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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2023-10-27
Radicado
25000233600020120028501
Número interno
54709
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA
Demandado
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Es meridiano colegir que el Ministerio y el INCODER no estaban facultados para declarar el incumplimiento e imponer unilateralmente la cláusula penal estipulada bajo el convenio especial de cooperación objeto de estudio, toda vez que tal posibilidad no fue pactada en el acuerdo de voluntades que obra por escrito en el expediente.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede declarar unilateralmente el incumplimiento de la otra parte y aplicar la cláusula penal pecuniaria en un convenio regido por el derecho privado, ya que dicha facultad no fue pactada en el acuerdo de voluntades, lo que implica una extralimitación de funciones y actuación sin competencia. La Sala concluye que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no tenía facultad para emitir actos administrativos en el marco del convenio especial de cooperación técnico-científico, y que cualquier intento de declarar el incumplimiento de la otra parte sería ilegal por violar la inmunidad de jurisdicción. Esto lleva a declarar el incumplimiento del convenio por parte del Ministerio al exceder las facultades conferidas en el mismo, lo que implica que las partes deben actuar conforme a las cláusulas pactadas y no pueden imponer sanciones fuera de ellas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Las partes del Convenio regido por el derecho privado, pactaron la facultad de que una de ellas pudiera declarar el incumplimiento de la otra e imponer la cláusula penal pecuniaria?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿El programa Agro Ingreso Seguro estuvo integrado por dos componentes, el de apoyos económicos directos y el de apoyos a la competitividad para preparar el sector agropecuario ante su proceso de…
  • ¿El convenio especial tenía la naturaleza de un negocio jurídico conmutativo?
  • ¿El convenio especial de cooperación se configuró en un negocio jurídico que el juez por la vía de interpretación podía readecuar para efectos de desentrañar la voluntad de las partes?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INCODER CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA EXTRALIMITACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN FACULTADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN CLÁUSULAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA FINALIDAD DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO PROYECTOS ESPECIALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO O FORESTAL ACTIVIDAD AGROPECUARIA INCENTIVO ECONÓMICO REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE INCENTIVO ECONÓMICO POLÍTICA PÚBLICA FOMENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO TÉRMINOS DE REFERENCIA ORGANISMO INTERNACIONAL APORTE SOCIAL EN DINERO ASOCIACIÓN EN MATERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN NORMA DE DERECHO PRIVADO CLASES DE NEGOCIO JURÍDICO INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONMUTATIVA CONTRATO PLURILATERAL DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL ACTO JURÍDICO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD VOLUNTAD JURÍDICA DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD NEGOCIO JURÍDICO EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NEGOCIO JURÍDICO TEORÍA DE LA PRESERVACIÓN INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN OBLIGACIONES DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN ACTIVIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA REGULACION NORMATIVA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA CONVOCATORIA PÚBLICA DERECHO PRIVADO CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA FINANCIACIÓN PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA REGISTRO CONTABLE CONDICIONES DE PAGO OBLIGACIÓN CONDICIONAL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DEL ORGANISMO INTERNACIONAL ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL RATIFICACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL ACUERDO INTERNACIONAL RELACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO FALTA DE JURISDICCIÓN INMUNIDAD FUNCIONAL ALCANCE DE LA INMUNIDAD FUNCIONAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO JURÍDICO UNILATERAL ACTO CONTRACTUAL NEGOCIO JURÍDICO UNILATERAL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO COBRO DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MULTA CONCEPTO DE MULTA EXIGIBILIDAD DE LA MULTA MULTA COMO PENA ACCESORIA NATURALEZA JURÍDICA DE LA MULTA EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO SANCIÓN PECUNIARIA MULTA AL CONTRATISTA MEDIO COERCITIVO MORA DEL CONTRATISTA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DIFERENCIA ENTRE MULTA Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE SEGURO ENTIDAD ASEGURADORA CARGAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN EJECUTIVA PROCEDENCIA DEL PROCESO ORDINARIO PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 33.242 