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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se configuró caducidad del medio de control de repetición

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Fecha
2024-03-13
Radicado
05001233100020100110301
Número interno
64085
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICIA NACIONAL
Demandado
JAMES YAIR BARRIOS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se configuró caducidad del medio de control de repetición

Lo que dijo la Sala

En lo concerniente al plazo para el ejercicio oportuno de la acción se encuentra demostrado que empezó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo (CCA), pues la sentencia condenatoria que sustenta la pretensión de reembolso fue dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el veinticuatro (24) de agosto de dos mil seis (2006), fue notificada por edicto desfijado el veintiocho (28) de noviembre de dos mil seis (2006) y cobró ejecutoria el primero (1°) de diciembre de ese año. Por otra parte, el auto por medio del cual se liquidó la condena en abstracto por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, dictado el cinco (5) de diciembre de dos mil siete (2007), fue notificado por estado del veinticinco (25) de marzo de dos mil ocho (2008) y cobró ejecutoria el veintiocho (28) del mismo mes y año.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El término de caducidad del medio de control de repetición se cuenta desde el pago efectuado por la entidad dentro del plazo máximo legal para cumplir la condena, de modo que el último pago realizado dentro de ese plazo determina la oportunidad para demandar. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable es la vigente cuando empezó a correr el término, y en el caso ese término inició bajo la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Segunda, la ley prevé un término de dos años contados desde que el organismo pagó la condena, y el plazo máximo para el pago total comenzó a correr desde la ejecutoria de la providencia que liquidó los perjuicios. Tercera, el pago se efectuó en dos momentos y el último ocurrió dentro del término legal, por lo que la demanda no está caducada. La providencia revoca la decisión que había declarado la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando la condena se paga en varias fechas, la caducidad se mide desde el último pago efectuado dentro del plazo legal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configuró caducidad del medio de control de repetición, en cuanto la demandante presentó de forma extemporánea la demanda?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 136 núm. 9 y 177 inc. 4
  • Ley 678 de 2000, art. 11

También resuelve

  • ¿Debe aplicarse la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad?
  • ¿La parte demandante acreditó el pago efectivo de la condena que se le impuso, en cuanto las pruebas allegadas al proceso son documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la…
  • ¿Se configuró la culpa grave del demandado durante los hechos en los que resultó lesionada una mujer al dispararse de forma accidental el fusil que portaba como dotación oficial, esto…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PLAZO DERECHO DE ACCIÓN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA PAGO DE LA CONDENA PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POLICÍA NACIONAL COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD CONDENA MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL DOLO CULPA GRAVE LEY 678 DE 2001 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN JUEZ DEBERES DEL JUEZ SISTEMA DE SANA CRÍTICA PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTO PÚBLICO DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO ENTIDAD PÚBLICA PRUEBA DOCUMENTAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA BENEFICIARIO DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA LESIONES FÍSICAS LESIONES FÍSICAS A CIUDADANOS ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE PATRULLERO DE LA POLICÍA NACIONAL RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL CONDENA POR ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO JUEZ ADMINISTRATIVO FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO FACULTADES DEL JUEZ CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO PROVIDENCIA JUDICIAL SENTENCIA JUDICIAL CONDENA JUDICIAL PAGO DE CONDENA JUDICIAL HECHO DAÑOSO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ARMAS DE FUEGO DISPARO DE ARMAS DE FUEGO USO DE ARMAS DE FUEGO CONCEPTO DE DOLO CULPA CONCEPTO DE CULPA GRAVE ACCIDENTE CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO PAGO DE INTERÉS MORATORIO CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL PERJUICIO MATERIAL PERJUICIO MORAL ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES TEMERIDAD PROCESAL INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL

