Titulación de la relatoría 41.180 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DEMOSTRACIÓN DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / CONFIGURACIÓN DE LA INCONGRUENCIA FÁCTICA DE LA SENTENCIA / FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / IMPUGNACIÓN DE DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
Problema jurídico:
¿El fallo de primera instancia es incongruente, porque no analiza la totalidad de las pretensiones de la demanda y de manera individualizada?
Respuesta al problema jurídico: Si
"El demandante fundó (...) en circunstancias disímiles las pretensiones referidas con idéntico contenido, pues por un lado afirmó que el desequilibrio económico ocurrió por causas únicamente imputables el ente contratante, con lo que se configuraría una y, por el otro, que el rompimiento del equilibrio acaeció por causas no imputables al contratista. Aparte, deprecó el pago de los costos de administración, sobrecostos en la ejecución de las obras y el reintegro de sumas retenidas, como restablecimiento del desequilibrio económico del contrato y/o como consecuencia del “incumplimiento” que implicaría la omisión de Metrovivienda en restablecer dicho equilibrio. De esa forma, las pretensiones en la demanda, al tener el mismo fin pero sustentos divergentes, se excluyen entre sí. Sin embargo, la acumulación de estas pretensiones que se excluyen es válida, conforme al artículo 165.2 del CPACA, pues fueron formuladas, incluso reiteradamente, como principales y subsidiarias. Por ende, el estudio de las múltiples pretensiones formuladas en este contencioso es procedente, pese a que sean excluyentes. Si bien, como lo ha precisado la Sala, no se presenta una incongruencia en el fallo que no aluda a todas y cada una de las pretensiones sometidas a su juicio, sí debe desprenderse implícitamente de sus consideraciones una respuesta a todas ellas, so pena de incongruencia. Ahora, en este proceso, el a quo no abordó todas las pretensiones de la demanda, mas no porque no se hubiera referido a cada una de ellas, sino porque no trató el abuso de la posición dominante del ente demandado en su motivación. Al considerar que el consorcio contratista había asumido la responsabilidad por los diseños de las obras y por la entrega de los trabajos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuyas falencias ocasionaron la mayor permanencia en obra, el tribunal desechó la atribución del desequilibrio ―que el actor refirió― al ente demandado o a circunstancias ajenas al demandante. Aparte, al tomar en consideración que las reclamaciones por la ejecución de mayores cantidades son improcedentes en la modalidad de precios unitarios, que con la suscripción de convenciones adicionales fueron reconocidos los sobrecostos aducidos y que, por su extemporaneidad, la reclamación de los sobrecostos tras concluir la ejecución del contrato era improcedente, el a quo descartó la responsabilidad que el demandante le atribuyó al ente demandado por omitir el restablecimiento del desequilibrio contractual. Pero, con las anteriores consideraciones, el tribunal no motivó la denegación de los reclamos por el abuso de la posición dominante y una actuación contraria a la buena fe, que se desprenden de la demanda. (...) Por otro lado, observa la Sala que el Consorcio Avenida Usminia 003 reclamó el menoscabo pecuniario que habría padecido con la retención de $202’341.820 en el acta de liquidación a un incumplimiento contractual de Metrovivienda, por un lado, y, por el otro, a un obrar contrario a la buena fe, con abuso de la posición dominante, y desconocimiento de los principios básicos de la contratación estatal. De acuerdo con lo considerado anteriormente, la acumulación de estas pretensiones procede, pues, pese a que también se excluyen entre sí, fueron planteadas como principal y subsidiaria, incluso reiteradamente. El a quo descartó el incumplimiento de Metrovivienda por la retención reclamada, al considerar que esta se basó en lo estipulado y, en todo caso, el consorcio actor tenía la responsabilidad de entregar las obras a las empresas de servicios públicos domiciliarios y al IDU. Si bien, el Tribunal refirió que, por lo anterior, el ente contratante no habría actuado en contra del postulado de la buena fe ni con abuso de la posición dominante, solo se aprecia en su análisis un estudio del incumplimiento, que, como se muestra más adelante, se basa en unas premisas disímiles al abuso de la posición dominante. Por lo tanto, de esa manera, se produjo un fallo incongruente, al haber omitido el estudio del abuso de la posición dominante. (...) De acuerdo con las consideraciones precedentes, se impone una respuesta afirmativa al primer problema jurídico, debido a que el a quo no estudió las pretensiones bajo los postulados del abuso de la posición dominante."
