municipio. (...), la Sala no encuentra que el contratista se hubiese allanado a cumplir, pero que las inobservancias que atribuye al municipio le hubieren impedido de manera absoluta ejecutar sus labores, al punto de verse compelido a paralizar unilateralmente su ejecución. (...). Varias de las comunicaciones emitidas por la interventoría, así como los informes 2 a 5 elaborados por ella, dan cuenta de que, a pesar de que en las negociaciones que hicieron las partes para remediar los atrasos de la obra el contratista se comprometió a abrir nuevos frentes de trabajo y a mantener el personal necesario para cumplir el contrato en el tiempo propuesto, esto no ocurrió, a lo que se añade que tampoco contaba con la maquinaria necesaria para desarrollar las actividades. (...). El expediente muestra que después de que inició a computarse el plazo adicional del contrato, en reiteradas ocasiones la interventoría requirió al contratista por la insuficiencia de personal, frentes de obra y equipos para adelantar los trabajos en el tiempo convenido. De ello dan cuenta, entre otros documentos, el acta de comité de trabajo y el acta de seguimiento del 2 de marzo de 2007, la comunicación del día 21 de ese mismo mes, en la que la interventoría manifestó su preocupación porque desde comienzo de esa semana la mayoría del personal había suspendido las labores, así como la del día 28 siguiente en la que se mencionó que el personal se había disminuido a la mitad. (...). De estos aspectos se dejó constancia en los informes de interventoría 3 a 5. En el informe 3112 —periodo: 1 de noviembre de 2006 a 31 de enero de 2007— se consignó que el personal y la maquinaria eran insuficientes, igual que los frentes de trabajo. En el 4113 —periodo: 1 de febrero y el 21 de marzo de 2007— se señaló que hubo parálisis de la obra por la renuncia del personal en general (obreros, maestros, tecnólogos e ingeniero residente) y que solo se contaba con 1 ingeniero residente de medio tiempo. En el 5114 —periodo: 22 de marzo a 21 de abril de 2007— se insistió en la falta de personal, de frentes de trabajo y de maquinaria suficientes para desarrollarlos, y se anotó que el director de la obra no se hacía presente y que después de la renuncia del personal no había sido fácil retomar la obra que venía atrasada desde finales del mes de marzo. (...). En todos estos informes la interventoría consignó que el retraso de las obras se debía, en parte, a la poca disponibilidad de personal, al retardo en la llegada de los materiales, los pocos frentes de trabajo y de equipo necesario para el buen (...) desarrollo de las labores. A partir del material probatorio obrante en el plenario no es posible concluir que estos aspectos se encuentren su origen, de manera actual y directa, en los incumplimientos que se atribuyen al municipio: (...). En cuanto a la falta de desembolso de la porción del anticipo correspondiente al municipio. Está acreditado que durante esta fase del contrato el demandando no cumplió con este compromiso. Sin embargo, este hecho no permite concluir de manera automática que dicha omisión hubiese impedido razonablemente al contratista contar con el personal y la maquinaria requeridos para la ejecución de los trabajos en el tiempo reprogramado, especialmente, si se tiene en cuenta que para ese momento ya se había efectuado el desembolso del 96.3% del anticipo que le correspondía consignar a FONADE ($672.163.773) —así como el porcentaje del valor del acta de obra 1 correspondiente al Fondo— y que no obran pruebas en el expediente que permitan establecer que el saldo restante a cargo del municipio —equivalente al 3,7 % ($25.927.200)—, pese a su reducida cuantía frente a los recursos ya entregados, hubiese tenido la entidad suficiente para colocar al contratista en imposibilidad de cumplir, aun en el evento de haberse allanado a hacerlo. (...). No se desconoce que el anticipo está concebido como un mecanismo de apalancamiento financiero del contrato; sin embargo, esto no conduce indefectiblemente a colegir que la no entrega de una porción reducida de esos recursos impida al contratista cumplir sus obligaciones. Una conclusión en tal sentido exige la acreditación, a partir de la contabilidad del contrato o de otros medios de prueba idóneos, de que la no entrega del saldo pendiente —equivalente a $25.927.200— tuvo incidencia directa y determinante en la imposibilidad del consorcio de atender las obligaciones