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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

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Fecha
2023-10-04
Radicado
54001233300020160032202
Número interno
63928
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO
Demandado
GONZALO NIÑO FAJARDO

Síntesis de la providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogatoria, en virtud del principio de irretroactividad. Si los hechos que motivaron la condena son anteriores, continúan rigiéndose por la normativa previa, y si son posteriores, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado, sin que las nociones generales del régimen anterior sean aplicables. La primera razón es la irretroactividad, regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que solo procede de manera excepcional y no altera la regla general. La providencia revoca la decisión de primera instancia y aplica esta regla al caso concreto, de modo que el análisis de la conducta del demandado se hace conforme a la ley vigente en el momento de los hechos. En la práctica, la fecha de ocurrencia de los hechos que originaron la condena, y no la fecha de la sentencia, determina si la norma de 2001 rige la valoración de la conducta del agente, por lo que esa fecha debe probarse desde la demanda.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 2
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿La certificación emitida por el tesorero municipal constituye prueba suficiente del pago de la obligación reparatoria, como requisito de prosperidad de las pretensiones de repetición?
  • ¿El accionado en repetición incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa, en condición de alcalde del municipio de San Cayetano…
  • ¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso de repetición, esto es, a la entidad pública demandante, cuando se observa que los demandados intervinieron en el trámite de la segunda…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO LEY 678 DE 2001 APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA PRUEBA DEL PAGO PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA DOCUMENTO ALLEGADO POR ENTIDAD PÚBLICA DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO CERTIFICACIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO ALCALDE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA EXALCALDE ALCALDE MUNICIPAL DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ALCALDE DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL FUNCIONES DEL ALCALDE FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL CONTRATACIÓN ESTATAL DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL RESPONSABILIDAD DEL DELEGANTE DELEGANTE OBRA PÚBLICA SEÑALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO FALLA EN LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO MUERTE DE MENOR DE EDAD SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA EFECTOS DE LA SENTENCIA EFECTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA ALCANCE DE LA SENTENCIA CULPA GRAVE INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE PRUEBA DE LA CULPA GRAVE FALTA DE PRUEBA OMISIÓN DEL DEBER NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS INTERÉS PÚBLICO ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Contratación estatal: Sentencia
Titulación de la relatoría 26.037 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / LEY 678 DE 2001 / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD Problema jurídico: ¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? Respuesta al problema jurídico: Si Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior, “sin perjuicio de que, dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”. Por ende, como en este caso el accidente que originó el hecho dañoso atribuido al ente territorial ocurrió el 4 de julio de 2005, la normativa aplicable a los aspectos sustanciales también lo es la Ley 678 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la normativa aplicable en los procesos de repetición, consultar providencias de 8 de mano de 2007, Exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 18 de junio de 2018, Exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 124, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / DOCUMENTO ALLEGADO POR ENTIDAD PÚBLICA / DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / CERTIFICACIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL / TESORERO MUNICIPAL / TESORERÍA MUNICIPAL Problema jurídico: ¿La certificación emitida por el tesorero municipal constituye prueba suficiente del pago de la obligación reparatoria, como requisito de prosperidad de las pretensiones de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El accionante cuestionó la sentencia en cuanto tuvo por acreditado el pago de la condena, aun cuando no obra en el expediente documento que constate el recibo a satisfacción del beneficiario o paz y salvo expedido por él. Al respecto, viene oportuno precisar que, el pago implica el cumplimiento concreto de una obligación a cargo de un deudor y consiste en la ejecución de la prestación que se debe (artículo 1626, Código