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Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa

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Fecha
2024-04-12
Radicado
47001233100020100020701
Número interno
53787
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
FUNDACION PROGES
Demandado
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Síntesis de la providencia

Aclaración de voto: la parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa

Lo que dijo la Sala

Creo necesario que la Sala reconsidere la tesis, según la cual, en estos casos puede afirmarse que la fuente de la obligación es el enriquecimiento sin causa y si, por ende, la acción procedente para reclamar es la acción de reparación directa. En contra de lo anterior considero que cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago. La parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa, mediante una acción de reparación directa.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿Cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La pretensión del demandante —que es “páguenme una prestación que ejecuté en desarrollo de un acuerdo de voluntades”— tiene una causa que es dicho acuerdo y, por ende…
  • ¿En los casos de verdadera inexistencia del acuerdo de voluntades en los que el particular haya ejecutado la obra o prestado el servicio, es cuando realmente estamos ante un enriquecimiento sin causa?
  • ¿La acción de enriquecimiento sin causa le permite a quien se ha empobrecido patrimonialmente reclamarle la restitución del valor de dicho empobrecimiento a quien recibió un enriquecimiento…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

ACLARACIÓN DE VOTO FUENTES DE LAS OBLIGACIONES ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PAGO DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO VERBAL PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA ACCIÓN CONTRACTUAL ACUERDO DE VOLUNTADES PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO ANULACIÓN DEL CONTRATO CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS INEXISTENCIA DEL CONTRATO ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA CONTRATO ESTATAL SOLEMNIDAD DEL CONTRATO CONTRATO ESCRITO NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO NULIDAD EXISTENCIA DEL CONTRATO CONSENTIMIENTO EFECTOS DEL CONTRATO CONTRATISTA ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA PAGO DE LA OBLIGACIÓN INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL FIRMA DEL CONTRATO NULIDAD DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES INTERÉS GENERAL CUASICONTRATO PAGO DE LO NO DEBIDO COMUNIDAD CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA REPARACIÓN DEL DAÑO CONTRATO SENTENCIA DE UNIFICACIÓN PAGO AL CONTRATISTA CONCILIACIÓN REVOCATORIA DE LA SENTENCIA CONTRATO ESTATAL SIN FORMALIDADES PLENAS PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA PRINCIPIO DE SUBSUNCIÓN CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL DOCUMENTO AUSENCIA DE FORMALIDADES PLENAS DEL CONTRATO ESTATAL CONSTREÑIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD ABANDONO DE LA OBRA PÚBLICA PARTES DEL CONTRATO APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN INAPLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL ENTIDAD PÚBLICA JURISPRUDENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA MALA FE BUENA FE DERECHO A LA SALUD URGENCIA MANIFIESTA PROCESO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL SERVICIO DE SALUD CONTRATACIÓN DIRECTA

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Titulación de la relatoría 33.229 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACLARACIÓN DE VOTO / FUENTES DE LAS OBLIGACIONES / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PAGO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / CONTRATO VERBAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / ACCIÓN CONTRACTUAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO / ANULACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Problema jurídico: ¿Cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago? Respuesta al problema jurídico: Si [C]reo necesario que la Sala reconsidere la tesis, según la cual, en estos casos puede afirmarse que la fuente de la obligación es el enriquecimiento sin causa y si, por ende, la acción procedente para reclamar es la acción de reparación directa. En contra de lo anterior considero que cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago. La parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa, mediante una acción de reparación directa. Obró de este modo porque la Sección Tercera previamente había indicado que esto es lo que debe hacerse cuando se pretende el reconocimiento de la ejecución de prestaciones de un contrato que no fue elevado a escrito; a mi modo de ver, esa posición jurisprudencial es equivocada y debe reconsiderarse. […] Considero que se debe adoptar una regla de unificación, sobre todo luego de verificar que la regla actual no es adecuada ni permite resolver con claridad ni con uniformidad