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titulo: "Consejo de Estado: y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2013-10-17"
radicado: "52001233100019960745901"
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# Consejo de Estado: y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta

- **Título oficial / radicado:** Sentencia Unificación — FALLO
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2013-10-17
- **Radicado:** 52001233100019960745901
- **Número interno:** 23354
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPARACION DIRECTA
- **Actor:** LUIS CARLOS OROZCO OSORIO
- **Demandado:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233100019960745901-23354-sentencia-unificacion
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/52001233100019960745901/BC7E9CFB05CB5C67374622B48B9F5806F0A71CB0BE975AD5E612D9159F5E28D4/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012331000199607459011100103

## Relevancia jurídica

Unifica la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante?
- ¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
- ¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia?

## Fundamentos jurídicos

- Constitución Política

## Extracto

Si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad ─cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto─, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado…

## Síntesis temática

El contratista puede obtener prosperidad en una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, incluso cuando la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio in dubio pro reo, ya que la responsabilidad del Estado se basa en el daño especial causado a la persona privada de libertad, independientemente de la regularidad del procedimiento penal. La Sala establece que la imputación del daño especial es aplicable en estos casos, reconociendo que la privación de libertad, aunque excepcional y en beneficio de la colectividad, afecta de manera perjudicial a la víctima individual. La corporación reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad, lo que implica que los jueces administrativos deben examinar las eximentes de responsabilidad en cada caso concreto.

## Descriptores temáticos

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, APLICACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL, DAÑO ESPECIAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO, DAÑO ESPECIAL, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR DAÑO ESPECIAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL, PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, PROCESO PENAL, ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA, PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA, PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL, REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA, VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, PRUEBA TRASLADADA, EXPEDIENTE, EXPEDIENTE DE PENAL, EXPEDIENTE JUDICIAL, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, BUENA FE, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, DOBLE INSTANCIA, DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, REPRESENTACIÓN JUDICIAL, REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN, AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, OBLIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, AUTONOMÍA DE LA RAMA JUDICIAL, REGÍMENES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, ALCANCE DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, SUPUESTOS FÁCTICOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DAÑO ANTIJURÍDICO, CLAUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, REGULACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, ELEMENTO OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, ELEMENTO SUBJETIVO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, CONCEPTO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA DETENCIÓN PREVENTIVA, PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DERECHO A LA LIBERTAD, ADMISIBILIDAD DE LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD, CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL, CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, FACTORES DE DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL, ARBITRIO JUDICIAL, TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, INTENSIDAD DEL DAÑO, CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE, DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE, PRESUNCIÓN DE QUE TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EDAD PRODUCTIVA DEVENGA, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, FINALIDAD DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN, LEGITIMACIÓN PARA FORMULAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN, NORMATIVA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN, PROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN, CULPABILIDAD, CULPABILIDAD DE LA CONDUCTA, VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE, CONCEPTO DE CULPA GRAVE, CULPA GRAVE, DOLO, DEMOSTRACIÓN DEL DOLO, CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR AGENTE DEL ESTADO, VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO, INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE, AUSENCIA DEL DOLO, FUNCIONARIO JUDICIAL, ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL, COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO JUDICIAL, DEBERES DEL FUNCIONARIO JUDICIAL, ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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## Texto del documento

