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clave: "consejo_estado:providencia:47001233100020100020701-53787-aclaracion-voto"
titulo: "Aclaración de voto: la parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-12"
radicado: "47001233100020100020701"
numero: "53787"
ponente: "ALBERTO MONTAÑA PLATA"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233100020100020701-53787-aclaracion-voto"
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# Aclaración de voto: la parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa

- **Título oficial / radicado:** Aclaración voto — Aclaración de voto
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-12
- **Radicado:** 47001233100020100020701
- **Número interno:** 53787
- **Ponente:** ALBERTO MONTAÑA PLATA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** FUNDACION PROGES
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233100020100020701-53787-aclaracion-voto
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/47001233100020100020701/1066AC82183399861DBDA9D59832D4C5BF05E0A3DE85B3648C188C23CAA89109/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=470012331000201000207011100103

## Problema jurídico

¿Cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿La pretensión del demandante —que es “páguenme una prestación que ejecuté en desarrollo de un acuerdo de voluntades”— tiene una causa que es dicho acuerdo y, por ende…
- ¿En los casos de verdadera inexistencia del acuerdo de voluntades en los que el particular haya ejecutado la obra o prestado el servicio, es cuando realmente estamos ante un enriquecimiento sin causa?
- ¿La acción de enriquecimiento sin causa le permite a quien se ha empobrecido patrimonialmente reclamarle la restitución del valor de dicho empobrecimiento a quien recibió un enriquecimiento…

## Extracto

Creo necesario que la Sala reconsidere la tesis, según la cual, en estos casos puede afirmarse que la fuente de la obligación es el enriquecimiento sin causa y si, por ende, la acción procedente para reclamar es la acción de reparación directa. En contra de lo anterior considero que cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago. La parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa, mediante una acción de reparación directa.

## Descriptores temáticos

ACLARACIÓN DE VOTO, FUENTES DE LAS OBLIGACIONES, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PAGO, DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, CONTRATO VERBAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, ACCIÓN CONTRACTUAL, ACUERDO DE VOLUNTADES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, ANULACIÓN DEL CONTRATO, CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO, RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS, INEXISTENCIA DEL CONTRATO, ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, CONTRATO ESTATAL, SOLEMNIDAD DEL CONTRATO, CONTRATO ESCRITO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO, OBJETO DEL CONTRATO, NULIDAD, EXISTENCIA DEL CONTRATO, CONSENTIMIENTO, EFECTOS DEL CONTRATO, CONTRATISTA, ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, PAGO DE LA OBLIGACIÓN, INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL, FIRMA DEL CONTRATO, NULIDAD DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, INTERÉS GENERAL, CUASICONTRATO, PAGO DE LO NO DEBIDO, COMUNIDAD, CONCEPTO DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, REPARACIÓN DEL DAÑO, CONTRATO, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, PAGO AL CONTRATISTA, CONCILIACIÓN, REVOCATORIA DE LA SENTENCIA, CONTRATO ESTATAL SIN FORMALIDADES PLENAS, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, PRINCIPIO DE SUBSUNCIÓN, CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL, DOCUMENTO, AUSENCIA DE FORMALIDADES PLENAS DEL CONTRATO ESTATAL, CONSTREÑIMIENTO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD, ABANDONO DE LA OBRA PÚBLICA, PARTES DEL CONTRATO, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, INAPLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL, ENTIDAD PÚBLICA, JURISPRUDENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, MALA FE, BUENA FE, DERECHO A LA SALUD, URGENCIA MANIFIESTA, PROCESO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, SERVICIO DE SALUD, CONTRATACIÓN DIRECTA