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / INCODER / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / EXTRALIMITACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / FACULTADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN / CLÁUSULAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO Problema jurídico: ¿Las partes del Convenio regido por el derecho privado, pactaron la facultad de que una de ellas pudiera declarar el incumplimiento de la otra e imponer la cláusula penal pecuniaria? Respuesta al problema jurídico: No [E]s meridiano colegir que el Ministerio y el INCODER no estaban facultados para declarar el incumplimiento e imponer unilateralmente la cláusula penal estipulada bajo el convenio especial de cooperación objeto de estudio, toda vez que tal posibilidad no fue pactada en el acuerdo de voluntades que obra por escrito en el expediente. De este modo, la extralimitación de funciones y el actuar sin competencia, pregonado en las pretensiones del actor, si bien no pueden ser objeto de nulidad y restablecimiento, dispositivo que sólo se predica de los actos administrativos, sí es susceptible de sanción judicial, pues en aplicación del principio iura novit curia el escrutinio que se realiza bajo el régimen de derecho privado deriva en la declaratoria de incumplimiento del negocio jurídico, comoquiera que lo que se cuestiona es la determinación originada en la actuación de una de las partes, emitida en el acontecer contractual, pero por fuera de las autorizaciones vertidas en el pacto. (…) Se concluye entonces, que (i) el MADR en la ejecución del Convenio no podía emitir actos administrativos conforme al régimen jurídico que lo gobernaba; (ii) que aun en la tesis, no admisible, de que hubiese podido expedir actos de tal naturaleza, éstos resultarían ilegales por violación de la inmunidad de jurisdicción que impedía efectuar una declaratoria de incumplimiento contra el IICA en sede administrativa; y, (iii) que los reproches aducidos por el demandante, llevados al campo del derecho privado, configuran el incumplimiento del MADR al exceder las facultades conferidas en el Convenio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad para declarar el incumplimiento del convenio, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero de 2017, rad. 56562, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / FINALIDAD DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO / PROYECTOS ESPECIALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO O FORESTAL / ACTIVIDAD AGROPECUARIA / INCENTIVO ECONÓMICO / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE INCENTIVO ECONÓMICO / POLÍTICA PÚBLICA / FOMENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO / TÉRMINOS DE REFERENCIA / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / INCODER / ORGANISMO INTERNACIONAL Problema jurídico: ¿El programa Agro Ingreso Seguro estuvo integrado por dos componentes, el de apoyos económicos directos y el de apoyos a la competitividad para preparar el sector agropecuario ante su proceso de internacionalización, siendo este último el que dio lugar a la celebración del convenio especial de cooperación? Respuesta al problema jurídico: Si En el marco de la Ley 1151 de 2007 -Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010- se estableció como uno de los objetivos de la acción estatal, el “[d]esarrollo en ciencia, tecnología e innovación, con fortalecimiento empresarial, especialmente en el sector agropecuario y en el marco del emprendimiento y la competitividad”; objetivo que, de forma concomitante, fue incluido entre los programas de inversión a ser ejecutados, según registra el art. 6 ib. El capítulo destinado a “consolidar el crecimiento y mejorar la competitividad del sector agropecuario” definió como un mecanismo para la ejecución de tal política, la creación del Programa Agro Ingreso Seguro –AIS–; su diseño se orientó a incrementar la productividad de manera sostenida, para lo cual era “necesario mejorar la disponibilidad, el acceso y uso de factores básicos de producción (suelo y agua)”, entre otras medidas. Simultáneamente con la adopción de este Plan, se surtió el trámite legislativo que condujo a la expedición de la Ley 1133 de 2007, por cuya virtud “se crea e implementa el programa Agro Ingreso Seguro - AIS”. (…) Dos componentes integraron el programa AIS, el de apoyos económicos directos, como una ayuda para proteger los ingresos de los productores durante un periodo de transición y, el de apoyos a la competitividad dirigido a preparar el sector agropecuario ante su proceso de internacionalización, mejoramiento de la productividad y adelantar planes de reconversión en todo el sector agropecuario. (...) El vehículo de realización del subcomponente “incentivos a la productividad”, fue la plataforma para la suscripción del Convenio 055 del 10 de enero de 2008. (…) En primer lugar, están los Términos de Referencia (…), documento a través del cual el Gobierno Nacional, por conducto del MADR, estableció los antecedentes, bases normativas, objetivos y términos generales a través de los cuales, tres actores -el MADR, el INCODER y el IICA- sumarían esfuerzos para ejecutar la política pública de riego y drenaje en el sector agropecuario. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los programas de inversión en el sector agropecuario, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 17552, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 1133 DE 2007, LEY 1151 DE 2007 - ARTÍCULO 6 NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / APORTE SOCIAL EN DINERO / ASOCIACIÓN EN MATERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA / ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / NORMA DE DERECHO PRIVADO / CLASES DE NEGOCIO JURÍDICO / INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONMUTATIVA / CONTRATO PLURILATERAL / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO Problema jurídico: ¿El convenio especial tenía la naturaleza de un negocio jurídico conmutativo? Respuesta al problema jurídico: No Las necesidades, objeto y finalidades que perseguía la Administración, registradas en los documentos precontractuales, revelan que dicho acuerdo se conformó bajo la tipología de los denominados convenios especiales. (…) [L]a Sala desataca que las partes se comprometen a efectuar aportes para colaborar con los objetivos compartidos, sin que entre ellos exista una remuneración por el cumplimiento de las obligaciones pactadas. El interés jurídico vertido en el convenio especial, incluida la existencia de aportes (que difiere del interés patrimonial propio de los contratos) perfila este modelo de negocio bajo un criterio de asociación, distinto al criterio de conmutatividad que atañe a la relación jurídica que se cierne entre contratante y contratista, donde esta última encierra una reciprocidad de obligaciones “do ut des” que se expresa en la contraprestación económica pactada y que, ciertamente, difiere del interés de cooperar. Por su especial connotación y por la interrelación paritaria de los suscribientes, los convenios especiales están excluidos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y, en consecuencia, por mandato legal, su régimen le pertenece al derecho privado. (…) [E]l Tribunal minimizó el hecho de que en el Convenio 055 no existía conmutatividad -de cara al valor y forma de los aportes, a los que desde los términos de referencia se comprometieron las partes, tal como fue pactado- y, aun así, indicara que siendo un contrato conmutativo no podía escapar a las reglas de la Ley 80 de 1993 porque se trató de un acto generador de obligaciones. Esta postura carece de suficiencia por sí misma, en tanto los convenios al igual que los contratos son actos generadores de obligaciones, pero la diferencia capital entre unos y otros, es la ausencia o presencia de obligaciones conmutativas, dentro de las que se encuentran precisamente las contraprestaciones –como la remuneración–. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL ACTO JURÍDICO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / VOLUNTAD JURÍDICA / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD / NEGOCIO JURÍDICO / EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO / FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NEGOCIO JURÍDICO / TEORÍA DE LA PRESERVACIÓN / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL / OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / OBLIGACIONES DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN Problema jurídico: ¿El convenio especial de cooperación se configuró en un negocio jurídico que el juez por la vía de interpretación podía readecuar para efectos de desentrañar la voluntad de las partes? Respuesta al problema jurídico: No [E]l interés plasmado como base de la suscripción de un convenio especial en los términos propuestos, fue el móvil de la celebración del Convenio 055 de 2008 para el IICA, lo que impide que el Estado Colombiano, a través de algunos de sus órganos o ramas, pueda variar o reinterpretar a posteriori las que fueron sus causas, pues ellas entrañan su manifestación de voluntad en orden a la activación de los instrumentos internacionales anotados. De modo que no se corresponde con la ruta de este examen judicial que se deje entrever un argumento que indirectamente autorizara el análisis de un vicio de formación de este negocio jurídico, no aducido, y por tanto inexistente en el contexto de su celebración. Lo anterior permite dejar expuesto un primer argumento que constata la celebración de un convenio especial que, por sus elementos, interés jurídico y aportes, quedó configurado desde el escenario mismo de su formación; conclusión que para el caso concreto, impide al juez alterar o reeditar el tipo de negocio jurídico celebrado porque tal ejercicio interpretativo no se ubica en la hipótesis legal que autoriza la conversión de los actos y negocios jurídicos. La conversión, es un fenómeno que desarrolla el principio de conservación de los negocios jurídicos por cuya inteligencia se dota de eficacia aquella manifestación de voluntad que permita desatar los efectos perseguidos por las partes para lograr el cumplimiento de la función jurídica que el acto o el contrato, en sentido amplio, pretendieron generar en el tráfico jurídico. En este sentido, cuando uno