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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2021-12-10
Radicado
05001233100020010322501
Número interno
37475
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
ALEJANDRO MAYA JARAMILLO
Demandado
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y OTROS, IDEA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132 CCA, esto es, $143.000.000.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción administrativa como guardiana del orden jurídico y en la necesidad de garantizar el debido proceso en controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas. La modificación de la regla implica que los litigantes deben considerar la cuantía de sus pretensiones para determinar la jurisdicción competente en segunda instancia, lo que puede afectar significativamente la estrategia procesal y los costos asociados a la litigación.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
  • Decreto Ley 01 de 1984, arts. 129, 132 y 82
  • Ley 1107 de 2006, art. 1

También resuelve

  • ¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa?
  • ¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí?
  • ¿Procede la valoración de la copia simple de documento?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA OBJETO DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL AUTO DE APERTURA DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO ABUSO DEL DERECHO NOCIÓN DE ABUSO DEL DERECHO ALCANCE DEL ABUSO DEL DERECHO CLASES DE ABUSO DEL DERECHO MODALIDADES DE ABUSO DEL DERECHO PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL ABUSO DEL DERECHO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR ABUSO DEL DERECHO RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA VELO CORPORATIVO LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL CAUSALES DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SITUACIÓN FINANCIERA SITUACIÓN FINANCIERA DEL COMERCIANTE PERSONALIDAD JURÍDICA INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA INSOLVENCIA FRAUDULENTA INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS FRENTE A TERCEROS RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA RESPONSABILIDAD DE LA MATRIZ PROCESO CONCORDATARIO INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACTIO IN REM VERSO REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 20.568 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132 CCA, esto es, $143.000.000. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBJETO DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA OBITER DICTUM El artículo 82 CPC dispone que la acumulación de pretensiones en contra de un mismo demandado procede, siempre que el juez sea competente para conocerlas todas, que no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, y que puedan tramitarse por el mismo proceso. También se pueden formular en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquellas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Problema jurídico: ¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo , en este caso por una acción que se imputa a varias entidades públicas (art. 90 CN y art. 86 CCA). Como las pretensiones se refirieron a la responsabilidad del Departamento de Antioquia y del IDEA por ser socios del Ingenio Vegachí y al enriquecimiento sin justa causa, la acción procedente es la reparación directa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA / PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / AUTO DE APERTURA DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA Problema jurídico: ¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí? Respuesta al problema jurídico: Si El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por trabajo público o por cualquier otra causa. Según la demanda, el Departamento de Antioquia y el IDEA tenían que asumir solidaria o subsidiariamente las obligaciones del Ingenio Vegachí. La demanda se interpuso en tiempo –18 de septiembre de 2001–, pues el 4 de mayo de 2001 se registró en la Cámara de Comercio el auto n°. 610-0412, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades inició el trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Procede la valoración de la copia simple de documento? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Referente al valor probatorio de las copias simples, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. ABUSO DEL DERECHO / NOCIÓN DE ABUSO DEL DERECHO / ALCANCE DEL ABUSO DEL DERECHO / CLASES DE ABUSO DEL DERECHO / MODALIDADES DE ABUSO DEL DERECHO / PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL ABUSO DEL DERECHO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR ABUSO DEL DERECHO / RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA OBITER DICTUM El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad, en consideración a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico (art. 8 de la Ley 153 de 1887). El uso de un derecho, dentro de su normalidad objetiva, pero sin un fin lícito o con fin malicioso . Así, el ordenamiento prohíbe que los derechos subjetivos se desvíen del fin para el cual han sido creados y se utilicen como instrumentos para lesionar los derechos de los demás. El abuso del derecho puede manifestarse de manera subjetiva u objetiva. Es subjetiva cuando el agente al ejercer esa prerrogativa tiene la intención de lesionar un interés ajeno o no le asiste un fin serio y legítimo –criterio que exige apreciar la intención de perjudicar al ejercerse el derecho– y objetiva cuando la lesión proviene del exceso o anormalidad en el ejercicio de esa prerrogativa, vista la finalidad para la cual fue reconocida , es decir, a partir, del fin económico o social en un ejercicio