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del principio de congruencia, consultar providencia de 28 de octubre de 2019, Exp. 25000-23-26-000-2006-00657-01(40992), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 165 NUMERAL 2
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / MECANISMOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, tendrá que restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato; mientras que, cuando haya acaecido por circunstancias imprevistas que no sean imputables al contratista, el equilibrio contractual se restablecerá hasta “un punto de no pérdida”?
Respuesta al problema jurídico: Si
"Esta Subsección ha venido observando un criterio que la lleva a diferenciar entre el juicio de responsabilidad contractual por incumplimiento, y el que antecede a la condena al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica cuando la ruptura de esta ha sido producto del hecho no imputable a las partes. Ha seguido esa línea de entendimiento de uno y otro instituto por cuanto, pese a que el artículo 5.1 inciso 2º de la Ley 80 de 1993 establece una regla en la que plantea la disyuntiva hipotética de quiebra del equilibrio económico por uno u otro motivo, dicho planteamiento lo ha hecho el legislador para definir, con base en esas dos suposiciones, respuestas diferentes. Así, de acuerdo con la norma mencionada, cuando el desequilibrio sea imputable al incumplimiento del ente contratante, “tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”, mientras que, cuando haya acaecido por circunstancias imprevistas que no sean imputables al contratista, el equilibrio contractual se restablecerá hasta “un punto de no pérdida”. En todo caso, debe acreditarse que el contratista sufrió un daño antijurídico, por los sobrecostos en que habría incurrido para ejecutar el contrato; daño antijurídico que, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, la sentencia C-333 de 1996 que analizó su constitucionalidad y el artículo 90 de la Constitución, debe ser indemnizado comprendiendo la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista, cuando sea imputable al incumplimiento de la contraparte."
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre el juicio de responsabilidad contractual por incumplimiento y el que antecede a la condena al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica cuando la ruptura de esta ha sido producto del hecho no imputable a las partes, consultar providencias de 21 de septiembre de 2020, Exp. 47106, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 12 de julio de 2021, Exp. 50879, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de 22 de noviembre de 2021, Exp. 52430, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 INCISO 2 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50
BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CONCEPTO DE BUENA FE / DEBERES DE LA PERSONA / DEBERES DEL CIUDADANO / CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA / ABUSO DE DERECHOS PROPIOS / ABUSO DEL DERECHO / PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL ABUSO DEL DERECHO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El principio de buena fe que orienta las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas y disciplina tanto la celebración como la ejecución de los contratos, exige que la relación que surge con el negocio jurídico, se ajuste realmente a la satisfacción cabal de la finalidad económica, jurídica y social perseguida con su celebración, evitando abusar de los derechos propios y la proscripción del abuso de poder en la contratación estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
"Como lo ha precisado la jurisprudencia, el principio de buena fe ―que orienta las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, y disciplina tanto la celebración como la ejecución de los contratos― exige que la relación que surge con el negocio jurídico, se ajuste realmente a la satisfacción cabal de la finalidad económica, jurídica y social perseguida con su celebración. Esta exigencia se proyecta sobre las partes contratantes, cuyas facultades contractuales se orientan de acuerdo con los fines de la contratación, de forma tal que los compele a que “se comporten en el ámbito de estas relaciones de manera fiel, recta, honesta y leal, orientando sus actuaciones a la satisfacción de las prestaciones y absteniéndose de abusar de los derechos o potestades que cada una de ellas ostenta frente a la otra”, en línea con el deber constitucional de no abusar de los derechos propios y la proscripción del abuso de poder en la contratación estatal. De acuerdo con ello, como sanción al incumplimiento de este deber derivado de la buena fe, el artículo 830 del Código de Comercio prevé que “[e]l que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”."
