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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-07-18Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020180198001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento para el trámite de la conciliación judicial puede consistir en una audiencia con el objeto de escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento entre ellas? Sí
El juez puede establecer un procedimiento para la conciliación judicial en ausencia de normas específicas, consistente en una audiencia para escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento, siempre y cuando se respeten los principios de la Ley 2213 de 2022 y la intervención del Ministerio Público. Sin embargo, para que un acuerdo de conciliación judicial sea válido, debe contar con la participación de un tercero neutral y calificado, como el juez o el procurador, y no solo ser una manifestación de interés en conciliar, como lo fue el documento denominado “ACUERDO PRELIMINAR BASE DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL”. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para la aprobación de un acuerdo de conciliación judicial, lo que implica que la mera intención de conciliar no es suficiente para que el acuerdo sea válido y obligatorio para las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Del documento suscrito se desprende que las partes únicamente consignaron una manifestación de interés en conciliar judicialmente las diferencias en el marco del proceso judicial de la referencia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 05001233300020220136401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe aprobarse el acuerdo de conciliación judicial al que llegaron las partes del presente proceso de controversias contractuales, cuando se observa que el incumplimiento contractual alegado en la demanda se basa en dos supuestos de hecho que no están probados, esto es, en la culpa grave de la demandada EPM y en un supuesto constreñimiento para firmar la suspensión mutua del contrato? No
El contratista no puede obtener la aprobación de un acuerdo de conciliación judicial cuando los supuestos de hecho que fundamentan el incumplimiento contractual, como la culpa grave de la entidad estatal y el constreñimiento para firmar la suspensión mutua del contrato, no están debidamente probados. Además, la Sala establece que los perjuicios reconocidos en el acuerdo no cuentan con el respaldo probatorio necesario, ya que las pruebas presentadas no demuestran la existencia y magnitud de los daños reclamados. Esta decisión reitera la importancia de la prueba en la conciliación judicial y limita la aprobación de acuerdos que carecen de sustento probatorio, lo que implica que las partes deben presentar evidencia sólida para respaldar sus reclamaciones en procesos de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aprobarse el acuerdo de conciliación judicial al que llegaron las partes del presente proceso de controversias contractuales…¿Resulta procedente el decreto de pruebas de oficio en el presente trámite de conciliación judicial, con el objeto de acreditar el incumplimiento contractual y la causación de perjuicios derivados de…¿Resulta procedente el decretó de la prueba pedida en el documento de 1 de abril de 2024 consistente en la declaración de la Profesional B Gestión Proyectos, adscrita a la Unidad Montajes Ituango…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-02-07Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 44001234000020220001801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Dados los antecedes que rodean el caso concreto, debe revocarse el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de la Guajira no aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, con el ánimo de lograr la participación de la Procuraduría General de la Nación a través de su delegado para el Despacho que conoció la primera instancia y revestir el asunto de legalidad, legitimidad y garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial que se somete a estudio y, con ello, de la protección del erario y la preservación del ordenamiento jurídico? Sí
El contratista debe solicitar la intervención del Ministerio Público en la conciliación judicial para garantizar la legalidad, legitimidad y protección del erario, ya que este órgano es crucial para determinar si la conciliación cumple con los requisitos legales y constitucionales y no resulta lesiva para el patrimonio público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación no tuvo la oportunidad de conocer el acuerdo final de conciliación, lo que implica una falta de garantías para el ejercicio de la revisión de la conciliación judicial. La Sala revoca el auto que no aprobó el acuerdo conciliatorio, devolviendo el asunto al Tribunal Administrativo de la Guajira para que comunique al Procurador 154 Judicial II para Asuntos Administrativos la fórmula conciliatoria lograda y este, a partir de los antecedentes del caso y la fórmula lograda, conceptúe y defina si el asunto es conciliable y cumple con los requisitos legales. Esta decisión implica que en casos similares, la participación del Ministerio Público es esencial para garantizar la legalidad y la protección del patrimonio público en la conciliación judicial.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-04Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020240010801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación, en materia de lo contencioso administrativo, requiere de la asistencia de un agente del Ministerio Público? Sí
