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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el medio de control de repetición se constituye como mecanismo legal

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Fecha
2023-10-17
Radicado
05001233300020120071201
Número interno
54803
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
NACION - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Demandado
DEVIMED S.A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el medio de control de repetición se constituye como mecanismo legal

Lo que dijo la Sala

La acción de repetición, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización.… En tal sentido, la antes denominada acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exfuncionario suyo, pudiera solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La acción de repetición tiene por propósito que la entidad condenada obtenga el reintegro de lo pagado por un daño antijurídico causado por conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público, o de un particular investido de función pública, y que se fundamenta en el mandato del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución. Una razón es que el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, creó la figura para que la entidad pudiera pedir al agente el reintegro de lo pagado como consecuencia de una sentencia o conciliación. Otra razón es que la Ley 678 de 2001 desarrolló esa figura y la definió como acción de carácter patrimonial, cuyo elemento central es la vinculación subjetiva del agente con el daño a título de dolo o culpa grave. En el caso, la Sala modificó la sentencia de primera instancia, reconociendo la repetición como el mecanismo idóneo para que la entidad condenada recupere el pago. Su consecuencia práctica es que el mecanismo de repetición solo busca recuperar lo pagado cuando el agente actuó con dolo o culpa grave.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El medio de control de repetición se constituye como mecanismo legal para que la entidad condenada por razón de una conducta realizada por un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar el reintegro de lo que pagó?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 78
  • Ley 270 de 1996, art. 71
  • Ley 678 de 2001, art. 2

También resuelve

  • ¿Las normas sustanciales aplicables para valorar la conducta de los agentes del Estado demandados en repetición, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público…
  • ¿Resulta procedente la adecuación del medio de control de repetición al de controversias contractuales de regreso, por las indemnizaciones que haya pagado la entidad demandante como consecuencia de…
  • ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, al tratarse de una acción de regreso en la que el INVIAS pretende el reembolso de las indemnizaciones que ha debido pagar…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO LEY 678 DE 2001 APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL CONTROVERSIAS CONTRACTUALES MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DAÑO A TERCEROS CONTRATISTA DAÑO CAUSADO POR CONTRATISTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO INTERPRETACIÓN DE LA LEY INTERPRETACIÓN DE LA NORMA FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL JUEZ INTERPRETACIÓN LEGAL DEL JUEZ ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL SEÑALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO INEXISTENCIA DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO VIOLACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO UTILIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO OBLIGACIONES DEL CONTRATO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REPETICIÓN CONDENA CONTRA EL ESTADO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL RENUNCIA DEL PACTO ARBITRAL RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA PACTO ARBITRAL CLÁUSULA COMPROMISORIA ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA ALCANCE JURISPRUDENCIAL APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA APLICACIÓN DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA JURISPRUDENCIA PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD IRRETROACTIVIDAD DEL PRECEDENTE JUDICIAL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL DEBERES DEL CONTRATISTA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA FALLA EN LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FALTA DE PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA MEDIOS DE PRUEBA ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS INTERÉS PÚBLICO ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 33.067 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El medio de control de repetición se constituye como mecanismo legal para que la entidad condenada por razón de una conducta realizada por un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar el reintegro de lo que pagó? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de repetición, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, hayan salido del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización. (...) En tal sentido, la antes denominada acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exfuncionario suyo, pudiera solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia, una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto. De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, estaba facultado para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. En este último evento, la responsabilidad del funcionario habría de establecerse durante el proceso correspondiente. El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, actualmente encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001 (...). Dicha ley definió la repetición como una acción -hoy medio de control- de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. El