Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas
Regla de decisión
Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.
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Problema jurídico
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 600 de 2000, art. 356
- Ley 80 de 1993, art. 56
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Lo que dijo la Sala
Las conductas punibles de peculado por apropiación y de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales son delitos de sujeto activo calificado, ya que solo pueden ser cometidas por los sujetos que reúnan las calidades [de] ser servidores públicos. El artículo 56 de la Ley 80 de 1993 establece que "para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en… los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos", con lo que la equiparación con la calidad de servidor público que trae la ley en el ámbito de la responsabilidad penal, vendría dada por la condición de contratista de… una entidad estatal.
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Titulación de la relatoría 13.198 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CALIDAD DE LA PRUEBA / ELEMENTOS DE PRUEBA / FACULTAD PRIVATIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL / GRAVEDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE / CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES / SUJETO ACTIVO CALIFICADO / SUJETO ACTIVO DE LA CONDUCTA PUNIBLE / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PENAL DEL AGENTE DEL ESTADO / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / NORMAS APLICABLES A LA ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as conductas punibles de peculado por apropiación y de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales son delitos de sujeto activo calificado, ya que solo pueden ser cometidas por los sujetos que reúnan las calidades [de] ser servidores públicos. [E]l artículo 56 de la Ley 80 de 1993 establece que "[p]ara efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en […] los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos", con lo que la equiparación con la calidad de servidor público que trae la ley en el ámbito de la responsabilidad penal, vendría dada por la condición de contratista de […] una entidad estatal. [L]os elementos de prueba con los que contaba la Fiscalía para proferir la medida restrictiva de la libertad demuestran el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa procesal penal en su artículo 356.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las normas aplicables a la actuación del servidor público, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad. 49826, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 356, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 56
IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CRITERIO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PRUEBA INDICIARIA / INDICIO GRAVE / SUJETO ACTIVO DEL PECULADO POR APROPIACIÓN / APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO / COBRO DE FACTURA DE VENTA / CONTRATO DE SUMINISTRO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO / CONFIGURACIÓN DEL CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / PECULADO POR APROPIACIÓN / CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
Problema jurídico:
¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Fiscalía General de la Nación encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la [demandante] se apropió de unos dineros públicos, a través del cobro de unas facturas mediante un proceso ejecutivo, puesto que el fundamento del cobro de dichas facturas era un contrato de suministro celebrado con la Alcaldía Municipal de San Carlos de Guaroa, que se habría celebrado sin el cumplimiento de los requisitos legales previstos para su suscripción, ya que no se encontró soporte documental alguno de dicho contrato. Esta situación daba cuenta de la posible configuración de las conductas punibles por las que fue vinculada la demandante al proceso, a saber, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DE LA PENA / GRAVEDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO / PROLONGACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / LIBERTAD DEL PROCESADO
Problema jurídico:
¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, que luego fue sustituida por detención en el sitio de residencia?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Subsección advierte que la medida no fue desproporcionada, primero, porque la [demandante] permaneció bajo privación de la libertad […] durante un (1) año, tres (3) meses y veintitrés (23) días, lo que, en ninguna forma, puede considerarse un equivalente a la pena por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, cuya pena mínima era de cuatro (4) años, y, segundo, porque la privación de la libertad de la [afectada] se mantuvo hasta el momento en que el Juzgado Penal del Circuito de Acacías la absolvió de los cargos que fueron formulados en su contra por la Fiscalía 23 Seccional de Acacias y expidió la boleta de libertad […] en su favor.
INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA / SUJETO ACTIVO DE LA CONDUCTA PUNIBLE / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA DECISIÓN JUDICIAL / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / EXEQUIBILIDAD DE LA NORMA / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / TIPIFICACIÓN DEL DELITO / INAPLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Problema jurídico:
¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a absolución de la [demandante] se dio en razón de que el Juzgado Penal del Circuito de Acacias encontró configurada "una atipicidad relativa en relación con el sujeto activo", pero, de acuerdo con lo expuesto en el acápite referente a la razonabilidad de la medida de aseguramiento, la condición de servidor público de la aquí demandante venía dada por lo prescrito en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, declarado exequible en la sentencia C-563 de 1998. [E]ntiende la Sala que la interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada, por lo que, para esta Subsección, no hay lugar a dar aplicación al régimen objetivo de responsabilidad estatal, por atipicidad de la conducta.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado ha celebrado contratos, cita: Corte Constitucional, sentencia C-563 del 7 de octubre de 1998, M. P. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 56
DEMOSTRACIÓN DEL DAÑO / AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AFECTACIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR / PADECIMIENTOS QUE SUFRE LA PERSONA CON OCASIÓN DEL DAÑO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / AUSENCIA DE ANTIJURICIDAD / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿La demandante honró la carga de demostrar que sufrió un daño en cabeza suya y de los demás actores?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e encuentra demostrado que la demandante sufrió un menoscabo en su libertad personal, esto es, en un derecho fundamental reconocido en el artículo 28 constitucional, detrimento este que, a su vez, trae consigo padecimientos morales a los seres queridos más cercanos a quien resultó privado de su libre locomoción. En consecuencia, honró la carga de demostrar que sufrió materialmente un daño, […] en cabeza suya y de los demás actores. [P]ara que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer sobre un interés tutelado por el derecho, es necesario verificar que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique o que lo legitime.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposición de la medida privativa de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 2018, rad. 46932, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 28
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / APERTURA DE INVESTIGACIÓN PENAL / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / FINALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDIMIENTO PENAL / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL / ETAPAS DEL PROCESO PENAL / CERTEZA RACIONAL DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA
Problema jurídico:
¿En el procedimiento penal el nivel de certidumbre de la responsabilidad del imputado debe incrementarse a medida que avanzara el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]uando de una privación de la libertad personal por causa […] de una investigación penal se trata, como bien lo advirtió la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, no puede determinarse linealmente [injusta] a partir del resultado absolutorio o equivalente, del proceso penal. Tampoco emerge de forma automática por descarte de la antijuridicidad que reposa en la causación del daño. Debe surgir, una inadecuada relación entre los fines que se pretendían satisfacer con la medida, y los elementos de juicio invocados por el operador jurídico […], de modo tal que se reduzca a una apariencia de la responsabilidad del implicado en el asunto (razonabilidad). [E]n el procedimiento penal adelantado, el nivel de certidumbre de la responsabilidad del imputado debía incrementarse a, medida que avanzara el proceso, pasando de la posibilidad, al resolver la situación jurídica, a serios motivos de credibilidad, cuando se califica el mérito del sumario, y luego a la certidumbre requerida […] para dictar sentencia condenatoria.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de octubre de 2018, rad. 46328, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / EXISTENCIA DEL INDICIO / INDICIO GRAVE / CONDUCTA PUNIBLE / PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / GRAVEDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE
Problema jurídico:
¿El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. La Ley 600 de 2000 […], establecía que la medida de aseguramiento de detención preventiva procedía cuando existieran dos (2) indicios graves de responsabilidad, con base en pruebas legalmente producidas en el proceso, y el delito imputado fuera castigado con pena de prisión mínima de cuatro (4) años o fuera mencionado en el artículo 357.2 de la Ley 600 de 2000.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 357 NUMERAL 2