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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta

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Fecha
2013-10-17
Radicado
52001233100019960745901
Número interno
23354
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPARACION DIRECTA
Actor
LUIS CARLOS OROZCO OSORIO
Demandado
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta

Relevancia Unifica la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad ─cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto─, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede obtener prosperidad en una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, incluso cuando la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio in dubio pro reo, ya que la responsabilidad del Estado se basa en el daño especial causado a la persona privada de libertad, independientemente de la regularidad del procedimiento penal. La Sala establece que la imputación del daño especial es aplicable en estos casos, reconociendo que la privación de libertad, aunque excepcional y en beneficio de la colectividad, afecta de manera perjudicial a la víctima individual. La corporación reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad, lo que implica que los jueces administrativos deben examinar las eximentes de responsabilidad en cada caso concreto.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante?
  • ¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
  • ¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD IMPUTACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL DAÑO ESPECIAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO DAÑO ESPECIAL RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR DAÑO ESPECIAL RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO PROCESO PENAL ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA PRUEBA TRASLADADA EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE PENAL EXPEDIENTE JUDICIAL PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL BUENA FE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO DOBLE INSTANCIA DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REPRESENTACIÓN JUDICIAL REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN OBLIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD AUTONOMÍA DE LA RAMA JUDICIAL REGÍMENES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO ALCANCE DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO SUPUESTOS FÁCTICOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DAÑO ANTIJURÍDICO CLAUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD REGULACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PRESUNCIÓN DE INOCENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA CONCEPTO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA DETENCIÓN PREVENTIVA PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DERECHO A LA LIBERTAD ADMISIBILIDAD DE LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL FACTORES DE DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL FIJACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL ARBITRIO JUDICIAL TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD INTENSIDAD DEL DAÑO CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE PRESUNCIÓN DE QUE TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EDAD PRODUCTIVA DEVENGA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD FINALIDAD DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN PROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN CULPABILIDAD CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE CONCEPTO DE CULPA GRAVE CULPA GRAVE DOLO DEMOSTRACIÓN DEL DOLO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE AUSENCIA DEL DOLO FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO JUDICIAL DEBERES DEL FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL / DAÑO ESPECIAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO / DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / PROCESO PENAL / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial? Respuesta al problema jurídico: Si Si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad ─cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto─, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo. Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad ─interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias─, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional. (…) Como corolario (…) es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad ─especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo─, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden ─y deben─ ser examinadas por el Juez Administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del título de imputación aplicable en casos de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de octubre de 2007, rad. 16057, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 25 de agosto de 1998, rad. IJ-001, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; y sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15463, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA / EXPEDIENTE / EXPEDIENTE DE PENAL / EXPEDIENTE JUDICIAL Problema jurídico: ¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante? Respuesta al problema jurídico: Si A este proceso se trasladó, por parte de la propia entidad pública demandada, copia auténtica del proceso penal No. 3883 que se adelantó en contra del ahora demandante (…) el cual será valorado en su integridad, dado que fue aportado por la Fiscalía General de la Nación atendiendo a la solicitud que en tal sentido le formuló el Tribunal Administrativo a quo dando cumplimiento a lo ordenado en el auto que profirió el 18 de septiembre de 1998 - y mediante el cual decretó las pruebas pedidas por la parte actora en el libelo introductorio del litigio -, entre ellas la aquí referida. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del mérito probatorio de la copia del expediente penal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, rad. 21099, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL Problema jurídico: ¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con el mérito probatorio de los documentos arrimados al expediente en copia simple se tiene que si bien con anterioridad, de manera reiterada, esta Corporación había sostenido que las copias simples no constituían medios de convicción que pudieran tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretendían hacer valer ante la Jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impedía su valoración, de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que la postura de la Sala fue modificada a partir de la Sentencia de Unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013. (…) Ciertamente, en dicha providencia se indicó que la postura de la Sala quedó unificada en el sentido de aceptar la valoración de los documentos aportados en copia simple en cuanto han hecho parte del expediente toda vez que frente a estos “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”. (…) Como fundamento principal para llegar a la anterior conclusión, la Sala señaló que a partir de la expedición de las Leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 se constata una nueva visión respecto del derecho procesal en cuanto éste hace énfasis especial en los principios de buena fe y de lealtad que deben asumir las partes en el proceso, lo cual determina un cambio en el modelo establecido por las normas procesales, circunstancias que “permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio”, lo que en últimas se traduce en la posibilidad de que el operador judicial pueda tomar en cuenta aquellos documentos que obran en el expediente en copia simple y respecto de los cuales las partes no han cuestionado su veracidad. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el valor probatorio de las copias simples, consultar sentencia de Unificación Jurisprudencial de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; providencia de 4 de septiembre de 2008, rad. 33367, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, 254, LEY 1395 DE 2010, LEY 1437 DE 2011 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / DOBLE INSTANCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con fundamento en la interpretación que acerca de su alcance realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el auto de 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la función pública de Administración de Justicia deben conocer en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la competencia del Consejo de Estado, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, rad. 2008 00009, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Problema jurídico: ¿El término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad debe contarse a partir de la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación penal adelantada en contra del demandante? Respuesta al problema jurídico: Si [D]entro del presente asunto no operó la caducidad de la acción, por cuanto la decisión que precluyó la investigación penal adelantada decisión que determina tanto la consolidación como la antijuridicidad del daño irrogado al actor en contra del ahora demandante, se dictó el 18 de agosto de 1995 y la demanda fue presentada el 12 de febrero de 1996, esto es antes de que venciera el plazo de dos (2) años establecido en la ley para el ejercicio oportuno de las acciones de reparación directa. REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / OBLIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUTONOMÍA DE LA RAMA JUDICIAL Problema jurídico: ¿En virtud de su autonomía administrativa y presupuestal se encuentra legitimada la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación para ser parte en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Para la fecha de presentación de la demanda, la representación judicial de la Nación, en los casos en los cuales se discutía la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la Administración de Justicia, estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha sostenido que si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, también lo es que esta entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política, por manera que el reconocimiento de la referida autonomía determina que las condenas que se profieran en contra de la Nación como consecuencia de las actuaciones realizadas por la Fiscalía deban ser cumplidas o pagadas con cargo al presupuesto de esta entidad. (…) [S]ea cual fuere la entidad pública que asuma la defensa de los intereses de la misma dentro de la litis, será siempre la Nación, como persona jurídica, la llamada a resistir las pretensiones del demandante— y, de otro, que lo realmente relevante es que los intereses y la posición jurídica de la multicitada Nación sean efectivamente defendidos por algún organismo ─verbigracia el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación e, incluso, como en su momento lo disponía el artículo 149 del Decreto 01 de 1984, el Ministerio de Justicia─, al cual se le haya concedido la posibilidad de ejercer, en debida forma, los derechos de contradicción y de defensa dentro del plenario. (…) Corresponde a la Nación ante la autonomía administrativa