anormal del derecho. En definitiva, el abuso del derecho precisa (i) la intención de dañar y (ii) la falta de un fin útil. El ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 830 C. Co positivizó el principio general del abuso del derecho, pues dispuso que quien abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. Esta norma es el fundamento de la prohibición del abuso de la personalidad jurídica. De manera que, si las personas jurídicas son utilizadas para perseguir fines ilegítimos y no hay una norma especial que lo permita, el juez puede prescindir de la persona para identificar el interés de los individuos que la integran, es decir, puede levantar el velo corporativo o desestimar la personalidad jurídica. NOTA DE RELATORÍA: Referente al abuso del derecho, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 6 de septiembre de 1935 [fundamento jurídico II], G.J. XLII y sentencia de la Sala de Casación Civil de 19 de octubre de 1994, Rad. 3972, FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 830, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 8 VELO CORPORATIVO / LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO / RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / ABUSO DEL DERECHO Problema jurídico: ¿El abuso de la personalidad jurídica permite al juez retirar el velo corporativo? Respuesta al problema jurídico: Si El levantamiento del velo corporativo permite que pueda perseguirse directamente a los asociados de la persona jurídica. Sin embargo, como es una figura de aplicación excepcional –pues su aplicación generalizada puede dejar sin efectos el principio de limitación de responsabilidad–, para que sea procedente es fundamental que se acredite que la personalidad jurídica se desvió de la finalidad para la cual fue creada y se utilizó como vehículo para encubrir maniobras abusivas, como cuando se utiliza para realizar actividades que le están prohibidas a las personas naturales, se constituyen con el propósito de defraudar a terceros o para eludir el cumplimiento de obligaciones, entre otros. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / CAUSALES DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD / SITUACIÓN FINANCIERA / SITUACIÓN FINANCIERA DEL COMERCIANTE / PERSONALIDAD JURÍDICA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA / INSOLVENCIA FRAUDULENTA / LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿La liquidación del ingenio tuvo como causa problemas financieros y no las conductas fraudulentas o abusivas de sus socios? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme a lo probado, el Ingenio Vegachí tuvo problemas operativos, financieros y agropecuarios desde 1996. Desde ese momento, la administración y los socios realizaron distintas actividades para que la sociedad pudiera desarrollar su objeto social. La sociedad –por iniciativa de su administración– comenzó a producir otros productos con la caña recaudada. Sin embargo, en 1998 la sociedad entró en concordato y después en liquidación obligatoria. Los motivos que llevaron a la liquidación tuvieron que ver con la situación financiera de la sociedad, pues los costos operativos y las deficiencias en los cultivos, llevaron a que, finalmente, se tornara inviable su funcionamiento. No se demostró que la personalidad jurídica del Ingenio Vegachí fuera utilizada como instrumento para encubrir maniobras fraudulentas o abusivas o para defraudar a los acreedores. Como la liquidación del Ingenio Vegachí tuvo como causa problemas financieros y de producción de materia prima y no las conductas fraudulentas o abusivas de sus socios, la Sala no encuentra procedente el levantamiento del velo corporativo para perseguirlos por el incumplimiento de obligaciones de naturaleza contractual. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS FRENTE A TERCEROS / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Problema jurídico: ¿No hay lugar a declarar la responsabilidad solidaria de los socios porque está acreditado que la obligación del Ingenio Vegachí con la demandante se derivó del incumplimiento de un contrato de suministro? Respuesta al problema jurídico: Si El legislador ha previsto algunos escenarios específicos en los que los socios son responsables de las obligaciones de la sociedad. Por regla general, en las sociedades de responsabilidad limitada los socios responden hasta el monto de sus aportes (art. 353 C. Co), es decir, sólo se obligan a hacer sus aportes y no responden con su patrimonio frente a los acreedores o terceros, que sólo pueden dirigirse contra la sociedad. Excepcionalmente, los socios son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo (art. 36 CST), del valor atribuido a los aportes en especie (art. 135 y 354 C. Co), de las operaciones sociales cuando no se ha pagado el total de los aportes que conforman el capital (art. 355 C. Co), del pasivo externo y de los perjuicios causados con la nulidad del contrato por objeto o causa ilícitos (art. 105 C. Co) y de los impuestos de la persona jurídica (art. 794 ET) . Está acreditado que la obligación del Ingenio Vegachí con la demandante se derivó del incumplimiento de un contrato de suministro. No se trata de una relación derivada de un contrato de trabajo, ni de obligaciones tributarias. Tampoco se probó la falta de pago de los aportes o la nulidad del contrato de sociedad por objeto o causa ilícita. Por ello, la Sala debe descartar la responsabilidad de las demandadas por estos supuestos. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la responsabilidad solidaria de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 25 de julio de 2018, Rad. 2001-00115-01. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 105, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 135, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 353, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 354, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 355, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 794, DECRETO LEY 2663 DE 1950 - ARTÍCULO 36 LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD / PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD / RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA / RESPONSABILIDAD DE LA MATRIZ Problema jurídico: ¿No procede la declaración subsidiaria de los socios porque no se probó que el crédito del demandante hubiera sido reconocido en el trámite de liquidación y que el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para pagarlo? Respuesta al problema jurídico: Si Está acreditado que la Superintendencia de Sociedades inició la liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí [hecho probado 9.5]. La parte demandante, sin embargo, no probó que presentó su reclamación al trámite de liquidación de la sociedad, ni que el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para pagar los créditos reconocidos en el trámite de liquidación obligatoria. Como la responsabilidad de los artículos 148 y 207 de la Ley 222 de 1995 es subsidiaria, pues sólo es procedente si la sociedad no puede asumir las obligaciones en el trámite de concordato o liquidación, y en el proceso no se acreditó esta circunstancia, la Sala descarta la responsabilidad del Departamento de Antioquia y del IDEA en virtud de esos artículos. Esta Subsección ya había concluido, al estudiar la responsabilidad de los socios del Ingenio Vegachí por los mismos hechos, que estos no eran responsables subsidiariamente de las obligaciones de la sociedad, porque no se probó que el crédito del demandante hubiera sido reconocido en el trámite de liquidación y que el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para pagarlo. En todo caso, aunque el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 presume que la sociedad está en situación de liquidación por las actuaciones derivadas del control y se probó que el Departamento de Antioquia era matriz controlante del Ingenio Vegachí [hecho probado 9.6], esa presunción se desvirtuó porque –según las pruebas– las acciones del Departamento no fueron la causa de la liquidación, sino factores económicos externos –aumento de los costos de producción y el deficiente suministro de materia prima–. Tampoco se acreditó que los socios utilizaron la sociedad para defraudar terceros (art. 207 Ley 222 de 1995) y, por el contrario, quedó probado que los socios adelantaron varias acciones para evitar la liquidación [núm. 15]. FUENTE FORMAL: LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 148 PARÁGRAFO 0, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 207 PROCESO CONCORDATARIO / INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA / PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL Problema jurídico: ¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el acuerdo concordatario? Respuesta al problema jurídico: No Conforme a las pruebas, el Departamento de Antioquia aceptó cumplir las obligaciones del Ingenio Vegachí –en el acuerdo concordatario– bajo el supuesto de que pudiera vender los activos que le iban a transferir, es decir, su obligación estaba sujeta a condición (art. 1530 CC). Sin embargo, como la Superintendencia de Sociedades declaró el incumplimiento del acuerdo –y decretó la liquidación de la sociedad–, el Departamento de Antioquia restituyó al Ingenio Vegachí los bienes transferidos. Como la declaratoria de incumplimiento implicó la terminación del trámite concordatario y el Departamento de Antioquia devolvió todos los bienes que le fueron transferidos en virtud del acuerdo, esa entidad no tenía la obligación de asumir las acreencias del Ingenio Vegachí. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1530 ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO / PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el incumplimiento de un contrato celebrado por la sociedad y, de no ser así, es procedente el enriquecimiento sin justa causa? Respuesta al problema jurídico: No Según la demanda, las demandadas se enriquecieron injustamente con el cierre del Ingenio Vegachí. La jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter subsidiario . En el ámbito de esta jurisdicción, supondría plantear la controversia de naturaleza extracontractual (reparación directa) y como último recurso a falta de otra acción. Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica, que fue perseguida a través del medio de control de controversias contractuales, no se cumplen los presupuestos para la procedencia del enriquecimiento sin justa. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor –si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones . En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como no se configuró ninguno de los supuestos previstos en la ley para declarar la responsabilidad de los socios del Ingenio Vegach, la Sala negará las pretensiones frente al Departamento de Antioquia y el IDEA. Por ello, se modificará la sentencia apelada, para excluir de la condena al Departamento de Antioquia y al Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso, consultar sentencia de 4 de septiembre de 1986, Exp. 3785 y sentencia de 7 de junio de 2007, Exp. 14669, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y sentencia de 25 de noviembre de 2004, Exp. 25560, C.P. Germán Rodríguez Villamizar. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757 IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe en el actuar de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000200103225011100103