Civil), es decir, configura una conducta positiva o de abstención –dar, hacer o no hacer–, según el caso, que tiene la capacidad extintiva del vínculo obligacional (artículo 1625 ejusdem) contraído por voluntad propia, por la ocurrencia de un daño o por el apremio de la ley (artículo 1494, Código Civil). Nuestra codificación civil no establece un modo o tarifa legal para probar el pago de una obligación, pues en nuestro ordenamiento rige la libertad de las partes para acudir a cualquier medio legalmente válido, a fin de acreditar ese acto extintivo de obligaciones, postura que fue recogida y adoptada por el Código de Procedimiento Civil —en su momento— y que se mantiene vigente en el actual Código General del Proceso. Ahora, si bien es cierto que nuestra codificación civil hace referencia en algunas normas a la “carta de pago”, recibo o paz y salvo, que es la declaración del acreedor de haber recibido de forma satisfactoria el pago y, por tanto, una prueba que por provenir del acreedor— tiene la entidad suficiente para acreditar el pago o la solución de la obligación, no es la única prueba que prevé el ordenamiento jurídico para tal efecto, pues, se recuerda, no hay tarifa probatoria para acreditar el pago efectivo y, por ende, el deudor puede valerse de cualquier medio legalmente válido. En este orden de ideas, el juez debe valorar de forma conjunta los medios de prueba allegados, bajo los parámetros de la sana crítica según lo contempla el actual Código General del Proceso. (...) El Consejo de Estado, desde el año 2013, ha revisado la postura sostenida hasta ese momento en relación con el pago efectivo de la condena y consideró que, si bien los documentos aportados por las entidades públicas eran elaborados por ellos mismos, lo cierto era que gozaban de plena validez y capacidad probatoria, como quiera que, en virtud de quien los expedía, permitía establecer que se trataba de documentos públicos completamente válidos. (...) Claro está que lo anterior no implica que dichos documentos —de naturaleza pública— sean prueba definitiva e incontrovertible, por cuanto su contenido acreditaría el hecho que se certifica, siempre que, estando a disposición de la parte contraria, no hayan sido controvertidos, objetados o tachados de falso; controversia que, no obstante, no se dio en este proceso. (...) En este caso, el accionante, con el propósito de acreditar el pago efectivo de la obligación reparatoria, aportó certificación suscrita por el tesorero municipal de San Cayetano, fechada el 4 de mayo de 2016, en la que consta que el ente territorial efectuó tres pagos en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión, el 6 de septiembre de 2013, en el marco de “la acción de reparación directa ejercida contra el municipio con motivo del fallecimiento del menor (...)”, así: el treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014) la suma de doscientos millones de pesos ($200.000.000) y el ocho (8) de abril de dos mil quince (2015), las sumas de doscientos cincuenta y cuatro millones trescientos mil cuarenta y dos pesos con setenta y dos centavos ($254.300.042,72), y cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos ($45.648.940). (...) De esta forma, el documento anteriormente relacionado es prueba suficiente de que el ente territorial cumplió la obligación surgida en la condena judicial impuesta, pues se trata de un documento público que refleja la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la sentencia condenatoria, acredita la fuente de la obligación, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago; además, se presume auténtico, pues existe certeza del servidor público que lo expidió y el cargo que ejercía. Se impone así una respuesta afirmativa en torno al primer problema jurídico (...). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prueba del pago de la condena, consultar providencia de 9 de septiembre de 2013, Exp. 25631, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Acerca del valor probatorio de los documentos públicos, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-523 de 2009. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 175, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 244, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 176, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1626, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1628, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1653, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1654, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1669 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ALCALDE / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA EXALCALDE / ALCALDE MUNICIPAL / DELEGACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ALCALDE / DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL / FUNCIONES DEL ALCALDE / FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL DELEGANTE / DELEGANTE / OBRA PÚBLICA / SEÑALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA / FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / FALLA EN LA SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO / MUERTE DE MENOR DE EDAD / MEDIOS DE PRUEBA / SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / ALCANCE DE LA SENTENCIA / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / FALTA DE PRUEBA / OMISIÓN DEL DEBER / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿El accionado en repetición incurrió en una conducta dolosa o gravemente culposa, en condición de alcalde del municipio de San Cayetano, en el accidente ocasionado con una máquina motoniveladora propiedad del municipio, durante la ejecución de una orden de prestación de servicios que tenía por objeto el mantenimiento de una vía veredal, por haber omitido estipular la obligación del contratista de cumplir las normas de señalización ni someter la ejecución del contrato a interventoría? Respuesta al problema jurídico: No El municipio de San Cayetano, Norte de Santander, fue condenado al pago de los perjuicios derivados de la muerte de un menor, causada por atropellamiento con maquinaria amarilla, propiedad del ente territorial, durante la ejecución de una orden de prestación de servicios que tenía por objeto el mantenimiento de una vía veredal. El personero municipal, como representante del Ministerio Público, pretende que la suma pagada en cumplimiento de la sentencia condenatoria sea reembolsada por (...) [el] exalcalde municipal, porque, a su juicio, el hecho dañoso que originó la condena devino del comportamiento gravemente culposo en que incurrió el agente por la inexcusable omisión de las funciones de vigilancia y control de la actividad contractual, específicamente, la concerniente a la señalización de la vía afectada con la obra. (...) El accionado adujo en el recurso de apelación, como primer argumento de inconformidad, que la atribución de responsabilidad bajo el título de culpa grave carece de fundamento porque, a su juicio, el a quo no analizó la conducta (...) frente al hecho generador del daño, sólo reiteró las consideraciones expuestas en la sentencia condenatoria dictada en el proceso de reparación directa sobre la atribución de responsabilidad al municipio. (...) En punto al juicio de culpabilidad, viene oportuno recordar que la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no demuestra automáticamente el dolo o la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo en el fallo condenatorio no ata al juez de la repetición por tratarse, este último, de un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del servidor que imposibilita extrapolar las conclusiones en torno a la circunstancia que motivaron la condena del organismo, en tanto se centra en la valoración de la conducta del agente conforme a las pruebas legalmente acopiadas, cuyo mérito y resultados pueden diferir del que tuvieron los medios probatorios allegados al proceso judicial que sustentó la pretensión de reembolso. (...) [En ese sentido,] le corresponde a la Sala determinar si el hecho dañoso que dio lugar a la imposición de la condena en contra del municipio por la falla del servicio en que incurrió durante la ejecución de la orden de prestación de servicios en virtud de la cual se hizo uso de la maquina motoniveladora que causó la muerte al menor (...), revela una conducta gravemente culposa atribuible al exalcalde, por la inexcusable omisión de la función de control y vigilancia de la actividad contractual. (...) Pues bien, en el caso bajo estudio, el contrato suscrito el 12 de abril de 2005 por el demandado, en condición de alcalde del municipio de San Cayetano, y por el señor (...) tenía el objeto de “prestar servicios personales” para “realizar el mantenimiento de la vía Ayacucho el Cilindro Tabiro, guaduas hasta el cruce con la vía que conduce a la termoeléctrica y patios de ceniza”, con una duración de veinte (20) días calendario, contados desde la suscripción del acta de inicio, y un precio de cuatro millones setecientos quince mil novecientos cincuenta pesos ($4.715.950). Las partes estipularon que el contratista (...) respondería civil y penalmente por sus acciones conforme a lo previsto en los artículos 56 y 58 de la Ley 80 de 1993. En cuanto al “control y seguimiento de la orden de prestación de servicios”, el alcalde dispuso que esa función “se encomienda a la Secretaría General”. Entonces, conforme a las atribuciones constitucionales y legales (...), el exalcalde, hoy demandado, tenía el deber de control y vigilancia de la actividad contractual de la orden de prestación de servicios suscrita por él para la realización de obras de mantenimiento de una vía veredal, pero como la función citada fue ejercida a través de la Secretaría General del municipio, le correspondía a esa dependencia constatar la “colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas” en el sitio donde se realizó el trabajo de mantenimiento pactado. A su turno, el exalcalde, hoy demandado, tenía el deber de orientación y vigilancia de la función de dirección y control de la actividad contractual delegada a la secretaria general. (...) Para acreditar la presunta omisión del accionado en el contexto referido, el personero municipal sólo allegó a este contencioso la sentencia condenatoria dictada en el proceso de