El contratista debe cumplir con la conciliación como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, la cual requiere la asistencia de un agente del Ministerio Público para elaborar el acta y verificar que el acuerdo no resulte lesivo para el patrimonio público, debido a que la conciliación tiene características específicas como el mérito ejecutivo y la trascendencia a cosa juzgada, en contraste con la mediación que no es requisito de procedibilidad y no tiene estas características. La entidad estatal, en casos donde los extremos en la litis son entidades públicas, debe agotar la conciliación previa a interponer una demanda, conforme a la Ley 2220 de 2022 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que la falta de cumplimiento de este requisito puede llevar al rechazo de la demanda. Además, la condena en costas no procede si no se ha trabado la litis, según el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La mediación tiene el carácter de requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa administrativa?¿Era necesario agotar la conciliación como requisito de procedibilidad porque los extremos en la litis son entidades públicas?¿Es improcedente la condena en costas porque no se ha trabado la litis?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170213202LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La competencia para resolver un desistimiento de las pretensiones de la demanda corresponde al juez de primera instancia? Sí
El juez de primera instancia es el competente para resolver sobre el desistimiento de las pretensiones formuladas en la demanda dentro de los procesos de doble instancia. En este auto interlocutorio que resuelve una apelación incidental relacionada con un acuerdo conciliatorio fallido, la Sala señala que carece de competencia funcional para pronunciarse sobre solicitudes de desistimiento que corresponden al a quo, confirmando la providencia recurrida por cuanto el acuerdo no cumplió los requisitos legales sustanciales exigidos, sin que proceda analizar en esta oportunidad los riesgos de condena en costas invocados por los recurrentes.síntesis automática
También resuelve:¿Está facultado el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de una entidad pública para proponer el desistimiento de las pretensiones como fórmula conciliatoria dentro de un proceso judicial?¿Está facultado el juez para pronunciarse, en una etapa procesal previa al fallo, sobre la existencia de salvedades en una liquidación bilateral del contrato estatal?
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, por lo que, el demandante tiene que especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado? Sí
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 rige el análisis del dolo o de la culpa grave solo respecto de los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Si los hechos que originaron la condena son anteriores, continúa aplicándose la normativa previa, y si son posteriores, la ley rige la valoración del agente en lugar de las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad, que constituye la regla general. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera excepcional. La tercera es la exigencia de precisar la presunción concreta que fundamenta la responsabilidad del servidor o exservidor demandado, lo que impide un análisis genérico de la conducta. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, cuando el hecho dañoso ocurre después de la vigencia de la ley, el demandante debe identificar la presunción que invoca desde la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Puede probarse el dolo o la culpa grave del funcionario público con la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado…¿El demandado en condición de patrullero de la Policía Nacional incurrió en una conducta gravemente culposa por desconocimiento del manual de uso de las armas con sujeción a los principios de…¿Las sentencias judiciales pueden probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-09-13Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 76001233300020170128601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consejo de Estado tiene la competencia para conocer del recurso de apelación contra el auto que decide sobre la aprobación del acuerdo conciliatorio? Sí
Corresponde al Consejo de Estado conocer de la apelación contra el auto que decide sobre la aprobación de un acuerdo conciliatorio cuando el proceso se refiere a un contrato en el que intervienen entidades públicas. Esta competencia se apoya en el numeral 2 del artículo 104 del CPACA, vigente al presentarse la demanda, y en el artículo 150 del mismo código, que atribuye a esta corporación los recursos de apelación contra los autos de primera instancia de los tribunales administrativos. También existe competencia por cuantía, porque el valor de la pretensión mayor superaba los quinientos salarios mínimos exigidos por el numeral 5 del artículo 152 del CPACA para la época de la demanda. En el caso concreto la sala confirmó el auto que aprobó el acuerdo. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, fijada al presentar la demanda, determina la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o de sus apoderados, pueden conciliar conflictos de carácter particular y de contenido económico que se puedan conocer a…¿Para la aprobación de un acuerdo conciliatorio, este debe estar previamente avalado por los comités de conciliación de las entidades que hacen parte del acuerdo?¿Los Comités de Conciliación del Ministerio y del Departamento aceptaron incluir dentro del acuerdo conciliatorio que la Fundación tendría un plazo de doce meses para ejecutar las actividades del…
¿Procede negar las pretensiones de repetición contra el rector de la Universidad, al acreditarse que el pago de la diferencia salarial reconocida al trabajador en la conciliación judicial, no constituyó una afectación patrimonial? Sí