los casos concretos. Y pienso que no debe establecerse de forma tal que en cada caso el juez resuelva si se cumplen o no los requisitos del enriquecimiento sin causa y particularmente si está o no está demostrado que la intención de las partes fue eludir las normas de contratación. La regla debería establecer que si un servicio o una obra es ejecutado por un particular y recibido por la Administración debe ser pagado cuando, además, se pruebe que en el acuerdo verbal —que puede provenir de una solicitud aceptada tácitamente por el particular— se haya estipulado la remuneración por la obra realizada o el servicio prestado. Y creo que la acción debe ser la contractual porque se trata de una reclamación de pago de una prestación derivada del cumplimiento de un acuerdo de voluntades en la que el pago debe estar sujeto a lo acordado. Si se considera el caso objeto de decisión (está demostrado el acuerdo, la remuneración pactada y la prestación del servicio) y se concluye que el acuerdo no se elevó a escrito, esta constatación impone aplicar la consecuencia prevista para la anulación de los contratos de tracto sucesivo en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993. […] Así, con base en lo dispuesto en esa norma, debe ordenarse el pago de la remuneración pactada, sin que el demandante tenga derecho al reconocimiento de ningún otro perjuicio adicional o distinto. Si se insiste en la tesis según la cual en estos casos el contrato no es nulo sino inexistente, creo que la consecuencia legal prevista en la norma puede aplicarse a los acuerdos verbales no elevados a escrito sin que sea necesario hacer un pronunciamiento expreso sobre este particular. Y considero que en los casos en los que no se acredite un acuerdo de voluntades, que son los que en realidad deben deberían tratarse mediante la acción de enriquecimiento sin causa, la pretensión puede acogerse cuando se demuestre la ejecución de la obra o la prestación del servicio; pero en estos casos el particular solo tendrá derecho al monto del enriquecimiento o al valor del beneficio que recibió la entidad. En estos casos deberá probar que realizó la obra o prestó el servicio y deberá demostrar (i) cuánto gastó y (ii) en cuánto se enriqueció el Estado; y tendrá derecho a reclamar la suma inferior. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los casos en los cuales la jurisprudencia, en aplicación del principio del enriquecimiento sin causa, autoriza el pago de la ejecución de un contrato que no había sido celebrado por escrito; y de los casos en los cuales se negaba la aplicación de dicho principio y no se ordenaba el pago de la prestación ejecutada por haberse incumplido la obligación de atender las solemnidades del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 54, LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 408, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48 CONTRATO ESTATAL / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / CONTRATO ESCRITO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / NULIDAD / EXISTENCIA DEL CONTRATO / ANULACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / CONSENTIMIENTO / EFECTOS DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / PAGO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Problema jurídico: ¿La pretensión del demandante —que es “páguenme una prestación que ejecuté en desarrollo de un acuerdo de voluntades”— tiene una causa que es dicho acuerdo y, por ende, no puede considerarse que tiene como fuente un enriquecimiento sin causa de la entidad demandada? Respuesta al problema jurídico: Si Lo primero que se debe determinar es si un contrato estatal sin el cumplimiento de la solemnidad del escrito es un contrato afectado de nulidad absoluta. Si se comparte esta posición, es preciso concluir que, en todos los casos en los que se pruebe que las partes llegaron a un acuerdo de voluntades con todos los elementos esenciales del contrato — determinación del objeto y de la remuneración—, el demandante que ejecuta la prestación tiene derecho a la remuneración pactada. […] Hay opiniones divergentes sobre si puede pedirse la nulidad en los casos en los que está probado un acuerdo de voluntades —bien sea porque conjuntamente las partes llegaron a él o porque el particular aceptó tácitamente la solicitud formulada por la Administración y ejecutó o aceptó continuar ejecutando la prestación acordada o pactada—. En ese sentido, algunos afirman que el contrato existió y debe ser anulado, y otros opinan que no existió y, por ende, no puede pedirse su nulidad. En esta discusión vale la pena tener en cuenta los siguientes planteamientos: Quienes abogan por la inexistencia, afirman que, como el consentimiento no se expresó en la forma prevista por la ley (el escrito), no puede considerarse que exista. Sin embargo, no puede negarse que en la realidad sí se estructuró un acuerdo de voluntades y que el particular que ejecutó una obra o prestó un servicio lo hizo con base en ese acuerdo. O sea que el acuerdo sí existió y tuvo efectos. Los partidarios