relativas a la provisión de personal y maquinaria. No obstante, en el expediente no obra elemento demostrativo alguno que conduzca con certeza a ese resultado. (...). Las pruebas documentales dan cuenta del transcurrir de la ejecución del contrato, no de su contabilidad; las testimoniales hacen alusión, principalmente, a la incompatibilidad de los diseños con el sitio de las obras y las circunstancias que de ello se derivaron; ninguno de los 5 dictámenes periciales permite establecer cómo la falta de desembolso de $25.927.200 correspondientes al anticipo a cargo del municipio impidió al contratista cumplir sus obligaciones (...) Una conclusión en tal sentido exige la acreditación, a partir de la contabilidad del contrato o de otros medios de prueba idóneos, de que la no entrega del saldo pendiente —equivalente a $25.927.200— tuvo incidencia directa y determinante en la imposibilidad del consorcio de atender las obligaciones relativas a la provisión de personal y maquinaria. (...) en el expediente no obra elemento demostrativo alguno que conduzca con certeza a ese resultado. (...) Lo descrito pone en evidencia que la razón por la que durante la fase de la prórroga no se fijó el precio para algunos ítems nuevos no se debió a una omisión deliberada del municipio para hacerlo. La negativa a aceptar los propuestos por el contratista estuvo debidamente justificada y las razones en las que se basó no fueron desacreditadas en este juicio, pues ninguna de las pruebas estuvo dirigida a rebatirlas. Las documentales dan cuenta de la insistencia del consorcio en que se aceptaran los precios que propuso, so pena de no continuar ejecutando las obras, lo que finalmente sucedió, pero sin desacreditar lo expresado por la interventoría. Las testimoniales ni las periciales se refieren a este puntual aspecto. (...), si bien en el pliego de condiciones se estableció que para ejecutar ítems no previstos en el contrato debía preceder el acuerdo de las partes, porque de lo contrario el contratista no podría reclamar su reconocimiento, lo cierto es que en las condiciones anotadas, la falta de consenso sobre este aspecto no tiene la virtualidad suficiente para justificar sus incumplimientos. En todo caso, en el proceso no se acreditó específicamente en cuáles activ

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

lebrar esa clase de negocios jurídicos; sin embargo, esta sola condición no permite acreditar que para ese entonces se tenía la capacidad técnica, operativa y financiera suficientes para contratar con entidades públicas. (...), es posible que un sujeto que únicamente acredite haber celebrado con el Estado el contrato caducado, demuestre que estaba en una posición potencialmente apta para continuar haciéndolo, porque, por ejemplo, tenía capacidad técnica, financiera y operativa suficientes, aunado a que el campo de su actividad productiva sea de frecuente contratación de las entidades públicas o porque hubiese estado participando en un procedimiento de selección para vincularse contractualmente con una de ellas. (...), la Sala estima necesario precisar que, dado que el daño debe ser cierto, personal y directo, cuando la caducidad se declara respecto de un contrato celebrado por una figura asociativa como el consorcio, su existencia debe valorarse frente a cada uno de sus integrantes. Ello, por cuanto dicha modalidad de asociación no da lugar a la constitución de una persona jurídica distinta, de modo que la inhabilidad recae individualmente sobre sus miembros. En consecuencia, corresponde a cada uno acreditar que antes de la declaratoria de caducidad se encontraba en una situación potencialmente apta para contratar con el Estado, la cual resultó frustrada por la decisión administrativa. Por lo mismo, la indemnización debe reconocerse a cada sujeto conforme a las condiciones particulares que demuestre, y no en cabeza del consorcio, como lo hizo el Tribunal. (...) Sin perjuicio de lo anterior, se precisará que el reconocimiento que por concepto de pérdida de oportunidad hizo el Tribunal no corresponde al consorcio como figura asociativa, sino a cada uno de sus integrantes de manera individual; por tanto, y en atención a que la determinación del monto de este perjuicio se hizo en primera instancia en un porcentaje correspondiente al 10% —$107.047.292,6— del valor efectivamente ejecutado en el contrato 055 —$1.070.472.926— por cada año que duró la inhabilidad, se aclarará que ese