Cuando el pago de una diferencia salarial reconocida al trabajador en una conciliación judicial corresponde a funciones efectivamente prestadas, no hay detrimento del patrimonio público y la acción de repetición contra el funcionario que dio lugar al acuerdo no prospera. La regla se sostiene en tres razones: la repetición es una acción prevista para proteger el patrimonio público, de modo que sin afectación patrimonial no hay objeto que restablecer; el pago de la diferencia no fue un gasto sin contraprestación, pues la entidad recibió el servicio de un cargo de mayor grado; y el monto pagado corresponde a lo que el trabajador debió percibir por las funciones asignadas. En el caso, se negaron las pretensiones de repetición porque la diferencia pagada en la conciliación remuneró las funciones de un asesor de grado superior, sin que se afectara el patrimonio de la universidad. La caducidad se contó desde el pago, que ocurrió dentro del plazo de diez meses, por lo que la demanda fue oportuna. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la repetición exige demostrar un perjuicio patrimonial efectivo y no solo el pago de una condena.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago del acuerdo conciliatorio logrado por las partes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditaron los presupuestos de condena, pago y calidad de agente del Estado para la procedencia del medio de control de repetición?¿El pago realizado en virtud del acuerdo conciliatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento de la diferencia salarial al trabajador…
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer del medio de control de repetición contra exrepresentante de una entidad del orden nacional? Sí
La competencia en única instancia para conocer de la acción de repetición que se ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional corresponde al Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, con prescindencia del monto de la pretensión. Una razón es que la calidad del sujeto pasivo, que es el exrepresentante de una entidad nacional, define la competencia en única instancia y no la cuantía. Otra razón es que en el caso los hechos que dieron lugar a la condena ocurrieron durante la vigencia de la Ley 678 de 2001, por lo que el régimen de presunciones de dolo del artículo 5 de esa ley resulta aplicable, y la parte actora lo invocó de manera expresa. En el asunto, la condena se había conciliado y el pago se hizo dentro del término pactado en la conciliación, de modo que la demanda fue oportuna. La providencia negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la competencia única del Consejo de Estado depende de la calidad del demandado como representante legal de una entidad nacional, y que el régimen de presunciones se aplica según la fecha de los hechos.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro del término establecido en la conciliación para realizar el pago de la condena?¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, puesto que los hechos que produjeron la condena ocurrieron en vigencia de dicha norma?¿Está configurado el dolo de ex Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por la expedición de un acto administrativo de insubsistencia que fue declarado nulo?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-10-14Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 25000233600020210028701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas, cuando en la controversia subyacente interviene una entidad estatal de carácter financiero? Sí
El juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas cuando en la controversia subyacente intervenga una entidad estatal de carácter financiero, como lo establece la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. Este control implica verificar el cumplimiento de requisitos legales específicos, entre ellos que el acuerdo conciliatorio no sea violatorio de la ley ni lesivo para el patrimonio público, que las partes estén debidamente representadas y que cuente con las pruebas necesarias. Además, el juez puede valorar medios de prueba que no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales previstas en la etapa de conciliación extrajudicial, siempre y cuando estas pruebas sean solicitadas por el agente del Ministerio Público y aportadas dentro del plazo de veinte días calendario. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en casos de conciliación extrajudicial entre entidades públicas, incluyendo a entidades financieras, y establece los lineamientos para el control de legalidad de los acuerdos conciliatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que improbó el acuerdo conciliatorio fue presentado y sustentado oportunamente?¿Debe el juez verificar el cumplimiento de requisitos legales específicos para aprobar una conciliación extrajudicial presentada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?¿Puede el juez valorar medios de prueba que no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales previstas en la etapa de conciliación extrajudicial…
¿La parte demandante cumplió con la carga de probar el vínculo entre la conducta del agente y el daño por el cual la Policía Nacional concilió con los familiares de la occisa? No
En la acción de repetición el demandante debe probar la conducta del agente y el vínculo causal con el daño que originó la condena, y no basta con remitirse a las decisiones adoptadas en otros procesos. La regla se apoya en tres razones. Primera, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Segunda, la actora sustentó los hechos únicamente con las decisiones disciplinarias, penales y de reparación directa, sin aportar pruebas propias ni ratificar los testimonios practicados en el proceso primigenio. Tercera, la entidad no acreditó, de manera directa o indiciaria, que el exagente intervino en el proceso causal que llevó a la conciliación con los familiares de la víctima. En consecuencia, se confirma el fallo que negó las pretensiones de la demanda. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentra acreditado el pago efectivo de la condena a partir de los documentos que allegó la parte demandada?¿Procede el reconocimiento de honorarios para el curador ad-litem y estos deben ser asumidos por la parte demandante?
