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Consejo de Estado
Providencia
El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000232600020090015501
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿El término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a contar desde que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el cual tuvo origen en la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble? Sí
El contratista puede iniciar la acción de reparación directa dentro de los dos años posteriores a que tuvo conocimiento del daño, que en este caso se originó con la providencia judicial que dejó sin efectos la aprobación del remate y los derechos sobre el bien inmueble, independientemente de que no fuera notificado formalmente del acto. La entidad estatal, en este caso la Rama Judicial, está legitimada por pasiva cuando se le imputa el daño causado por la administración de justicia. Las pruebas documentales presentadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio si no han sido tachadas de falsas y han estado a disposición de la parte contraria, según la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre el cómputo del término de caducidad y la valoración de la prueba documental, lo que implica que los contratistas tienen mayor flexibilidad para ejercer su acción de reparación directa y que los documentos presentados de manera oportuna y regular son válidos para acreditar el daño antijurídico y su imputación al Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre la Rama Judicial por ser la entidad a la que se le imputa el daño?
¿Las pruebas documentales aportadas en copia simple gozan de pleno valor probatorio por cumplir con el principio de contradicción y no haber sido tachadas de falsas?
¿El daño antijurídico y la imputación de éste al Estado, son elementos que deben acreditarse para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta
Sentencia Unificación — FALLO
2013-10-17
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 52001233100019960745901
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial? Sí
El contratista puede obtener prosperidad en una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, incluso cuando la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio in dubio pro reo, ya que la responsabilidad del Estado se basa en el daño especial causado a la persona privada de libertad, independientemente de la regularidad del procedimiento penal. La Sala establece que la imputación del daño especial es aplicable en estos casos, reconociendo que la privación de libertad, aunque excepcional y en beneficio de la colectividad, afecta de manera perjudicial a la víctima individual. La corporación reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad, lo que implica que los jueces administrativos deben examinar las eximentes de responsabilidad en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve:
¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante?
¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: el análisis del equilibrio económico del contrato debe hacerse con base en la gravedad de la afectación recibida
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 76001233100020110129701
ACCION CONTRACTUAL
¿El análisis del equilibrio económico del contrato debe hacerse con base en la gravedad de la afectación recibida por el contratista? Sí
No estoy de acuerdo en que el análisis del equilibrio económico del contrato se haga con base en la gravedad de la afectación recibida por el contratista. Lo que debía probar el contratista en este caso era la existencia de una afectación patrimonial. Como lo señaló el tribunal, en este caso se configuró la figura del hecho del príncipe, y que, por lo tanto, debió reconocerse la indemnización en favor del contratista. Está probado que la contribución fue una decisión de carácter general que únicamente era exigida a los contratistas. Adicionalmente, la misma fue impuesta con posterioridad a la firma del contrato, lo que evidencia la afectación económica sobre el negocio jurídico.
También resuelve:
¿El artículo 27 de la Ley 80 de 1993 únicamente exige que se pruebe que el equilibrio económico del contrato se haya alterado?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos
Salvamento voto Unificación — SALVAMENTO DE VOTO
2013-09-25
Sección Tercera (Subsección C)
Rad. 05001233100020010079901
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Para conceder indemnizaciones más altas cuando la naturaleza del caso lo amerite, el criterio rector para determinar la flexibilización del tope indemnizatorio ha de estar en la intensidad e índole del daño antijurídico? Sí
En el caso sub exámine la Sala ha encontrado procedente el incremento del monto de la condena por perjuicios morales, frente a daños antijurídicos derivados [de] graves violaciones a los derechos humanos y ante el deber de la reparación integral. Se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos, y dado el límite de mil salarios, contemplado en el art. 97 del Código Penal vigente, para la reparación del daño dentro del proceso penal. En su motivación, la Sala ha sido enfática en señalar que la posibilidad de extender la aplicación de la norma en cita se limita estrictamente a aquellos casos en los que el perjuicio alegado se deriva del delito y que el tope indemnizatorio señalado no se puede entender, de ninguna manera, como una imposición de reconocer exactamente mil salarios mínimos en tales casos.
También resuelve:
¿La Constitución de 1991 claramente se alejó de la concepción punitiva o subjetiva de la responsabilidad estatal para establecer un régimen centrado en el daño antijurídico?
¿La acción penal y la acción de reparación directa, al perseguir objetivos distintos, tienen diversos baremos de certeza y exigencias de individualización?
¿El fallo parece desconocer que el daño antijurídico puede perfectamente provenir de actuaciones que no constituyen delito y que, no por ello, implican un perjuicio menor para el afectado?