valor debe repartirse entre cada uno de ellos, según la proporción correspondiente a su participación en la figura asociativa (...) Para hacer el balance final de cuentas, el Tribunal se pronunció frente a ese aspecto y concluyó que no era procedente imponer ese saldo al contratista, por tanto, no lo tuvo en cuenta en la liquidación que realizó. (...) En todo caso, no obra prueba en el expediente de que el consorcio hubiese realizado el pago cuya devolución reclama en sede de segunda instancia. (...) Como consecuencia de todo lo expuesto, la Sala modificará el fallo recurrido para precisar que el valor de la condena por pérdida de oportunidad se reconoce a cada uno de los consorciados, para actualizar ese monto, así como para actualizar el saldo a favor del municipio resultante de la liquidación del contrato que realizó el Tribunal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad en las acciones contractuales y su incidencia en la procedencia de las controversias derivadas del contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia, exp. 76001-23-31-000-2007-00092-05 (53.479), C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la liquidación de perjuicios conforme al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y los criterios de reparación integral en la responsabilidad extracontractual del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, exp. 05001-23-26-000-1995-00082-01 (18.593), C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado y la configuración del daño antijurídico en relación con conductas delictivas y la actuación de la administración de justicia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 2013, exp. 66001-23-31-000-2000-00876-01 (23.769), C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado por la administración de justicia y el cómputo del término de caducidad en estos eventos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2017, exp. 52001-23-31-000-2008-00505-01 (41.073), C. P. Hernán Andrade Rincón.
ADICIÓN DE LA SENTENCIA / SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA / OBJETO DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA / REQUISITOS DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / NORMATIVA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Niega la Sala adición de la sentencia cuando no existe pretensión en la demanda ni prueba de pago sobre la suma reclamada?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala no accederá a adicionar la sentencia de primera instancia en lo concerniente a la devolución de $162.690.592,50 correspondientes al descuento que realizó el municipio por concepto de tributos municipales y departamentales en los actos administrativos por medio de los cuales se adoptó unilateralmente la liquidación del contrato, por las siguientes razones: (i) No se observa que se haya dejado de resolver cualquiera de los extremos de la litis. En ninguna de las demandas se formuló esta pretensión. El asunto se debatió como fundamento de nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se adoptó la liquidación del contrato y, por tanto, quedó resuelto al haberse declarado su nulidad. (ii) Para hacer el balance final de cuentas, el Tribunal se pronunció frente a ese aspecto y concluyó que no era procedente imponer ese saldo al contratista, por tanto, no lo tuvo en cuenta en la liquidación que realizó. (iii) En todo caso, no obra prueba en el expediente de que el consorcio hubiese realizado el pago cuya devolución reclama en sede de segunda instancia. (...) Como consecuencia de todo lo expuesto, la Sala modificará el fallo recurrido para precisar que el valor de la condena por pérdida de oportunidad se reconoce a cada uno de los consorciados, para actualizar ese monto, así como para actualizar el saldo a favor del municipio resultante de la liquidación del contrato que realizó el Tribunal.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 311
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se abstiene la Sala de condenar en costas ante ausencia de temeridad y mala fe en la actuación procesal?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998. (...) En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1994 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-04-20. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 54001233100020070017601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:54001233100020070017601-71599-sentencia).
