Titulación de la relatoría 52.274 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE HABILITACIÓN / ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / ARBITRAJE / FALLO EN EQUIDAD / DECISIÓN EN EQUIDAD EN LAUDO ARBITRAL / ARBITRAJE EN EQUIDAD / CONCILIADOR / NEGOCIO JURÍDICO / CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / LAUDO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONSENTIMIENTO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA
Problema jurídico:
¿Al verificar una cláusula que se dice compromisoria, de cuya estipulación no se desprende de forma clara e inequívoca la voluntad de las partes de someter sus controversias al arbitraje, se desprende la jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio interadministrativo No. 109 de 2008, cuya liquidación judicial se pretende, fue suscrito por dos entidades públicas, a saber: la Nación Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y el departamento de Antioquia. Es pertinente señalar que, durante el trámite del proceso, tuvo lugar una discusión en torno al presupuesto procesal de la jurisdicción. (…) Sobre el particular, debe comenzar por resaltarse que, en virtud del reconocimiento constitucional de la voluntad de las partes de sustraerse a la justicia ordinaria y someter la resolución de sus disputas al conocimiento de los árbitros, estos ejercen función jurisdiccional, administrando justicia de manera transitoria para efectos de solucionar la disputa sometida a su conocimiento. Es así como, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política, los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en concordancia con el artículo 3 de la Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley 270 de 1996. (…) La justicia arbitral se rige, entonces, por el principio de voluntariedad o libre habilitación, toda vez que la competencia de los árbitros para impartir justicia surge del acuerdo de voluntades de las partes en el sentido de sustraer la resolución de sus controversias del conocimiento de los jueces institucionales o permanentes y habilitar a los árbitros para decidir sus diferencias. Así las cosas, la fuente primordial del arbitraje es el negocio jurídico, denominado pacto arbitral (compromiso o cláusula compromisoria), por medio del cual las partes de manera consciente y voluntaria acuerdan habilitar la competencia de los árbitros para resolver las diferencias existentes o eventuales entre ellas, y se obligan a someter sus disputas a la decisión de árbitros investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, para proferir un laudo que tiene la misma categoría jurídica y los mismos efectos de la sentencia judicial. Ahora bien, como negocio jurídico que es, el pacto arbitral se rige por las normas que gobiernan la formación, efectos e interpretación de los acuerdos de voluntades, entre las que se destaca, para los efectos que aquí interesan, el artículo 1502, numeral 2, del Código Civil. (…) En virtud de lo anterior, es elemento esencial de la cláusula arbitral la manifestación de voluntad de someter sus diferencias al arbitraje, intención que no emerge con nitidez de la estipulación convenida en el contrato. Así se aprecia, sin lugar a duda, del tenor de la cláusula decimoquinta del convenio interadministrativo que dio origen al presente proceso, invocada por el demandado para alegar la falta de jurisdicción que propuso como excepción. (…) Como se observa, las partes se limitaron a contemplar diversos mecanismos alternativos de solución de controversias a los que podrían acudir en caso de que no lograran resolver sus diferencias de manera directa, tanto autocompositivos como heterocompositivos, incluyendo la conciliación, la amigable composición y la transacción, sin contemplar expresamente el arbitraje. A lo anterior se agrega que en el convenio interadministrativo las partes previeron, como uno de los mecanismos de solución de conflictos a los que podrían acudir, el de “controversias contractuales”, que corresponde a una de las acciones o medios de control previstos tanto en el Código Contencioso Administrativo (CCA) como en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De este modo, ha de señalarse que las partes, con su pacto en ese sentido, reafirmaron que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le correspondía conocer de las controversias derivadas de la ejecución convencional. Ha de aclararse, además, que la competencia de los jueces contencioso administrativos y la de los árbitros son excluyentes, pues la habilitación de estos últimos implica necesariamente sustraer el conflicto del conocimiento de los jueces permanentes. Así las cosas, vista la estipulación citada, para la Sala no se desprende de lo allí pactado la voluntad clara e inequívoca de las partes de acudir al arbitraje para la resolución de las diferencias emanadas del convenio celebrado, elemento esencial del pacto arbitral, de conformidad del artículo 3 de la Ley 1563 de 2012. Por lo anterior, esta Sala de Subsección reitera que a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento de la controversia sub examine. A su turno, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a las funciones jurisdiccionales de los árbitros, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 7 de marzo de 2012, exp. 18013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 3, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, 141, 150, 152, 164, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 3, LEY 270 DE 1996 INCISO 3, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502 NUMERAL 2