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la buena fe en los negocios jurídicos, consultar providencias de 24 de mayo de 2012, Exp. 18931, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 18 de julio de 2012, Exp. 21573, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre el abuso del derecho como fuente de responsabilidad en el plano contractual, consultar providencias de 29 de enero de 2014, Exp. 46482, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 28 de abril de 2014, Exp. 41834, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); de 25 de junio de 2014, Exp. 28067, C.P. Hernán Andrade Rincón; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 19 de octubre de 1994, Exp. 3972; de 9 de agosto de 2000, Exp. 5372.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 95 NUMERAL 1, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 830, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 NUMERAL 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 6
CONTRATACIÓN ESTATAL / ABUSO DEL DERECHO / ABUSO DE AUTORIDAD / ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA / ABUSO DEL DERECHO POR POSICIÓN DOMINANTE / MODALIDADES DE ABUSO DEL DERECHO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / CLÁUSULA ABUSIVA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El abuso de la posición dominante puede manifestarse en el texto del contrato mediante las cláusulas que una de las partes fija unilateralmente o mediante cláusulas abusivas impuestas a la contraparte?
Respuesta al problema jurídico: Si
"[L]a posición dominante de una de las partes contratantes puede (...) plasmarse en el texto contractual, mediante las cláusulas que una de las partes fija unilateralmente. Unilateralidad que se aparta así de la concepción propia de la teoría clásica de la autonomía de la voluntad, en la que las partes negocian el contenido de los contratos en una posición de igualdad, con lo cual nunca habría injusticia en un contrato que fue aceptado y celebrado por las partes. (...) Esta es justamente la posición que ostenta el Estado, generalmente, en las relaciones jurídicas de las que forma parte, en cuanto predispone unilateralmente el contenido de sus cláusulas (...). El abuso de la posición dominante puede manifestarse en el texto del contrato mediante cláusulas abusivas (...). En sentido similar, la jurisprudencia administrativa ha referido que las cláusulas abusivas son aquellas que no fueron negociadas individualmente y que, “en contra de las exigencias de la buena fe cause[n] un desequilibrio importante”. Así, una actuación que conlleve ese desequilibrio se opone a la buena fe objetiva, aplicable en materia contractual, ya que este postulado impone “desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”."
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las cláusulas abusivas, consultar providencias de 25 de julio de 2011, Exp. 19481, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; de 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 2 de febrero de 2001, Exp. 5670; de 13 de diciembre de 2002, Exp. 6462; de19 de octubre de 2011, Exp. 2001-847; de 25 de agosto de 2021, Exp. 19142-31-89-001-2013-00032-01.
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ABUSO DE AUTORIDAD / ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA / ABUSO DEL DERECHO / ABUSO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / CLÁUSULA ABUSIVA / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PROTECCIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Cuando la Administración, prevalida de la posición dominante que tenga en la negociación y ejecución del contrato, imponga al contratista unas condiciones que dificulten o hagan imposible el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, en términos que lleguen a ocasionarle perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, habrá ocasionado un daño imputable a un acto u omisión antijurídica suya, que puede dar lugar a la obligación de indemnizarlo?
Respuesta al problema jurídico: Si
"[D]e acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, que también gobierna la responsabilidad contractual del Estado, debe configurarse un daño antijurídico para que surja la obligación indemnizatoria estatal. Con el abuso del derecho, el daño antijurídicamente causado por quien ejerce sus facultades en desmedro del fin para el cual fueron concebidas impone la obligación de resarcirlo. (...) De esta forma, cuando la Administración, prevalida de la posición dominante que tenga en la negociación y ejecución del contrato, imponga al contratista unas condiciones que dificulten o hagan imposible el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, en términos que lleguen a ocasionarle perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, habrá ocasionado un daño imputable a un acto u omisión antijurídica suya, dando así lugar a la obligación de indemnizarlo. (...) No pasa por alto la Sala que, si bien, la contratación estatal busca la satisfacción de intereses generales que, como tales, prevalecen sobre los particulares, es la misma ley la que fija las facultades a través de las cuales, en el ámbito contractual (entre otros), la Administración actúa con supremacía, imponiéndose sobre el particular mediante una decisión unilateral ejecutiva y ejecutoria. De esta