de los elementos esenciales del negocio jurídico no se acompasa con el entendimiento y desarrollo que del mismo hacen las partes -al punto que se puede desnaturalizar lo convenido- la forma que el estatuto civil estableció para remediar tal circunstancia y para afirmar la autonomía de voluntad de los contrayentes, corresponde a la conversión del acto o contrato. El artículo 1501 del C.C., al distinguir en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales dispone que son “de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente”. En estos casos, para evitar que la falta de alguno de los elementos esenciales (essentialia negotti) derive en la ineficacia del acuerdo, se admite la degeneración del contrato en otro distinto; es decir, se trata de un mecanismo que basado en el descubrimiento de la real voluntad de las partes, autoriza a adecuarlo cuando ésta no se corresponde con lo plasmado en el pacto. (…). Dado que el negocio jurídico analizado no requería de alguna forma de readecuación, la interpretación del a quo fue un ejercicio forzado que desconoció una de las características que distinguen los contratos de los convenios -cualquiera sea su especie-, como es el carácter conmutativo y oneroso de los primeros, frente al carácter funcional y de cooperación de los segundos que se distinguen por los aportes efectuados y los fines comprometidos. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / ACTIVIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA / DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA / REGULACION NORMATIVA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA / ORGANISMO INTERNACIONAL / PRODUCCIÓN AGRÍCOLA / ACTIVIDAD AGRÍCOLA / DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA / CONVOCATORIA PÚBLICA / DERECHO PRIVADO / CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / CLÁUSULAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / OBLIGACIONES DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN Problema jurídico: ¿Para determinar si el negocio jurídico celebrado corresponde a un convenio especial de cooperación, debe el juez estudiar su objeto, sus cláusulas y las obligaciones en él contraídas, referidas puntualmente al desarrollo de actividades de ciencia y tecnología? Respuesta al problema jurídico: Si Para la Sala, el alcance de las obligaciones principales o características (...) cumple con razonable criterio el primer eslabón de análisis a través del cual se constata que las actividades a ejecutar con ocasión del Convenio 055 de 2008 y, puntualmente, las que se establecieron a cargo del IICA, se enmarcaron en un instrumento de cooperación de ciencia y tecnología (…). Así, la cooperación acordada giró en torno a la implementación, desarrollo y ejecución de la convocatoria pública de riego y drenaje, que se debía concretar mediante la sumatoria de capacidades y esfuerzos de los tres disponentes en suscribirla, cada cual aportando aquello que fue pactado bajo el convenio; lo que de suyo representa que tales compromisos debían leerse de forma consistente con el alcance y límites de las funciones proyectadas en las obligaciones contraídas. En estos términos, la colaboración que se planteó alcanzar se hizo en perspectiva económica, técnica y operativa, de cara a un proyecto de tecnificación del sector agrícola en el que se debía gestionar e implementar integralmente, de inicio a fin, la selección de proyectos de riego y drenaje, todo lo cual confirma que el negocio jurídico celebrado quedó inscrito en la categoría de los convenios de cooperación de ciencia y tecnología, los cuales por su naturaleza y por mandato legal están sometidos al derecho privado. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 393 DE 1991, DECRETO LEY 591 DE 1991, LEY 29 DE 1990, LEY 80 DE 1993 CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / ORGANISMO INTERNACIONAL / ACTIVIDAD AGROPECUARIA / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA / DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA / FINANCIACIÓN PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA / CONVOCATORIA PÚBLICA / POLÍTICA PÚBLICA / TÉRMINOS DE REFERENCIA / REGISTRO CONTABLE / CONDICIONES DE PAGO / OBLIGACIÓN CONDICIONAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA Problema jurídico: ¿El convenio especial de cooperación en ciencia y tecnología suscrito con el organismo internacional especializado en agricultura y cuyos aportes se corresponden con tal naturaleza, se rige por el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si [S]i bien el IICA fungió como operador de la convocatoria de riego y drenaje y tuvo a su cargo llevar los registros contables y administrativos de dicha convocatoria, la integralidad de su encargo no se contrae a tareas de esa índole (administrativas y contables). Una perspectiva situada en este marco de referencia pasaría por alto que el objeto y alcance de las obligaciones del Convenio 055 no fue administrar recursos para la entrega de los incentivos del programa AIS. Hace notar la Sala que a esa etapa, la de los beneficios económicos, sólo se llegaría ante el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el IICA (...), es decir, luego de asesorar el procedimiento de convocatoria a implementar, y de asumir, directamente y a través de comités plurales, la evaluación y la realización de los análisis acerca de la viabilidad de los componentes técnico, ambiental, productivo y financiero de cada proyecto. (…) De suerte que las actividades del IICA como operador de dicha Convocatoria, no riñen ni se entronan en causa preponderante del acuerdo de voluntades, pues dicho organismo también asumió frente al Estado Colombiano el encargo de liderar y adelantar todos los ciclos de aquella hasta su efectiva realización -de forma directa o a través de los comités y unidades ejecutoras designadas- incluyendo las acciones de implementación y administración del programa, los registros de las actividades y recursos ejecutados, verificación de las metas físicas de las obras en orden a aplicar los criterios de pago, elaboración de informes, entre otros compromisos adquiridos. (…) Del marco normativo y convencional expuesto, la Sala ratifica la tesis que planteó al inicio de este examen, y concluye que el Convenio 055 del 10 de enero de 2008 corresponde a un “convenio especial de cooperación en ciencia y tecnología” suscrito con un organismo internacional especializado en agricultura, cuyos aportes se corresponden con tal naturaleza, y se rige por el derecho privado por mandato legal que así lo determina. INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DEL ORGANISMO INTERNACIONAL / INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA / ORGANISMO INTERNACIONAL / ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / RATIFICACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL Problema jurídico: ¿El IICA goza de inmunidad de jurisdicción de los tribunales nacionales contra todo procedimiento administrativo y judicial, salvo los casos específicos en que expresamente renuncie a esa inmunidad? Respuesta al problema jurídico: Si Luego de que fuera suscrita por Colombia la “Convención Sobre el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas” en 1948, ratificada en julio de 1952, fue suscrito con ese Instituto el “Acuerdo Básico Sobre Privilegios e Inmunidades del Instituto” el 26 de septiembre de 1967 (…). Posteriormente, fue suscrita y ratificada por Colombia la “Convención sobre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura”, el 3 de junio de 1979 y el 28 de enero de 1980, respectivamente, en la que se estipuló respecto de los privilegios e inmunidades de ese Instituto (…). Al acudir a los pactos dispuestos en dichos instrumentos internacionales, es ostensible que el IICA goza de inmunidad de jurisdicción de los tribunales nacionales contra todo procedimiento administrativo y judicial, dejando a salvo los casos específicos en que expresamente renuncie a esa inmunidad. Este reconocimiento fue otorgado voluntariamente por el Estado Colombiano a través de la suscripción y ratificación de tales acuerdos, en el que exterioriza y concreta el compromiso de desprenderse del ejercicio de su jurisdicción frente a este organismo internacional. INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN / INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS DEL ORGANISMO INTERNACIONAL / ORGANISMO INTERNACIONAL / ACUERDO INTERNACIONAL / RELACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO / FALTA DE JURISDICCIÓN / INMUNIDAD FUNCIONAL / ALCANCE DE LA INMUNIDAD FUNCIONAL Problema jurídico: ¿La inmunidad conferida al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es de carácter funcional y el convenio suscrito se encuentra amparado con el compromiso de inmunidad a favor del IICA, por lo que la entidad demandada no podía declarar de forma unilateral el incumplimiento del convenio? Respuesta al problema jurídico: Si En torno al alcance y naturaleza del concepto de inmunidad, hay que indicar que existen tres formas en que estas se confieren y aplican en el ámbito internacional: (i) absoluta; (ii) restringida clásica; y, (iii) funcional, que oscilan según los efectos en que es reconocida la inmunidad en una limitada trayectoria pendular. (…) [D]e manera concordante, al acudir al artículo 26 de la Convención sobre IICA de 1979, la inmunidad allí prevista quedó inscrita en el tipo funcional, en tanto se estableció que el Instituto gozará en el territorio de cada uno de los Estados Miembros de “los privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones” y la realización de sus propósitos (…). Pero sucede, en general, que en la denominada inmunidad funcional sus contornos no siempre son evidentes, y su exégesis podría conducir a extremos tales que consideren, por un lado, que todas las actividades que desarrolla son necesarias para el cumplimiento de sus propósitos, o por otro, que cualquier cambio menor en tal adecuación implica descartar la inmunidad, lo que llevaría a un vaivén interpretativo al asignar cada vez una realidad material diversa a este concepto, e incluso a desconocer la obligación internacional de reconocer tal inmunidad. (...) [L]a Sala concluye que el Convenio 055 de 2008 se encuentra amparado con el compromiso de inmunidad funcional a favor del IICA, de manera que el Estado