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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2023-08-09
Radicado
25000233600020170197902
Número interno
69340
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO LOGISTICA HIDRAULICA
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Si bien se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría PDA-C-162-2011 que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, en virtud de lo previsto en el artículo 31 de esa primera norma, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, así como en el artículo 32, según los cuales los negocios celebrados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, como EPC, están sometidos por esas fuentes y no por la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En el contrato de interventoría que regía servicios públicos, la normativa aplicable es la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, aunque en el pliego y en el contrato se haya pactado el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, somete los contratos de las empresas de servicios públicos al derecho privado, salvo las excepciones que la propia norma establece. Segunda, la cláusula de sujeción al estatuto general de contratación no altera el régimen legal que la ley impone a este tipo de contratos. En el caso, la providencia confirma que el contrato se rige por el régimen de servicios públicos y el derecho privado. En la práctica, la entidad que contrate un servicio público debe verificar el régimen legal aplicable antes de invocar el estatuto general de contratación para resolver las controversias.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Aunque se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que, en consecuencia, en el sub lite no se puede emplear la teoría del desequilibrio económico del contrato?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 868
  • Ley 142 de 1994, arts. 31 y 32
  • Ley 689 de 2001, art. 3

También resuelve

  • ¿Se acreditó el incumplimiento del contrato de interventoría por parte de la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.…
  • ¿Se acreditaron sobrecostos no cubiertos por la extensión del contrato de interventoría, que deban ser reconocidos a favor del contratista?
  • ¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NORMATIVA DEL CONTRATO LEY APLICABLE AL CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO LEY 142 DE 1994 APLICACIÓN DE LA LEY 142 DE 1994 ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE LA OBLIGACIÓN PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN FALTA DE PRUEBA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ADICIÓN AL CONTRATO ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO PRESUPUESTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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Equilibrio económico del contrato Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio
Titulación de la relatoría 19.468 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PARTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / LEY 142 DE 1994 / APLICACIÓN DE LA LEY 142 DE 1994 / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿Aunque se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que, en consecuencia, en el sub lite no se puede emplear la teoría del desequilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría PDA-C-162-2011 que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, en virtud de lo previsto en el artículo 31 de esa primera norma, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, así como en el artículo 32, según los cuales los negocios celebrados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, como EPC, están sometidos por esas fuentes y no por la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones. Empero, al quedar los contratos suscritos por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios sometidos al derecho privado, salvo lo regulado en la Ley 142 de 1994, la autonomía de la voluntad permite la inclusión de cláusulas, términos o figuras de las que se ocupa el EGCAP, sin que ello implique modificar el régimen jurídico que les corresponde y, por tanto, sin que por esa vía se otorguen prerrogativas de poder público de las que se carecen bajo el régimen común, lo que exige que tales incorporaciones se hagan de manera expresa y específica, pues esa posibilidad está restringida a aquellos elementos de libre disposición y no a todo el régimen que rige los acuerdos de voluntades del Estado. En ese sentido, pese a que CLH convino con EPC que al contrato de interventoría le aplicaría el EGCAP, ello se hizo de manera genérica, sin