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Titulación de la relatoría 30.500 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PLAZO / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / SENTENCIA CONDENATORIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / POLICÍA NACIONAL / COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Se configuró caducidad del medio de control de repetición, en cuanto la demandante presentó de forma extemporánea la demanda? Respuesta al problema jurídico: No En lo concerniente al plazo para el ejercicio oportuno de la acción se encuentra demostrado que empezó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo (CCA), pues la sentencia condenatoria que sustenta la pretensión de reembolso fue dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el veinticuatro (24) de agosto de dos mil seis (2006), fue notificada por edicto desfijado el veintiocho (28) de noviembre de dos mil seis (2006) y cobró ejecutoria el primero (1°) de diciembre de ese año. Por otra parte, el auto por medio del cual se liquidó la condena en abstracto por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, dictado el cinco (5) de diciembre de dos mil siete (2007), fue notificado por estado del veinticinco (25) de marzo de dos mil ocho (2008) y cobró ejecutoria el veintiocho (28) del mismo mes y año. Así, el término de caducidad aplicable es el previsto en los artículos 136.9 del CCA y 11 de la Ley 678 de 2001, conforme a los cuales el medio de control de repetición se debe ejercer dentro los dos (2) años siguientes a aquel en el que el organismo hubiera pagado la condena (…). En el caso bajo estudio se encuentra demostrado que la Policía Nacional realizó el pago de la condena en dos momentos: (i) el treinta (30) de noviembre de dos mil siete (2007), correspondiente a la sentencia en concreto, por valor de quinientos cincuenta millones trecientos quince mil novecientos sesenta pesos con cuarenta y tres centavos ($550.315.960.43) y, (ii) el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008), por los perjuicios materiales liquidados en el trámite incidental por trescientos once millones seiscientos cuarenta y tres mil noventa y nueve pesos ($311.643.099), tal como consta en las Resoluciones 0715 de noviembre de 2007 y 0376 de mayo de 2008, y en el ajuste de movimiento y comprobante de egreso expedidos por la Tesorería General de la Policía Nacional. En ese orden, se entiende que el plazo máximo previsto en la ley para el pago total de la condena empezó a correr a partir de la ejecutoria de la providencia que decidió el incidente de liquidación de perjuicios (28 de marzo de 2008), por lo tanto dicho término venció el veintiocho (28) de septiembre de dos mil nueve (2009), pero como el último pago se efectuó el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008), el plazo de caducidad empezó a correr desde esa fecha. Ahora, como la demanda que inició este contencioso fue radicada el catorce (14) de mayo de dos mil diez (2010), esto es, dentro de los dos años siguientes al pago total de la condena, el medio de control de repetición se considera ejercido oportunamente. NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 678 DE 2000 - ARTÍCULO 11 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / CONDENA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / DOLO / CULPA GRAVE / LEY 678 DE 2001 Problema jurídico: ¿Debe aplicarse la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior (…) Como en este caso el hecho que dio lugar a la condena ocurrió el 29 de marzo de 2004, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mano de 2007, exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de junio de 2018, exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, exp. 24844, C.P. Ruth Stella Correa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PAZ Y SALVO DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PÚBLICO AUTÉNTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / ENTIDAD PÚBLICA / PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / POLICÍA NACIONAL / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / COMPROBANTE DE EGRESO DE CONTABILIDAD / BENEFICIARIO Problema jurídico: ¿La parte demandante acreditó el pago efectivo de la condena que se le impuso, en cuanto las pruebas allegadas al proceso son documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la misma y dan cuenta del nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago; además, se presumen auténticos, pues existe certeza del servidor público que los expidió y el cargo que ejercía? Respuesta al problema jurídico: Si El pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación que se debe (artículo 1626 Código Civil), es decir, consiste en una conducta positiva o de abstención dar, hacer o no hacer, según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 ejusdem) contraído por voluntad propia, por la ocurrencia de un daño o por el apremio de la ley (artículo 1494 del Código Civil). Sea necesario anotar que, nuestra codificación civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues, la legislación adjetiva, en concordancia con la cual deben interpretarse aquellas normas, estableció la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil en su momento y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Ahora, si bien es cierto nuestra codificación civil hace referencia en algunas normas a la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago y, por tanto, una prueba que por provenir del acreedor tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, también lo es que esta no es la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica según lo contempla el actual Código de Procedimiento Civil. (…) El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena para considerar que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas son elaborados por ellos mismos, lo cierto es que gozan de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expide, permiten establecer que se trata de documentos públicos completamente válidos. El legislador también elevó esta interpretación a rango normativo, (…) [según lo] estableció en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 (…) Claro está que lo anterior no implica que dichos documentos de naturaleza pública sean prueba definitiva e incontrovertible, por cuanto su contenido acreditaría el hecho que se certifica, siempre que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falsos; controversia que, no