Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, negará las pretensiones de la demanda
Lo que dijo la Sala
Al momento de adoptarse la decisión, se contaba con más de un indicio reconocido en la investigación en contra de los sindicados. La medida de aseguramiento era procedente, de conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 529 [Ley 522 de 1999], en virtud del delito por el cual se vinculó a los agentes de la policía a la investigación penal, dado que se encontraba incluido dentro de los “delitos contra el servicio” por lo que la medida era procedente sin importar la sanción privativa de la libertad. Si bien el proceso penal finalizó por la cesación del procedimiento, eso no desvirtúa la existencia del hecho que dio lugar a la investigación penal, a tal punto que en el expediente obra la decisión que impuso sanción disciplinaria a los agentes de policía… por los mismos hechos.
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.
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Problema jurídico
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 522 de 1999, art. 529
También resuelve
- ¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?
- ¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?
- ¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
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Titulación de la relatoría 13.976 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR / RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL INDICIO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / COMISIÓN DE DELITO / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FUNCIONAL / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CAUSALES DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA / EXPEDICIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA DECISIÓN JUDICIAL / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]l momento de adoptarse la decisión, se contaba con más de un indicio reconocido en la investigación en contra de los sindicados. [L]a medida de aseguramiento era procedente, de conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 529 [Ley 522 de 1999], en virtud del delito por el cual se vinculó a los agentes de la policía a la investigación penal, dado que se encontraba incluido dentro de los “delitos contra el servicio” por lo que la medida era procedente sin importar la sanción privativa de la libertad. [S]i bien el proceso penal finalizó por la cesación del procedimiento, eso no desvirtúa la existencia del hecho que dio lugar a la investigación penal, a tal punto que en el expediente obra la decisión que impuso sanción disciplinaria a los agentes de policía […] por los mismos hechos. [L]a medida restrictiva de la libertad frente a los aquí demandantes no desbordó los criterios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones, de ahí que no haya resultado injusta la privación de la libertad de la fueron objeto. [L]a Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 522 DE 1999 - ARTÍCULO 529
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA / DELITO DE ABANDONO DEL PUESTO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / DECISIÓN DEL PROCESO PENAL / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / FALLO EN DERECHO / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INVESTIGACIÓN PENAL DE LOS HECHOS / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / ARGUMENTO EN LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]unque en el proceso penal se dispuso cesar el procedimiento en favor de los agentes de policía sindicados por el delito de abandono del puesto consagrado en el artículo 124 de la Ley 522 de 1999, en aplicación del principio in dubio pro reo, ello no significa que la privación de la libertad de la que fueron objeto haya sido injusta, toda vez que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que se les impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable. [L]a imposición de la medida de aseguramiento proferida en contra de los agentes […] se adoptó en cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales previstos en los artículos 522 y 523 de la Ley 522 de 1999 […], porque el funcionario a cargo de la investigación, tal como se precisó anteriormente, indicó los hechos investigados y las pruebas recaudadas en contra de los agentes, aunado al hecho de que analizó los argumentos de la defensa y los desestimó.
FUENTE FORMAL:
LEY 522 DE 1999 - ARTÍCULO 124, 522 Y 523
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / DELITO DE ABANDONO DEL PUESTO / PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA / PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA / CONSUMO DE BEBIDA EMBRIAGANTE EN SERVICIO / PRUEBA DE ESTADO DE EMBRIAGUEZ / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FUNCIONAL / DEBERES DE LA POLICÍA NACIONAL
Problema jurídico:
¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El fiscal 143 Penal de Instrucción Militar, mediante providencia […], cesó el procedimiento en contra de los sindicados, para lo cual arguyó la aplicación del principio in dubio pro reo; sobre el particular consideró demostrado que los uniformados no se encontraban en el puesto en el que debían estar prestando el servicio de vigilancia, según la declaración del subintendente [testigo] y el informe del capitán […] -oficial de control-; sin embargo, si bien con la prueba de alcoholimetría se pudo establecer el estado de embriaguez, el funcionario tuvo en cuenta que los agentes investigados manifestaron haber tomado bebidas alcohólicas la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre de ese mismo año, y como la prueba de alcoholimetría no permitía determinar la cantidad exacta de alcohol en la sangre ni el momento de su ingesta, consideró improbable desvirtuar la presunción de inocencia de los procesados.
JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / ELEMENTOS DE PRUEBA / DECLARACIÓN DE TESTIMONIO / PARTICIPACIÓN DEL AGENTE DE POLICÍA / DELITO DE ABANDONO DEL PUESTO / HORARIO DE TRABAJO / SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL / PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA / CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS / INEFICACIA DE MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / IMPUGNACIÓN DE CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO
Problema jurídico:
¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara la imposición de la medida de aseguramiento, el auditor de guerra tuvo en cuenta los siguientes elementos de prueba: (i) la declaración del subintendente […] -oficial de vigilancia-, quien encontró a los agentes de la policía en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños en el sector de La Playa; (ii) la prueba de alcoholimetría realizada a los agentes investigados el día de los hechos en la secretaría de tránsito de Medellín. En esa misma decisión se analizaron y se desestimaron las explicaciones de los agentes investigados, quienes manifestaron haber ingresado al establecimiento de comercio en búsqueda de un baño porque en ese lugar se los prestaban, dichos que el auditor de guerra consideró poco creíbles.
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ATRIBUCIONES DEL JUEZ / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLO DE UNIFICACIÓN / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 2018, a través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue legal, razonable, proporcionada y necesaria. [L]a Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos; sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela, por lo que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo, este último […], recogió de manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la definida por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, en la que se sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación 072 del 5 de julio de 2018, M. P. José Fernando Reyes Cuartas; Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996; y Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de agosto de 2020, rad. 46947, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68
EFECTOS DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / RETROSPECTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA / FALLO DE PROVIDENCIA / OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Por regla general los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Subsección considera pertinente aclarar que, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han indicado que, por regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa. [S]e ha señalado que los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la demanda o del fallo de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de julio de 2021, rad. 66941, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, rad. 11001-03-15-000-2021-01372-00(AC), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y Corte Constitucional, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL ESTADO / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR / MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL / DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA / REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL / COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR / RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / CONTENIDO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿La parte demandada se encuentra debidamente representada a través de la Policía Nacional?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre la representación judicial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, […] los perjuicios reclamados tienen su génesis en el ejercicio de la función jurisdiccional desplegada por la Justicia Penal Militar, dependencia del Ministerio de Defensa Nacional; en ese sentido, la Sala advierte que la Policía Nacional ejerce la facultad delegada de representación que corresponde al ministro de defensa Nacional, por lo que actúa a nombre de esta entidad, de modo que la parte demandada, Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Justicia Penal Militar, se encuentra debidamente representada en el sub lite, a través de la Policía Nacional, con lo que se desestima el cargo de la apelación. [C]omo el daño alegado fue causado por las actuaciones de la Justicia Penal Militar y la entidad responsable es el Ministerio de Defensa Nacional […], se advierte que, ante una eventual condena, tendría que modificarse la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para señalar expresamente que aquella se debe imponer en contra de la “Nación – Ministerio de Defensa Nacional” y no frente a la “Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la representación judicial del Ministerio de Defensa Nacional, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2021, rad. 45878, C. P. Martín Bermúdez Muñoz.