y, especialmente, presupuestal con la cual operan la Fiscalía General de la Nación, de un lado y, de otro, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, aunque la entidad de derecho público que será declarada responsable patrimonialmente será una sola, La Nación, ello determina que las condenas que mediante el presente pronunciamiento se impongan como consecuencia de la privación de la libertad de la cual fue víctima el [actor] -situación resultante de decisiones y de actuaciones adelantadas tanto por Jueces de la República, como por distintas dependencias de la Fiscalía General de la Nación-, deban imponerse de manera solidaria en contra de esta última Entidad y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 5 de junio de 2001, rad. C-736, C. P. Ligia López Díaz; Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, rad. 15769, C. P. Myriam Guerrero de Escobar, providencia de 27 de abril de 2011, rad. 20749, C. P. Gladys Agudelo Ordóñez. Acerca de la representación judicial de la Nación, consultar sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15576, C. P. C. P. Mauricio Fajardo Gómez; providencia de 22 de noviembre de 2001, rad. 13164, C. P. Ricardo Hoyos Duque; providencia de 4 de septiembre de 1997, rad. 10285, C. P. Ricardo Hoyos Duque; y providencia de 19 de octubre de 2011, rad. 18001, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 249, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 149 REGÍMENES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / ALCANCE DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / SUPUESTOS FÁCTICOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, si el imputado no resulta condenado, se abre paso la responsabilidad patrimonial del Estado siempre que no se configure una causal eximente? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y de establecer los alcances del mencionado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991; en efecto, la jurisprudencia a este respecto se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente. En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad jurisdiccional de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del respectivo juez o magistrado, a efecto de establecer si la misma estuvo acompañada de culpa o de dolo. Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, ordenada con el lleno de los requisitos legales, se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber jurídico de soportar. Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios –carga consistente en la necesidad de probar la existencia del error de la autoridad jurisdiccional en el cual habría incurrido al ordenar la medida de aseguramiento privativa de la libertad¬– fue reducida solamente a los casos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal se hubiere producido con apoyo en circunstancias o en argumentos diferentes de los tres supuestos expresamente mencionados en la segunda frase del multicitado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 , pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta , lo cual se equiparó a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no resultaba necesario acreditar la existencia de una falla del servicio. En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres mencionados supuestos expresamente previstos en el artículo 414 del hoy derogado Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de que el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales tres eventos no derivaba de la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino de la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo, de suerte que tal conclusión se adoptaría independientemente de la legalidad o ilegalidad de la decisión judicial o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa. Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento –. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 13168, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15463 C. P. Mauricio Fajardo Gómez; providencia de 30 de junio de 1994, rad. 9734, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 17 de noviembre de 1995, rad. 10056, sentencia de 12 de diciembre de 1996, rad. 10229, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 25 de julio de 1994, rad. 8666; providencia de 4 de abril de 2002, rad. 13606, C. P. María Elena Giraldo Gómez; providencia de 27 de septiembre de 2000, rad. 11601, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; y providencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15463, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414 FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CLAUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGULACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿El fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad es el artículo 90 de la constitución política? Respuesta al problema jurídico: Si El fundamento de la responsabilidad del Estado en estos eventos, por tanto, no debe buscarse ─al menos no exclusivamente─ en preceptos infraconstitucionales que pudieren limitar o restringir los alcances de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 superior. (…) [L]a Sección Tercera de esta Corporación entendió y ahora reitera que la obligación del intérprete es la de buscar el sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como en el de la totalidad del ordenamiento jurídico y en especial, con apoyo en los principios y disposiciones constitucionales que le sirven de fundamento y orientación. (…) No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente plausible, en consecuencia, sostener que un precepto contenido en un