forma, en un estado de derecho con una jerarquía normativa definida conforme a los postulados de la democracia y de la libertad individual, es la ley la que fija la forma en que los órganos del Estado deben actuar para alcanzar sus fines, definiendo las condiciones que disciplinan su actuación. (...) No resulta válido así, consecuentemente, que la Administración, en razón del interés general que persigue, se arrogue, al margen de lo que dispone la ley, una posición supraordenada en las relaciones jurídicas de las que forme parte, para imponer al contratista unas condiciones que desequilibren la relación en detrimento desmesurado suyo. (...) Además de la responsabilidad contractual que surge por el abuso de la posición dominante, en el derecho comparado se han adoptado medidas legislativas, administrativas o jurisprudenciales dirigidas a preservar la igualdad en la fase precontractual, regular el lenguaje empleado, e invalidar cláusulas abusivas, dentro de las que se destacan las de modificación de la responsabilidad contractual. El derecho colombiano, aunque tardíamente, no ha sido ajeno a esta tendencia, incorporando la prohibición de ciertas cláusulas abusivas, dentro de las que se incluyen los pactos de limitación o exclusión de responsabilidad en los contratos de transporte, de servicios públicos domiciliarios y en los celebrados con consumidores. (...) A su vez, el derecho positivo colombiano ha incorporado prescripciones tendientes a proscribir conductas que son claramente abusivas, sin que ello signifique, que de esta forma se agota la regla prescriptiva del principio que proscribe el abuso de la posición dominante. (...) De esta forma, en el EGCAP fue prohibido el pacto de exclusiones de responsabilidad con las que la Administración, prevalida de la posición dominante que ostenta, cargue al contratista con las consecuencias derivadas de la omisión del deber de elaborar estudios y diseños que le asiste. "
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la responsabilidad contractual del Estado, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-333 de 1996. Sobre la responsabilidad por el abuso de poder, consultar providencias de 20 de septiembre de 1979, Exp. 2742; de 7 de octubre de 2009, Exp. 17936, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 18 de julio de 2012, Exp. 21573, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 14 de marzo de 2013, Exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 29 de abril de 2015, Exp. 21081, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 4 de agosto de 2021, Exp. 45004, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 31 de mayo de 2022, Exp. 52386, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 16 de diciembre de 2022, Exp. 41646, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 27 de febrero de 2024, Exp. 57604, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 1 de abril de 2003, Exp. 6499. Acerca del principio de legalidad, consultar providencia de la Corte Constitucional, C- 355 de 2008, C-414 de 2012.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 992, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 4, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 133, LEY 1480 DE 2011 - ARTÍCULO 43, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL / CLÁUSULA ABUSIVA / NULIDAD ABSOLUTA DE LA CLÁUSULA ABUSIVA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INEFICACIA DEL CONTRATO / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Metrovivienda incurrió en un abuso de su posición dominante al excluir la responsabilidad que legalmente le corresponde al ente contratante por concepto de calidad de los estudios y diseños entregados para definir la viabilidad del objeto contractual, por lo que tal cláusula pactada en el contrato y en el pliego de condiciones de la licitación pública, se debe tener por no escrita?
Respuesta al problema jurídico: Si
"[R]esulta claro que, en la matriz de riesgos definida en la licitación que llevó a la suscripción del contrato CDTO 215-09, toda la responsabilidad por los diseños de las obras, su licenciamiento, ejecución y entrega le correspondió al consorcio contratista, mientras el ente contratante se eximió incluso de la responsabilidad que, conforme a la ley, le corresponde por los diseños y estudios entregados para definir la viabilidad del objeto contractual. (...) En este orden de ideas, la Sala concluye que Metrovivienda incurrió en un abuso de su posición dominante al excluir la responsabilidad que, por disposición legal, le corresponde al ente contratante por la calidad de los estudios y diseños entregados, tras su revisión por el contratista sin una remuneración directa y la respuesta de la entidad a los comentarios que aquel realizara, sin que el contratista tuviera la posibilidad de terminar la relación jurídica, en caso de que hallara que los defectos en dichos diseños y estudios hicieran excesivamente gravosa la ejecución de los trabajos, y sin que dicho ente asumiera responsabilidad alguna, ni especificara una matriz de riesgos del contrato. En consecuencia, la exclusión de responsabilidad pactada en el Contrato CDTO 215-09 y el pliego de condiciones de la licitación pública núm. MV-LP-03-2009 se tendrá por no escrita, conforme al artículo 24 ordinal 5º literal d) de la Ley 80 de 1993. (...)"
