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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad

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Fecha
2024-02-19
Radicado
25000233600020170234401
Número interno
63856
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
Demandado
EDUARDO JOSE AGUIRREMONRROY

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior… . Como en este caso el contrato de compraventa celebrado mediante escritura pública, fue suscrito el diez (10) de marzo de dos mil tres (2003), la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogación, y que, cuando los hechos son posteriores a esa vigencia, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, los hechos anteriores a la vigencia de la ley continúan regidos por la normativa anterior, mientras que los posteriores quedan sometidos a ella. Segunda, el contrato de compraventa del caso fue suscrito con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, de modo que sus aspectos sustanciales se rigen por esa ley. Tercera, el régimen aplicable determina las presunciones de dolo y de culpa grave, que el juez debe valorar conforme a esa normativa. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho generador, y no la de la demanda, define la ley sustancial que rige la repetición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 84 de 1873, art. 2
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿La conducta del demandado en condición de director técnico de predios del IDU, puede ser calificada como gravemente culposa en aplicación del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir…
  • ¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD LEY 678 DE 2001 PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO DOLO CULPA GRAVE CONTRATO DE COMPRAVENTA ESCRITURA PÚBLICA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUNCIÓN DE DOLO AUSENCIA DEL DOLO INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE PRESUNCIÓN LEGAL JUEZ ADMINISTRATIVO FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO DEBERES DEL JUEZ FACULTADES DEL JUEZ JUEZ FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO CONDENA PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CESIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA DE BIEN INMUEBLE LICENCIA DE URBANISMO ACTO ADMINISTRATIVO PROYECTO DE URBANISMO EJECUCIÓN DE PROYECTO DE URBANISMO PREDIO BIEN INMUEBLE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE CESIÓN DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO TERRENO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR DERECHO ADQUIRIDO APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO NULIDAD PARCIAL TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECURSO DE APELACIÓN NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

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Titulación de la relatoría 16.089 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / LEY 678 DE 2001 / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / DOLO / CULPA GRAVE / CONTRATO DE COMPRAVENTA / ESCRITURA PÚBLICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (…). Como en este caso el contrato de compraventa celebrado mediante escritura pública, fue suscrito el diez (10) de marzo de dos mil tres (2003), la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de junio de 2018, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de julio de 2019, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO / DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / JUEZ / FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ESCRITURA PÚBLICA / SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA / CONTRATO DE COMPRAVENTA / CESIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA DE BIEN INMUEBLE / LICENCIA DE URBANISMO / ACTO ADMINISTRATIVO / PROYECTO DE URBANISMO / EJECUCIÓN DE PROYECTO DE URBANISMO / PREDIO / BIEN INMUEBLE / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE / CESIÓN DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / TERRENO / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL / ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / DERECHO ADQUIRIDO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / NULIDAD PARCIAL / TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD / PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL Problema jurídico: ¿La conducta del demandado en condición de director técnico de predios del IDU, puede ser calificada como gravemente culposa en aplicación del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir, por violación directa de las normas de derecho que regían la cesión gratuita obligatoria, en cuanto el mismo incluyo en el contrato de compraventa la transferencia del derecho de dominio del área de cesión gratuita, sin tener en cuenta los efectos de la declaración de nulidad de la norma que preveía este tipo de cesiones? Respuesta al problema jurídico: No En lo concerniente a las presunciones y definición de dolo y culpa grave previstas en la Ley 678 de 2001, la Corte precisó que la acreditación del supuesto de