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## Texto del documento

ACLARACIÓN DE VOTO / FUENTES DE LAS OBLIGACIONES / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PAGO / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / CONTRATO VERBAL / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / ACCIÓN CONTRACTUAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO / ANULACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Problema jurídico:
¿Cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]reo necesario que la Sala reconsidere la tesis, según la cual, en estos casos puede afirmarse que la fuente de la obligación es el enriquecimiento sin causa y si, por ende, la acción procedente para reclamar es la acción de reparación directa. En contra de lo anterior considero que cuando el demandante esté reclamando el pago de una prestación cumplida en desarrollo de un contrato, así este no haya sido elevado a escrito, lo que procede es instaurar una acción contractual en la que se solicite su reconocimiento y pago. La parte demandante pidió que sus pretensiones se estudiaran como si la fuente de la obligación fuera un enriquecimiento sin causa, mediante una acción de reparación directa. Obró de este modo porque la Sección Tercera previamente había indicado que esto es lo que debe hacerse cuando se pretende el reconocimiento de la ejecución de prestaciones de un contrato que no fue elevado a escrito; a mi modo de ver, esa posición jurisprudencial es equivocada y debe reconsiderarse. […] Considero que se debe adoptar una regla de unificación, sobre todo luego de verificar que la regla actual no es adecuada ni permite resolver con claridad ni con uniformidad los casos concretos. Y pienso que no debe establecerse de forma tal que en cada caso el juez resuelva si se cumplen o no los requisitos del enriquecimiento sin causa y particularmente si está o no está demostrado que la intención de las partes fue eludir las normas de contratación. La regla debería establecer que si un servicio o una obra es ejecutado por un particular y recibido por la Administración debe ser pagado cuando, además, se pruebe que en el acuerdo verbal —que puede provenir de una solicitud aceptada tácitamente por el particular— se haya estipulado la remuneración por la obra realizada o el servicio prestado. Y creo que la acción debe ser la contractual porque se trata de una reclamación de pago de una prestación derivada del cumplimiento de un acuerdo de voluntades en la que el pago debe estar sujeto a lo acordado. Si se considera el caso objeto de decisión (está demostrado el acuerdo, la remuneración pactada y la prestación del servicio) y se concluye que el acuerdo no se elevó a escrito, esta constatación impone aplicar la consecuencia prevista para la anulación de los contratos de tracto sucesivo en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993. […] Así, con base en lo dispuesto en esa norma, debe ordenarse el pago de la remuneración pactada, sin que el demandante tenga derecho al reconocimiento de ningún otro perjuicio adicional o distinto. Si se insiste en la tesis según la cual en estos casos el contrato no es nulo sino inexistente, creo que la consecuencia legal prevista en la norma puede aplicarse a los acuerdos verbales no elevados a escrito sin que sea necesario hacer un pronunciamiento expreso sobre este particular. Y considero que en los casos en los que no se acredite un acuerdo de voluntades, que son los que en realidad deben deberían tratarse mediante la acción de enriquecimiento sin causa, la pretensión puede acogerse cuando se demuestre la ejecución de la obra o la prestación del servicio; pero en estos casos el particular solo tendrá derecho al monto del enriquecimiento o al valor del beneficio que recibió la entidad. En estos casos deberá probar que realizó la obra o prestó el servicio y deberá demostrar (i) cuánto gastó y (ii) en cuánto se enriqueció el Estado; y tendrá derecho a reclamar la suma inferior.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los casos en los cuales la jurisprudencia, en aplicación del principio del enriquecimiento sin causa, autoriza el pago de la ejecución de un contrato que no había sido celebrado por escrito; y de los casos en los cuales se negaba la aplicación de dicho principio y no se ordenaba el pago de la prestación ejecutada por haberse incumplido la obligación de atender las solemnidades del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 54, LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 408, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48
CONTRATO ESTATAL / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / CONTRATO ESCRITO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / NULIDAD / EXISTENCIA DEL CONTRATO / ANULACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / CONSENTIMIENTO / EFECTOS DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / PAGO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Problema jurídico:
¿La pretensión del demandante —que es “páguenme una prestación que ejecuté en desarrollo de un acuerdo de voluntades”— tiene una causa que es dicho acuerdo y, por ende, no puede considerarse que tiene como fuente un enriquecimiento sin causa de la entidad demandada?
Respuesta al problema jurídico: Si