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la interpretación del contrato, consultar providencia de 3 de febrero de 2000, Exp. 10399, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5 LITERAL D, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 3
CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / EFICACIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFICACIA DEL PLIEGO DE PETICIONES / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / INEXISTENCIA DE ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿Metrovivienda incurrió en un abuso de su posición dominante al excluir en el contrato estatal la responsabilidad por la obtención de los permisos y licencias requeridos para la ejecución de las obras contratadas, considerando que no corresponde a un riesgo contractual que por disposición legal deba ser asumido por el ente contratante?
Respuesta al problema jurídico: No
"No se impone (...) la [ineficacia de la cláusula] sobre la estipulación con la que el contratista asumió la responsabilidad por la obtención de los permisos y licencias requeridos para la ejecución de las obras contratadas, pues, con dicho pacto, Metrovivienda no trasladó al contratista la responsabilidad que, por disposición legal, le corresponde, sin la posibilidad de terminar la relación jurídica en caso de que, por causa del mismo ente contratante, esa obligación le resultare excesivamente gravosa, pues el licenciamiento depende del cumplimiento de disposiciones legales que son verificadas por una entidad perteneciente al Sistema Nacional Ambiental (SINA), del cual no forma parte Metrovivienda (artículo 4, Ley 99 de 1993). La eficacia de esta estipulación, por lo tanto, se mantiene incólume, de forma tal que la mayor permanencia la tardanza en el licenciamiento de las obras no es ajena al Consorcio Avenida Usminia 003 ni, menos aún, imputable a Metrovivienda."
FUENTE FORMAL:
LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 4
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / RIESGO PREVISIBLE / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿El desequilibrio económico del Contrato que plantea la parte demandante por causa de mayor permanencia en obra que ocasionó la no operación de la maquinaria, la ampliación de pólizas y la ejecución de ítems imprevistos, es atribuible al ente contratante por las falencias en los estudios y diseños, de la omisión en relación con la obligación de restablecer el equilibrio económico o por actuar con abuso de su posición dominante en contra del postulado de la buena fe?
Respuesta al problema jurídico: No
"El Consorcio (...) y Metrovivienda suscribieron un contrato de obra para la construcción de las obras de urbanismo de la Avenida Usminia, en la ciudad de Bogotá. Según lo pactado, los diseños urbanísticos, paisajísticos y técnicos de la obra estaban en desarrollo, y serían revisados por el contratista en una fase de preconstrucción, fase que concluiría cuando aquellos fueran aprobados por la entidad contratante y por las empresas de servicios públicos domiciliarios. (...) [L]a Sala encuentra que, por múltiples defectos que se presentaron en los planos y diseños suministrados por Metrovivienda, en el levantamiento topográfico, en el diseño geométrico y geotécnico, en la estructura hidráulica y del pavimento, en las redes húmedas, secas y de urbanismo, la fase de preconstrucción, que Metrovivienda había previsto que se extendería por dos (2) meses, hubo de prorrogarse por cuatro (4) meses más y suspenderse por otros dos (2) meses, para realizar los ajustes necesarios de los diseños y estudios entregados por Metrovivienda. Resulta claro así que Metrovivienda no contó con los estudios y diseños que hacían viable el proyecto que se proponía realizar a través del Contrato CDTO 215-09, conforme a los términos que previó en el pliego de condiciones, lo cual se opone al artículo 25.12 de la Ley 80 de 1993. No obstante, estas falencias del ente contratante no generaron un perjuicio para el contratista en esta fase de preconstrucción, pues al prorrogarla, Metrovivienda asumió el pago de los sobrecostos ocasionados mediante actas de mayores y menores cantidades de obra. En todo caso, tras las prórrogas y suspensiones del plazo de ejecución de la etapa de preconstrucción, esta fase concluyó sin que, finalmente, los planos y diseños fueran aprobados por las empresas de servicios públicos cuyas redes serían intervenidas en la ejecución del Contrato CDT-215-09. Las memorias de cálculo y los planos de diseño del proyecto fueron aprobadas únicamente por Metrovivienda. Por ende, ante la ineficacia de la exclusión de responsabilidad por los diseños, la imputación de la responsabilidad por los perjuicios ocasionados con las falencias en los diseños depende así de la diligencia