Decreto con fuerza de ley ─como el 2700 de 1991, concretamente en su artículo 414─ y ni siquiera en una ley estatutaria, puedan contar con la virtualidad de restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Carta Política, pues según tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional lo han señalado, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados en el citado artículo 90 constitucional, los cuales bien podrían ser precisados, mas no limitados, por un dispositivo normativo infraconstitucional. (…) [P]or consiguiente, ni el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, constituyen fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Tales disposiciones legales precisan, pero de ninguna manera limitan y menos reemplazan la eficacia directa, vinculante y preferente de los contenidos que respecto de la misma materia se desprenden del aludido artículo 90 (...). NOTA DE RELATORÍA: Acerca del fundamento de la responsabilidad del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, rad. 16075, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15463, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de diciembre de 2007, rad. 15128, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO LEY 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68 RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / SUPUESTOS FÁCTICOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿La declaratoria de responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad bajo un régimen objetivo en casos en los que el procesado fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo hace mas gravosa la situación de los servidores que participaron en la actuación del Estado? Respuesta al problema jurídico: No [L]a procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado. Y es que la exigencia de yerros, de fallas, de actuaciones dolosas o gravemente culposas como presupuesto sine qua non exigible para que pueda configurarse la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, refleja cierta tendencia ─equivocada, por supuesto, en criterio de la Sala─ a confundir o entremezclar, indebidamente, los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado ─previstos en el inciso primero del artículo 90 constitucional─ con los de la responsabilidad personal de sus agentes ─consagrados en el inciso segundo ídem─, de suerte que con evidentes inconsistencia conceptual y transgresión constitucional, se exige para la declaratoria de la responsabilidad del primero, aquello que realmente sólo cabe constatar como requisito insoslayable de cara a la deducción de responsabilidad de los segundos. Lo anterior si se tiene en cuenta que la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política impone diferenciar, necesariamente, entre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado por razón del daño antijurídico imputable a la acción u omisión del poder jurisdiccional, de un lado y los presupuestos de la responsabilidad personal del agente judicial, de otro, habida cuenta de que aquellos y éstos divergen sustancialmente; ese deslinde se torna imprescindible con el propósito de no limitar el sentido lógico y las condiciones de operatividad de cada uno de los referidos ámbitos de responsabilidad, pues tratándose del primero de ellos el juicio de responsabilidad al Estado no resulta constitucionalmente válido, según se ha expuesto, introducir restricciones sustanciales al alcance de la cláusula general de responsabilidad, con desmedro de la adecuada protección de las víctimas del daño antijurídico. (…) [L]a posibilidad de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad de una persona, en casos en los cuales ha sido exonerada de responsabilidad penal como resultado de la aplicación del principio in dubio pro reo, sin sustento en o sin referencia a yerro, falla o equivocación alguna en la cual hubieren incurrido la Administración de Justicia o alguno de sus agentes, con base en un régimen objetivo de responsabilidad, en modo alguno torna más gravosa la situación del(los) servidor(es) público(s) que hubieren intervenido en la actuación del Estado ─y que, por ejemplo, hubieren sido llamados en garantía dentro del proceso iniciado por la víctima del daño en ejercicio de la acción de reparación directa─, como tampoco coarta o dificulta el cumplimiento de las funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación o a la Jurisdicción Penal en cuanto que con ello supuestamente se estuviere atentando contra la autonomía e independencia de los jueces penales o de los fiscales y contra la facultad de los mismos para recaudar elementos demostrativos que permitan el esclarecimiento y la imposición de las penas que amerita la comisión de hechos punibles. Ello con fundamento en los efectos y en las consecuencias que se desprenden de la anotada distinción entre los presupuestos que gobiernan la responsabilidad patrimonial del Estado y los que determinan la responsabilidad personal del agente judicial, comoquiera que ésta última solamente se verá comprometida, de conformidad con lo normado por el inciso segundo del artículo 90 constitucional, cuando el funcionario judicial obre prevalido de dolo o de culpa grave, cosa que en principio no tiene por qué ocurrir en los supuestos en los cuales la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de una persona se declara a pesar de que el desenvolvimiento del proceso penal, en el caso concreto, no merezca reproche alguno en punto de su conformidad a Derecho. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 13168, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 20 de febrero de 2008, rad. 15980, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 5 de junio de 2008, rad. 16189, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 13 de agosto de 2008, rad. 17954, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 25 de febrero de 2009; rad. 25508, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 13 de mayo de 2009, rad. 17061, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 2 de mayo de 2007, C. P. 15463, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia de 5 de diciembre de 2007, rad. 15128, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2 PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / PROCESO PENAL / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / CONCEPTO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA DETENCIÓN PREVENTIVA / PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / DERECHO A LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Al procesado cuya exoneración en el proceso penal se dio por aplicación del principio de in dubio pro reo, se le debe tener por inocente para todos los demás efectos, incluso cuando reclame la reparación como víctima de un daño por privación injusta de la libertad? Respuesta al problema jurídico: Si [T]anto el fundamento como los intereses o derechos que se encuentran en juego en asuntos como el sub examine, radicado en cabeza de la persona preventivamente privada de la libertad mientras se surten la investigación penal o el correspondiente juicio, cuya absolución posteriormente se decide en aplicación del beneficio de la duda, corresponde, ni más ni menos, que a la presunción constitucional de inocencia, como garantía consustancial a la condición humana y de la cual, en este tipo de casos, el sindicado goza al momento de ser detenido, la mantiene durante todo el tiempo por el cual se prolonga su privación de la libertad y, en la medida en que nunca puede ser desvirtuada por el Estado, cuando se pone término, definitivamente, al procedimiento penal, la conserva incólume, de manera tal que, sin solución de continuidad, una persona a la que la Carta Política le atribuye y le ha mantenido, sin ambages, la condición de inocente, tuvo que soportar injusta y antijurídicamente quizás la más aflictiva de las restricciones a su derecho fundamental a la libertad. Además, desde la perspectiva de la presunción constitucional de inocencia resultaría abiertamente contradictorio sostener, de una parte, que en materia penal al procesado que estuvo cautelarmente privado de su libertad y que resultó absuelto y, por tanto, no condenado –cualquiera que hubiere sido la razón para ello, incluida, por supuesto, la aplicación del principio in dubio pro reo, pues como lo ha indicado la Sección Tercera, no existen categorías o gradaciones entre los individuos inocentes (total o parcialmente inocentes) – el propio Estado lo debe tener como inocente para todos los efectos, acompañado siempre por esa presunción constitucional que jamás le fue desvirtuada por autoridad alguna y por lo cual no podrá registrársele anotación en sus antecedentes judiciales con ocasión de ese determinado proceso penal; sin embargo, de otra parte, en el terreno de la responsabilidad patrimonial, ese mismo Estado, en lo que constituiría una contradicción insalvable, estaría señalando que el procesado sí estaba en el deber jurídico de soportar la detención a la cual fue sometido, cuestión que pone en evidencia entonces que la presunción de inocencia que le consagra la Constitución Política en realidad no jugaría papel alguno –o no merecería credibilidad alguna─ frente al juez de la responsabilidad extracontractual del Estado e incluso, en armonía con estas conclusiones, se tendría que aceptar que para dicho juez tal presunción sí habría sido desvirtuada, aunque nunca hubiere mediado fallo penal condenatorio que así lo hubiere declarado. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al principio de in dubio pro reo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997, rad. 11754, C. P. Daniel Suárez Hernández. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 DERECHO A LA LIBERTAD / ADMISIBILIDAD DE LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD / PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO Problema jurídico: ¿Dada su naturaleza como derecho fundamental, la privación de la libertad a los ciudadanos por parte de autoridades judiciales puede llegar a configurar un daño antijurídico? Respuesta al problema jurídico: Si Constituye prácticamente una obviedad que la detención preventiva como medida de aseguramiento en el proceso penal comporta la más intensa afectación del principio-derecho-valor que se encuentra en la base de la organización jurídico-política que constituye el Estado Social y Democrático de Derecho, cual es la libertad, circunstancia que impide soslayar, en este lugar, una referencia, así sea sucinta, a la trascendencia del papel que la libertad desempeña dentro del sistema jurídico vigente y, por tanto, a la evidente excepcionalidad con que deben tratarse los eventos en los cuales resulte legítima y jurídicamente viable su afectación por parte de las autoridades públicas en cuanto no se trate de la ejecución de una sanción en firme, impuesta mediante sentencia penal condenatoria. (…) [E]l preponderante pero específico rol que le corresponde al principio-valor-derecho a la libertad, en el seno de todo Estado constitucional, democrático y de Derecho, lo constituye en verdadero valor fundante de la organización política misma, con incidencia tanto en la concepción de los demás derechos inherentes a la condición humana, como en la configuración de la manera de ser y de proceder de las autoridades