obstante, no se dio en este proceso. (…) En este caso el ente demandante, para acreditar el pago efectivo de la obligación reparatoria, aportó los siguientes documentos: (i) resolución 0715 de 7 de noviembre de 2007, por medio de la cual el director administrativo y financiero de la Policía Nacional dispuso el pago de la sentencia condenatoria por concepto de perjuicios morales y materiales por la suma de quinientos cincuenta millones trecientos quince mil novecientos sesenta pesos con cuarenta y tres centavos ($550.315.960.43); (ii) certificación de movimiento contable suscrito por la tesorera general de la Policía Nacional, en la que consta el pago de la sentencia a favor del apoderado de los beneficiarios de la condena el 30 de noviembre de 2007, por el valor ordenado en la resolución 0715 de 2007; (iii) resolución 0376 de 14 de mayo de 2008, mediante la cual la directora administrativa y financiera de la Policía Nacional adicionó la resolución 0715 en el sentido de incluir la liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente liquidados en el trámite incidental, por la suma de trescientos once millones seiscientos cuarenta y tres mil noventa y nueve pesos ($311.643.099); (iv) comprobante de egreso suscrito por el tesorero pagador de la policía, en el que consta la transferencia de la suma de dinero prevista en la resolución 0376 de 2008, el 30 de mayo de 2008, al apoderado de los beneficiarios de la condena. De esta forma, los documentos anteriormente relacionados, que no fueron controvertidos por el accionado, son prueba suficiente de que el organismo realizó el pago, pues se trata de documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena judicial impuesta en su contra y dan cuenta del nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago; además, se presumen auténticos, pues existe certeza del servidor público que los expidió y el cargo que ejercía . Se impone así una respuesta afirmativa en torno al primer problema jurídico relacionado con la acreditación del pago efectivo de la condena. (…). NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de septiembre de 2013, exp. 25631, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1628, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1653, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1654, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1669 CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / LESIONES FÍSICAS / LESIONES FÍSICAS A CIUDADANOS / ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / POLICÍA NACIONAL / PATRULLERO DE LA POLICÍA NACIONAL / RESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL / CONDENA POR ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PROVIDENCIA JUDICIAL / SENTENCIA JUDICIAL / CONDENA / CONDENA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / HECHO DAÑOSO / ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / ARMAS DE FUEGO / DISPARO DE ARMAS DE FUEGO / USO DE ARMAS DE FUEGO / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / CULPA / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / ACCIDENTE CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL Problema jurídico: ¿Se configuró la culpa grave del demandado durante los hechos en los que resultó lesionada una mujer al dispararse de forma accidental el fusil que portaba como dotación oficial, esto, cuando el mismo se encontraba en un establecimiento de servicios estéticos al que asistió durante su servicio de patrullaje, lo que conllevó a que la demandante fuera condenada dentro del proceso de reparación directa a indemnizar a los familiares de la víctima, por lo cual, prospera las pretensiones del demandante? Respuesta al problema jurídico: Si Para sustentar el presupuesto subjetivo de prosperidad de la acción de repetición, el órgano apelante adujo que la conducta gravemente culposa que se le atribuye a (…) se encuentra acreditada con la sentencia condenatoria, pues esta da cuenta de que el patrullero de la policía desconoció la normativa que regula el uso de armas de fuego de dotación oficial mientras se encontraba en servicio, porque omitió retirar el proyectil de la recamara y activar el seguro, aun cuando se encontraba en un establecimiento de comercio con un fusil Galil, en donde, “sin su querer, se le percutió el arma”, causando lesiones a una mujer que se encontraba en el lugar. En cuanto al juicio de culpabilidad, viene oportuno recordar que la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio no ata al juez de la repetición , ya que, este último es un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del servidor que imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a la circunstancia que motivaron la condena, en tanto se centra en la valoración de la conducta del agente conforme a las pruebas legalmente practicadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso. (…) [L]a Sala observa que la atribución de responsabilidad patrimonial al patrullero (…) se cimentó en la conducta gravemente culposa en la que incurrió al portar el arma de dotación oficial en un establecimiento de servicios estéticos, sin atender el protocolo de uso de las armas que le imponía mantenerla asegurada y sin proyectil en la recamara, omisión que, en opinión del organismo accionante, dio lugar a la condena por las lesiones causadas a una mujer que se encontraba en el lugar. El ente accionante consideró constitutivo de “culpa grave” el comportamiento asumido por el agente demandado, sin mencionar una presunción específica, motivo por el cual el análisis de la conducta se realizará conforme a la definición legal prevista en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, vigente para la época en que ocurrió el