que se hubiera precisado que alguna de las figuras previstas por el legislador en ese estatuto se acogería en la interventoría, por lo que, dado que no es posible que los sujetos negociales varíen el régimen jurídico del contrato en forma general, sino solo frente a aquellos aspectos de libre disposición, la normativa aplicable en el sub examine es la contenida en la Ley 142 de 1994 y el derecho privado. A partir de lo anterior, aunque la parte demandante invocó en su segundo cargo un desequilibrio económico del contrato, previsto en la Ley 80 de 1993, este no resulta aplicable al sub lite, porque esa figura no fue contemplada en la Ley 142 de 1994 ni en el derecho privado, de manera que, eventualmente, de cumplirse los supuestos para el análisis de fondo, correspondería revisar lo ventilado por CLH a partir de la teoría de la imprevisión establecida en el artículo 868 del Código de Comercio, que exige la demostración de una mayor onerosidad originada en circunstancias extraordinarias e imprevistas que alteren o agraven una prestación de “futuro cumplimiento”. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del desequilibrio económico del contrato regido por el derecho privado, consultar providencias de 19 de marzo de 2020, Exp. 05001-23-33-000-2013-00781-02(63572), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, de 8 de mayo de 2020, Exp. 05001-23-31-000-2000-03790-01(39386), C.P. María Adriana Marín; de 21 de septiembre de 2020, Exp. 05001-23-31-000-2001-00684-01(47106), C.P. Jaime Enrique Rodríguez; de 28 de abril de 2021, Exp. 05001-23-31-000-2002-02078-01 (48962), C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 8 de septiembre de 2021, Exp. 15001-23-31-000-2011-00003-01(58235), C.P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32, LEY 689 DE 2001 - ARTÍCULO 3 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / PAGO DE OBLIGACIONES PENDIENTES / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Se acreditó el incumplimiento del contrato de interventoría por parte de la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., relativo a la obligación de pago contenida en la cláusula décima tercera del contrato, por lo que se le debió reconocer al contratista el 100% de lo pactado y no solo el porcentaje de lo debidamente ejecutado en los contratos de obra intervenidos? Respuesta al problema jurídico: No La sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. suscribió el contrato de interventoría PDA-C-162-2011 con el consorcio Logística Hidráulica, cuyo objeto consistió en realizar el seguimiento técnico y financiero de varios negocios suscritos por aquella, con un plazo inicial de 13 meses, que fue modificado en distintas ocasiones. La demandante considera que se incumplió la obligación de pago, pues debió reconocérsele el 100% de lo pactado y no solo el porcentaje de lo debidamente ejecutado en los contratos de obra intervenidos (...). Para la Sala no cabe duda de que las cláusulas novena y décima tercera del contrato de interventoría, antes de su modificación, previeron sin ambigüedad o vaguedad, como regla del pago, que este sería proporcional al avance de las obras objeto de la supervisión, con el propósito de garantizar la permanencia del interventor, en concordancia con lo dispuesto en el pliego de condiciones. Con la prórroga 1 al contrato PDA-C-162-2011 se reiteró la regla anterior y, a la par, en el parágrafo cuarto de la cláusula décima tercera se adicionó una subregla de carácter exceptivo, cuya lectura arroja que, cuando el contrato de obra respectivo no llegara al 100% de ejecución por razones no imputables al interventor, se le pagaría el “saldo pendiente” de acuerdo con su oferta económica y el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) la aprobación por el supervisor del informe final de ejecución de las obras, que debía incluir la justificación de los recursos empleados por la interventoría y ii) el proyecto de acta de liquidación de los contratos objeto del seguimiento técnico. Como se observa, el pago se sujetó al avance efectivo de los negocios supervisados, además de lo cual se introdujo una eventualidad consistente en que, si una vez finalizados aquellos no llegaban a un 100% de ejecución por causas no imputables al interventor, a este último se le reconocería, además, el monto restante de su oferta económica, sobre la base de que no fue quien ocasionó la falta de avance pleno de los acuerdos del seguimiento técnico. Entonces, la subregla exceptiva, al aludir al reconocimiento del “saldo pendiente de acuerdo con su oferta económica”, hizo referencia a la suma faltante diferente de la regla inicial. Frente