Lo primero que se debe determinar es si un contrato estatal sin el cumplimiento de la solemnidad del escrito es un contrato afectado de nulidad absoluta. Si se comparte esta posición, es preciso concluir que, en todos los casos en los que se pruebe que las partes llegaron a un acuerdo de voluntades con todos los elementos esenciales del contrato — determinación del objeto y de la remuneración—, el demandante que ejecuta la prestación tiene derecho a la remuneración pactada. […] Hay opiniones divergentes sobre si puede pedirse la nulidad en los casos en los que está probado un acuerdo de voluntades —bien sea porque conjuntamente las partes llegaron a él o porque el particular aceptó tácitamente la solicitud formulada por la Administración y ejecutó o aceptó continuar ejecutando la prestación acordada o pactada—. En ese sentido, algunos afirman que el contrato existió y debe ser anulado, y otros opinan que no existió y, por ende, no puede pedirse su nulidad. En esta discusión vale la pena tener en cuenta los siguientes planteamientos: Quienes abogan por la inexistencia, afirman que, como el consentimiento no se expresó en la forma prevista por la ley (el escrito), no puede considerarse que exista. Sin embargo, no puede negarse que en la realidad sí se estructuró un acuerdo de voluntades y que el particular que ejecutó una obra o prestó un servicio lo hizo con base en ese acuerdo. O sea que el acuerdo sí existió y tuvo efectos. Los partidarios de la inexistencia también afirman que un contrato inexistente no produce efectos y, por ende, no es necesario acudir al juez para que destruya ese “contrato inexistente”. Sin embargo, lo cierto en que la realidad sí los produjo y quien ejecutó las prestaciones —de tracto sucesivo, que no pueden restituirse— no necesita que se destruya el pacto y que las cosas vuelvan al estado anterior: necesita que le paguen la prestación ejecutada. Los partidarios de la nulidad indican que es necesario destruir el acuerdo para que, con intervención de un juez, puedan volverse las cosas al estado anterior y ordenarse las restituciones mutuas. Pero –reitero– en este caso, el que ejecutó la obra o prestó el servicio mediante un acuerdo de voluntades no necesita que se declare la “existencia de un contrato nulo”. Necesita que se le pague una prestación que cumplió con base en un acuerdo de voluntades y eso puede hacerse aplicando, por analogía, el artículo 48 de la Ley 80. Por tal razón estimo que, independientemente de que consideremos que el contrato es nulo o inexistente, la pretensión del demandante —que es “páguenme una prestación que ejecuté en desarrollo de un acuerdo de voluntades”— tiene una causa que es dicho acuerdo y, por ende, no puede considerarse que tiene como fuente un enriquecimiento sin causa de la entidad demandada.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1740
ACUERDO DE VOLUNTADES / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONTRATISTA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / CONTRATO VERBAL / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / EFECTOS DEL CONTRATO / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / FIRMA DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CONTRATO ESCRITO / CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / INTERÉS GENERAL
Problema jurídico:
¿En los casos de verdadera inexistencia del acuerdo de voluntades en los que el particular haya ejecutado la obra o prestado el servicio, es cuando realmente estamos ante un enriquecimiento sin causa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora bien, en los casos de verdadera inexistencia del acuerdo de voluntades en los que el particular haya ejecutado la obra o prestado el servicio, es cuando realmente estamos ante un enriquecimiento sin causa. En estos casos, un particular, por un hecho voluntario suyo, ha ejecutado un acto que le produjo empobrecimiento y que le generó enriquecimiento al Estado; y el contratista debe probar los elementos de esta figura y solo tiene derecho a que se le pague el monto en que se benefició la entidad contratante. Eso es distinto a tener derecho al pago de una prestación pactada en un acuerdo de voluntades que no se elevó a escrito. […] En materia civil también se apunta a lo mismo: a considerar que es irreal hablar de un contrato que no existió o que no produjo efectos, cuando en realidad hubo un acuerdo de voluntades que los produjo. Pero —lo reitero— la discusión puede ser irrelevante cuando lo que se busca es determinar si debe pagarse una obligación ejecutada en desarrollo de un acuerdo de voluntades; no destruir ese acuerdo para poder ordenar restituciones mutuas. […] En últimas, así se considere que un contrato estatal celebrado verbalmente es un contrato inexistente, la regla sobre la obligación de pagar las prestaciones ejecutadas en desarrollo de ese acuerdo —prevista en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993— debería aplicarse, por analogía, a esta situación. El demandante que firma un contrato, aunque en su celebración se haya incurrido en irregularidades que generan su nulidad, también está en una situación en la que se ha incumplido la obligación de respetar las disposiciones legales. Está en la misma situación si ejecuta las prestaciones pactadas y reclama su pago. El juez debe reconocérselas con base en el artículo 48 citado; el juez no podría dejar de hacerlo por considerar que, si ordena el pago de sus prestaciones, está incentivando la práctica de desconocer las normas legales. Se trata de dos situaciones análogas. Si la ley autoriza el pago de las prestaciones ejecutadas en desarrollo de un contrato elevado a escrito, pero afectado de nulidad porque no se cumplieron los requisitos legales en su celebración, entonces las prestaciones ejecutadas en desarrollo de un acuerdo de voluntades que no se elevó a escrito también deben pagarse. Si se considera que existe un vacío legal porque la ley no establece si deben o no pagarse las prestaciones ejecutadas de desarrollo de un acuerdo de voluntades entre una entidad estatal y un particular que no se elevó a escrito, ese vacío debe colmarse con una norma que regula una situación similar. La Ley 80 tiene una regla particular para el pago de las prestaciones derivadas un contrato nulo. En los contratos estatales, a diferencia de lo que ocurre en los contratos entre particulares, la ejecución del objeto del contrato involucra el interés general y por esa razón se autoriza el pago de las prestaciones cumplidas en desarrollo de un contrato nulo. Ese principio no puede cambiar en relación con un acuerdo de voluntades no elevado a escrito.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la consecuencia de la declaratoria de inexistencia del contrato y la aplicación de la norma de restituciones de la nulidad del contrato, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de julio de 2015, rad. SC10097-2015, M. P. Jesús Vall de Ruten Ruíz. Sobre la nulidad de los contratos estatales que tiene en cuenta el interés general involucrado en la ejecución de su objeto, cita: Consejo de E