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL / DAÑO ESPECIAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO / DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / PROCESO PENAL / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD
Problema jurídico:
¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad ─cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto─, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo. Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad ─interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias─, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional. (…) Como corolario (…) es decir, de la operatividad de un régimen objetivo de responsabilidad basado en el daño especial, como punto de partida respecto de los eventos de privación injusta de la libertad ─especialmente de aquellos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal tiene lugar en aplicación del principio in dubio pro reo─, debe asimismo admitirse que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo régimen objetivo de responsabilidad pueden ─y deben─ ser examinadas por el Juez Administrativo en el caso concreto, de suerte que si la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, determinan que el daño no pueda ser imputado o sólo pueda serlo parcialmente, a la entidad demandada, deberá proferirse entonces el correspondiente fallo absolutorio en punto a la determinación de la responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado o la reducción proporcional de la condena en detrimento, por ejemplo, de la víctima que se haya expuesto, de manera dolosa o culposa, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente sea revocada cuando sobrevenga la exoneración de responsabilidad penal; así lo ha reconocido la Sección Tercera del Consejo de Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del título de imputación aplicable en casos de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de octubre de 2007, rad. 16057, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 25 de agosto de 1998, rad. IJ-001, C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; y sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15463, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA / EXPEDIENTE / EXPEDIENTE DE PENAL / EXPEDIENTE JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
A este proceso se trasladó, por parte de la propia entidad pública demandada, copia auténtica del proceso penal No. 3883 que se adelantó en contra del ahora demandante (…) el cual será valorado en su integridad, dado que fue aportado por la Fiscalía General de la Nación atendiendo a la solicitud que en tal sentido le formuló el Tribunal Administrativo a quo dando cumplimiento a lo ordenado en el auto que profirió el 18 de septiembre de 1998 - y mediante el cual decretó las pruebas pedidas por la parte actora en el libelo introductorio del litigio -, entre ellas la aquí referida.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del mérito probatorio de la copia del expediente penal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, rad. 21099, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con el mérito probatorio de los documentos arrimados al expediente en copia simple se tiene que si bien con anterioridad, de manera reiterada, esta Corporación había sostenido que las copias simples no constituían medios de convicción que pudieran tener la virtualidad de hacer constar o de demostrar los hechos que con tales documentos se pretendían hacer valer ante la Jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impedía su valoración, de conformidad con lo normado en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que la postura de la Sala fue modificada a partir de la Sentencia de Unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013. (…) Ciertamente, en dicha providencia se indicó que la postura de la Sala quedó unificada en el sentido de aceptar la valoración de los documentos aportados en copia simple en cuanto han hecho parte del expediente toda vez que frente a estos “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”. (…) Como fundamento principal para llegar a la anterior conclusión, la Sala señaló que a partir de la expedición de las Leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 se constata una nueva visión respecto del derecho procesal en cuanto éste hace énfasis especial en los principios de buena fe y de lealtad que deben asumir las partes en el proceso, lo cual determina un cambio en el modelo establecido por las normas procesales, circunstancias que “permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio”, lo que en últimas se traduce en la posibilidad de que el operador judicial pueda tomar en cuenta aquellos documentos que obran en el expediente en copia simple y respecto de los cuales las partes no han cuestionado su veracidad.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con el valor probatorio de las copias simples, consultar sentencia de Unificación Jurisprudencial de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; providencia de 4 de septiembre de 2008, rad. 33367, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, 254, LEY 1395 DE 2010, LEY 1437 DE 2011
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / DOBLE INSTANCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con fundamento en la interpretación que acerca de su alcance realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el auto de 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la función pública de Administración de Justicia deben conocer en primera instancia los Tribunales Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la competencia del Consejo de Estado, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, rad. 2008 00009, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Problema jurídico:
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad debe contarse a partir de la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación penal adelantada en contra del demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]entro del presente asunto no operó la caducidad de la acción, por cuanto la decisión que precluyó la investigación penal adelantada decisión que determina tanto la consolidación como la antijuridicidad del daño irrogado al actor en contra del ahora demandante, se dictó el 18 de agosto de 1995 y la demanda fue presentada el 12 de febrero de 1996, esto es antes de que venciera el plazo de dos (2) años establecido en la ley para el ejercicio oportuno de las acciones de reparación directa.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / AUTONOMÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / OBLIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUTONOMÍA DE LA RAMA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿En virtud de su autonomía administrativa y presupuestal se encuentra legitimada la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación para ser parte en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para la fecha de presentación de la demanda, la representación judicial de la Nación, en los casos en los cuales se discutía la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la Administración de Justicia, estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha sostenido que si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, también lo es que esta entidad goza de autonomía administrativa y

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía y fijó bajo la égida de los primeros, generalidades tales como el objeto, noción, finalidades, deber de ejercicio y especificidades, al igual que las definiciones de dolo y de culpa grave con las cuales habrá de calificarse la conducta del agente y el establecimiento de presunciones legales, con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; al amparo de los segundos, determinó asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares al interior del proceso. Sin embargo, los hechos y actos ocurridos bajo el imperio y vigencia del régimen jurídico anterior a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición en contra de funcionarios o ex funcionarios del Estado o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales, que aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política. (…) En el presente caso, los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, por manera que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si los llamados actuaron con culpa grave o con dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta de tales agentes públicos, que es lo que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil:
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del llamamiento en garantía con fines de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, rad. 17537, C. P. Mauricio Fajardo Gómez y de 11 de agosto de 2010, rad. 16074, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, 78, DECRETO LEY 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 57, LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873
INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / AUSENCIA DEL DOLO / DOLO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / FUNCIONARIO JUDICIAL / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO JUDICIAL / COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO JUDICIAL / DEBERES DEL FUNCIONARIO JUDICIAL / PROCESO PENAL / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Existió culpa grave o dolo en la actuación de los servidores judiciales llamados en garantía con fines de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia. (…) [P]ara determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento se debió a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas –actuación dolosa–, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aún así lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo –actuación gravemente culposa–. Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permitirá deducir la responsabilidad personal del agente, ex agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. (…) [N]o se acreditó que los funcionarios del Estado que en su oportunidad profirieron las decisiones que privaron de su derecho a la libertad al [actor] hubieren actuado con culpa grave y mucho menos en forma dolosa frente a la producción del daño, dado que no se encuentra que sus comportamientos hubieren estado prevalidos de la intención de producir las consecuencias nocivas que se generaron, puesto que del material probatorio allegado no puede arribarse a tal consideración. (…) [D]e la documentación aportada y que consiste básicamente en el proceso penal adelantado en contra del ahora demandante, no puede determinarse que los servidores públicos que para la época de los hechos, en ejercicio de sus funciones, surtieron la etapa de instrucción penal en contra del [actor] hubieren actuado con culpa grave o con dolo, pues lo único que en tales decisiones está consignado es la respectiva motivación de aquellas que lo requerían, sin que de allí se extraiga una actuación irregular, con la virtualidad de responsabilizar a los llamados en garantía por el daño antijurídico padecido por la parte accionante y por la obligación de restituir al erario las sumas que de éste habrán de salir para reparar los daños causados al demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la culpa grave y el dolo en la responsabilidad personal del agente, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 31 de 1999, rad. 10865, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 27 de abril de 2011, rad. 19192, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 27 de noviembre de 2006, rad. 23049, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 4 de septiembre de 1997, rad. 10285, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 22 de 2001, rad. 13164, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 28 de enero de 1999, rad. 14399, C. P. Daniel Suárez Hernández; y sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 15576, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 91

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia Unificación — FALLO. 2013-10-17. Rad. 52001233100019960745901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:52001233100019960745901-23354-sentencia-unificacion).