públicas. (…) Las (…) características que acompañan a la libertad constituyen las razones por las cuales, precisamente, es la excepcionalidad el rasgo distintivo y, al propio tiempo, el principio que informa tanto las regulaciones normativas como la aplicación de los supuestos en los cuales se encuentra jurídicamente avalada la privación de la libertad, en especial cuando a ello se procede, por parte de las autoridades judiciales, como medida precautelativa dentro un proceso penal, mientras se adelantan las etapas de investigación y/o de juicio y no se cuenta, por tanto, con sentencia condenatoria alguna que hubiere establecido, de manera cierta y más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del respectivo sindicado. (…) El carácter eminentemente excepcional que tanto los compromisos internacionales asumidos por Colombia y las propias leyes de la República, como la Jurisprudencia nacional en diversos órdenes, que aquí se han relacionado y que de manera uniforme atribuyen e identifican como nota que debe acompañar necesariamente al instituto de la detención preventiva que respecto de un determinado individuo pueden decretar, en específicos supuestos, las autoridades judiciales competentes durante el curso de la investigación y/o del juicio penal, esa excepcionalidad –se itera– pone de relieve, por sí misma, que dicho instituto –en tanto excepcional de ninguna manera podría considerarse entonces y menos podría llegar a convertirse en una carga generalizada que todo individuo tuviere que soportar por el solo hecho de vivir en sociedad, cuestión que evidencia, de manera palmaria, la antijuridicidad del daño que se irroga a quien se le impone dicha carga a pesar de que posteriormente se le releva de responsabilidad penal; en modo alguno podría exigírsele a un individuo que asuma como una carga social normal o jurídica una situación que por definición es excepcional y, por tanto, contraria a la regla general constituida por el principio, valor y a la vez derecho fundamental a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al alcance del derecho a la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, rad. 18960, C. P. Enrique Gil Botero; Corte Constitucional, sentencia C-397 de 1997 y C-416 de 2002 CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿El Juez se encuentra facultado para declarar de oficio la existencia de una causal eximente de responsabilidad? Respuesta al problema jurídico: Si [C]on el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada –además de la antijuridicidad del mismo, claro está–, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada. Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales -independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada-, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora. Lo anterior sin perjuicio de recalcar que la carga de la prueba respecto de los hechos determinantes de la configuración de la eximente de responsabilidad de la cual se trate corresponde a la parte demandada interesada en la declaración de su ocurrencia. En el caso sub judice, sin embargo, ni la Fiscalía General alegó, ni menos aún demostró –de modo que esta Sala pudiere declararla probada oficiosamente–, la concurrencia de eximente alguna de responsabilidad que pudiera tornar inviable jurídicamente la imputación del deber de reparar los daños antijurídicos sufridos por el [actor], a la entidad pública demandada. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la carga probatoria de la entidad demandada en casos de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de julio de 2009, rad. 17517, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 15 de abril de 2010, rad. 18284. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Problema jurídico: ¿El daño antijurídico por la privación injusta de la libertad es imputable a la Fiscalía General de la Nación? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n el presente asunto se está en presencia de un supuesto en el cual realmente la exoneración de responsabilidad penal del sindicado se produjo en aplicación del aludido principio en virtud del cual la duda presente en el fallador penal a la hora de proferir sentencia –o pronunciamiento equivalente– debe ser resuelta en favor de la presunción constitucional de inocencia que ampara al investigado, comoquiera que la autoridad judicial penal tenía ante sí tanto elementos de prueba incriminatorios como material demostrativo que apuntaría a la exoneración de responsabilidad del procesado, sin que hubiera resultado posible despejar tales hesitaciones al momento de proferir decisión de fondo. (…) [A]tendiendo a la argumentación formulada dentro del presente proveído, se impone concluir que el actor no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de Justicia ─concretamente para la Fiscalía General de la Nación─ de resarcir a dicha persona por ese hecho. (…) En consecuencia, se revocará la providencia apelada, porque la Fiscalía General de la Nación sí cuenta con legitimación en la causa por pasiva y porque a dicha entidad le resulta endilgable la responsabilidad patrimonial por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el actor, por más de tres (3) años. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo, rad. 20079, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 12 de julio de 2012, rad. 24008, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 10 de julio de 2013, rad. 29940, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 8 de junio de 2011, rad. 19502, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 8 de julio de 2009, rad. 17517, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / FACTORES DE DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / FIJACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL / ARBITRIO JUDICIAL / TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INTENSIDAD DEL DAÑO Problema jurídico: ¿Procede la indemnización del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad? Respuesta al problema jurídico: Si [D]e acuerdo con las pautas trazadas en la sentencia de 6 de septiembre de 2001 (expedientes Nos. 13.232 y 15.646 ), en la cual se sugirió la cantidad equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el perjuicio moral en los eventos de mayor intensidad, se ha partido entonces de la equivalencia de 1000 gramos a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y debido a que la víctima directa del daño fue objeto de una medida de aseguramiento y, por ende, privado de su derecho a la libertad por más de 3 años, además de que se trataba de un servidor público vinculado con la propia Fiscalía General de la Nación, resulta procedente acceder al monto máximo solicitado en la demanda por este rubro. (…) La anterior fijación del quantum al cual deben ascender estos perjuicios en el asunto sub judice se corresponde con los parámetros que ha sugerido la jurisprudencia de la Sala, según la cual el Juez, a este propósito, debe tener como fundamento el arbitrio judicial y debe valorar, según su prudente juicio, las circunstancias propias del caso concreto, para efectos de determinar la intensidad de esa afectación, con el fin de calcular las sumas que se deben reconocer por este concepto. (…) Con todo y, de nuevo, sin perjuicio de las particularidades propias de cada caso concreto, la Sala, para efectos de determinar el monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, ha estimado necesario tener en cuenta, tal como lo ha hecho de manera reiterada e invariable, algunos presupuestos o criterios que sirven de referente objetivo a la determinación de su arbitrio, con el fin de eliminar al máximo apreciaciones eminentemente subjetivas y garantizar así, de manera efectiva, el Principio Constitucional y a la vez Derecho Fundamental a la Igualdad (artículos 13 y 209 C.P.), propósito para cuya consecución se han utilizado, entre otros, i) el tiempo durante el cual se extendió la privación de la libertad; ii) las condiciones en las cuales se hizo efectiva la privación de la libertad, esto es si se cumplió a través de reclusión en centro carcelario o detención domiciliaria; iii) la gravedad del delito por el cual fue investigado y/o acusado el sindicado; iv) la posición y prestigio social de quien fue privado de la libertad. (…) [S]in que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses –como aconteció en el caso que dio origen al litigio sub examine–, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del perjuicio moral, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de junio de 2013, rad. 31033; C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; y sentencia de 6 de septiembre de 2001, rad 13232 y 15646, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 13, 209 CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / PRESUNCIÓN DE QUE TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EDAD PRODUCTIVA DEVENGA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de la indemnización por lucro cesante por la duración de la privación de la libertad y el periodo que tarda en promedio una persona en conseguir trabajo en Colombia? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala estima procedente ordenar el reconocimiento y pago de una indemnización por este concepto, comoquiera que en el proceso está acreditado que la víctima, al momento de la privación de su libertad, ejercía una actividad laboral como empleado del ente demandado, pues precisamente con ocasión del acaecimiento de hechos ocurridos mientras ejercía funciones inherentes al cargo que desempeñaba, se le vinculó al proceso penal respectivo. Se precisa, además, que el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado comprendido entre el tiempo durante el cual los actores estuvieron privados de la libertad y el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral, comoquiera que no se encuentra demostrado en el plenario si el demandante fue reincorporado, o no y en qué momento, al empleo público que se encontraba desempeñando en el instante en el cual se hizo efectiva en su contra la medida de aseguramiento de detención preventiva que originó la producción de los daños cuya reparación deprecó el demandante en el libelo introductorio del presente litigio. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del periodo que tarda una persona en encontrar un nuevo puesto de trabajo y su inclusión en la liquidación del lucro cesante, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, rad. 13168, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; de 14 de abril de 2010, rad. 18860, C. P. Enrique Gil Botero y de 8 de junio de 2011, rad. 19502, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FINALIDAD DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / CULPABILIDAD / CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / CULPA GRAVE / DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Ante el llamamiento en garantía de los funcionarios que causaron el daño en el ejercicio de sus funciones, se debe estudiar la responsabilidad personal de los mismos? Respuesta al problema jurídico: Si Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. (…) Así mismo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, los funcionarios serán responsables por los daños que causen en el ejercicio de