COMPETENCIA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / DOBLE INSTANCIA / PRETENSIÓN PRINCIPAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO / MUTUO CONSENTIMIENTO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Ante la ausencia de un pacto expreso e inequívoco, en el sentido de pactar la facultad de liquidar de manera unilateral el Convenio Interadministrativo, el cómputo de la caducidad de medio de control es de 4 meses, por lo que en este caso la demanda se presentó de forma oportuna?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda se presentó en tiempo, de conformidad con lo previsto en el apartado v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Para el efecto, ha de señalarse que, si bien el plazo de ejecución del convenio fue previsto inicialmente en su cláusula segunda hasta el 31 de diciembre de 2008, este fue prorrogado por medio de las modificaciones No. 1, 2, 3, y 4, así como del otrosí No. 6, luego de los cuales el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre de 2011. (…) A partir de lo estipulado, se observa que las partes pactaron un plazo para la liquidación bilateral o de mutuo acuerdo, equivalente a los 4 meses siguientes a su terminación, a la vez que, en lo que respecta a la liquidación unilateral, tan solo hicieron alusión al Estatuto de Contratación de la Administración Pública y, concretamente, a la Ley 1150 de 2007. Sobre el particular, esta Subsección destaca que, si bien resulta válido que en los convenios interadministrativos las partes acuerden que, ante la falta de liquidación bilateral, una de ellas puede proceder a liquidarlo unilateralmente, lo cierto es que dicha posibilidad debe pactarse expresamente y con claridad, de tal manera que pueda emanar, sin equívocos, el ejercicio de esa facultad unilateral. De ahí que con la sola mención abstracta a la Ley 1150 de 2007, como se hizo en la cláusula decimoprimera del convenio objeto de examen, no es posible entender que las partes hubiesen pactado la facultad de liquidar de manera unilateral el convenio en cuestión, reflejándose, por el contrario, una ausencia de pacto expreso e inequívoco en ese sentido. Lo anterior, además, encuentra sustento porque, como se desarrollará en el acápite 4.1 de las consideraciones de esta providencia, los convenios interadministrativos se rigen por sus propias estipulaciones y, por ende, las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no le son aplicables de forma automática, de ahí que, en este caso, resulte inane la mención genérica que a la Ley 1150 de 2007 se hizo en la referida cláusula. En casos como el que ahora examina la Subsección, se ha establecido que, ante la falta de acuerdo expreso y claro en los convenios interadministrativos sobre esta unilateralidad, no puede tenerse en cuenta el plazo legal de 2 meses para la liquidación unilateral para efectos del cómputo de la caducidad. (…) Hechas estas precisiones, en el sentido de que para el cómputo de caducidad en este caso no es posible tener en cuenta los 2 meses de la liquidación unilateral, se señala que los 4 meses pactados para la liquidación bilateral corrieron a partir del 1° de enero y hasta el 1° de mayo de 2012 teniendo en cuenta que el plazo del convenio se extendió hasta el 31 de diciembre de 2011. En ese sentido, los 2 años que establece el artículo 164 del CPACA para la presentación oportuna de la demanda vencían el 2 de mayo de 2014; no obstante, con la solicitud de conciliación extrajudicial, presentada el 25 de abril de 2014, se suspendió el término de caducidad faltando 7 días para que operara ese fenómeno procesal. Ahora, como la constancia de no conciliación, a partir de la cual se reanudó el término de caducidad, fue expedida el 10 de junio de 2014 fecha esta última en que la actora interpuso su demanda, se concluye que el medio de control de controversias contractuales se ejerció oportunamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación unilateral del Contrato Estatal ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2017, exp. 55836, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales y la liquidación del convenio, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025, exp. 71018. C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 3571 DE 2011 - ARTÍCULO 31, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 , LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 INCISO 2
JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / IMPUESTO DE REGISTRO / INTERÉS MORATORIO / RECURSO DE APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / SALDOS A FAVOR / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / NEGOCIO JURÍDICO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos del convenio interadministrativo que no fueron objeto de la demanda inicial, ni sustentados adecuadamente en la apelación, como el incumplimiento del Convenio por parte del departamento?
Respuesta al problema jurídico: No
Resulta oportuno advertir que en la apelación la actora mencionó un incumplimiento del convenio por parte del departamento. No obstante, esta Sala no encuentra procedente emitir pronunciamiento de fondo sobre dicho cargo que, por cierto, no fue sustentado, pues acorde con lo pretendido en la demanda, esta tiene por objeto la liquidación del negocio jurídico y el reconocimiento de un saldo a favor del Ministerio como resultado de aquella, de acuerdo con la cantidad de resoluciones y los valores que al efecto la parte actora estima aplicables, frente a lo cual el demandado, si bien acepta que se proceda a liquidar en sede judicial el negocio jurídico tantas veces mencionado, cuestiona las cifras planteadas por la actora y el saldo final reclamado en el libelo introductorio. Así las cosas, la controversia sometida a decisión versa sobre el valor, a favor y a cargo de las partes, resultante del cruce final de cuentas, en tanto el monto reclamado por la actora difiere del que, a su turno, el ente territorial estima ajustado a lo estipulado en el contrato y a lo efectivamente ejecutado. En ese sentido, la controversia objeto de la litis en modo alguno gira en torno a la responsabilidad contractual por incumplimiento de lo pactado; por el contrario, versa exclusivamente en punto al cruce final de cuentas y, concretamente, a las diferencias suscitadas entre las partes sobre la cantidad de actos de transferencia resoluciones, la inclusión de algunas de las partidas por determinados conceptos, como, por ejemplo, los intereses moratorios, y la definición del sujeto negocial que debe asumirlas. (…) En este sentido, no le asiste facultad al recurrente para introducir pretensiones nuevas en la apelación ni asuntos distintos de aquellos planteados en la demanda objeto de estudio, como tampoco al juez para pronunciarse sobre ellos, pues dicha actuación resultaría contraria al principio de congruencia de las sentencias judiciales e iría en contravía de los derechos de defensa y contradicción del demandado.