mismo medio de control se ejercerá contra el particular o contratista que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial. (...) Esta acción, entendida como una modalidad calificada de acción de regreso que tiene como uno de sus elementos axiales en la determinación de la responsabilidad de los accionados la vinculación subjetiva del funcionario o exfuncionario con la causación del daño -a título de dolo o culpa grave-, tiene como finalidad la protección del patrimonio estatal, como medio necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la finalidad del medio de control de repetición, consultar providencia de 24 de febrero de 2016, Exp. 36310, C.P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 71, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / LEY 678 DE 2001 / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO Problema jurídico: ¿Las normas sustanciales aplicables para valorar la conducta de los agentes del Estado demandados en repetición, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, así como las previsiones de los Códigos Civil y de Comercio y lo estipulado en los correspondientes contratos, mientras que los aspectos procedimentales se regirán por la Ley 678 de 2001, por tratarse de una norma de carácter procesal cuya vigencia es inmediata? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales del medio de control de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición. Con tales propósitos fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente o el contratista, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso. Y con los segundos, reguló asuntos relativos a la jurisdicción, competencia, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. También se ha señalado que los hechos y actos ocurridos bajo la vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de 2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o exfuncionarios, tenían un régimen integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales que, aunque dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política. Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella sólo rige para los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación, pues sólo excepcionalmente las leyes pueden tener efectos retroactivos. Lo anterior permite entender que los actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose, en lo sustancial, por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón o con ocasión de su conducta calificada a título de dolo o culpa grave. En estos eventos, esta Corporación ha señalado que los aspectos sustanciales del juicio de repetición se regirán por las referidas normas, mientras que los aspectos procedimentales relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso, se regirán por la Ley 678 de 2001, por tratarse de normas de carácter procesal, cuya vigencia es inmediata. Ahora bien, si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo de los Códigos Civil y de Comercio, y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). A su vez, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena contra la entidad hubieren acaecido con anterioridad a la expedición de la Ley 678 de 2001, las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, así como las previsiones de los Códigos Civil y de Comercio y lo estipulado en los correspondientes contratos -para el caso de la responsabilidad de contratistas-. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DAÑO A TERCEROS / CONTRATISTA / DAÑO CAUSADO POR CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN LEGAL DEL JUEZ / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / LEY 678 DE 2001 / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / SEÑALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / INEXISTENCIA DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / VIOLACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / UTILIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Resulta procedente la adecuación del medio de control de repetición al de controversias contractuales de regreso, por las indemnizaciones que haya pagado la entidad demandante como consecuencia de la actividad contractual, cuando se observa que las situaciones de incumplimiento imputables al contratista que ocasionaron daños a terceros, ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisprudencia de la Corporación ha admitido la procedencia del medio de control de repetición contra los contratistas del Estado que sean personas jurídicas, bajo la idea de que la regla contenida en el citado parágrafo 1° del artículo 2 de la Ley 678 de 2001, es de carácter procesal y, por ende, de aplicación inmediata, en tanto se refiere a la legitimación en la causa por pasiva para el trámite de dicha acción. Sin embargo, esta consideración se ha efectuado sin reparar en que, más que una norma procedimental sobre legitimación, con el parágrafo 1° del artículo 2 de la Ley 678 de 2001 en realidad se estableció para contratistas, interventores, consultores y asesores un nuevo juicio de responsabilidad por culpa grave y dolo -propio de la acción de repetición- para los eventos en que su incumplimiento contractual tenga implicaciones frente a terceros y den lugar a una condena contra el Estado. De acuerdo con las reglas del Estatuto General de la Contratación Estatal previas a la expedición de la Ley 678 de 2001, la responsabilidad de los contratistas por daños causados a terceros no se restringe a los eventos en los que estos hayan obrado con dolo o culpa grave, puesto que la relación con la entidad contratante y su consecuente régimen de responsabilidad se encuentra íntegramente regulada por las respectivas estipulaciones contractuales y las normas que conforman el referido Estatuto. (...) La responsabilidad del contratista por daños infligidos a terceros tiene como su fuente las conductas desplegadas en el marco del contrato, de