Colombiano no podía ejercer jurisdicción en sede administrativa ni judicial contra ese organismo. Lo anterior, excluía la posibilidad de que el MADR pudiera declarar el incumplimiento del IICA de forma unilateral en sede administrativa como lo hizo, ya que por cuenta de la inmunidad se encontraba proscrita tal posibilidad, como tampoco podía llevar a juicio a dicho estamento internacional ante los órganos de administración de justicia nacional con fundamento en dicho Convenio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falta de jurisdicción por inmunidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2022, rad. 58690, C. P. Fredy Ibarra Martínez. DERECHO PRIVADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / ACTO CONTRACTUAL / NEGOCIO JURÍDICO UNILATERAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Problema jurídico: ¿Conforme al régimen privado del convenio, los actos que se expiden dentro de la relación negocial no pueden tener el carácter de actos administrativos y en consecuencia no pueden ser enjuiciados a través de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho? Respuesta al problema jurídico: Si [C]uando la ley establece que un contrato o tipología contractual queda sometida al régimen privado del derecho, excluye la posibilidad de que sus actos provengan o apliquen potestades administrativas o decisiones de imperium que sólo son inherentes al régimen público de los contratos y, por tanto, no es posible que en tal escenario puedan expedirse actos administrativos. Conviene precisar que tal distinción no riñe con el ejercicio de la autonomía de la voluntad, a partir de la cual las partes pueden atribuir determinadas facultades, incluso unilaterales, a alguna de ellas, sin que en cualquier caso ello lleve a variar el régimen o la naturaleza de tales manifestaciones, en consecuencia, serán actos contractuales que no administrativos. (…) Dicho esto, se colige de forma certera que los actos emitidos con ocasión del negocio jurídico sub lite, esto es, las resoluciones 000191 del 22 de junio de 2010 y 000321 del 5 de agosto del año 2010, por medio de las cuales se declara y confirma, respectivamente, “el incumplimiento del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica No. 055 de 2008 y se impone la cláusula penal pecuniaria pactada en el mismo y se hace efectiva la póliza de garantía única de cumplimiento (…)”, no tienen la naturaleza de administrativos, por tanto, carecen de sus atributos, entre ellos, el de presunción de legalidad y el de ejecutividad. Por efecto de lo anterior, su examen judicial no puede encausarse a través de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, pues este mecanismo está diseñado para controvertir dicha presunción, y ésta sólo se predica de los actos administrativos, y por vicios inherentes a éstos. MULTA / CONCEPTO DE MULTA / EXIGIBILIDAD DE LA MULTA / MULTA COMO PENA ACCESORIA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA MULTA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / SANCIÓN PECUNIARIA / MULTA AL CONTRATISTA / MEDIO COERCITIVO / MORA DEL CONTRATISTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / DIFERENCIA ENTRE MULTA Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Problema jurídico: ¿La diferencia entre las multas y la cláusula penal pecuniaria, es que la primera es impuesta para compeler al contratista a cumplir sus obligaciones y la segunda es impuesta para indemnizar a la parte cumplida una vez el contratista ha incurrido en incumplimiento? Respuesta al problema jurídico: Si [H]ay que indicar que estas estipulaciones -multas y cláusula penal- corresponden a sanciones pecuniarias pactadas por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad con el fin de garantizar el cumplimiento del negocio jurídico celebrado, figuras que, si bien parecieran contener una misma naturaleza atendiendo a esa finalidad común y su carácter convencional, accesorio y preventivo, poseen unas características propias que permiten diferenciarlas: Las multas tienen una finalidad de constreñimiento o coacción para compeler o apremiar al contratista a cumplir con las obligaciones a su cargo, cuando éste incurre en mora en su ejecución conforme a los plazos convenidos; en esa medida, la multa contractual no tiene nunca un carácter resarcitorio o indemnizatorio, sino que busca, exclusivamente, forzar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato; de manera que su naturaleza se circunscribe a un mecanismo coercitivo ante la tardanza o el incumplimiento parcial del contratista, con el fin de que éste se ponga al día en sus obligaciones y obtener la satisfacción del objeto contractual acordado. La cláusula penal pecuniaria, por regla general y salvo pacto expreso de las partes, conforme al mandato de los artículos 1594 y 1600 del Código Civil, posee una naturaleza indemnizatoria o liquidataria, al entenderse como una tasación anticipada de los perjuicios causados con el incumplimiento definitivo del contrato, por lo que su exigibilidad está sujeta a la finalización del plazo del negocio jurídico o a la imposibilidad de ejecutar su objeto, previa declaración del incumplimiento definitivo