NOTA DE RELATORÍA:
Frente a la competencia del Consejo de Estado ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de abril de 2025, exp. 61894, C.P Nicolas Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
IMPUESTO DE REGISTRO / TRANSFERENCIA DEL DOMINIO / PREDIO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO / TITULACIÓN DE PREDIO / IMPUESTO DEPARTAMENTAL / OBLIGACIONES DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias estipulaciones y son exceptuados de la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio objeto de estudio, esta Sala señala que, si bien algunas de ellas tuvieron un contenido patrimonial, dado el compromiso del Ministerio de asumir el pago del impuesto al departamento en favor de las familias beneficiarias, lo cierto es que, hay que decirlo, no existió una relación de conmutatividad o de remuneración de alguna de las partes hacia la otra. En este punto conviene advertir que en los convenios interadministrativos se excluye la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo suscriben, sin que ello signifique que los compromisos que se asuman con ocasión de ese tipo de acuerdos no puedan tener un componente de carácter patrimonial. Y es que la asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no solamente puede ser administrativa y/o técnica, también puede ser económica. (…) En este caso, teniendo en cuenta los hechos probados, se destaca que la intención de las partes estuvo encaminada a conjugar esfuerzos para desarrollar el objeto pactado, destinado a satisfacer el propósito común de efectuar el pago del impuesto de registro en el marco de la transferencia del dominio de predios fiscales urbanos, en favor de familias de escasos recursos, que recibían gratuitamente como parte de la política de vivienda del Gobierno Nacional. (…) Lo anterior ha generado inquietudes sobre el régimen jurídico aplicable a este tipo de acuerdos de voluntades; sin embargo, con el transcurso del tiempo la jurisprudencia se ha ido decantando en que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) no se aplican de forma automática a los convenios interadministrativos y que, en cambio, estos se rigen por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, dado que son acuerdos de tipo asociativo y de colaboración que siguen una lógica distinta a la prevista en la Ley 80 de 1993 para los contratos estatales. En consecuencia, este será el marco bajo el cual la Sala emprenderá el análisis del caso, esto es, a partir de las propias cláusulas del convenio, a través de las cuales las partes, con fundamento en su autonomía negocial, regularon los diferentes aspectos de su relación jurídica.
NOTA DE RELATORÍA:
Conforme al tema de Convenio de Cooperación ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019, exp. 25000-23-37-000-2010-02552-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Frente al asunto de: Medio de Control de Controversias Contractuales, contrato estatal, competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, exp. 57822, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En relación con el asunto de: Medio de Control de Controversias Contractuales, Convenio Interadministrativo, Declaración de Nulidad, Facultades del Juez, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2019, exp. 61429, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Respecto al tema de Convenio Interadministrativo, noción y contrato interadministrativo, efectos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 17860, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre las características de los convenios interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 70405, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 51, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 80 DE 1993
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / APELANTE ÚNICO / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / REFORMATIO IN PEJUS
Problema jurídico:
¿Podía el tribunal a quo liquidar el convenio interadministrativo de forma abstracta, cuando no contaba con los elementos probatorios para proceder a dicha liquidación?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala estima pertinente señalar, en línea con la jurisprudencia de esta Sección, que la liquidación de los contratos estatales, así como aquella de los convenios interadministrativos, supone un balance final y definitivo del respectivo acuerdo de voluntades. En esta medida, la liquidación solo puede llevarse a cabo en sede jurisdiccional cuando el juez cuente con los elementos necesarios que le permitan obtener un grado de certeza suficiente sobre la realidad de la ejecución negocial. De hecho, solo en estas condiciones de certeza, formada sobre la base de los diferentes medios de prueba, puede la liquidación judicial ser considerada una expresión del principio de seguridad jurídica, en la medida en que el cruce de cuentas ha de reflejar de manera fidedigna lo acontecido entre las partes durante la ejecución del acuerdo de voluntades y dar cierre de forma justa y definitiva a cualquier diferencia que tenga origen en dicha ejecución. En este mismo sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha expresado lo siguiente en relación con la certeza que debe tener el juez sobre la situación económica del contrato como presupuesto para llevar a cabo su liquidación. (…) (…) Es así que, a juicio de esta Sala, cuando el accionante solicite al juez del contrato realizar el cruce de cuentas definitivo del negocio jurídico, debe cumplir con la carga de probar los hechos en los que fundamenta esta pretensión, tal como se desprende de los artículos 164 y 167 del CGP. Para este propósito, en línea con el artículo 168 del mismo estatuto, el extremo activo de la litis cuenta con la facultad de aportar las pruebas que considere pertinentes, útiles y conducentes