hecho que dio lugar a la condena (29 de marzo de 2004). (…) Como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa, las providencias judiciales son pruebas documentales que dan cuenta de la decisión judicial y de los hechos procesales, pero no acreditan los hechos que le sirvieron de fundamento. No obstante, la anterior exposición permite constatar las consideraciones que motivaron la condena cuyo reembolso pretende el órgano demandado en este contencioso, para determinar, con base en las pruebas practicadas en este proceso, si la conducta del demandado ocasionó dicha condena y si le es imputable a título de culpa grave. (…) El comportamiento del accionado en el hecho dañoso, además de evidenciar la omisión del deber objetivo de cuidado, al no prever el riesgo intrínseco del porte de un arma de dotación en un establecimiento de comercio, denota la infracción directa de las medidas de prevención establecidas en el Decálogo de Seguridad de Armas de Fuego que prevé, entre otras, las siguientes: “1. Siempre que manipule un arma, hágalo como si estuviera cargada, cerciórese por sí mismo y no accione el disparador. 2. Nunca apunte un arma cargada o descargada a objetivos a los cuales no piensa disparar. 3. Controle la boca de fuego de su arma cuando sufra una caída. (…) Asimismo, se entiende que el patrullero de la policía desconoció las “normas de seguridad” que le imponían el deber de mantener el arma “asegurada en sitios poblados”, con la activación del dispositivo de bloqueo del mecanismo de disparo, así como las previsiones generales vigentes para la época del hecho dañoso, que preveían el porte “con el arma y el proveedor descargados y observando las condiciones de seguridad que establezca el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional.”(…) Así entonces, las circunstancias en las que ocurrió el hecho dañoso que, vale decir, no fueron cuestionadas por el accionado (…) en este contencioso, resultan determinantes para la calificación de su conducta en el juicio de culpabilidad, pues denotan que el uniformado interrumpió el turno de patrullaje para ingresar a un establecimiento de servicios estéticos, vestido con el uniforme policial y portando el fusil Galil de dotación oficial, sin precaver las situaciones de peligro que devienen del porte de armas de fuego, máxime cuando omitió verificar que estuviera descargado y con el seguro del disparador activado. De lo expuesto, resulta válido afirmar que el demandado incurrió en una conducta gravemente culposa por infracción de las normas de seguridad en el uso las armas de dotación que debía conocer en condición de patrullero de la Policía Nacional, con instrucción y entrenamiento en el porte, manipulación y uso de estos artefactos, los cuales constituyen los estándares mínimos para el desempeño de las funciones atribuidas a los uniformados de la institución policial como “cuerpo armado de naturaleza civil”, que tiene como propósito primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas que aseguren la convivencia pacífica de los habitantes. En los términos del artículo 63 del Código Civil, el dolo consiste en la “intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Constituye un concepto jurídico relacionado con la intención del sujeto de generar el resultado o de realizar el verbo rector que describe la acción típica; por consiguiente, de manera independiente a que se entienda como un elemento psicológico o normativo, lo cierto es que su análisis se efectúa en el fuero interno del individuo, puesto que su acreditación supone la constatación de un elemento cognoscitivo (conocer la realidad, la trasgresión normativa o el resultado esperado) y volitivo (aceptar o buscar intencionalmente la consecuencia derivada del comportamiento). La culpa, por su parte, es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran. Con el juicio sobre la culpa se imputa así la obligación de reparar un daño previsto o que, siendo previsible, confió imprudentemente en su capacidad de evitarlo, teniendo en cuenta que el ejercicio de una función o servicio público implica unos deberes expresamente establecidos en la ley o reglamento, o derivados de las funciones detalladamente definidos en estos, que el funcionario o servidor se ha comprometido a cumplir. En consecuencia, este no podrá excusar su responsabilidad arguyendo la ignorancia de los conocimientos necesarios para su ejercicio, ya que ello lo colocaría en una culpa inicial. La culpa grave, a su vez, al tenor del referido artículo 63 del Código Civil, implica un comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario en la causación del daño. Bajo esta perspectiva, resulta forzoso concluir que la respuesta al problema jurídico planteado es afirmativa, pues si bien el hecho dañoso que generó la condena devino por un “accidente” desprovisto del querer o intención del agente, como lo adujo el curador ad litem designado para la defensa del accionado, ello no lo exime de la responsabilidad patrimonial que genera la conducta gravemente culposa en la que incurrió por la infracción del Decálogo de Seguridad de Armas de Fuego, de las normas de seguridad que le imponían el deber de mantener el arma asegurada con la activación del dispositivo de bloqueo del mecanismo de disparo y las previsiones generales que preveían el porte “con el arma y el proveedor descargados”, todas inobservadas por el patrullero (…) el 29 de marzo de 2004, cuando ingresó a un establecimiento de servicios estéticos, durante la prestación del servicio de patrullaje, con un fusil Galil cargado. De esta forma, el demandado actuó con una inexcusable omisión en el ejercicio de las funciones que, bajo una interpretación acorde con los elementos de la culpa grave estructurados en el derecho civil, como la que procede en este contencioso, lleva a la declaración de su responsabilidad.