hecho que las sustenta exime al organismo estatal de probar la inferencia de culpabilidad por estar descrita directamente en la ley, pero no lo relevan de acreditar que la actuación del agente, por su arbitrariedad o suma negligencia, fue determinante en la ocurrencia del supuesto de la presunción, tarea en la que resulta determinante el análisis: (i) de las funciones contempladas en la ley, (ii) del grado de diligencia atribuible al servidor público en razón de los requisitos para acceder al cargo y, (iii) de la jerarquía o la retribución económica recibida. Así, la acreditación del supuesto de hecho que describen las presunciones legales de que trata la ley no genera, per se, una consecuencia jurídica inmediata y directa frente a la calificación de la conducta del agente porque, en todo caso, el juez contencioso debe analizar y calificar, en forma independiente, el comportamiento del servidor o exservidor para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con el daño antijurídico que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si fue determinante en la ocurrencia de esa afectación y, de acuerdo con ello, (iii) establecer el grado de participación del agente. (…) [L]a Sala observa que la atribución de responsabilidad patrimonial al ex servidor demandado se cimentó en la definición de culpa grave prevista en la Ley 678 de 2001, en el entendido de que la condena objeto de la pretensión de reembolso devino por la violación directa de la Constitución y la ley, porque para la época en que se suscribió la escritura pública de compraventa habían desaparecido los fundamentos de derecho que sustentaban la cesión gratuita obligatoria. Al respecto, el expediente de controversias contractuales, allegado a este contencioso en virtud del decreto de pruebas, da cuenta de que la promesa de compraventa suscrita el 21 de noviembre de 2001 tuvo como objeto el compromiso de venta de 3.090.24 m de terreno segregados de un predio de mayor extensión de propiedad de Construcciones (…) S.A., para la malla vial arterial principal de Transmilenio y, adicionalmente, la transferencia del dominio de 6.985 m a título de cesión gratuita obligatoria, equivalente al 7% del área bruta del predio (99.785.81 m), también desglosados del área bruta en virtud de lo dispuesto en la licencia urbanística concedida a la promitente vendedora el 11 de febrero de 1996, prorrogada el 21 de enero de 1998 por el término de doce (12) meses (…). El contenido de la licencia urbanística denota que la cesión gratuita obligatoria fue prevista en este acto administrativo como una obligación a cargo de la constructora beneficiaria, empresa que decidió ejecutar el proyecto en los términos fijados en la autorización de edificación definida conforme a las normas entonces vigentes, que preveían las cesiones como “obligaciones urbanísticas” requeridas para el otorgamiento de la licencia urbanística concedida en 1996. (…) En lo relativo al proceso de urbanización que dio lugar a la cesión gratuita posteriormente anulada, el testimonio rendido por el señor (…), decretado y practicado en este contencioso a petición del demandado, da cuenta de que la promesa de compraventa firmada por él en condición de director técnico de predios, se sustentó en la licencia de urbanismo, motivo por el cual, si bien para esa fecha (21 de noviembre de 2001) “había caído el Acuerdo Distrital”, el IDU no tenía competencia para modificar las obligaciones dispuestas en ese acto administrativo. (…) Al preguntársele por qué incluyó la cesión en la promesa de compraventa que firmó, aseveró que para el momento en que firmó el contrato tenía conocimiento de la nulidad de los artículos 418 y 419 del Acuerdo 06 de 1990, razón por la que precisó que la cesión a título gratuito del terreno propiedad de la constructora (…) S.A. tenía sustento en las obligaciones adquiridas por la empresa en la licencia de construcción otorgada en 1996, razón por la que afirmó que el hoy demandado no podía modificar las condiciones promesa, pues si “hubiera comprado algo que era gratis, hubiera sido demandado por detrimento”. El relato del testigo ofrece credibilidad, ya que fue rendido de manera espontánea y coherente, con conocimiento directo de los hechos por razón del ejercicio de sus unciones como director técnico de predios del IDU para la época en que suscribió la promesa de compraventa. (…) Conforme a dicho lineamiento [reiteración jurisprudencial] cabía inferir que la licencia urbanística concedida por el Departamento Administrativo de Planeación configuraba un acto administrativo de carácter particular que entrañaba una situación jurídica consolidada constitutiva de derechos adquiridos, ya que permitió a la constructora (…) S.A. iniciar la obra según los planos y resoluciones en los que se previeron las dimensiones y linderos de la zona de cesión gratuita obligatoria correspondiente a la malla vial arterial “Avenida San Antonio”, hasta alcanzar el 7% del área bruta urbanizable, en aplicación de las normas distritales vigentes que fijaban como requisito para su expedición la delimitación de