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
¿El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia debe limitar su pronunciamiento a los motivos de inconformidad expresados en el recurso de apelación, ya que analizar otros aspectos no contemplados en el recurso vulnera la fijación del litigio y los principios de economía procesal y seguridad jurídica. La Sala reitera que para configurar el medio de control de repetición es necesario acreditar la condena contra el Estado, el pago de dicha condena y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, tal como establecen los artículos 90 de la Constitución Política, el Decreto-ley 01 de 1984 y la Ley 678 de 2001. Asimismo, considera que una sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo y ordene el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir constituye una condena judicial, y que el pago de la condena puede ser demostrado mediante documentos públicos con presunción de autenticidad, sin necesidad de que la constancia provenga del acreedor.síntesis automática
También resuelve:¿Para la configuración del medio de control de repetición se debe acreditar la condena contra el Estado o el acuerdo conciliatorio…¿Constituye una condena judicial la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo y ordena el reintegro laboral con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir?¿Se acreditó el pago efectivo de la condena judicial impuesta contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial?
¿Los agentes de la Policía Nacional incurrieron en una conducta gravemente culposa, al disponer la retención de dos civiles, en un lugar que no cumplía con las condiciones mínimas exigidas para ello y que, a la postre, fue objeto de una conflagración en la que aquellos perdieron la vida? Sí
Los agentes de policía que disponen la retención de personas en un lugar que no reúne condiciones mínimas de seguridad y, en consecuencia, causan su muerte, incurren en culpa grave cuando infringen el deber objetivo de cuidado y no prevén los efectos nocivos de su actuación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los agentes actuaron en contra de una prohibición expresa del reglamento, pese a haber sido advertidos sobre el uso del lugar, lo que constituye una infracción al deber de cuidado en los términos del artículo 63 del Código Civil. Segunda, la culpa grave no requiere intención de causar la muerte, pues basta una conducta grosera, negligente, despreocupada y temeraria que sea determinante del resultado. Tercera, para fijar la participación de cada agente en el daño se considera su cargo y jerarquía al momento de los hechos. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la responsabilidad patrimonial de los demandados en repetición. La consecuencia práctica es que la retención de personas en lugares no habilitados, con advertencia previa de su prohibición, configura el elemento subjetivo de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente asunto se encuentra acreditado, con las pruebas practicadas: (i) la condición de agentes de policía de los demandados para la época en que ocurrieron los hechos…¿Un subalterno cuando tuviera dudas sobre la conveniencia o legalidad de una orden particular debía advertírselo al superior jerárquico?¿Las partes accionante y accionada se encuentran legitimados en la causa por activa y pasiva respectivamente?
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer, en única instancia, de una acción de repetición promovida por una universidad contra sus exrectores y exvicerrectora, por hechos ocurridos en ejercicio de sus funciones? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de la acción de repetición que promueve una entidad pública contra sus exservidores cuando resulta condenada al pago de perjuicios causados por actuación dolosa o gravemente culposa, y en los procesos de única instancia la competencia del Consejo de Estado depende del factor subjetivo y del factor objetivo. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben a esta jurisdicción la repetición para obtener el reintegro de lo pagado; los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011, vigentes al presentarse la demanda, introdujeron el factor subjetivo para los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado y el factor objetivo para los demás; y la acción de repetición de una universidad contra sus exdirectivos se enmarca en la función pública que ejercieron. Por ello, la competencia para conocer de la acción se determina conforme a esas reglas. La providencia niega la pretensión de competencia contraria.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición se interpuso dentro del término legal?¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre los…¿Es aplicable la Ley 678 de 2001, sin modificaciones posteriores, al medio de control de repetición cuando los hechos que motivaron la acción ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 2195 de 2022?