de la inexistencia también afirman que un contrato inexistente no produce efectos y, por ende, no es necesario acudir al juez para que destruya ese “contrato inexistente”. Sin embargo, lo cierto en que la realidad sí los produjo y quien ejecutó las prestaciones —de tracto sucesivo, que no pueden restituirse— no necesita que se destruya el pacto y que las cosas vuelvan al estado anterior: necesita que le paguen la prestación ejecutada. Los partidarios de la nulidad indican que es necesario destruir el acuerdo para que, con intervención de un juez, puedan volverse las cosas al estado anterior y ordenarse las restituciones mutuas. Pero –reitero– en este caso, el que ejecutó la obra o prestó el servicio mediante un acuerdo de voluntades no necesita que se declare la “existencia de un contrato nulo”. Necesita que se le pague una prestación que cumplió con base en un acuerdo de voluntades y eso puede hacerse aplicando, por analogía, el artículo 48 de la Ley 80. Por tal razón estimo que, independientemente de que consideremos que el contrato es nulo o inexistente, la pretensión del demandante —que es “páguenme una prestación que ejecuté en desarrollo de un acuerdo de voluntades”— tiene una causa que es dicho acuerdo y, por ende, no puede considerarse que tiene como fuente un enriquecimiento sin causa de la entidad demandada. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1740 ACUERDO DE VOLUNTADES / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONTRATISTA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONTRATO VERBAL / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / EFECTOS DEL CONTRATO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / FIRMA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CONTRATO ESCRITO / CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / INTERÉS GENERAL Problema jurídico: ¿En los casos de verdadera inexistencia del acuerdo de voluntades en los que el particular haya ejecutado la obra o prestado el servicio, es cuando realmente estamos ante un enriquecimiento sin causa? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, en los casos de verdadera inexistencia del acuerdo de voluntades en los que el particular haya ejecutado la obra o prestado el servicio, es cuando realmente estamos ante un enriquecimiento sin causa. En estos casos, un particular, por un hecho voluntario suyo, ha ejecutado un acto que le produjo empobrecimiento y que le generó enriquecimiento al Estado; y el contratista debe probar los elementos de esta figura y solo tiene derecho a que se le pague el monto en que se benefició la entidad contratante. Eso es distinto a tener derecho al pago de una prestación pactada en un acuerdo de voluntades que no se elevó a escrito. […] En materia civil también se apunta a lo mismo: a considerar que es irreal hablar de un contrato que no existió o que no produjo efectos, cuando en realidad hubo un acuerdo de voluntades que los produjo. Pero —lo reitero— la discusión puede ser irrelevante cuando lo que se busca es determinar si debe pagarse una obligación ejecutada en desarrollo de un acuerdo de voluntades; no destruir ese acuerdo para poder ordenar restituciones mutuas. […] En últimas, así se considere que un contrato estatal celebrado verbalmente es un contrato inexistente, la regla sobre la obligación de pagar las prestaciones ejecutadas en desarrollo de ese acuerdo —prevista en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993— debería aplicarse, por analogía, a esta situación. El demandante que firma un contrato, aunque en su celebración se haya incurrido en irregularidades que generan su nulidad, también está en una situación en la que se ha incumplido la obligación de respetar las disposiciones legales. Está en la misma situación si ejecuta las prestaciones pactadas y reclama su pago. El juez debe reconocérselas con base en el artículo 48 citado; el juez no podría dejar de hacerlo por considerar que, si ordena el pago de sus prestaciones, está incentivando la práctica de desconocer las normas legales. Se trata de dos situaciones análogas. Si la ley autoriza el pago de las prestaciones ejecutadas en desarrollo de un contrato elevado a escrito, pero afectado de nulidad porque no se cumplieron los requisitos legales en su celebración, entonces las prestaciones ejecutadas en desarrollo de un acuerdo de voluntades que no se elevó a escrito también deben pagarse. Si se considera que existe un vacío legal porque la ley no establece si deben o no pagarse las prestaciones ejecutadas de desarrollo de un acuerdo de voluntades entre una entidad estatal y un particular que no se elevó a escrito, ese vacío debe colmarse con una norma que regula una situación similar. La Ley 80 tiene una regla particular para el pago de las prestaciones derivadas un contrato nulo. En los contratos estatales, a diferencia de lo que ocurre en los contratos entre particulares, la ejecución del objeto del contrato involucra el interés general y por esa razón se autoriza el pago de las prestaciones cumplidas en desarrollo de un contrato nulo. Ese principio no puede cambiar en relación con un acuerdo de voluntades no elevado a escrito. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la consecuencia de la declaratoria de inexistencia del contrato y la aplicación de la norma de restituciones de la nulidad del contrato, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de julio de 2015, rad. SC10097-2015, M. P. Jesús Vall de Ruten Ruíz. Sobre la nulidad de los contratos estatales que tiene en cuenta el interés general involucrado en la ejecución de su objeto, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de julio de 2023, rad. 64048, C. P. Martín Bermúdez Muñoz. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48 ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / FUENTES DE LAS OBLIGACIONES / CUASICONTRATO / PAGO DE LO NO DEBIDO / COMUNIDAD / ACUERDO DE VOLUNTADES / CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / EXISTENCIA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REPARACIÓN DEL DAÑO / CONTRATO / CONTRATO VERBAL Problema jurídico: ¿La acción de enriquecimiento sin causa le permite a quien se ha empobrecido patrimonialmente reclamarle la restitución del valor de dicho empobrecimiento a quien recibió un enriquecimiento correlativo? Respuesta al problema jurídico: Si Puede discutirse si el enriquecimiento sin causa es una fuente autónoma de las obligaciones. Quienes abogan por ello se fundamentan en el artículo 1494 del Código Civil. […] En la clasificación de las fuentes de las obligaciones se incluye la categoría de los cuasicontratos (pago de lo no debido, agencia oficiosa y comunidad). Esta noción ha sido criticada por la doctrina porque se refiere a tres instituciones disímiles; no se puede hablar de cuasicontrato cuando lo que falta precisamente es el acuerdo de voluntades, y porque no incluye el enriquecimiento sin causa. Este fue incluido como fuente de las obligaciones por el artículo 831 del Código de Comercio, de acuerdo con el cual “nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”. […] La noción del de enriquecimiento sin causa, que fue elaborada por la jurisprudencia con el objeto de otorgarle una acción a quien ha sufrido ese desequilibrio patrimonial contra quien lo ha recibido, se introdujo precisamente para los eventos en los que el demandante no contaba con una acción para reclamar porque había ejecutado una obra o cumplido un servicio sin que existiera previamente un contrato. Esa acción le permite a quien se ha empobrecido patrimonialmente reclamarle la restitución del valor de dicho empobrecimiento a quien recibió un enriquecimiento correlativo, demostrando esos tres requisitos (empobrecimiento – enriquecimiento correlativo – relación de causalidad). Puede reclamar la restitución de la suma inferior entre los dos conceptos de modo tal que, si el enriquecimiento fue mayor, solo podrá recibir la suma en la que se empobreció. Por eso la reclamación que puede formular el demandante en este caso es pedir una restitución; no puede pedir la reparación de un daño. Lo esencial para que se pueda acudir al enriquecimiento sin causa es precisamente la inexistencia de la causa de la obligación que se reclama. Si la obligación tiene otra causa u otra fuente, el demandante tendrá que acudir a esa fuente porque en ella están regulados sus derechos y las obligaciones del deudor de la obligación: si existe un contrato, tendrá que formular su pretensión con base en el contrato. Si el demandante se “empobreció” por la ejecución de un contrato nulo o por la ejecución de un acuerdo de voluntades en el que se determinaron sus elementos esenciales pero que no se elevó a escrito, esa será la fuente de la obligación y tendrá que acudir a lo previsto en ese acuerdo para reclamar sus derechos. De acuerdo con lo anterior, quien ejecutó un contrato que no se elevó a escrito (que es exactamente el caso que se plantea) no puede afirmar que su obligación no tiene causa. En este caso, el demandante tendrá que probar que efectivamente existió un acuerdo de voluntades previo para ejecutar la prestación y que aunque dicho acuerdo esté afectado de nulidad (o de inexistencia si se admite esta categoría), él tiene derecho al pago de las prestaciones que ejecutó. No puede acudir al enriquecimiento sin causa porque no se trata de un acto voluntario que haya realizado sin acuerdo previo alguno, por su sola voluntad, como consecuencia del cual la entidad demandada ha recibido un enriquecimiento. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 831, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494 SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / PAGO AL CONTRATISTA / CONTRATO VERBAL / CONCILIACIÓN / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PAGO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL SIN FORMALIDADES PLENAS / CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / EFECTOS DEL CONTRATO / REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / PRINCIPIO DE SUBSUNCIÓN Problema jurídico: ¿Si se considera que el contrato estatal que no se eleva a escrito es inexistente, el demandante no tiene una causa para pedir y tampoco tiene una acción para promover, razón por la cual aquí sería aplicable el enriquecimiento sin causa? Respuesta al problema jurídico: Si La sentencia de unificación de 2012 se dictó en un caso en el que se reclamaba el pago de trabajos adicionales realizados por un contratista por acuerdos verbales con la Administración, cuyo valor fue conciliado posteriormente. Se improbó la conciliación, y el tribunal, luego de constatar que efectivamente se habían acordado y ejecutado las obras, ordenó su pago aplicando el principio de enriquecimiento sin causa. Esa sentencia fue revocada porque los trabajos ejecutados no se celebraron con base en un contrato. Se estima que el contrato verbal no es contrato o no existe en la medida en que se requiere de esta formalidad para que nazca a la vida jurídica […]. […] Si se considera (equivocadamente, a mi modo de ver) que el contrato estatal que no se eleva a escrito es inexistente, el demandante no tiene una causa para pedir y tampoco tiene una acción para promover, razón por la cual aquí sería aplicable el enriquecimiento sin causa. En contra de lo dicho en las consideraciones transcritas, el acuerdo sí tuvo efectos: el contratista ejecutó las obras y eso produjo un enriquecimiento sin causa de la entidad. Al elaborar la regla de unificación, en la sentencia de unificación se establecen los casos en los cuales “resultaría procedente la acción”, sin que sea claro si se hace una enumeración enunciativa o taxativa. Pues, aunque se indica que esos eventos serían “entre otros” los que se enumeran, en el párrafo anterior se había dicho que se trata de posibilidades excepcionales de interpretación restrictiva. […] Advertimos que algunos consejeros de Estado han señalado, tanto en sentencias como en votos disidentes, que las tres hipótesis de la sentencia de unificación no son supuestos taxativos, y que pueden presentarse otros. De hecho, la misma sentencia de unificación refirió que los casos en que procedía en el enriquecimiento eran, “entre otros”, los allí contenidos. Sin embargo, la mayoría de las sentencias estudia estos supuestos como “causales de procedencia” del enriquecimiento y no como simples casos ilustrativos, pues se refieren a estas circunstancias con la expresión “causal”. Y en varias sentencias se descartan las pretensiones porque, después del ejercicio de subsunción, el Consejo de Estado concluye que no existe identidad entre los hechos de la demanda y las tres causales incluidas en la sentencia de unificación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el supuesto en el que si no existen los contratos tampoco se produjeron los efectos que les serían propios y por ende nada puede reclamarse con base en lo inexistente, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la postura que establece que las tres hipótesis de la sentencia de unificación no son supuestos taxativos, y que pueden presentarse otros, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, salvamento de voto a la sentencia del 30 de noviembre de 2023, rad. 64578, C. P. Fredy Ibarra Martínez. CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / DOCUMENTO / CONTRATO ESCRITO / AUSENCIA DE FORMALIDADES PLENAS DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / CONSTREÑIMIENTO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD / CONTRATO VERBAL / ABANDONO DE LA OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El constreñimiento de la Administración parece entenderse en el contexto de la sentencia de unificación como un acto de imposición que el contratista no puede eludir? Respuesta al problema jurídico: Si La primera hipótesis [contenida en la sentencia de unificación relacionada con el enriquecimiento sin causa] se refiere a trabajos o servicios prestados por un particular “por fuera de un contrato estatal o con prescindencia del mismo”, asimilando la noción de contrato a documento escrito o considerando que, cuando no se ha cumplido esta formalidad, no hay contrato. En esta hipótesis se indica que el trabajo o el servicio debieron ser ordenados exclusivamente por la entidad y que el particular debió cumplirlos porque fue constreñido a hacerlo. La segunda hipótesis se refiere a ejecución de obras o servicios en el sector de la salud, pero también ordenados por la Administración siempre y cuando se acredite la urgencia de hacerlo. Luego de esta sentencia se han fallado muchos casos de contratos o acuerdos no elevados a escrito y en la gran mayoría se ha negado la reclamación de los particulares que han realizado obras o prestados servicios. El elemento constreñimiento no se entiende sino a partir de una orden o solicitud de la Administración. No se incluyen los casos en los que el contratista se haya visto constreñido a continuar la prestación del servicio para no abandonar la obra, el servicio, el proceso judicial o la vigilancia que está llevando a cabo. El constreñimiento de la Administración parece entenderse en el contexto de la sentencia de