a ese aspecto la Sala resalta que, si los sujetos negociales hubieran querido mantener como única regla el pago sujeto al porcentaje de ejecución de los contratos del seguimiento técnico, como lo sostuvo el a quo, no habrían añadido el parágrafo cuarto de la cláusula décima tercera, que estableció un criterio diferenciado y separable del resto de mandatos sobre la obligación de pago. Por ello, de la lectura literal de las cláusulas del contrato referidas al pago, es claro que se añadió una subregla respecto de esa obligación. Así, para la aplicación de una u otra pauta se debía verificar, en últimas, si el interventor ocasionó o no con su actuar una ejecución menor al 100% de los contratos supervisados, ya que en el primer escenario opera el pago solo de lo debidamente ejecutado, al paso que en el segundo de ellos procedía el pago de la totalidad del precio estimado. (…) Precisado el panorama en torno a la aplicación de la cláusula de pago y en orden a establecer si le asiste razón a CLH al atribuir a la demandada el incumplimiento parcial de esa obligación, corresponde verificar si los contratos supervisados se ejecutaron en un 100% o en un porcentaje menor y, de acreditarse el segundo de esos eventos: i) si tal circunstancia se produjo por razones ajenas al interventor y ii) si previamente el supervisor aprobó tanto el informe final de ejecución de las obras, con la justificación de los recursos empleados por la interventoría, como el proyecto de acta de liquidación de los contratos del seguimiento técnico. Respecto del porcentaje de ejecución de los contratos de obra, el acta de liquidación bilateral referenciada anteriormente estipuló que el interventor cumplió sus obligaciones y que la ejecución de los negocios supervisados fue del 95,67/100%, circunstancia que refleja una realización parcial de los objetos negociales de los acuerdos de la supervisión. Por ello, se pasa a revisar los demás requisitos del parágrafo cuarto de la cláusula décima tercera del contrato de interventoría para el pago del 100% del precio estimado. (…) Aunque se allegaron los antecedentes y documentos contractuales del negocio jurídico de interventoría, en esos anexos no existen pruebas dirigidas a demostrar que la falta de ejecución del 100% de los contratos era o no imputable al interventor, ni se aportaron todos los informes finales de ejecución de las obras y los proyectos de actas de liquidación de aquellas. (…) En otras palabras, el material probatorio obrante en el proceso no da cuenta de si el cumplimiento parcial de los contratos de obra fue ajeno al interventor, pues se desconoce si hubo un responsable por tales circunstancias o si se trató de una situación extraña a las partes. Lo propio sucede con las exigencias de la aprobación por el supervisor del informe final de ejecución de las obras y sus actas de liquidación, porque no se aportaron esos documentos en su totalidad, frente a lo que se destaca que su ausencia no daba lugar a encontrar configurado el incumplimiento, sino a la improcedencia del pago del 100% del precio. En virtud del artículo 1626 del Código Civil, solo corresponde pagar lo que se debe, de ahí que CLH debía acreditar el cumplimiento de los supuestos del parágrafo cuarto de la cláusula décima tercera del contrato de interventoría para que se constituyera en mora a EPC por el 100% del monto estimado como pago, lo que no sucedió. Como consecuencia, no se demostró que EPC hubiera incurrido en un incumplimiento parcial de la obligación de pago, pues solo se acreditó que estaba obligada a pagar lo debidamente ejecutado y no la totalidad de la propuesta económica. En suma, de la revisión de las pruebas aportadas para la Sala no hay duda de que, aunque el parágrafo cuarto de la cláusula décima tercera del contrato de interventoría dispuso que podría reconocerse el 100% del precio estimado en ese acuerdo, si la eventual falta de ejecución total de los contratos supervisados era ajena a las partes y si se allegaban el informe final de ejecución de las obras y las actas de liquidación de esos actos jurídicos, CLH no demostró el cumplimiento de tales exigencias, por lo cual no es posible acceder al primer cargo. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 1626 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ADICIÓN AL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / FALTA DE PRUEBA / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / PRESUPUESTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Se acreditaron sobrecostos no cubiertos por la extensión del contrato de interventoría, que deban ser reconocidos a favor del contratista? Respuesta al problema jurídico: No La demandante considera que (…) se configuró un desequilibrio económico por una extensión del plazo contractual, por cuenta de las adiciones y prórrogas de que este fue objeto, lo que le generó costos adicionales que no se le reconocieron. (…) Para resolver este cargo se examinará si se reúnen los supuestos fácticos en que el demandante estructura su reclamación, asociada a los sobrecostos en que incurrió por cuenta de la prolongación del término de la interventoría. (…) En el expediente se encuentra acreditado que existió una extensión temporal de la interventoría, desencadenada por el acuerdo logrado por las partes en ese sentido en punto al aumento del período contractual. (…) Se demostró que, de manera paralela a la suscripción de las distintas prórrogas, las partes convinieron incrementar el precio del contrato en los documentos de adición, con la finalidad de cubrir los costos adicionales que habrían de generarse a CLH por tal situación, al punto de que el precio pactado pasó de $1.657’156.744 a $2.243’546.2723. Frente a este aspecto cabe precisar que no se evidencia que CLH hubiera formulado reparos al momento de suscribir cada una de las modificaciones al contrato de interventoría, dirigidos a advertir los supuestos sobrecostos no cubiertos con las adiciones presupuestales que se efectuaron. Empero, en el acta de liquidación del contrato se dejaron reparos frente a los mayores gastos de personal, equipos de topografía, desplazamiento, vehículos, administración, personal, financieros, tributos, oficinas y campamentos, depreciación, mayor valor de las pólizas, daño emergente, acompañamiento de reformulaciones de proyectos, mayor alcance y alteración del flujo de caja, sin indicar cuantitativamente el alcance de los supuestos sobrecostos. (…) Sin perjuicio de lo expuesto, CLH no acreditó la existencia de sobrecostos no cubiertos con las adiciones al precio que se efectuaron con las modificaciones al contrato PDA-C-162-2011; por el contrario, solamente se evidencian mayores gastos que fueron satisfechos en su totalidad con las adiciones al precio de que fue objeto el contrato de interventoría tras sus modificaciones, circunstancia que permite concluir que la demandante no especificó costos desatendidos por fuera de esos emolumentos que pudieran revisarse por la Sala. (…) Además de que no hay prueba de una mayor onerosidad insatisfecha, tampoco se demostraron las causas -ajenas o relacionadas con el actuar de las partes- que ocasionaron las modificaciones a la interventoría, pues, pese a que se indicó que la prolongación de los contratos supervisados -que propició la ampliación del plazo de la interventoría- se debió a aspectos como inconsistencias en los diseños y estudios, falta de permisos, demoras en trámites administrativos, retrasos y dificultades con los predios, no se aportaron pruebas, como los antecedentes de esos acuerdos de voluntades, para determinar si esas circunstancias se asignaron a alguna de las partes en el procedimiento de selección, o si su concreción tuvo por causa el actuar de alguna de ellas o eventualidades ajenas a ambas. Así, ante la ausencia de la demostración de los supuestos fácticos referidos en precedencia no es posible pasar a analizar el fundamento teórico de la imprevisión que habría de servir de base jurídica a la reclamación elevada por la parte demandante, asociada a la mayor onerosidad. En ese orden, la Sala concluye que el segundo cargo de la apelación no tiene la vocación de prosperar, pues CLH omitió detallar cuáles fueron en específico los mayores costos no satisfechos que se le ocasionaron y si las causas que los habrían generado eran ajenas a los sujetos negociales, sin lo cual no se encuentran supuestos fácticos para ser analizados a partir de la imprevisión. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 365 del CGP dispuso en el numeral 1 que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas en segunda instancia a la parte apelante, a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub lite, EPC adelantó gestiones de manera activa, pues acudió en las distintas etapas del proceso y, en la segunda instancia, actuó con apoderado y descorrió el traslado del recurso de apelación, motivo por el cual la Sala fijará las agencias en derecho con base en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, según el cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV. En virtud de lo anterior, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en la suma equivalente a 1 SMLMV a la fecha de ejecutoria de esta providencia, en favor de EPC. FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201701979021100103