para formar el convencimiento del juez acerca lo acontecido en el iter contractual. De lo anterior se desprende, lógicamente, que, si el demandante no logra acreditar estos hechos en el marco del proceso judicial, su pretensión no tiene vocación de prosperidad (...). Precisado lo anterior, debe anticiparse que, en el caso sub examine, una revisión detallada del expediente permite constatar que le asiste razón al Tribunal al afirmar que las pruebas que obran en el expediente no resultan suficientes para realizar una liquidación en concreto del convenio interadministrativo No. 109 de 2008. Ante esta situación, el a quo liquidó en abstracto el convenio, definiendo los parámetros para el trámite incidental. En criterio de esta Subsección, la decisión del Tribunal no resulta acertada, ya que, como acaba de explicarse, cuando el demandante solicita al juez efectuar el cruce de cuentas definitivo del acuerdo, tiene la carga de aportar las pruebas pertinentes, necesarias y suficientes para acreditar los fundamentos fácticos de su pretensión. Por consiguiente, en el evento en que los medios de prueba allegados al proceso no permitan verificar con certeza la situación económica del negocio jurídico, el juez debe negar la pretensión de liquidación judicial, contrario a lo decidido por el a quo. Ahora bien, en el presente asunto, el poder decisorio del juez de segunda instancia se encuentra limitado por el principio de la no reformatio in pejus, consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política y el artículo 328 del CGP. De manera concreta, cabe destacar que el fallo de primera instancia accedió parcialmente a las súplicas de la demandante, en la medida en que salió avante la pretensión de liquidación judicial del convenio la cual efectuó en abstracto, sin reconocer la suma específica pretendida en la demanda. En este orden de ideas, considerando que fue precisamente la parte demandante la que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, buscando extender el ámbito de reconocimiento obtenido en aquella providencia, la sentencia que se profiera en segunda instancia no puede ir en detrimento de lo alcanzado por el extremo activo, teniendo en cuenta que este actuó como apelante único en los términos del artículo 31 de la Constitución Política y el artículo 328 del CGP. En ese sentido, ha de señalarse que la Sala no cuenta con la posibilidad de revocar la decisión proferida por el Tribunal para, en su lugar, negar la pretensión de liquidación judicial del convenio ni tampoco para liquidarlo en ceros, pues aquello resultaría desfavorable para la parte demandante e implicaría desconocer el principio de la no reformatio in pejus, pasando por alto la prohibición a la que se encuentra sujeta la competencia del juez de segunda instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación judicial del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de junio de 2025, exp. 64169, C.P. Adriana Polidura Castillo. Conforme a las características de los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 70405, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Respecto a la naturaleza y régimen jurídico del convenio interadministrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, exp. 63983, C.P Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre el convenio interadministrativo de cooperación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, sentencia del 3 de febrero de 2025, exp. 66572, C.P. Nicolas Yepes Corrales. De acuerdo al principio de congruencia ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de julio de 2025, exp. 71486, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 31, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 168, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
SOLICITUD DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / PRUEBA DOCUMENTAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / REFORMATIO IN PEJUS / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS
Problema jurídico:
¿Conforme al principio de la no reformatio in pejus, puede el Consejo de Estado, en sede de apelación reformar la liquidación judicial realizada por el a quo del convenio interadministrativo No. 109 de 2008, en forma abstracta?
Respuesta al problema jurídico: No
Bajo este contexto, la Sala procede a explicar las razones que la llevan a concluir que los documentos allegados al proceso no resultan idóneos ni suficientes para determinar cuál es la suma de dinero concreta que el departamento de Antioquia debe reintegrar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por concepto de monto pagado y no ejecutado en el marco de la ejecución convencional. Para comenzar, ha de señalarse que, revisado el acervo probatorio, sobresalen las inconsistencias y la falta de claridad de la información relativa a la situación económica del convenio interadministrativo No. 109 de 2008, tanto en los documentos elaborados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como en aquellos que provienen de la Gobernación de Antioquia. En lo que respecta a los documentos elaborados por el propio Ministerio, obra en el expediente el “Informe Técnico y Financiero Convenio No. 109 de 2008”, suscrito por los señores (...) y (...), del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial. Como se señaló anteriormente, el informe concluye que el departamento debe reintegrar al Ministerio la suma de $382’133.900, por concepto del saldo no ejecutado, así como los rendimientos financieros generados hasta la fecha del reintegro efectivo. Lo anterior, bajo el entendido de que el Ministerio autorizó un total de 20.438 resoluciones, de las cuales la Gobernación liquidó el impuesto para 20.093 resoluciones, siendo esta última la cifra que se tuvo en cuenta para calcular el valor ejecutado. Ahora bien, en los anexos del precitado informe Anexos