unificación como un acto de imposición que el contratista no puede eludir. Sin embargo, en la jurisprudencia se “flexibiliza” el concepto señalando que si la solicitud viene de la Administración se entiende que hay constreñimiento porque ella proviene de la entidad estatal que es la parte más poderosa del contrato, con lo cual en realidad se podría decir que hay constreñimiento cada vez que una entidad solicita una obra o servicio. Pero en otros fallos se afirma que no hay constreñimiento porque el demandante aceptó voluntariamente la solicitud que le formuló la entidad. APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / INAPLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / CONSTREÑIMIENTO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / ENTIDAD PÚBLICA / JURISPRUDENCIA / CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MALA FE / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO / BUENA FE / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES / DERECHO A LA SALUD / URGENCIA MANIFIESTA / PROCESO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SERVICIO DE SALUD / CONTRATACIÓN DIRECTA Problema jurídico: ¿La interpretación y aplicación del criterio de “constreñimiento” (o más bien, la ausencia de un criterio unificado) ha llevado a resultados dispares en la solución de los casos? Respuesta al problema jurídico: Si La aplicación de la sentencia de unificación ha traído los siguientes inconvenientes: - Casos en los que el Consejo de Estado condenó a pesar de que no se cumplía ninguno de los supuestos de la sentencia de unificación Existen al menos dos sentencias en las que los criterios de la sentencia de unificación no fueron aplicados […]. […] - Discusiones y problemas frente a la causal constreñimiento La primera “causal”, es decir, el constreñimiento, ha sido la más utilizada por el Consejo de Estado para sustentar las condenas por enriquecimiento sin causa. Y, quizás por ser la más utilizada, la evolución de la jurisprudencia demuestra que su aplicación es problemática. […] La sentencia no definió el concepto “constreñimiento”, sino que dio una serie de adjetivos para determinar la conducta. Entre estos, utilizó los vocablos “fehaciente y evidente”; “exclusivamente la entidad pública”; “sin culpa del particular”; supremacía e imperium […]. Las sentencias posteriores interpretaron este concepto, pero no unánimemente. […] [E]n la sentencia del 3 de diciembre de 2018, el Consejo de Estado indicó que la existencia de constreñimiento requería una “imposición” de la entidad demandada. […] Sin embargo, el Consejo de Estado ha condenado en ciertos casos a pesar de que no se cumplía el criterio de “constreñimiento”, al menos en los términos exigidos en la mayoría de las sentencias. Es decir, en casos donde no resulta evidente la “imposición”, “coacción” o la “imposibilidad” del demandante de negarse a prestar el servicio. Y, lo que parece problemático, es que el número de casos que no cumplen estrictamente con la totalidad de requisitos es mayor que los que sí los cumplen. […] - Casos en los que el Consejo de Estado no condenó a pesar de existir solicitudes de la entidad La interpretación y aplicación del criterio de “constreñimiento” (o más bien, la ausencia de un criterio unificado) ha llevado a resultados dispares en la solución de los casos. Como se indicó en acápites anteriores, la jurisprudencia del Consejo de Estado dio carácter “calificado” a la noción de constreñimiento cuando determinó que este opera en los casos en los que el contratista no puede “sustraerse” de la prestación de bienes o servicios (y son los ejemplos más claros aquellos casos en los que una autoridad judicial da la orden, por ejemplo, de depósito de automóviles). No obstante, esta circunstancia ha llevado a que se hayan negado las pretensiones a pesar de que existan solicitudes de la entidad al contratista, e incluso, en casos en los que no está probada la mala fe de este. Se excluyen de este análisis aquellos casos en los que el contratista elaboró la obra voluntariamente y sin solicitud de la entidad, contra la voluntad de la Administración, o cuando ejecutó obras por fuera del objeto del contrato. Así, únicamente nos referiremos a los casos en que hubo peticiones enviadas al demandante y este las siguió, sin elementos subjetivos de buena o mala fe. En estos casos, la mayoría de las veces el Consejo de Estado ha negado las pretensiones por considerar que no se cumplen los supuestos de la sentencia de unificación y que, en consecuencia, sí era necesaria la suscripción del contrato. […] - Casos en los que el Consejo de Estado ha fallado de forma disímil en circunstancias similares En la sentencia del 3 de diciembre de 2018, el Consejo de Estado negó las pretensiones. Este caso resulta bastante similar a otros en los que sí condenó. […] - Casos en que podría hablarse de enriquecimiento sin causa de manera estricta porque no existe un acuerdo de voluntades previo […] - Casos de derecho a la salud y urgencia manifiesta Con respecto al supuesto del derecho a la salud, el