del contratista. En los contratos regidos por el derecho privado, esta Corporación ha explicado que la autonomía de la voluntad no sólo autoriza a las partes para convenir multas y cláusulas penales, sino también a que éstas puedan acordar la posibilidad de declarar el incumplimiento parcial o definitivo, e imponerlas unilateralmente sin necesidad de declaración judicial (…). FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1594, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1600 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / CONTRATO DE SEGURO / DERECHO PRIVADO / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / FACULTADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL / ENTIDAD ASEGURADORA / CARGAS PROCESALES / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN EJECUTIVA / PROCEDENCIA DEL PROCESO ORDINARIO / PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE PERJUICIOS / EXTRALIMITACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Es procedente el cobro de la póliza de cumplimiento del Convenio a favor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Urbano? Respuesta al problema jurídico: No [E]sta Subsección no avala que a través de actos que desconocen el régimen legal que les atañe, se invierta la posición jurídica de los sujetos involucrados en el tráfico negocial pues, como se desprende de las normas comerciales, es al beneficiario de la póliza a quien corresponde reclamar a la aseguradora en los términos dispuestos en dicho ordenamiento y, frente a tal reclamo la aseguradora podrá o no formular objeción. De ocurrir esto último -que no haya objeción, y no se pague- surgirá la acción ejecutiva a favor del asegurado o beneficiario en contra de la aseguradora; y en el caso de que sí se objete, tendrá el asegurado o beneficiario la posibilidad de iniciar un proceso ordinario con tal reclamo contra aquella. La inversión de las cargas procesales y el desconocimiento de las garantías que subyacen a éstas, salta a la vista en los casos en que una entidad decide que su régimen es el del EGCAP para declarar el incumplimiento y el siniestro, en contra de lo que el legislador determinó -que el imperante sea el régimen del derecho privado-; de forma que un actuar así no puede servir de patente para llevar al cocontratante o, en este caso, a la aseguradora, a ser quien deba asumir cargas que legalmente no le corresponden y que desnaturalizan la posición jurídica que por su régimen es aplicable. Entonces al restarle la ejecutividad, atributo directo y propio de los actos administrativos, el MADR no podía luego de reclamar a la aseguradora los amparos constituidos bajo el seguro de daños, exigirle el pago (…). Por todo lo expuesto, la Sala accederá a la pretensión formulada por el actor por extralimitación de funciones del MADR; reclamo que, de cara a la relación jurídica que compromete la póliza de seguros, conduce a dejar sin efectos las decisiones cuestionadas, pues con ellas se desconoció el ordenamiento jurídico a través del ejercicio de facultades inexistentes, como fue constatado líneas atrás, mediante las cuales la entidad quiso hacer efectiva la póliza de cumplimiento valiéndose de la emisión de actos administrativos encaminados a tal fin; situación que evidencia que el MADR impuso a la aseguradora una carga que le correspondía asumir a esa entidad en su calidad de asegurado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cobro de la póliza de seguro, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2019, rad. 36600, C. P. María Adriana Marín. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / ENTIDAD ASEGURADORA / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en contra de la entidad pública vencida en el proceso y a favor de la aseguradora? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente caso se observa que la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., - Confianza, como parte demandante, atendió e intervino en el proceso de manera diligente y oportuna, pues contaba con apoderado que asumió su representación judicial, gestión que se estima suficiente para que se disponga a su favor la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. El artículo 365 ibid., en el numeral 4, dispone que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP. (…) En lo que a este caso interesa, dado que se revocó totalmente la sentencia de primera instancia, resulta oportuno anotar que, en cuanto a la tasación de las agencias en derecho de procesos en primera instancia con cuantía, el numeral 3.1.2 del Acuerdo establece que se fijarán por hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Por su parte, el numeral 3.1.3 dispone que las agencias en derecho en segunda instancia en los procesos con cuantía se fijarán por hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias, las cuales estarán a cargo de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y a favor de Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., - Confianza, teniendo en consideración el valor de las pretensiones que fueron presentadas en este proceso por la demandante. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201200285011100103