sus funciones por culpa grave o dolo, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al Estado. En todo caso, cuando prospere la demanda contra una entidad pública, la sentencia dispondrá que ésta satisfaga los perjuicios y si el funcionario ha sido llamado al proceso –artículo 57 C. de P. C. –, determinará la responsabilidad de aquél. (…) En tal sentido, la acción de repetición se consagró en el artículo 78 del C. C. A., declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios o ex funcionarios o de un particular en ejercicio de funciones públicas, pudiere solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia judicial o de una conciliación. De conformidad con la disposición anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño derivado de una acción u omisión estatal, se encuentra facultado para demandar a la entidad pública o a ésta y al respectivo funcionario. En este último evento, la responsabilidad del servidor público habrá de establecerse durante el proceso, siempre que previamente haya sido declarada la responsabilidad patrimonial del Estado. (…) La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía y fijó bajo la égida de los primeros, generalidades tales como el objeto, noción, finalidades, deber de ejercicio y especificidades, al igual que las definiciones de dolo y de culpa grave con las cuales habrá de calificarse la conducta del agente y el establecimiento de presunciones legales, con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; al amparo de los segundos, determinó asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares al interior del proceso. Sin embargo, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico anterior a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición en contra de funcionarios o ex funcionarios del Estado o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política. (…) En el presente caso, los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, por manera que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si los llamados actuaron con culpa grave o con dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta de tales agentes públicos, que es lo que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil: NOTA DE RELATORÍA: Acerca del llamamiento en garantía con fines de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, rad. 17537, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y de 11 de agosto de 2010, rad. 16074, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, 78, DECRETO LEY 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 57, LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873 INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / DOLO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / FUNCIONARIO JUDICIAL / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL / COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO JUDICIAL / DEBERES DEL FUNCIONARIO JUDICIAL / PROCESO PENAL / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Existió culpa grave o dolo en la actuación de los servidores judiciales llamados en garantía con fines de repetición? Respuesta al problema jurídico: No [P]ara determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia. (…) [P]ara determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas –actuación dolosa–, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aún así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo –actuación gravemente culposa–. Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad personal del agente, ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. (…) [N]o se acreditó que los funcionarios del Estado que en su oportunidad profirieron las decisiones que privaron de su derecho a la libertad al [actor] hubieren actuado con culpa grave y mucho menos en forma dolosa frente a la producción del daño, dado que no se encuentra que sus comportamientos hubieren estado prevalidos de la intención de producir las consecuencias nocivas que se generaron, puesto que del material probatorio allegado no puede arribarse a tal consideración. (…) [D]e la documentación aportada y que consiste básicamente en el proceso penal adelantado en contra del ahora demandante, no puede determinarse que los servidores públicos que para la época de los hechos, en ejercicio de sus funciones, surtieron la etapa de instrucción penal en contra del [actor] hubieren actuado con culpa grave o con dolo, pues lo único que en tales decisiones está consignado es la respectiva motivación de aquellas que lo requerían, sin que de allí se extraiga una actuación irregular, con la virtualidad de responsabilizar a los llamados en garantía por el daño antijurídico padecido por la parte accionante y por la obligación de restituir al erario las sumas que de éste habrán de salir para reparar los daños causados al demandante. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la culpa grave y el dolo en la responsabilidad personal del agente, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 31 de 1999, rad. 10865, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 27 de abril de 2011, rad. 19192, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 23049, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 4 de septiembre de 1997, rad. 10285, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 22 de 2001, rad. 13164, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 28 de enero de 1999, rad. 14399, C. P. Daniel Suárez Hernández; y sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15576, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 91

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012331000199607459011100103