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ial da la orden, por ejemplo, de depósito de automóviles). No obstante, esta circunstancia ha llevado a que se hayan negado las pretensiones a pesar de que existan solicitudes de la entidad al contratista, e incluso, en casos en los que no está probada la mala fe de este. Se excluyen de este análisis aquellos casos en los que el contratista elaboró la obra voluntariamente y sin solicitud de la entidad, contra la voluntad de la Administración, o cuando ejecutó obras por fuera del objeto del contrato. Así, únicamente nos referiremos a los casos en que hubo peticiones enviadas al demandante y este las siguió, sin elementos subjetivos de buena o mala fe. En estos casos, la mayoría de las veces el Consejo de Estado ha negado las pretensiones por considerar que no se cumplen los supuestos de la sentencia de unificación y que, en consecuencia, sí era necesaria la suscripción del contrato. […] - Casos en los que el Consejo de Estado ha fallado de forma disímil en circunstancias similares En la sentencia del 3 de diciembre de 2018, el Consejo de Estado negó las pretensiones. Este caso resulta bastante similar a otros en los que sí condenó. […] - Casos en que podría hablarse de enriquecimiento sin causa de manera estricta porque no existe un acuerdo de voluntades previo […] - Casos de derecho a la salud y urgencia manifiesta Con respecto al supuesto del derecho a la salud, el Consejo de Estado señaló que era necesario probar que debía ser garantizado urgentemente, y que esa era la razón por la cual podían omitirse excepcionalmente los procesos de contratación. […] Como la amenaza al servicio de salud debe ser inminente y por ello no es posible adelantar los procesos de contratación, el Consejo de Estado ha negado las pretensiones en casos en los que la entidad ha tenido suficiente tiempo para contratar o cuando, incluso, ha podido acudir a la contratación directa. […] Así, el Consejo de Estado ha negado las pretensiones en los casos en que no está probada la urgencia, pese a que las actividades adelantadas por el demandante estén relacionadas con la prestación del servicio de salud (por ejemplo, servicios relacionados con la gestión de cuotas moderadoras o suministro de medicamentos). En algunas sentencias, incluso, aclaró que negaba las pretensiones porque no se aportaron documentos que evidenciaran la naturaleza de los servicios prestados, lo que impedía establecer si se reclamaba el pago de servicios de urgencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los casos en los que se reconoció en enriquecimiento sin justa causa sin que el caso se encuadrara en ninguna de las causales mencionadas en la sentencia de unificación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de febrero de 2020, rad. 46361, C. P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de junio de 2017, rad. 41233, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la existencia de constreñimiento que requiere una imposición de la entidad demandada, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2018, rad. 37610, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico(E); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 2014, rad. 28570, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2015, rad. 36318, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. Sobre los casos en los que se hace referencia a la existencia de un constreñimiento de parte de la entidad al contratista, pero no se probó la supuesta coacción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, rad. 19045, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2017, rad. 37958, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de febrero de 2013, rad. 24969, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre los casos en los que el contratista elaboró la obra contra la voluntad de la Administración, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2013, rad. 18951, C. P. Danilo Rojas Betancourth(E). Sobre los casos en los que el contratista elaboró la obra por fuera del objeto del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de abril de 2013, rad. 26540, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo. Sobre los casos en los que el Consejo de Estado no condenó a pesar de existir solicitudes de la entidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2015, rad. 28400, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de mayo de 2016, rad. 24894, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de diciembre de 2016, rad. 69696, C. P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre casos similares en los que se ha fallado de forma diferente, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2018, rad. 37610, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico(E); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 2014, rad. 28570, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2015, rad. 36318, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. Sobre los casos que involucraron el derecho a la educación y que fueron negados, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de junio de 2019, rad. 44352, C. P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2022, rad. 59090, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el enriquecimiento sin causa en sentido estricto por no existir acuerdo de voluntades, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de mayo de 2014, rad. 29211, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 2015, rad. 32164, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz. Sobre la urgencia manifiesta en situaciones en las que se ve involucrado el derecho a la salud, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de julio de 2014, rad. 29892, C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2013, rad. 25892, C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 2014, rad. 27592, C. P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre casos en los que se han negado las pretensiones por no demostrarse la urgencia manifiesta, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de enero de 2019, rad. 45888, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2015, rad. 36998, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de mayo de 2016, rad. 24894, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2017, rad. 36907, C. P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2017, rad. 38724, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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Consejo de Estado. Providencia Aclaración voto — Aclaración de voto. 2024-04-12. C.P. ALBERTO MONTAÑA PLATA. Rad. 47001233100020100020701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233100020100020701-53787-aclaracion-voto).