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de un proceso de repetición cuando la apelación se interpone contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en primera instancia, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos casos, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y las modificaciones introducidas por las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. La entidad pública que resulta condenada en un proceso de reparación directa puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público responsable del daño, siempre que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se inicie desde el pago de la conciliación judicial o la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva sobre el agente que dio lugar al daño, y la acción de repetición se rige por el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, siempre y cuando la Ley 678 de 2001 esté vigente al momento del ejercicio de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición inició con el pago de la conciliación judicial celebrada dentro del proceso de reparación directa?¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente…¿Es aplicable el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del C.C.A. para la acción de repetición cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada…
¿Se probó que la lesión sufrida por el soldado regular, por la cual el Estado suscribió y pagó la conciliación, fue causada por el demandado con su arma de dotación oficial a título de culpa grave? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el incumplimiento de las precauciones de seguridad en el manejo de armas se considera falta grave y configura la presunción de culpa grave del agente. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el régimen disciplinario de las fuerzas militares define como falta grave incumplir las precauciones de seguridad cuando se manejan armas, lo que sirve de referente para valorar la conducta. Segunda, la infracción de esa precaución, en la medida en que causa el daño con el arma de dotación oficial, encuadra en la presunción de culpa grave. En el caso, el demandado causó la lesión de un soldado con su arma de dotación oficial, y la providencia revoca la decisión de primera instancia porque la conducta se encuentra incursa en esa presunción. En la práctica, la entidad que impute culpa grave a un militar por el uso de armas debe acreditar la infracción de la precaución de seguridad y su relación con la lesión.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición, interpuesto para el reembolso del pago de las condenas contra entidades públicas por el…¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la conciliación judicial?¿El régimen normativo aplicable al medio de control de repetición es el vigente al momento de la ocurrencia de los hechos que produjeron la condena contra el Estado?
¿Se acreditó una conducta dolosa o gravemente culposa por parte del médico cirujano, que haya dado lugar a la muerte del paciente y en consecuencia, a la declaratoria de responsabilidad del Hospital demandante? No
En la acción de repetición, la responsabilidad patrimonial del servidor es subjetiva y exige dolo o culpa grave, de modo que, además de la condena, el pago y la calidad de servidor, debe probarse el máximo grado de culpabilidad del agente. La regla se apoya en que las presunciones de la Ley 678 de 2001 solo operan cuando se demuestran sus supuestos, y en que, si no se acreditan por otros medios, el deber de indemnizar no se desprende de la conducta. Ese grado de culpabilidad implica que el agente conozca el resultado lesivo para la entidad, o que lo genere al faltar al deber objetivo de cuidado. En el asunto, la entidad hospitalaria no demostró los supuestos de las presunciones ni probó por otros medios que el médico cirujano actuara con dolo o culpa grave en la atención del paciente, por lo que la Sala confirmó la decisión. En la práctica, la condena por una muerte en el servicio médico no basta para repetir contra el profesional sin prueba de su conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control de repetición instaurado por condenas contra el Estado en la cuantía fijada por la norma para procesos de…¿El medio de control de repetición es el medio judicial idóneo para imponer a los agentes estatales la obligación de restituir lo pagado por el Estado como consecuencia de su actuar doloso o…¿El término de caducidad del medio de control de repetición empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena o conciliación con el Estado o a más tardar…
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa mediante la acción de lo contencioso administrativo, ya que dicha decisión no genera una situación jurídica nueva ni es susceptible de control judicial, por lo que la demanda debe ser declarada inepta sustantivamente en relación con esta pretensión. La Sala reitera la jurisprudencia según la cual la resolución que niega la revocatoria directa no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta regla implica que el juez debe inhibirse para fallar sobre dicha pretensión y declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en este aspecto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas?¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición? Sí
En la acción de repetición, la jurisdicción administrativa conoce de los procesos contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, y el Consejo de Estado conoce en única instancia de estas demandas cuando el demandado es un servidor de alto nivel. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 atribuyen el conocimiento de la repetición a la jurisdicción contencioso administrativa. Segunda, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA fija la competencia en única instancia del Consejo de Estado para ese tipo de demandas. En el caso, la providencia concede el recurso y reconoce que la controversia corresponde a esta corporación. En la práctica, la demanda de repetición contra un servidor de alto nivel debe presentarse ante el Consejo de Estado en única instancia, y no ante un tribunal administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente para buscar establecer la responsabilidad patrimonial del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya generado una condena contra el…¿El término para la presentación de la demanda en el medio de control de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago efectuado por la entidad?¿El demandado está legitimado en la causa al desempeñarse como director del DAS en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso que derivó en la condena de esa entidad?