No. 1 y 2 se incluyeron tablas que relacionan la información que fue utilizada para su elaboración. Concretamente, el Anexo No. 1 contiene la relación de las autorizaciones realizadas por el Ministerio para el pago del impuesto, identificando cada oficio de autorización con su respectivo asunto, número de radicado, fecha y cantidad de resoluciones autorizadas. No obstante, al contrastar la información consignada en el Anexo No. 1 con las copias de los propios oficios de autorizaciones del Ministerio que obran en el expediente, se observan inconsistencias considerables en cuanto al número de resoluciones autorizadas, dato que resulta fundamental, en el sub judice, para realizar el balance final del acuerdo convencional. Así, por ejemplo, el Anexo No. 1 señala que el oficio con radicado No. 3200-2-62857, de fecha 20 de mayo de 2010, autorizó resoluciones (...) Sin embargo, al revisar directamente la copia del oficio con el radicado en mención, que obra en el cuaderno No. 4, se observa que en realidad autorizó 84 resoluciones: 47 para el municipio de Nechí y 37 para el municipio de Carepa. En otros casos, la diferencia entre el número de resoluciones autorizadas según el Anexo No. 1 del informe y lo reflejado en el oficio de autorización es aún más significativa. Por ejemplo, según el referido Anexo No. 1, el oficio con radicado No. 3200-2-149744 del 19 de noviembre de 2010 autorizó 1.979 resoluciones. No obstante, al verificar la copia de ese oficio, se observa que, en realidad, a través de este se autorizaron 2.884 resoluciones para el municipio de Medellín, lo que significa una diferencia de 905 resoluciones frente al dato expresado en el “Informe Técnico y Financiero Convenio No. 109 de 2008”, documento que la parte actora, sugiere tener en cuenta para que se efectué la liquidación en concreto del convenio. Del mismo modo, según el Anexo No. 1, el oficio con radicado No. 3200-2-76523 de fecha 21 de junio de 2011 habría autorizado 2.038 resoluciones, mientras que la copia del oficio, da cuenta de la autorización de 2.304 resoluciones para los municipios de Medellín, Necoclí, Carepa, San Juan de Urabá, Peque, San Luis, Nechí, Cañasgordas, Segovia, Chigorodó, Valdivia y Apartadó. En términos generales, las inconsistencias entre la información considerada para la elaboración del Informe Técnico y Financiero del Convenio No. 109 de 2008 y aquella reflejada en las copias de los oficios de autorización emitidos por el Ministerio son un patrón que impide alcanzar una certeza sobre la cantidad de actos administrativos autorizados para el pago del impuesto de registro. Resulta pertinente señalar que, adicionalmente, no fueron allegadas al expediente las copias de las resoluciones de transferencia de dominio de los bienes fiscales. Entonces, la incertidumbre que subyace de la documentación allegada por la parte accionante impide la prosperidad del cargo de la apelación de liquidarse en concreto el convenio interadministrativo en la suma específica de $382’133.900, considerando que, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sección, cuando el demandante pretende la liquidación de un negocio jurídico en sede judicial, debe determinar la forma en la que espera se realice el cruce de cuentas. Así las cosas, en el presente caso, mal podría la Sala proceder a liquidar en concreto el convenio interadministrativo sobre la base de las indicaciones de la parte demandante, dadas las inconsistencias sistemáticas y, a su vez, la falta de información. Ahora bien, en lo que concierne a los documentos cuyo origen corresponde a la Gobernación de Antioquia, una revisión detenida permite concluir que tampoco es posible liquidar a partir de la información allí consignada. Tal como fue puesto de presente por el a quo en el fallo de primera instancia, consta como prueba documental el oficio de fecha 12 de marzo de 2014. (...) Se trata de una comunicación interna de la Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda del departamento de Antioquia, suscrita por la señora (...), en calidad de profesional universitaria del Grupo de Registro, y dirigida al Grupo Jurídico de la misma Dirección. En el texto de dicha comunicación, tal como quedó descrito en los hechos probados, la señora (...) manifestó su preocupación por los inconvenientes evidenciados en los acercamientos llevados a cabo entre las partes para liquidar el convenio de mutuo acuerdo, los cuales estaban relacionados con la información requerida para efectuar el cruce de cuentas. Adujo que el sistema SAP permitió detectar inconsistencias repetitivas. (...) Por lo anterior, expresó que se debía “considerar un margen de error en el resultado final”, teniendo en cuenta “la falta de información clara, precisa y exacta” de parte del señor (...), quien hizo parte de la ejecución del convenio en la Dirección de Rentas, así como del Ministerio La Sala destaca que lo expresado en el oficio de la señora (...) coincide, además, con la comunicación remitida por el señor (...), en calidad de director de Rentas, de fecha 16 de junio de 2014, donde indicó que el valor que se debía reintegrar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por tratarse de recursos no ejecutados en el marco del convenio, era de $194’326.000, (...) Lo manifestado por los señores (...) y (...) en las referidas comunicaciones permite a la Sala extraer, al menos, dos conclusiones relevantes: (i) en primer lugar, las inconsistencias e imprecisiones evidenciadas en la información requerida para llevar a cabo la liquidación judicial del convenio interadministrativo No. 109 de 2008 son sistemáticas e impiden al juez obtener una certeza acerca del número de resoluciones autorizadas por el Ministerio y aquellas para las cuales el impuesto de registro fue liquidado por la Gobernación de Antioquia, datos fundamentales para llevar a cabo la liquidación en