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Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre agencias en derecho2025-02-14Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020170006800LEY 1437 REPETICION
¿La fijación de las agencias en derecho realizada por la Sección Tercera de esta Corporación se ajustó a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y al Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura? Sí
Mediante Sentencia 18 de noviembre de 2024, esta Subsección negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. De conformidad con el artículo 188 del CPACA, vigente al momento de la presentación de la demanda y el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijará agencias en derecho por la suma de 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor de cada uno de los demandados. Lo anterior, porque… [aquellos] ejercieron una defensa activa en el proceso de repetición al oponerse a las pretensiones de la demanda a través de apoderado y en nombre propio, respectivamente.
Auto interlocutorio — Auto que aprueba liquidación de costas2025-02-24Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240001400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La liquidación de costas incluidas las agencias en derecho a cargo de la parte recurrente será aprobada? Sí
El contratista es condenado en costas a favor de la entidad estatal cuando se declara infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto contra un laudo arbitral, y la liquidación de costas incluye las agencias en derecho, las cuales se fijan en la suma de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sentencia. La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cumplimiento del artículo 366 del Código General del Proceso, efectúa la liquidación de costas por la suma de $13.000.000 a cargo del contratista, la cual será aprobada. Esta decisión reitera la práctica de incluir las agencias en derecho en la liquidación de costas y confirma que la entidad estatal puede ser beneficiaria de estas costas procesales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de queja2025-09-16Sección Tercera (Subsección C)ADRIANA POLIDURA CASTILLORad. 41001233300020230037901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de queja interpuesto contra el auto que negó el recurso de apelación? Sí
El contratista no puede interponer directamente el recurso de queja contra la decisión que rechaza el recurso de apelación sin haber previamente agotado el trámite del recurso de reposición, conforme a lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 245 de la Ley 1437 de 2011. La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de queja contra el auto que niega el recurso de apelación, pero este debe ser interpuesto de manera subsidiaria después del recurso de reposición. Dado que el contratista omitió este paso, el recurso de queja es improcedente y será rechazado, lo que implica que el recurso de queja no puede ser utilizado como medio de control de controversias contractuales sin cumplir con los requisitos previos establecidos en la legislación procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe rechazarse el recurso de queja cuando no ha sido precedido por el recurso de reposición, conforme lo exige el artículo 353 del CGP, aplicable por remisión del artículo 245 del CPACA?
Sentencia — Sentencia2023-01-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020220004400LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal? Sí
La Sala negará la procedencia del recurso. En oportunidades anteriores se ha indicado que la causal 7, sobre el laudo en conciencia o equidad, se configura cuando el laudo carece realmente de motivación probatoria. Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal. Por una parte, no argumenta que el laudo haya ignorado el acervo probatorio. Por la otra, tampoco señala que la decisión adoptada en el laudo no esté soportada en las pruebas del proceso arbitral.
También resuelve:¿El argumento que tuvo en cuenta el tribunal para asignar la responsabilidad al contratista fue el alcance del principio de planeación?¿Las conclusiones a las que arribó el tribunal se sustentan en las pruebas?¿Cuando se declare infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas?
¿La demandante probó que cumplió las obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación del contrato? No
Quien alega haber cumplido sus obligaciones en un porcentaje superior al determinado en la liquidación de un contrato interadministrativo debe probarlo con soportes que permitan verificar la ejecución real de esas actividades, y que los oficios de avance remitidos a la interventoría ni las decisiones de tutela que ordenan giros a beneficiarios acreditan por sí solos ese cumplimiento. Una razón es que los oficios remitidos por el contratista informaban el avance total del contrato, pero no tenían soportes que permitieran verificar la ejecución de actividades en un porcentaje no aceptado ni pagado. Otra razón es que la sentencia de tutela amparó el debido proceso de unos beneficiarios y ordenó girarles recursos, pero no acreditó que el contratista hubiera ejecutado un porcentaje mayor al certificado por la interventoría. En el caso, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia y la liquidación judicial que se había fijado con base en los certificados de la interventoría. Su consecuencia práctica es que el avance del contrato debe acreditarse con actas y soportes aceptados por la interventoría, y no con comunicaciones o decisiones de otro proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia de tutela acredita que la Universidad hubiera ejecutado actividades en un porcentaje mayor al certificado por la interventoría del Contrato?¿Las actividades realizadas por la universidad fueron objeto de revisión por la interventoría por lo cual no se requería que la entidad demandada ejerciera una supervisión adicional?¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente?