Consejo de Estado señaló que era necesario probar que debía ser garantizado urgentemente, y que esa era la razón por la cual podían omitirse excepcionalmente los procesos de contratación. […] Como la amenaza al servicio de salud debe ser inminente y por ello no es posible adelantar los procesos de contratación, el Consejo de Estado ha negado las pretensiones en casos en los que la entidad ha tenido suficiente tiempo para contratar o cuando, incluso, ha podido acudir a la contratación directa. […] Así, el Consejo de Estado ha negado las pretensiones en los casos en que no está probada la urgencia, pese a que las actividades adelantadas por el demandante estén relacionadas con la prestación del servicio de salud (por ejemplo, servicios relacionados con la gestión de cuotas moderadoras o suministro de medicamentos). En algunas sentencias, incluso, aclaró que negaba las pretensiones porque no se aportaron documentos que evidenciaran la naturaleza de los servicios prestados, lo que impedía establecer si se reclamaba el pago de servicios de urgencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los casos en los que se reconoció en enriquecimiento sin justa causa sin que el caso se encuadrara en ninguna de las causales mencionadas en la sentencia de unificación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de febrero de 2020, rad. 46361, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de junio de 2017, rad. 41233, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la existencia de constreñimiento que requiere una imposición de la entidad demandada, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2018, rad. 37610, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico(E); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 2014, rad. 28570, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2015, rad. 36318, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. Sobre los casos en los que se hace referencia a la existencia de un constreñimiento de parte de la entidad al contratista, pero no se probó la supuesta coacción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, rad. 19045, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2017, rad. 37958, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de febrero de 2013, rad. 24969, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre los casos en los que el contratista elaboró la obra contra la voluntad de la Administración, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2013, rad. 18951, C. P. Danilo Rojas Betancourth(E). Sobre los casos en los que el contratista elaboró la obra por fuera del objeto del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de abril de 2013, rad. 26540, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo. Sobre los casos en los que el Consejo de Estado no condenó a pesar de existir solicitudes de la entidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2015, rad. 28400, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de mayo de 2016, rad. 24894, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de diciembre de 2016, rad. 69696, C. P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre casos similares en los que se ha fallado de forma diferente, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2018, rad. 37610, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico(E); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 2014, rad. 28570, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2015, rad. 36318, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. Sobre los casos que involucraron el derecho a la educación y que fueron negados, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de junio de 2019, rad. 44352, C. P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2022, rad. 59090, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el enriquecimiento sin causa en sentido estricto por no existir acuerdo de voluntades, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2014, rad. 29211, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2015, rad. 32164, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. Sobre la urgencia manifiesta en situaciones en las que se ve involucrado el derecho a la salud, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de julio de 2014, rad. 29892, C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2013, rad. 25892, C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2014, rad. 27592, C. P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre casos en los que se han negado las pretensiones por no demostrarse la urgencia manifiesta, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de enero de 2019, rad. 45888, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2015, rad. 36998, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de mayo de 2016, rad. 24894, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2017, rad. 36907, C. P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2017, rad. 38724, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=470012331000201000207011100103