Titulación de la relatoría 19.337 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBERES DEL JUEZ / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es procedente el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de consultoría celebrado entre los extremos del proceso, por mayor permanencia, pese a que las prórrogas fueron suscritas por la contratista demandante sin objeción alguna?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n la única reclamación por la configuración de un desequilibrio económico del contrato, la cual tuvo lugar con ocasión de la suscripción de la prórroga núm. 6 al contrato, la contratista invocó el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 (…); norma que permite prorrogar el contrato de interventoría por un período igual al del contrato vigilado, previendo que, en esa hipótesis, “el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”. Es decir que, según el anterior artículo, la entidad y el interventor pueden extender el plazo del negocio y pactar la respectiva contraprestación sin considerar el límite de las adiciones al valor del negocio, contemplado para la generalidad de los contratos estatales regidos por el EGCAP. Pero, de forma alguna, la norma prevé que la regulación de las prórrogas a la interventoría no pertenezca al escenario natural de la contratación estatal, a saber, la autonomía de la voluntad de la que proviene el acuerdo de voluntades, encaminado a la producción de efectos jurídicos y la autorregulación de los intereses de las partes. De acuerdo con la posición actual de la jurisprudencia unificada de la Sección dicta que, sin importar que la parte demandante haya formulado una reclamación o salvedad en cada acto o modificación contractual, es deber del juez estudiar las pretensiones, y “desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato”. En consecuencia, pese a que las partes jamás variaron el precio pactado como contraprestación de las obligaciones asumidas por el Consorcio durante los tiempos agregados pactados en las prórrogas, que estuvieron siempre precedidos de una solicitud del consultor en tal sentido (…), mal podría esta Judicatura concluir que el desequilibrio cuyo restablecimiento reclama la demandante en este contenciosos fue zanjado por las partes contratantes. No hay, en todo caso, prueba alguna de los sobrecostos que justifiquen el restablecimiento del equilibrio contractual deprecado, de acuerdo con lo expuesto previamente (…). Desde luego que, en estas condiciones, la carga de la prueba que le cabía al demandante para que sus reclamos fueran procedentes, fue insatisfecha. Por lo expuesto, la Sala responde negativamente al problema jurídico planteado, y así confirmará la decisión apelada.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD TERRITORIAL / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo proferido en el marco del medio de control contencioso administrativo de controversias contractuales, en el que una de las partes es una entidad territorial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conforme a las reglas del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda (…), la Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Casanare proferido en el marco del medio de control contencioso administrativo de controversias contractuales , en el que una de las partes es una entidad territorial, dentro de un proceso cuya cuantía impone su juzgamiento en segunda instancia por esta Corporación .
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales se ejerció dentro del término previsto por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con la presentación oportuna de la demanda, considerando que el contrato de consultoría núm. 096 del 25 de junio de 2013 debía liquidarse por ser de tracto sucesivo (…), pero dicha labor no fue efectuada por las partes ni por la administración contratante, el término a tener en cuenta para establecer si la demanda fue presentada en tiempo es el contemplado en el artículo 164, numeral 2, literal j), apartado v) del CPACA, en vista de que esta codificación ya estaba vigente al momento en que, a partir de la fecha de terminación del contrato (…), expiraron los períodos de liquidación bilateral (4 meses) y unilateral (2 meses) del contrato, y dio inicio el lapso de caducidad. Así, al culminar los plazos de liquidación el treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), el plazo bienal comenzó el dos (2) de mayo de ese año, y habría culminado sin interrupción el tres (3) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Como la demanda fue radicada el siete (7) de diciembre de dos mil quince (2015) (…) la acción fue ejercida oportunamente, incluso sin tomar en consideración la suspensión que operó con el trámite de conciliación extrajudicial (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CARGA DE LA PRUEBA / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / IUS VARIANDI / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Esta Subsección ha venido observando un criterio que la lleva a diferenciar entre el juicio de responsabilidad contractual por incumplimiento, y el que antecede a la condena al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica cuando la ruptura de esta ha sido producto del hecho no imputable a las partes. Ha seguido esa línea de entendimiento de uno y otro instituto por cuanto, pese a que el artículo 5.2 inciso 2º de la Ley 80 de 1993 establece una regla en la que plantea la disyuntiva hipotética de quiebra del equilibrio económico por uno u otro motivo, dicho planteamiento lo ha hecho el legislador para definir, con base en esas dos suposiciones, respuestas diferentes. En esta ocasión la Sala de Subsección mantendrá ese criterio, adicionando, a la consideración ya expuesta, la conveniencia que encuentra en denotar la ratio que subyace en ese trato diferenciado, en cuanto la responsabilidad por causa de incumplimiento abre el escenario de la reparación hasta los confines de la integralidad, y supone, no sólo la verificación de la acreditación del daño antijurídico, sino la subsiguiente imputación jurídica a la demandada bajo título de incumplimiento; mientras que el restablecimiento del equilibrio ha sido limitado por el legislador a un punto de no pérdida, y para prosperidad de tal pretensión basta con demostrar la quiebra de ese equilibrio, sin juicio de imputación jurídica a la demandada, pues para ello señala como suficiente el juicio de causalidad. (…) De acuerdo con la jurisprudencia administrativa, cuando se pretenda el restablecimiento del desequilibrio económico del contrato, quien lo invoca—en cumplimiento de la carga probatoria que le asiste — debe demostrar la grave afectación económica aducida, así como los elementos que estructuren la causa en que este se fundamenta, bien sea exógena a las partes del negocio (teoría de la imprevisión), por el ejercicio de las potestades administrativas de la administración contratante (hecho del príncipe), o por la imposición de medidas unilaterales dentro del contrato (ius variandi). (…) Además, cuando el desbalance en la economía del contrato sea atribuido a la mayor permanencia en el sitio donde se construye la obra o se presta el servicio, es deber de quien procura la restauración patrimonial acreditar (i) que las prórrogas en el plazo de ejecución fueron producto de causas ajenas; y (ii) que el daño invocado devino de esa extensión en el tiempo, demostrando concretamente cuáles fueron los sobrecostos ocasionados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre el juicio de responsabilidad contractual por incumplimiento, y el que antecede a la condena al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica cuando la ruptura de esta ha sido producto del hecho no imputable a las partes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia 15 de febrero de 2012, rad. 19730, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 28 de enero de 2015, rad. 26409, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 29 de abril de 2015, rad. 33447, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 28 de mayo de 2015, rad. 36644, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 1º de julio de 2015, rad. 37613, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 3 de diciembre de 2015, rad. 48947, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 29 de junio de 2015, rad. 36948, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de 31 de agosto de 2015, rad. 27881, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de 5 de octubre de 2016, rad. 51018, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 16 de diciembre de 2015, rad. 29908, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 31 de mayo de 2016, 30727, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 10 de mayo de 2018, rad. 41186, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencias de 26 de febrero de 2004, rad. 14043, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 14 de abril de 2005, rad. 28616, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 13 de febrero de 2013, rad. 24996, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia 14 de marzo de 2013, rad. 20524, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 22 de agosto de 2013, rad. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 16 de septiembre de 2013, rad. 30571, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 7 de noviembre de 2013, rad. 31431, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 26 de febrero de 2014, rad. 24169, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 26 de febrero de 2014, rad. 24997, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 26 de febrero de 2014, rad. 26219, sentencia de 12 de marzo de 2014, rad. 29214, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 28 de mayo de 2015, rad. 27270, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de 16 de julio de 2015, rad. 53154, C. P. Hernán Andrade Rincón (e); sentencia de 2 de diciembre de 2015, rad. 36285, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 27 de enero de 2016, rad. 38449, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 13 de abril de 2016, rad. 46297, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 14 de septiembre de 2016, rad. 50907, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 21 de septiembre de 2016, rad. 51341, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 23 de noviembre de 2016, rad. 52161, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de diciembre de 2016, rad. 36430, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 23 de noviembre de 2017, rad. 36865, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); sentencia de 24 de mayo de 2018, rad. 55851, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 13 de noviembre de 2018, rad. 55230, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 29 de noviembre de 2018, rad. 38935, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 31 de enero de 2019, rad. 37910, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 20 de noviembre de 2019, rad. 41934, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 8 de mayo de 2019, rad. 58895, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 25 de julio de 2019, rad. 51772, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 16 de mayo de 2019, rad. 43306, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 25 de julio de 2019, rad. 41927, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 3 de abril de 2020, rad. 41442, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 13 de agosto de 2020, rad. 46057, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 3 de abril de 2020, rad. 61500, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 5 de febrero de 2021, rad. 38238, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 7 de mayo de 2021, rad. 43055, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 10 de septiembre de 2021, rad. 51219, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 4 de febrero de 2022, rad. 45762, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 20 de mayo de 2022, rad. 50499, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 8 de junio de 2022, rad. 53299, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 21 de octubre de 2022, rad. 59773, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 4 de noviembre de 2022, rad. 57185, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 12 de septiembre de 2019, rad. 44779, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 3 de abril de 2020, rad. 48676 y 48446, C. P. Carlos Alberto Montaña Plata; sentencia de 6 de julio de 2020, rad. 48438, C. P. Carlos Alberto Montaña Plata; sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 13 de agosto de 2020, rad. 51833, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 21 de septiembre de 2020, rad. 47106, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 12 de julio de 2021, rad. 50879, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 11 de octubre de 2021, rad. 63219, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 18 de noviembre de 2021, rad. 48815, C. P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 52430, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 35826, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 22 de abril de 2022, rad. 67239, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 16 de diciembre de 2022, rad. 37724 y 41653, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 31 de mayo de 2022, rad. 52386, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 13 de julio de 2022, rad. 56021, C. P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 16 de agosto de 2022, rad. 59439, C. P. Fredy Ibarra Martínez. Sobre la responsabilidad por el incumplimiento del deber de la administración de restablecer el equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de agosto de 2021, rad. 45004, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Con relación al desequilibrio económico del contrato y la carga de la prueba, ver: Consejo de estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de abril de 1999, rad. 14855, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 13 de julio de 2000, rad. 12513, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 28 de agosto de 2003, rad. 17554, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 28 de junio de 2012, rad. 21990, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre los requisitos que se deben acreditar para demostrar el desbalance en la economía del contrato por mayor permanencia en el sitio donde se construye la obra, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 52430, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Respecto del deber del juez de estudiar las pretensiones de la demanda, sin importar que la parte demandante haya o no formulado reclamaciones o salvedades en las modificaciones contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5.2 INCISO 2
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el CGP, la condena en costas procede contra la “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (CGP, artículo 365 núm. 1). Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, las expensas y demás costas son tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1), mientras que las agencias en derecho son fijadas en este pronunciamiento, tomando en consideración la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por la parte o su apoderado, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas de las agencias en derecho (núm. 4). Para la segunda instancia de los procesos declarativos, dicha tarifa tiene como límites entre 1 y 6 salarios mínimos mensuales legales vigencias (SMMLV). En vista de este marco normativo, la Sala reconocerá la suma de 1 SMLMV para el Municipio, por agencias en derecho en segunda instancia, tomando en consideración que en las alegaciones del municipio demandado, que fue su única actuación en esta instancia, se limitó a hacer un recuento del proceso, manifestar su conformidad con el fallo de primer grado y reiterar lo aducido en las oportunidades procesales anteriores.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena en costas en segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación de 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366