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve:¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad?¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato?¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso2022-06-06Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170041702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Precisó la demandante en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión? No
El contratista no precisará en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión, ya que la omisión de esta especificación implica que la prueba documental no resulta pertinente, útil ni conducente para demostrar las supuestas irregularidades en el procedimiento de selección y las conductas violatorias de la libre competencia por parte de los oferentes adjudicatarios. En este caso concreto, la demandante no detalló cómo las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio podían ilustrar la existencia de acuerdos colusorios en el proceso específico, limitándose a afirmar que dichas decisiones eran útiles para ilustrar al tribunal sobre la existencia de colusión en otros eventos. Como resultado, el tribunal confirmó la decisión de negar la admisión de dichas resoluciones como prueba, reafirmando que la parte demandante no cumplió con los requisitos de sustentación necesarios para que el recurso de apelación fuera debidamente presentado y examinado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentaron argumentos contra los fundamentos de hecho y/o derecho que sirvieron de sustento al tribunal para negar el decreto de la prueba testimonial?¿El Tribunal negó la prueba por considerarla innecesaria para demostrar los hechos objeto del litigio?¿La parte recurrente sustentó debidamente su impugnación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 17001233300020180029101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La imposibilidad de ejecución de los convenios sobrevino por la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos pactados en ellos? Sí
El contratista no puede interponer una demanda contra la entidad estatal por la terminación de los convenios de asociación para la construcción de urbanizaciones, ya que la imposibilidad de ejecución de los convenios se debió a la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos, lo que implicó la terminación de los contratos y el inicio del término de caducidad del medio de control. La liquidación bilateral del contrato debía efectuarse a más tardar dos meses después de la restitución de los subsidios, y en defecto de esta, la liquidación unilateral debía tener lugar dos meses después de la liquidación bilateral. El término de caducidad de dos años para presentar la demanda expiró antes de que el contratista la interpusiera, lo que conduce a la caducidad del medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la liquidación de contratos y la presentación de demandas, evitando así la pérdida del derecho a la acción por caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que respecta a la vinculación de Fonade como parte pasiva, la demanda también fue extemporánea?¿Frente a las pretensiones correspondientes a la nulidad y restablecimiento del derecho, también operó la caducidad?¿El término de caducidad transcurrió de forma completa desde que se tuvo la certeza sobre la imposibilidad de que los contratos continuaran?
¿Es procedente en esta instancia analizar una petición que no fue elevada oportunamente por el medio que el ordenamiento previó para tal efecto? No
El contratista no puede plantear súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, ya que esto vulnera el principio de congruencia, y si la entidad demandada tenía la intención de que la jurisdicción emitiera un pronunciamiento sobre el anticipo no amortizado por su contraparte, debió presentar una demanda de reconvención dentro del lapso legalmente establecido. La Sala confirma que no es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal, lo que implica que la entidad accionada no puede invocar nuevos argumentos en el recurso de apelación que no fueron planteados en primera instancia, matizando precedentes sobre la procedencia de la demanda de reconvención y la necesidad de agotar los medios procesales adecuados para reclamar créditos.síntesis automática
También resuelve:¿No pueden plantearse súplicas o hechos novedosos a través del recurso de apelación, porque con ello se vulnera el principio de congruencia?¿Si la entidad demandada tenía la intención de que la Jurisdicción emitiera un pronunciamiento atinente al anticipo no amortizado por su contraparte debió presentar demanda de reconvención dentro del…¿No es procedente analizar la existencia de un crédito a favor del demandado cuando ello no fue reclamado oportunamente por dicho extremo procesal?
Sentencia — Sentencia2023-07-14Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 11001032600020230000500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia del juez de la anulación se encuentra circunscrita a las causales estrictamente invocadas y sustentadas? Sí
En el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, el juez de la anulación se circunscribe a las causales expresamente invocadas y sustentadas por el recurrente, y no puede examinar motivos que no encajan en ellas. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el control del laudo es de carácter restrictivo y se limita a las causales legales, de modo que la alegación genérica de que el tribunal decidió más allá de su competencia no basta. Segunda, cuando la afirmación del recurrente no encuadra en los supuestos de las causales invocadas, el juez no puede reconstruirlas de oficio. En el caso, el recurrente sostuvo que el laudo decidió más allá de la competencia arbitral, pero la afirmación no se ajusta a las causales 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y la providencia declara infundado el recurso. En la práctica, el recurrente debe identificar la causal exacta del artículo 41 y sustentar su configuración con los hechos del laudo, porque el juez no la completará.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación no constituye una segunda instancia del proceso arbitral y el juez de anulación no puede corregir la apreciación jurídica realizada por el panel arbitral?¿Las consideraciones del Tribunal no fueron más allá del petitum y de la causa petendi, puntos que decidió congruentemente?¿El Tribunal sostuvo que la entidad podía declarar incumplimientos contractuales sin tener que acudir al juez para declararlos, pero no lo hizo?
PRINCIPAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La consecuencia de que el juzgador de la segunda instancia constate una falta de sustentación del recurso de apelación es la confirmación de la providencia impugnada? Sí
En la apelación, la falta de sustentación del recurso, cuando es de carácter material suficiente o adecuada, conduce a confirmar la providencia impugnada, porque el juez de segunda instancia queda sin elementos para revisar la sentencia. La regla se apoya en tres razones. La primera es el principio de congruencia, que limita la revisión a lo que el apelante expone. La segunda son los fines del recurso, que exigen un mínimo de rogatividad y objetividad en su interpretación. La tercera es que esa exigencia debe aplicarse sin caer en un excesivo ritualismo, de modo que lo relevante es la falta de sustentación material y no la simple omisión formal. La providencia confirma la sentencia de primera instancia con base en esta regla, reiterando la jurisprudencia sobre la exigencia de sustentación. En la práctica, el apelante debe precisar en el escrito de apelación los argumentos concretos contra cada punto de la decisión, porque una sustentación materialmente insuficiente conduce a la confirmación del fallo, sin que el juez deba suplir las razones que el recurrente no expuso.síntesis automática
También resuelve:¿La ley impone que en la apelación se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable?¿La impugnación propuesta contra la sentencia proferida por el Tribunal que negó las pretensiones de la demanda estuvo debidamente sustentada?¿Más allá de una exposición de motivos de inconformidad elaborada a partir de los argumentos planteados por el Tribunal, el recurrente se limitó a replicar los argumentos desarrollados en el escrito…
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
¿Para definir el régimen aplicable al caso en acción de repetición debe verificarse la fecha del hecho dañoso y la ley vigente en ese momento, que en este caso es la Ley 678 de 2001? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por pasiva para ser demandado en una acción de repetición cuando no ha sido probada su participación en los hechos que generaron la condena al Estado, ya que la acción de repetición es personal y se dirige específicamente contra el servidor o exservidor que con su conducta dio origen a la condena. Además, la legitimación en la causa requiere que entre la persona demandada y el derecho invocado exista un vínculo que legitime esa intervención, lo cual no se da si no se ha probado la participación del demandado en los hechos que generaron la condena. En consecuencia, la Sala desestima la demanda en contra del oficial del Ejército que no se encontraba en el lugar de los hechos y cuya participación no fue probada, lo que implica que el Estado no puede repetir contra este oficial.síntesis automática
También resuelve:¿Tienen legitimación en la causa los herederos indeterminados de un servidor público que falleció antes de iniciar la acción de repetición?¿Tiene legitimación en la causa por pasiva un oficial del Ejercito que no se encontraba en el lugar de la operación donde murieron dos civiles y cuya participación en los hechos no fue probada?¿La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente impone que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se…
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
Sentencia — Sentencia2024-11-18Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020240005600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Existe un problema de congruencia entre lo pedido, los hechos en que se fundó el litigio, y lo resuelto en el laudo, en la medida que no se dejaron de resolver los temas objeto de la controversia? No
El contratista no puede impugnar el laudo arbitral por falta de congruencia entre lo pedido, los hechos del litigio y la decisión, ya que el tribunal resolvió todos los temas objeto de controversia, evitando convertir el recurso extraordinario en una segunda instancia no prevista en el proceso arbitral. La cláusula compromisoria del contrato estatal otorga competencia al árbitro para conocer de incumplimientos en pagos y reconocimiento de intereses moratorios, independientemente de la ausencia de salvedades en el acta de liquidación bilateral. Además, la causal séptima de anulación no se configura si el laudo se basa en el acervo probatorio recopilado, pues la decisión no proviene de la conciencia del árbitro sino de elementos externos al proceso. Estas reglas reafirman la taxatividad de las causales de nulidad del laudo y la obligatoriedad de la cláusula compromisoria en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En la cláusula se precisó que el arbitraje se extendía al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato?¿La causal séptima de anulación se configura si el laudo arbitral se emite con prescindencia absoluta del acervo probatorio recaudado?¿No se decidió más allá de lo pedido, y por el contrario se falló conforme a lo pretendido al haberse hallado incumplimiento en el plazo del segundo pago fundado en la obligación pactada en la…
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental?¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante?¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
Sentencia — Sentencia2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020230013300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje?¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral?¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles?¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial?¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…