las zonas de cesión para “espacio público” transferibles al IDU. Así, es válido afirmar que la cesión gratuita estipulada en la promesa de compraventa que dio lugar a la escritura pública suscrita por el accionado el 10 de marzo de 2003, como cláusula accidental, tuvo sustento en las obligaciones urbanísticas establecidas en la licencia concedida por el Departamento Administrativo de Planeación el 11 de febrero de 1996, fijadas conforme a las normas que regían para la época de expedición de ese acto administrativo particular. Entonces, aunque en la sentencia condenatoria se consideró que la promesa de compraventa “se finiquitó y dejó de producir efectos con la celebración del contrato” contenido en la escritura pública firmada por el hoy accionado el 10 de marzo de 2003, la nulidad parcial del contrato de compraventa no revela una conducta gravemente culposa atribuible a (…), pues está demostrado que la cesión gratuita obligatoria para el desarrollo de la malla vial arterial de la Avenida San Antonio fue una estipulación contractual derivada de una obligación urbanística establecida en la licencia. Por tanto, cabía afirmar que constituía una situación jurídica consolidada para el constructor del proyecto urbanístico tanto en los derechos como en las obligaciones determinados expresamente en el acto administrativo expedido cinco años y seis meses antes de la declaración de nulidad de los actos generales que preveían las cesiones obligatorias gratuitas para vías locales (30 de agosto de 2001). Por lo expuesto, la Sala concluye que la respuesta al problema jurídico planteado es negativa, porque la transferencia del dominio pactada en el contrato de compraventa a título de cesión gratuita obligatoria fue sustentada en la obligación urbanística incluida en el acto administrativo que concedió la licencia de construcción conforme a las normas vigentes para ese momento (1 de febrero de 1996), carga que el constructor implícitamente aceptó al ejecutar y materializar la obra conforme al acto de autorización. Dicha circunstancia descarta, por tanto, la configuración de la conducta gravemente culposa atribuida al demandado al suscribir la escritura pública de compraventa (10 de marzo de 2003) en condición de director técnico de predios del IDU encargado de “aprobar, coordinar y controlar los contratos requeridos para el proceso de adquisición de inmuebles” porque en dicho documento se aclaró que “la cesión gratuita y obligatoria ya estaba contemplada previamente en la Resolución 0328 del 1 de febrero de 1996”. NOTA DE RELATORÍA: Atinente asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Primera del 30 de agosto de 2001, exp. 1996-08186 (5595), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de octubre de 2007, exp. 2001-00248-02, C.P. Marco Antonio Velilla; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo de 2021, exp. 2006-03075-01, C.P. Oswaldo Giraldo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de mayo de 2003, exp. 12248, C.P. Allier Eduardo Hernández; sentencia del 22 de septiembre de 2004, exp. 13645, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 23 de noviembre de 2005, exp. 05001-23-31-000-2001-03886-01(14715), C.P. María Elena Giraldo; sentencia del 27 de octubre de dos mil cinco (2005), exp. 08001-23- 31-000-2001-02351-01(14979), C.P. María Elena Giraldo; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de febrero de 2019., C.P. Roberto Augusto Serrato; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de 2009, exp. 2003-00119, C.P. Roberto Augusto Serrato; sentencia de 8 de julio de 2010, exp. 2002-00956-01, C.P. María Claudia Lasso y sentencia de 30 de octubre de 2008, exp. 2002-01460-01 (1460), C.P. Marco Antonio Velilla. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia C-495 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. FUENTE FORMAL: ACUERDO 06 DE 1990 - ARTÍCULO 418, ACUERDO 06 DE 1990 - ARTÍCULO 419, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto es, expensas, gastos procesales y agencias en derecho, las cuales deben ser “tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente”. En cuanto a las reglas para la imposición de la condena, la norma procesal general establece que procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Conforme a las reglas indicadas, la Sala observa en este caso que no procede la imposición de costas por los componentes de expensas ni gastos procesales, porque no aparece demostrado en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en pagos por esos conceptos durante la segunda instancia. En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se encuentra demostrado que el apoderado del demandado presentó alegatos de conclusión en segunda instancia. En ese orden, la Sala fijará el monto de las costas por agencias en derecho a favor de (…), de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo 10554 de 2016, conforme a la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado del accionante, en cuantía equivalente a 1 SMMLV. . FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201702344011100103