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INTERPRETACIÓN RAZONABLE

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Consejo de Estado Providencia

No es posible concluir que se presentara un estudio probatorio contraevidente a las pruebas aportadas

Sentencia — Sentencia 2024-08-12 Sección Segunda (Subsección B) JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Rad. 11001031500020240107800 ACCIONES DE TUTELA
¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales de la Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. con ocasión de la providencia proferida del 28 de junio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, se le declaró responsable de pagar al municipio de Rondón el valor de los dineros pagados por este con ocasión a la condena en abstracto que se le impuso en el expediente de reparación directa (...), con cargo a la póliza de responsabilidad civil extracontractual (...), con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto fáctico? No
El juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica que el juez natural hace de un contrato y de la cláusula penal pactada, y no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro de la órbita de competencia de ese juez, salvo que resulte palmaria la vulneración de un derecho fundamental. Esta regla se apoya en que el defecto fáctico exige un estudio probatorio contraevidente, es decir, una decisión que desconozca de manera manifiesta las pruebas aportadas. Por ello la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para rediscutir la valoración del contrato. En el caso concreto la decisión del tribunal de segunda instancia fue concordante con el texto de la cláusula penal y con las pretensiones de la demanda, y su interpretación se consideró razonable y ajustada a derecho. Por ello la acción de tutela fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la tutela contra una sentencia de reparación por incumplimiento contractual no prospera si la interpretación del contrato es razonable.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

En tal circunstancia no se hace uso de facultades excepcionales según el derecho común

Sentencia — Sentencia 2024-03-22 Sección Segunda (Subsección B) JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Rad. 11001031500020240075200 ACCIONES DE TUTELA
¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B vulneró los derechos fundamentales de La Previsora S.A. Compañía de Seguros con ocasión de la providencia proferida del 14 de julio de 2023, a través de la cual, en segunda instancia, negó las súplicas de la demanda y declaró la responsabilidad de Centurión por el incumplimiento del Contrato (...), concedió a favor de Ecopetrol la pretensión de condena subsidiaria contenida en la demanda de reconvención y declaró responsable a La Previsora S.A. del pago de dichos valores amparados en las pólizas de seguro de cumplimiento 3002464 y 3002465? No
El contratista no puede acudir a la acción de tutela para impugnar una decisión judicial que declara su responsabilidad por el incumplimiento de un contrato estatal y condena al seguro de cumplimiento a pagar la cláusula penal, ya que la Sala determinó que la providencia fue debidamente fundamentada y ajustada a derecho, sin vulnerar los derechos fundamentales del contratista ni desconocer la jurisprudencia existente. La decisión judicial se basó en un adecuado análisis probatorio y en la interpretación razonable de la cláusula penal del contrato, sin incurrir en defectos fácticos o procedimentales. La Sala reitera que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia para revisar la valoración de pruebas o la interpretación jurídica del juez natural, salvo que se demuestre una vulneración manifiesta de derechos fundamentales.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233300020230074401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve: ¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados? ¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Evidencia de la prueba: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-06-08 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 11001032600020180009200 LEY 1437 REPETICION
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública? ¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad? ¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-06-28 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020160241701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿De conformidad con los hechos probados, la entidad pública demandada incumplió el contrato y se reúnen los presupuestos de la responsabilidad contractual? No
La responsabilidad contractual de la entidad exige acreditar el incumplimiento de una obligación concreta del contrato, y la interpretación lógica, sistemática, integral y racional del negocio prevalece sobre la lectura aislada de una de sus cláusulas. La regla se apoya en que, conforme a esa interpretación, la entidad debía reconocer el saldo pendiente según el valor total ofertado, previa aprobación del supervisor del informe final de ejecución, sin condicionarlo al porcentaje de ejecución de las obras. Además, el incumplimiento debe probarse con el material del expediente, y en el caso el supervisor solo justificó parte de los recursos empleados por la interventoría. En el asunto, la Sala no encontró configurada la responsabilidad contractual de la entidad, pues no quedó acreditado que incumpliera la obligación del parágrafo cuarto de la cláusula décima, y confirmó la decisión. En la práctica, la entidad no responde por una obligación cuyo incumplimiento no se demuestre en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditaron los presupuestos de la teoría de la imprevisión, esto es, se demostró que se presentaron circunstancias extraordinarias… ¿El Consejo de Estado es competente para conocer del medio de control de controversias contractuales suscrito por una entidad que ostenta la calidad de empresa de servicios públicos domiciliarios y… ¿El medio de control de controversias contractuales ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto el demandante persigue que se declare el incumplimiento de un contrato de interventoría y el…
CONFIRMA