con que cada una de las partes haya desempeñado su labor de elaboración, revisión y ajuste, de acuerdo con los artículos 50 y 52 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 1602 a 1604 del Código Civil. (...) [Por otra parte, se tiene que luego], con la firma del acta núm. 7 del 7 de febrero de 2011, las partes dispusieron el inicio de la etapa de construcción de las obras contratadas. (...) Durante la etapa de construcción, las partes adicionaron el valor del contrato, modificaron lo pactado, y suspendieron el plazo de ejecución (...). [E]l plazo de la etapa de construcción del Contrato CDT-215-09 fue prorrogado por seis (6) meses y diez (10) días, con lo cual se produjo una mayor permanencia en obra, como lo afirmó la actora. Las prórrogas y adiciones sucesivas se debieron, fundamentalmente, a: la necesidad de ejecutar obras adicionales ―dos de las cuales requerían permiso ambiental ―, a las diferencias que surgieron entre la información de las redes suministrada y las halladas en el terreno, y a la prolongación de los procedimientos de licenciamiento ambiental. Las prórrogas por este último factor no son atribuibles al ente contratante ni ajenas al consorcio contratista pues (...) el contratista asumió válidamente la responsabilidad por la obtención de los permisos y licencias requeridos para la ejecución de las obras contratadas. (...) [L]a Sala concluye que el Consorcio (...) no honró la carga de probar que las circunstancias que desencadenaron una mayor permanencia en obra fueran atribuibles al ente demandado, ni ajenas a la labor desempeñada por aquel en la revisión de los diseños. Tampoco acreditó el demandante que la mayor permanencia en obra le hubiera generado sobrecostos administrativos o por el stand by de maquinaria que no hubieran sido cubiertos con el precio pagado. (...) Esta judicatura no pasa por alto, por demás, que la adición de obras en un contrato de precios unitarios es previsible, pues es bien sabido que se recurre a esta modalidad de pago cuando es imposible determinar con exactitud el valor de la obra y, para la ejecución del objeto contractual pudiera ser necesario adelantar actividades que no estén previstas inicialmente, sin que exista así una estimación exacta de las cantidades de obra que serán ejecutadas. Esta es una circunstancia que debe ser tenida en cuenta por el proponente al momento de formular su oferta, de acuerdo con el principio de la buena fe objetiva que rige la actividad contractual. (...) En definitiva, la actora no acreditó los supuestos fácticos a partir de los cuales surge el derecho a que se restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato, con la correlativa obligación de medio de restablecerlo a cargo de la Administración (artículo 5.1, Ley 80 de 1993) por lo cual sus pretensiones atinentes a los hechos analizados en precedencia deben ser desestimadas. En consecuencia, se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico formulado en esta instancia."
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del valor probatorio de la prueba pericial, consultar providencia de 14 de diciembre de 2022, Exp. 68201, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la adición de obras como riesgo previsible en un contrato de precios unitarios, consultar providencia de 8 de junio de 2018, Exp. 38120, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de 21 de septiembre de 2020, Exp. 47106, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / OBRA PÚBLICA ADICIONAL / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Procede el cobro de las actividades ambientales adicionales que el contratista hubiera ejecutado sin la suscripción de una convención modificatoria previa, a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
"Pasando ahora al estudio del desequilibrio contractual por la ejecución de actividades ambientales imprevistas, (...) no queda más que concluir que (...) respondió a un desacierto suyo sobre la modalidad de pago y los ítems pactados. (...) Bajo (...) [la] modalidad de precios, en la que, conforme a lo estipulado, solo procede el pago del volumen de ítems con precios unitarios ejecutados, el reconocimiento de las labores adicionales requiere la suscripción de un convenio modificatorio por las partes contratantes, como lo ha reiterado la jurisprudencia administrativa. No procedía, pues, el cobro de las actividades ambientales adicionales que el contratista hubiera ejecutado sin la suscripción de una convención modificatoria previa; reclamación que, además, al oponerse a lo pactado, contraviene la buena fe objetiva que rige en el campo contractual. Por lo tanto, como esta imprevisión es imputable el consorcio demandante, no hay lugar a reclamar el eventual desequilibrio que con ello se hubiera ocasionado."
