Titulación de la relatoría 13.400 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / LEY 678 DE 2001 / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Las presunciones de la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad son inaplicables al caso concreto, sin embargo, en el ámbito procesal si debe emplearse la misma, ya que es la normativa vigente al momento de presentación de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (…) Por ende, como en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2000, los aspectos sustanciales del caso sub judice le son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991, 63 del Código Civil, y, 77 y 78 del Decreto-Ley 01 de 1984, y, en consecuencia, no son aplicables las presunciones estatuidas en la Ley 678 de 2001. Lo anterior, con la precisión de que, en el ámbito procesal, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, aplican las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, por ser la normativa vigente al momento de presentación de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio de 2018, exp. 54692, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencias del 5 de diciembre de 2006, exp. 22056, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 18621, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia del 6 de marzo de 2008, exp. 26227, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 16 de julio de 2008, exp. 29221, C.P. Mauricio Fajardo; sentencia del 31 de enero de 2020, exp. 42037, C.P. Jaime Enrique Rodríguez; sentencia del 10 de diciembre de 2016, exp. 43583, C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 55025, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 19 de diciembre de 2017, exp. 39980, C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 18 de junio del 2018, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 9 de julio de 2018, exp. 58789, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 10 de diciembre de 2016, exp. 43583, C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 55025, C.P. Jaime Orlando Santofimio; sentencia del 19 de diciembre de 2017, exp. 39980, C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 18 de junio del 2018, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia del 9 de julio de 2018, exp. 58789, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / DOLO / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA / INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / MUERTE DE PERSONA / MUERTE DEL CIUDADANO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / SENTENCIA JUDICIAL / PRUEBA DEL DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / CARGA PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / DISTRITO CAPITAL / SERVIDOR PÚBLICO / ALCALDE / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Se configuró la culpa grave del demandado en su condición de alcalde menor, por el fallecimiento violento de una persona a causa de varias heridas mortales que este último sufrió durante el proceso de demolición de un muro en el curso del procedimiento de recuperación de espacio público presidido por el hoy demandado, lo que conllevó a que el Distrito Capital fuera condenado dentro del proceso de reparación directa a indemnizar a los familiares de la víctima, por lo cual, prospera las pretensiones del demandante?
Respuesta al problema jurídico: No
En los términos del citado artículo 63 del Código Civil, la culpa grave es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o reglamento, o derivados de las funciones detalladamente definidos en estos, que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido canon del Estatuto Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. En esa perspectiva, la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no equivale automáticamente al dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial del Estado no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, bajo las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron las pruebas allegadas al proceso de reparación. (…) En función del mérito que arroja el acervo probatoria (…) [que reposa en el expediente] de esta providencia, la Subsección reitera el criterio sostenido por la Sección Tercera desde el 3 de octubre de 2007, de acuerdo con el cual la administración tiene la carga de probar la conducta irregular (dolosa o culposa) del agente o exagente que ocasionó la condena y este tiene la oportunidad de demostrar en el juicio de la acción de repetición que su actuación no fue con dolo o con culpa grave, sin que para ello sea suficiente con aportar las sentencias correspondientes al proceso primigenio en el que se profirió la condena en su contra (…). No podría la Subsección, pues, fundar su decisión únicamente en las conclusiones a las que se llegaron en aquellas instancias (administrativa y disciplinaria) frente a los hechos que se presentaron el 25 de agosto de 2000 y en el que infortunadamente perdió la vida el señor (…), entre otros, sin desconocer el debido proceso y el derecho de defensa del demandado. Las solas sentencias, se insiste, no constituyen prueba suficiente para estructurar el dolo o la culpa grave y, de la misma manera, aunque el Consejo de Estado condenó a la accionante a pagar una indemnización, ello no configura per se la responsabilidad patrimonial del alcalde local hoy, exagente del Estado. Debía probarse el dolo o culpa grave, carga probatoria que no cumplió el ente demandante. (…) Bajo este escenario, lo que puede resultar suficiente para condenar al Estado vía reparación directa no lo es para repetir contra el servidor público, porque la materialización de un daño antijurídico imputable al Estado, como ente abstracto, no implica per sé la configuración de dolo o culpa grave en cabeza del agente o exagente estatal, como sujeto individualizado. Por esa razón, el extremo demandante tiene la carga de demostrar fehacientemente el dolo o la gravedad de la culpa del servidor contra quien pretende repetir. La inactividad probatoria del Distrito Capital de Bogotá, en cuanto no solicitó prueba alguna para demostrar la culpa grave que le endilga al demandado pues solo se limitó a aportar los fallos ya referidos no se compadece con el deber que le asiste a las partes de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en los términos de que trata el artículo 167 del Código General del Proceso; por tanto, debe asumir las consecuencias de su inactividad. (…) En estas condiciones se impone una respuesta negativa al problema jurídico y, en consecuencia, se debe confirmar el fallo apelado que negó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2021, exp. 13001-23-31-000-2006-00358-02, exp. 46393, C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 12 de abril y 25 de junio de 2021, exps. 15001-23-31- 000-2011-00567-01 (63984) y 13001-23-31-000-2002-00680-02 (42103), C.P. Guillermo Sánchez Luque. De igual forma, ver, Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del CGP, las costas están compuestas por expensas, gastos procesales y agencias en derecho, que deben ser “tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente”. En cuanto a las reglas para su imposición, el artículo 365, numeral 1 del CGP, establece que la condena en costas procede contra la “parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto”. Sin embargo, también prevé que “[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” (numeral 8, ejusdem). Como el demandado intervino en segunda instancia, la Sala procederá a condenar en costas a su favor (…). Ahora, conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas antes citadas, no procede su imposición en segunda instancia por los componentes de expensas y gastos procesales, porque no aparece demostrado en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en ellos. En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”. La Sala encuentra demostrada su causación y, por ende, su reconocimiento. Para tal efecto, el Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que en esta instancia se fijan agencias en derecho por un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8