ahí que la administración pueda pretender las declaraciones y condenas correspondientes por la vía del llamamiento en garantía -en el juicio de responsabilidad extracontractual que promuevan los afectados- o de la acción contractual de regreso por las indemnizaciones que haya pagado como consecuencia de la actividad contractual. Al tratarse de una responsabilidad contractual, en el juicio que se promueva contra contratistas debe tenerse en consideración lo consignado en la liquidación del contrato, de modo que si al momento de nacer a la vida jurídica dicho acto -bilateral o unilateral- se tenía conocimiento del proceso judicial promovido por los terceros dañados con la conducta del contratista, esta contingencia debía incluirse explícitamente en las consideraciones de la liquidación, con el fin de que el paz y salvo otorgado al contratista no surta efectos transaccionales en relación con la acción contractual resarcitoria que posteriormente formule la entidad. Pero si la contingencia -proceso judicial- no había tenido lugar al momento de la liquidación, queda a salvo la posibilidad para la administración de formular la acción de regreso en comento. En ese contexto, la regulación sobre la responsabilidad del contratista que cause daños a terceros consagrada en la Ley 678 de 2001 comporta un cambio frente al régimen de responsabilidad previsto en los artículos 4.7 y 52 de la Ley 80 de 1993, 1604 del Código Civil y las normas correspondientes del Código de Comercio, pues en esas normas se establece la posibilidad de ejercer una acción de regreso frente a los contratistas, pero sin que el fundamento de su responsabilidad se restrinja al dolo o la culpa grave, sino que se refiere a la intervención que estos colaboradores de la administración tienen en la causación del daño a los terceros afectados. Además, (...) [la] regulación de este juicio de responsabilidad por culpa grave o dolo del contratista, contenida en el artículo 2° parágrafo 1° de la Ley 678 de 2001, trastoca la actividad contractual, al desconocer que son las partes, con sujeción a la ley, quienes acuerdan los derechos y obligaciones a los que cada una se sujeta, asignan riesgos y establecen elementos de la responsabilidad por los daños que se causen a terceros en la ejecución del contrato. Sin embargo, dada la existencia de una expresa voluntad del legislador en consagrar un nuevo juicio y régimen de responsabilidad para el contratista en los términos anotados, corresponde al juez establecer una interpretación que dé efecto útil a las disposiciones normativas vigentes. (...) De este modo, el medio de control de repetición consagrado en la Ley 678 de 2001 para contratistas, interventores, consultores y asesores no resulta aplicable a las situaciones de incumplimiento de obligaciones contractuales en que estos hayan incurrido, y que hubieren acaecido antes del 4 de agosto de 2001, fecha de entrada en vigor de la citada Ley. Para el caso concreto, (...) aplicar a este contrato celebrado antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001 el régimen y juicio de responsabilidad por culpa grave o dolo del contratista por ella consagrado, comportaría un desconocimiento del régimen de responsabilidad estipulado por las partes, así como de las normas del Estatuto General de la Contratación Estatal que regulan esta materia. Bajo este entendido, el medio de control de repetición instaurado por el INVIAS contra Devimed S.A., se torna en improcedente, en tanto lo que se pretende es que se declare la responsabilidad del contratista que, al no cumplir con lo pactado en el contrato sobre la señalización vial, ocasionó daños a terceros, en hechos ocurridos en la madrugada del 27 de julio de 1997. (...) En ese contexto, como las partes en conflicto explícitamente discuten sobre los alcances e incumplimiento del contrato de concesión vial No. 275 de 1996, en punto de la determinación de las obras que debían ejecutarse en el tramo vial en el que ocurrió el siniestro del 27 de julio de 1997, y la consecuente obligación de ubicar señalización por parte del contratista, la Sala considera que las pretensiones que ahora se resuelven son propias del medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del CPACA (...). Así las cosas, resulta procedente la adecuación del medio de control de repetición, al de controversias contractuales, toda vez que esta decisión no afecta los derechos de defensa y contradicción de las partes, pues en sus distintas intervenciones, ellas mismas han planteado un debate sobre los alcances y cumplimiento de la obligación de instalación de señalización en la vía y los efectos nocivos que esto produjo en relación con el patrimonio de la entidad accionante, cuestión que corresponde a un debate propio del medio de control de controversias contractuales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia del medio de control de repetición contra los contratistas del Estado, consultar providencias de 12 de septiembre de 2016, Exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 10 de diciembre de 2018, Exp. 60423, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 29 de noviembre de 2019, Exp. 56925, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 11 de octubre de 2021, Exp. 54670, C.P. Fredy Ibarra Martínez; de 18 de noviembre de 2021, Exp. 61515, C.P. Fredy Ibarra Martínez; de 22 de octubre de 2021, Exp. 56668, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca del debido proceso, consultar providencias de la Corte Constitucional, T-774 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; A-063 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y T-084 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38 NUMERAL 2, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 7, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REPETICIÓN / CONTRATISTA / DAÑO CAUSADO POR CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / DAÑO A TERCEROS / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, al tratarse de una acción de regreso en la que el INVIAS pretende el reembolso de las indemnizaciones que ha debido pagar como consecuencia de la actividad contractual, se debe computar desde la fecha en que la conducta del contratista causó una afectación al patrimonio de la entidad, al imponérsele una condena patrimonial? Respuesta al problema jurídico: Si [A]l instituirse para el contratista el régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave bajo el cauce procesal de la acción de repetición, se modifican las reglas sobre la oportunidad para someter a escrutinio de la jurisdicción una controversia de naturaleza contractual. (...) Visto lo anterior, la Sala precisa que, en aplicación de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 -modificado por el art. 624 del CGP- el cómputo de la caducidad en el presente asunto debe hacerse con sujeción a lo previsto en el artículo 136 numeral 10 del Decreto 01 de 1984 (...). Aunque en el presente asunto se juzgará la conducta contractual desplegada por Devimed S.A. durante la ejecución del contrato de concesión No. 275 de 1996, lo cierto es que por tratarse de una acción de regreso en la que el INVIAS pretende que su contratista responda por las indemnizaciones que esa entidad ha debido pagar como consecuencia de la actividad contractual -art. 4.7 Ley 80 de 1993-, el cómputo de la caducidad no puede iniciarse desde el 27 de julio de 1997 -fecha del siniestro vial-, pues en ese momento la conducta del contratista no había tenido efectos nocivos frente a la entidad, sino desde la fecha en que esa conducta contractual causó efectivamente una afectación al patrimonio del INVIAS, al imponerse una condena patrimonial en concreto9 a la entidad accionada. La condena impuesta al INVIAS en el proceso de reparación directa con radicado 05001-23-15-000-1998-00632 quedó en firme el 24 de enero de 2011. De este modo, el plazo máximo para ejercer el derecho de acción fenecía el 24 de enero de 2013. Y como la demanda fue presentada el 3 de octubre de 2012 (...), se concluye que el derecho de acción fue ejercido oportunamente. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 7 RENUNCIA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA TÁCITA DEL PACTO ARBITRAL / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / PACTO ARBITRAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA / ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / ALCANCE JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / IRRETROACTIVIDAD DEL PRECEDENTE JUDICIAL Problema jurídico: ¿En la medida en que no se propuso la excepción de compromiso al contestar la demanda, se estima que las partes renunciaron de forma tácita al pacto arbitral? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala precisa que, de acuerdo con lo previsto en la cláusula trigésima novena del contrato de concesión No. 275 de 1996, las partes pactaron someter los conflictos derivados de su ejecución, al conocimiento de la justicia arbitral. Al respecto, la Sala precisa que, en la medida en que no se propuso la excepción de compromiso al contestar la demanda, se estima que las partes renunciaron tácitamente al pacto arbitral. Esto es así porque la jurisprudencia en la que se concluyó que la renuncia al pacto arbitral debe ser expresa no es aplicable a este caso porque la demanda y su contestación se presentaron con anterioridad. (...) De este modo, la presente controversia debe resolverse de fondo, dada la renuncia tácita a la cláusula compromisoria inicialmente pactada por las partes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la renuncia tácita al pacto arbitral, consultar providencias de 18 de abril de 2013, Exp. 17859, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 28 de junio de 2019, Exp. 44009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 18 de agosto de 2020, Exp. 36875, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 7 de mayo de 2021, Exp. 48746, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REPETICIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / DAÑO CAUSADO POR CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / DEBERES DEL CONTRATISTA / SEÑALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA / SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA / FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALLA EN LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / UTILIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / MUERTE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA / SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿El contratista demandado en controversias contractuales con fines de regreso, debe responder por incurrir en un incumplimiento de las obligaciones de señalización vial previstas en el contrato de concesión, lo que presuntamente ocasionó el accidente de tránsito en el que perdió la vida una civil? Respuesta al problema jurídico: No [C]orresponde a la Sala determinar si, de acuerdo con los medios de prueba obrantes en el plenario -en especial con la copia de la sentencia condenatoria dictada contra el INVIAS-, Devimed S.A. debe responder patrimonialmente ante el INVIAS, por incurrir en un incumplimiento de las obligaciones de señalización vial previstas en el contrato de concesión No. 275 de 1996, lo que presuntamente ocasionó el accidente de tránsito en el que perdió la vida la señora (...). En lo tocante al incumplimiento contractual objeto de este pronunciamiento, se tiene que el mismo se presenta cuando el comportamiento de una de las partes no es debido, desatendiendo las obligaciones a su cargo. En otros términos, el incumplimiento es el comportamiento opuesto a aquel en el que se concreta el cumplimiento, bien sea por falta de ejecución, por ejecución defectuosa o por ejecución tardía de las prestaciones (artículo 1613 