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del valor probatorio de la prueba pericial, consultar providencia de 14 de diciembre de 2022, Exp. 68201, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre el pago de obras adicionales en un contrato estatal pactado a precios unitarios, consultar providencias de 9 de mayo de 1996, Exp. 10151, C.P. Daniel Suarez Hernández; de 29 de agosto de 2007, Exp. 15469, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de febrero de 2012, Exp. 16371, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gambo; de 13 de noviembre de 2013, Exp. 23829, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 14 de septiembre de 2016, Exp. 50907, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 9 de noviembre de 2021, Exp. 52045, C.P. Alberto Montaña Plata.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE / ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA / ABUSO DEL DERECHO / INEXISTENCIA DE ABUSO DE AUTORIDAD PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RETENCIÓN DE DINERO / DERECHO DE RETENCIÓN / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Metrovivienda incumplió el Contrato o actuó con abuso de su posición dominante, contrariando el postulado de la buena fe, al retener dineros del consorcio contratista, con ocasión de la no recepción de las obras por parte de empresas de servicios públicos y del IDU?
Respuesta al problema jurídico: No
"[R]esulta claro que la retención de pagos que protesta el consorcio demandante no es más que el efecto del incumplimiento de sus obligaciones como contratista, pues no entregó las obras a las empresas de servicios públicos domiciliarios ni al IDU, ni consiguió la aprobación de los planos récord por aquellas entidades. No pasa por alto la Sala que, de acuerdo con lo manifestado por la ETB en el oficio del 22 de octubre de 2012, referido en precedencia, la razón por la cual ETB se abstuvo de recibir las obras fue la inobservancia de las reglamentaciones técnicas para la instalación de redes en las obras, no la falta de convenios previos entre esta Empresa y Metrovivienda, como lo afirmó el apelante. Por lo tanto, el Consorcio tampoco cumplió con la obligación de ajustarse a esas reglamentaciones durante la ejecución del contrato. La ejecución de estas prestaciones contractuales incumplidas terminaron siendo asumidas por la entidad contratante, como consta en el acta de liquidación bilateral y lo aceptó el mismo Consorcio (...), después de la firma del acuerdo parcial de liquidación. Por estos motivos, al retener los dineros mediante el acta de liquidación, la entidad actuó de conformidad con el contrato, no infringió ninguna obligación contractual, ni actuó de mala fe o con abuso de posición dominante. Metrovivienda, por el contrario, accedió a modificar el Contrato CDTO 215-09, atendiendo a las dificultades que el consorcio contratista acusaba en la entrega de las obras a las empresas de servicios públicos domiciliarios, para hacer menos gravosa su situación. Esto es así porque, de acuerdo con lo estipulado inicialmente, Metrovivienda tenía la facultad de retener el 6% de las actas de obra, al concluir el plazo previsto para la liquidación, por la denegación de la recepción de las obras por cualquiera de las empresas de servicios públicos domiciliarios o el IDU. Pero, con la modificación núm. 10, además de conceder un plazo adicional de tres (3) meses para que el consorcio contratista entregara las redes y obras a satisfacción de sus destinatarias, Metrovivienda retendría el 3% por la negativa de las empresas de servicios públicos y por el IDU, pero reconocería otro 3% por los avances que el Consorcio (...) consiguiera en dichas entregas, como en efecto lo hizo, con lo cual se morigeró el derecho de retención del ente contratante. De esta forma, Metrovivienda atendió al postulado de la buena fe, pues, en lugar de retener el porcentaje pactado inicialmente al cumplirse el plazo estipulado, imponiendo así sus condiciones, buscó la realización y ejecución del contrato sin olvidar el interés del otro contratante. (...) De acuerdo con las anteriores consideraciones, se impone una respuesta negativa al tercer problema jurídico y, en definitiva, será confirmado el fallo de primer grado."
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
"Según el CGP, aplicable de acuerdo con el artículo 188 del CPACA, la condena en costas procede contra la “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (CGP, artículo 365 núm. 1). Siguiendo lo preceptuado en el artículo 366 del CGP, las expensas y demás costas son tasadas por la Secretaría de esta Corporación (núm. 1), mientras que las agencias en derecho son fijadas en este pronunciamiento, tomando en consideración la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por la parte o su apoderado, Secretaría de la Corporación, y la fijación de las agencias en derecho debe realizarse de acuerdo con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en particular, por el Acuerdo 1887 de 2003, vigente para el momento en que este proceso inició. Con fundamento en lo anterior, se condenará en costas al Consorcio (...), en favor de su contraparte; y reconocerá la suma de 0,2% del valor de las pretensiones negadas."
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366