el asunto sub judice y, (ii) en segundo lugar, tampoco podría llevarse a cabo la liquidación a partir de los datos suministrados por el demandado, ya que, como lo reconoce la funcionaria en la comunicación, habría que “considerar un margen de error en el resultado final”, teniendo en cuenta “la falta de información clara, precisa y exacta” en lo que respecta a la ejecución del acuerdo convencional. Finalmente, en el marco del presente proceso, la Sala echa de menos la utilización de otros medios de prueba por parte de los extremos procesales, diferentes de la prueba documental, que habrían podido contrarrestar la falta de claridad de los documentos examinados en el presente acápite. Puntualmente, para el efecto habría sido pertinente allegar al expediente un medio probatorio de carácter técnico, como sería el caso de un dictamen pericial contable, entre otros, con el fin de aportar el conocimiento que el juzgador requería para llevar a cabo un balance financiero definitivo del convenio interadministrativo, teniendo en consideración que, en el caso sub examine, el núcleo de la controversia revestía una naturaleza contable. En las condiciones analizadas, se hace evidente que, a partir de las pruebas que obran en el expediente, la Sala de Subsección no cuenta con la certeza necesaria para llevar a cabo un cruce de cuentas final y definitivo del convenio interadministrativo No. 109 de 2008, que refleje de forma auténtica y fidedigna lo acontecido en el marco de su ejecución y permita dar cierre a cualquier diferencia que pueda surgir entre las partes sobre este particular. Por consiguiente, partiendo del respeto por la garantía de la no reformatio in pejus en cabeza del demandante, en el entendido de que no es posible negar la pretensión de liquidación judicial ni tampoco liquidar en cero pesos ($0) el convenio objeto de estudio, se mantendrá la liquidación en abstracto del acuerdo convencional.
CARGA DE LA PRUEBA / INTERÉS MORATORIO / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / BIEN FISCAL / TRANSFERENCIA DEL BIEN FISCAL / TRÁMITE INCIDENTAL DE LA ADICIÓN DEL AUTO QUE ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Debe el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, asumir los costos de liquidación y sistematización del impuesto de registro, y así fue fijado en la liquidación en abstracto y fijarse unos parámetros que se deben seguir en el tramite de la vía incidental?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el contexto de una interpretación armónica y sistemática del convenio interadministrativo, en conjunto con las disposiciones de la Ley 223 de 1995 arts. 226 y siguientes, la Sala concluye, contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, que en caso de que efectivamente se hubieren causado intereses moratorios por el registro tardío de las resoluciones de transferencia de dominio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, su pago le correspondería al Ministerio. En efecto, en la cláusula cuarta del convenio, en concordancia con la cláusula octava, se pactó que el desembolso de recursos que debía realizar el Ministerio estaba destinado a cubrir “los costos atribuibles al impuesto de registro de los actos administrativos”, entendiéndose por la expresión “atribuibles” que los recursos del convenio se utilizarían para cancelar tanto el valor del impuesto de registro como aquellos costos que, por su naturaleza, estuvieran asociados al pago del impuesto, incluidos los intereses moratorios, los cuales son accesorios a la suma principal, el valor del impuesto de registro y que, como ya se vio atrás, se generaban o se causaban por la tardanza en la presentación de la solicitud de registro del acto administrativo, en virtud de lo previsto en el artículo 231 de la Ley 223 de 1995. Por lo expuesto, ha de concluirse que el Ministerio, al comprometerse a asumir el valor del impuesto de registro en favor de los beneficiarios del programa de vivienda en el marco de la relación convencional suscrita con el departamento aspecto este que constituyó el objeto del convenio interadministrativo objeto de estudio también se obligó, por consecuencia, a pagar los intereses moratorios que pudieran causarse por el retardo en la presentación de la solicitud de inscripción. Ahora bien, atendiendo a que el recurrente alegó que no le correspondía el pago de intereses moratorios y en vista de que el presente asunto parte de una pretensión de liquidación judicial del convenio, la causación de los intereses moratorios por el registro tardío de las resoluciones de transferencia de dominio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como componente del balance final, debe encontrarse acreditada en el plenario, pues, de lo contrario, el juez no contaría con los elementos necesarios para incluirlos en el cruce de cuentas. De este modo, ha de precisarse que, de conformidad con el ordenamiento jurídico procesal, ambas partes tenían la carga de probar los hechos en los que fundaron sus pretensiones o excepciones respectivas. El principio de la carga de la prueba, conocido como “onus probandi”, tiene sustento en el artículo 167 del CGP, cuyo tenor es el siguiente: En el sub examine, al contestar el escrito inicial, el demandado solicitó la inclusión de los intereses moratorios del impuesto de registro en la liquidación judicial, petición que sustentó en que el retardo en la presentación de la solicitud de inscripción de los actos administrativos resultaba imputable al Ministerio demandante, por haber autorizado el pago del impuesto de registro de manera extemporánea. En esta medida, es claro que le correspondía al departamento la carga de probar que efectivamente se causaron los intereses alegados, es decir, que la solicitud de inscripción de los actos frente a los cuales se pretenden los intereses se presentó con posterioridad