del Código Civil), todo lo cual constituye un desconocimiento de lo pactado en el contrato, que, por mandato del artículo 1602 del Código Civil, es ley para las partes. Así, y como lo ha señalado esta Subsección, la estructuración de la responsabilidad por incumplimiento contractual requiere la concurrencia de los siguientes elementos: (i) la existencia de un contrato válidamente celebrado; (ii) la preexistencia de una o varias obligaciones originadas en el contrato que son desconocidas por el deudor; (iii) el comportamiento antijurídico de la parte a quien se le atribuye el incumplimiento, que, en el plano contractual, se traduce en la infracción de las cláusulas contractuales, por acción o por omisión, y que se concreta en la falta de cumplimiento de la prestación debida en la forma y en el tiempo establecidos, y (iv) un daño que tenga relación causal entre el comportamiento antijurídico del deudor y la prestación insatisfecha. De los precitados elementos, el daño es el que tiene mayor preponderancia, ya que la responsabilidad se fundamenta en la posición jurídica de la víctima, cuya esfera patrimonial ha sido lesionada, y no en la conducta del autor del daño. Así, para que ese daño sea indemnizable debe tener una existencia real y concreta, esto es, debe estar revestido de plena certeza, independientemente de que sea presente o futuro. Según ha argumentado la parte actora a lo largo del proceso, basta con la aportación de la sentencia mediante la cual se impuso una condena patrimonial a la entidad por falla del servicio, para derivar de ella la responsabilidad de Devimed S.A. por su incumplimiento contractual. El anterior argumento no se abre paso, por cuanto la sentencia únicamente prueba lo que en ella se decidió, pero no acredita los hechos en que se fundaron, ni de ella puede derivarse automáticamente la responsabilidad del contratista que se demanda con posterioridad, pues al tratarse de un proceso contencioso y declarativo de responsabilidad, debe acreditarse plenamente la existencia de los elementos que constituyen el incumplimiento alegado. La decisión del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial no ata al juez que resuelve la controversia de incumplimiento contractual, en tanto en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado, sino sobre el hecho de no haberse señalizado un tramo vial estando obligado a hacerlo como concesionario vial y es sobre este hecho que deben practicarse las pruebas, con su debate correspondiente por las partes. En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que tiene cada juicio, la condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y totalmente diferente al de la referencia no implica automáticamente la responsabilidad del contratista estatal que eventualmente hubiere dado lugar a la misma o que hubiere participado en los hechos correspondientes, pues la conducta que se le endilga a este debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el proceso derivado de la acción de regreso. A juicio de la Sala, el solo hecho de que en el fallo que dio lugar a la presente controversia se hubiera impuesto una condena al INVIAS, no es razón suficiente para atribuirle responsabilidad a Devimed S.A., pues este análisis debe efectuarse teniendo en consideración lo consagrado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil que establece que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Este mandato legal, conjugado con lo previsto en el artículo 178 del mismo estatuto procesal, impone a la entidad demandante la carga de acreditar los hechos que fundamentan su pretensión de condena, mediante los medios de prueba que cumplan con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. La anterior carga no fue debidamente cumplida en el presente asunto, por cuanto la entidad demandante únicamente aportó la copia de la sentencia mediante la cual se le impuso una condena patrimonial, y en virtud de la cual formula la pretensión de repetición. Además, con los demás medios de convicción aportados con la demanda, únicamente se puede acreditar la existencia del mencionado contrato de concesión No. 0275 de 1996 y una parte de su ejecución, sin que ninguno de esos medios de prueba tenga por objeto o sea idóneo para la acreditación del incumplimiento contractual de la accionada, pues en realidad se refieren a diversas situaciones acaecidas durante la ejecución contractual, diferentes a los hechos ocurridos el 27 de julio de 1997 y sus efectos de cara a la determinación de un incumplimiento contractual por parte de Devimed S.A. Es decir, con los medios de prueba practicados en el proceso, únicamente se acredita la existencia del contrato y de otras situaciones -inicio de obras, inicio de etapas contractuales, modificaciones al clausulado inicial-, diferentes al hecho del incumplimiento en la obligación de señalización vial en virtud del cual se pretender edificar la responsabilidad del contratista. Así las cosas, la Sala observa que el INVIAS no logró acreditar que Devimed S.A. incumplió el contrato de concesión No. 0275 de 1996 con incidencia en la causación del accidente vial por cuyos efectos fue condenada patrimonialmente, razón por la cual se confirmará la sentencia desestimatoria de las pretensiones adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero con base en las consideraciones que acaban de exponerse. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 178, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO Problema jurídico: ¿En procesos en los que se ventile un interés público, procede la condena en costas en contra de la parte vencida en el proceso, en este caso, la entidad estatal demandante? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Al estar encaminado este proceso a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos en que se ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000201200712011100103