(…) De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala decide modificar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la responsabilidad patrimonial del patrullero (…) por encontrarse acreditado que la condena pagada por la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, fue consecuencia de la conducta gravemente culposa configurada por la infracción directa de las normas de derecho que rigen el porte, manipulación y uso de las armas de fuego de dotación oficial, como estándares mínimos para el desempeño de las funciones de patrullero de la Policía Nacional. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp.43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de agosto de 2022, exp. 57229, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, fundamento jurídico 4.5; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp. 24844, C.P. Ruth Stella Correa, [fundamento jurídico 3.3.3.2]; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 15 de noviembre de 2016, exp. 55814, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de abril de 2019, exp. 61046, C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre del 2009, exp. 05001-23-25-000-1998-02246-01 (35529), C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2015, exp. 32207, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz; sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 45295, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de octubre de 2018, exp. 46328, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia del 7 de septiembre de 2020, exp. 49069, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 26 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 218, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 83 DE 1874 - ARTÍCULO 63 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / SENTENCIA CONDENATORIA / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO MORAL / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA Problema jurídico: ¿Procede la pretensión de reembolso que realizo la demandante, consistente en la devolución del valor total que tuvo que cancelar en virtud del reconocimiento indemnizatorio en el proceso de reparación directa, sin que se deba incluir intereses de ninguna clase? Respuesta al problema jurídico: Si En este caso la Sala observa que el ente accionante presentó la pretensión de reembolso sobre el valor total pagado en virtud del reconocimiento indemnizatorio con la inclusión de intereses moratorios calculados en las resoluciones que ordenaron el cumplimiento de la sentencia condenatoria. (…) En cuanto a la condena que deriva de la declaración de responsabilidad en el juicio de repetición, viene pertinente precisar que la Ley 678 de 2001 establece que la “cuantía de la pretensión se fijará por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, […] sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaran a causar”. Así entonces, la condena por la declaración de responsabilidad patrimonial del accionado corresponde únicamente al valor de las indemnizaciones pagadas por concepto de perjuicios morales y materiales, liquidadas en los actos administrativos que ordenaron el cumplimiento de la sentencia por las sumas de cuatrocientos treinta y ocho millones quinientos veintiséis mil setecientos setenta y cinco pesos ($438.526.775) y doscientos noventa y cinco millones ciento sesenta y un mil trescientos treinta un pesos ($295.161.331). (…) La suma total de condena, esto es, setecientos treinta y tres millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento seis pesos ($733.688.106), será ajustada en su valor desde que ocurrió el pago efectivo de la condena (30 de mayo de 2008) hasta la fecha de esta sentencia, conforme a la (…) fórmula (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia de la Corte Constitucional C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra . REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / PLAZO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Puede fijar el juez administrativo un plazo fijo de seis meses para el pago de la condena por reintegro solicitada en ejercicio del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora, en atención a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 678 de 2001, que ordena establecer en la sentencia el plazo para el cumplimiento de la obligación, y a la jurisprudencia de esta Sección sobre el tema, la Sala considera razonable fijar un término de seis meses para el pago de la condena por reintegro solicitada en ejercicio de la acción de repetición. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de septiembre de 2016, exp. 44845, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 12 de septiembre de 2016, exp. 51946, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E); sentencia del 1 de octubre de 2018, exps. 45152 y 59434, C.P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 29 de abril de 2019, exp. 60988, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 15 CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA TEMERIDAD PROCESAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas, en cuanto las partes procesales actuaron con temeridad? Respuesta al problema jurídico: No De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, vigente para la época de presentación de la demanda, sólo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente. Como en este caso no se observa que las partes hubiesen actuado de esa manera, no hay lugar a condena alguna en ese sentido. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201001103011100103