a los 2 meses contados desde su ejecutoria. Bajo ese entendido, la Sala encuentra que no fue aportado el material probatorio suficiente para acreditar la extemporaneidad en la radicación de las solicitudes de inscripción de las resoluciones. Teniendo en cuenta que el término de 2 meses que establece el artículo 231 de la Ley 223 de 1995 iniciaba luego de la ejecutoria de la resolución a partir de la cual el acto administrativo quedaba en firme, para que la Sala pudiera constatar la efectiva causación de los intereses moratorios sería necesario, por ejemplo, contar con la constancia de ejecutoria de cada resolución frente a la cual se pretende el cobro de intereses, a efectos de acreditar la fecha de ejecutoria como punto de partida del término de inscripción. Así mismo, la Sala echa de menos contar con una constancia de radicación de la solicitud de inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para verificar que su fecha corresponde a más de 2 meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo. La Sala pone de presente que al proceso fue allegada la comunicación de la señora (...) , en calidad de directora de Rentas Departamentales, dirigida al señor (...), coordinador del Grupo de Titulación y Saneamiento Predial del Ministerio. A través de este oficio, se comunicó la extemporaneidad en el envío de ciertos documentos por parte del Ministerio Sin embargo, se advierte que esta comunicación, por sí sola, únicamente acredita que el tema de la posible tardanza estuvo presente en la comunicación cruzada entre las partes durante la ejecución del convenio, pero no especifica qué resoluciones fueron autorizadas de forma extemporánea ni las fechas en que se habría efectuado la autorización. Por consiguiente, la Sala concluye que la comunicación referida anteriormente no tiene la virtualidad de acreditar la extemporaneidad en la inscripción de las resoluciones, lo que requeriría de documentos o medios de prueba adicionales que permitieran verificar, con suficiencia y precisión, la extemporaneidad en el registro de las resoluciones. Así las cosas, si bien una interpretación sistemática del convenio con las disposiciones sobre el impuesto de registro contenidas en la Ley 223 de 1995 permiten concluir que el Ministerio debía asumir los intereses de mora, en el evento en que se hubieran causado, lo cierto es que su causación no fue probada en el presente proceso, razón por la cual ha de negarse su inclusión en el cruce final de cuentas que se realice en el trámite incidental que adelante el interesado, en este caso el Ministerio. En consecuencia, la Sala modificará los parámetros definidos por el Tribunal para llevar a cabo la liquidación incidental, suprimiendo el siguiente aparte, relativo a los intereses moratorios que, por los motivos expuestos, no harán parte de la liquidación: “De igual manera, en caso de que el pago de impuesto se hubiera efectuado por fuera del término legal, se liquidarán con cargo al convenio los intereses correspondientes”. Adicionalmente, debe señalarse que en el recurso de apelación se cuestionó que al Ministerio no le correspondía asumir, además de los intereses moratorios, otros conceptos relacionados con el impuesto de registro. Entre esos conceptos, se encuentra el costo de liquidación y sistematización del impuesto de registro, el cual fue analizado en la sentencia de primera instancia, concluyéndose en tal oportunidad que aquel debía ser asumido por el Ministerio, con cargo a los recursos del convenio, ya que si objeto de ese acuerdo de voluntades consistió en que dicha cartera ministerial debía asumir el valor del impuesto de registro en favor de los beneficiarios del programa de vivienda, debía entenderse que el pago de tal impuesto también implicaba aquel del costo de liquidación y sistematización. Para resolver este punto, la Sala comienza por indicar que, de acuerdo con el objeto del convenio, al Ministerio le correspondía pagar el valor del impuesto de registro de las resoluciones de transferencia de dominio de los predios fiscales urbanos ocupados con vivienda de interés social a las familias beneficiarias. A su vez, conforme con lo estipulado en las cláusulas cuarta y octava de la relación convencional, el desembolso que hiciera el Ministerio al departamento debía cubrir los costos atribuibles o los valores correspondientes al impuesto de registro. Además, ha de señalarse que con la Ordenanza 3E de 1996 expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia, a la cual se aludió en la cláusula cuarta del convenio interadministrativo, se estableció el impuesto de registro. Luego, con la Ordenanza No. 33 del 14 de diciembre de 2005 se fijó el “valor de la liquidación y la sistematización del Impuesto de Registro, que se genera por la inscripción de todo acto, contrato o negocio jurídico que deba registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio”, en $2.100 (artículo primero). Adicionalmente, se determinó que este valor se incrementaría el 1 de enero de cada año conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), decretado por el Gobierno Nacional, ajustando el valor al múltiplo de 100 más cercano (artículo segundo). Se observa, entonces, que las disposiciones de la Ordenanza No. 33 de 2005 no establecen expresamente quién debe pagar el valor de liquidación y sistematización del impuesto de registro. Cabe señalar, en los términos del artículo 227 de la Ley 223 de 2005, que los sujetos pasivos que deben asumir el impuesto de registro son los particulares beneficiarios del acto sometido a registro; de este modo, y de acuerdo con la interpretación de las estipulaciones del convenio que se realizará más adelante, podría entenderse que estos mismos son los que deben asumir el pago del valor de liquidación y sistematización del referido impuesto de registro. En el caso sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 223 de 2005, el sujeto pasivo sería, en sentido estricto, el particular beneficiario del acto administrativo de transferencia de dominio del bien fiscal; sin embargo, considerando que a través del convenio interadministrativo No. 109 de 2008 el Ministerio se comprometió, justamente, a asumir el valor del impuesto de registro que se causara por el hecho de registrar los actos administrativos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tal entidad se obligó, igualmente, a cancelar el valor correspondiente a la liquidación y sistematización del impuesto, establecido por medio de la Ordenanza No. 33 del 14 de diciembre de 2005. Lo anterior, en el sentido de que el Ministerio es el que debe asumir el costo de la liquidación y sistematización del impuesto de registro, encuentra razón de ser en una interpretación sistemática y coherente de las cláusulas del convenio interadministrativo, que atiende, además, a la finalidad para la cual fue suscrito dicho acuerdo convencional, propendiendo por garantizar el derecho a una vivienda digna a personas de escasos recursos, frente a las cuales debía financiársele los gastos de anotación anotación y registro, entre ellos, el pago que debía efectuarse a los departamentos por concepto de impuesto de registro, en el marco del programa de titulación masiva adelantado por el Gobierno Nacional. En efecto, ni las cláusulas primera y cuarta del convenio interadministrativo indicaron que los recursos desembolsados por el Ministerio estuvieran destinados a cubrir solamente el valor del propio impuesto de registro, pues de su lectura se extrae que con esos recursos se asumían los costos que resultaran “atribuibles” al impuesto de registro cláusula cuarta. De este modo, ha de entenderse que los costos atribuibles al impuesto de registro se refieren a aquellos que, por su naturaleza, son susceptibles de aplicarse o asignarse a dicho impuesto; en otras palabras, se trata aquellos costos asociados directamente al pago del impuesto de registro en el departamento de Antioquia, entre los cuales habría que considerar el valor de la liquidación y sistematización de este tributo, según fue establecido en la ordenanza No. 33 de 2005, vigente para el momento en que se suscribió el convenio interadministrativo No. 109 19 de diciembre de 2008. Por su parte, la cláusula octava del acuerdo convencional definió las obligaciones del Ministerio, entre las cuales incluyó la siguiente: “8.4. Pagar al DEPARTAMENTO, una vez verificadas las liquidaciones emitidas por la Secretaría Departamental de Hacienda, los valores correspondientes al impuesto de registro de los actos administrativos de transferencia”. Esta estipulación debe interpretarse sistemáticamente con la cláusula cuarta, de ahí que la obligación de pago del Ministerio al departamento de Antioquia, que para cumplirse debía seguir el trámite establecido en la cláusula cuarta, comprendía “los valores correspondientes al impuesto de registro de los actos administrativos de transferencia”, incluyendo, por consiguiente, los costos de liquidación y sistematización de ese tributo, en beneficio de los particulares de escasos recursos a los cuales se les transfirió predio. En este orden de ideas, atendiendo al clausulado del convenio y a que aquel se suscribió para garantizar el acceso de vivienda digna a personas de escasos recursos, en el marco de un programa de titulación masiva de predios, debe entenderse que, con lo pactado por las partes de la relación convencional, los recursos desembolsados por el Ministerio al departamento no solamente cubrían el impuesto de registro de los actos administrativos de transferencia sino también los demás costos atribuibles a ese impuesto, como lo son gastos de liquidación y sistematización, lo cuales, por supuesto, también debía asumir el Ministerio. Y es que no tendría sentido que los beneficiarios de los actos administrativos de transferencia de dominio de los bienes fiscales asumieran esos costos de liquidación y sistematización del impuesto de registro, pues, justamente, el convenio se suscribió con el propósito de financiar todos los costos atribuibles o que se desprendieran de ese tributo, dados los escasos recursos de las beneficiarias. Así las cosas, contrario a lo alegado en el recurso de apelación, la Sala concluye que al Ministerio le corresponde asumir los costos de liquidación y sistematización del impuesto de registro, y así fue fijado en los parámetros que dispuso el a quo para efectos de la liquidación que en abstracto se previó para el convenio. Por las razones anotadas, esta Sala de Subsección modificará la sentencia de primera instancia, que liquidó en abstracto el convenio interadministrativo No. 109 de 2008, precisando unos parámetros que debía seguir el interesado en el trámite vía incidental.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 223 DE 1995 - ARTÍCULO 226, 231, LEY 223 DE 2005 - ARTÍCULO 227
PACTO ARBITRAL / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Puede el Consejo de Estado en segunda instancia condenar en costas, cuando la demanda obtiene un resultado parcialmente favorable?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contencioso administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también la actuación desplegada por la parte vencedora. Ahora bien, según el numeral 5° del artículo 365 del CGP “en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión” Bajo este entendido, la Sala no condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, considerando que la demanda prosperó parcialmente, en tanto se accedió a la pretensión liquidación del convenio en cuestión, aun cuando no se liquidó en la suma concreta solicitada por la parte actora.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, 366, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 INCISO 5