reparación directa en la que se citaron como medios de prueba, los siguientes: (i) el informe de necropsia, (ii) la orden de prestación de servicios para el mantenimiento de la vía, (iii) el oficio conforme al cual constató que la maquina motoniveladora era propiedad del municipio y, (iv) apartes de la indagatoria del operador de la maquinaria (contratista) y de algunos testimonios rendidos en la investigación penal. (...) En punto a los deberes de las partes, la Sala considera oportuno precisar que, si bien en el contrato de mantenimiento o “rehabilitación” de la vía rural es obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente conforme a la reglamentación de las señales de tránsito, la omisión de dicha previsión no releva al contratista de la obligación legal de señalizar el sitio de labor, por constituir obligaciones que emanan directamente de la ley. Por tanto, en virtud del principio de buena fe, la ausencia de una estipulación contractual con la que el contratista se obligara a señalizar las obras que ejecutaba no lo relevaba de la obligación legal de señalizar el sitio de las labores, contrario a lo considerado por el a quo. (...) Nótese, por demás, que el negocio jurídico denominado “OPS”, realmente encajaba en la definición legal del contrato de obra, dado que fue celebrado por un ente territorial para “el mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. Por esta razón, en principio, el contrato requería de una interventoría “contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista”. No obstante, como para la época de la celebración del negocio jurídico, esto es, 12 de abril de 2005, el valor pactado no superaba el monto de la menor cuantía, el contrato de obra no estaba sometido a una interventoría externa, como lo adujo el ente recurrente. En el presente juicio de culpabilidad, las consideraciones citadas resultan insuficientes para acreditar la conducta gravemente culposa atribuida (...) [al demandado], dado que no dan cuenta de la omisión inexcusable de la función de control y vigilancia del objeto contractual que el exalcalde delegó en la Secretaría General, en específico, las relativas a la señalización de la obra de mantenimiento, máxime cuando no se allegaron a este contencioso medios de prueba adicionales para acreditar que la omisión de las atribuciones aludidas fue determinante en la ocurrencia del hecho dañoso que dio lugar a la condena en contra del municipio. (...) En consecuencia, la Subsección revocará la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, porque no se encontró acreditado el supuesto de hecho constitutivo de culpa grave atribuido por el personero municipal de San Cayetano, como representante del Ministerio Público, al exalcalde demandado (...), por omitir las funciones de vigilancia y control de la actividad contractual durante la etapa de ejecución de la obra de mantenimiento de una vía veredal en la que el operario de la máquina motoniveladora causó la muerte de un menor por atropellamiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos de procedencia del medio de control de repetición, consultar providencias de 27 de noviembre de 2006, Exp. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 6 de diciembre de 2006, Exp. 22056, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 3 de octubre de 2007, Exp. 24844, C.P. Ruth Stella Corre Palacio; de 26 de febrero de 2009, Exp. 30329, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 13 de mayo de 2009, Exp. 25694, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 28 de abril de 2011, Exp. 33407, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 19 de julio de 2017, Exp. 55025, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 18 de junio de 2018, Exp. 54692, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 9 de julio de 2018, Exp. 58789, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 31 de enero de 2020, Exp. 42037, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre el valor probatorio de las sentencias que imponen condenas al Estado, como medios para acreditar la conducta del agente en procesos de repetición, consultar providencias de 3 de diciembre de 2007, Exp. 29222, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 29 de noviembre de 2019, Exp. 43056, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca de la prueba de la conducta del agente del Estado como presupuesto de procedencia de la repetición, consultar providencia de la Corte Constitucional, SU-354 de 26 de agosto de 2020. En relación con la responsabilidad del delegante, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-693 de 9 de julio de 2008. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 314, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 101, LEY 769 DE 2002 - ARTÍCULO 115, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 56, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 58, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso de repetición, esto es, a la entidad pública demandante, cuando se observa que los demandados intervinieron en el trámite de la segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171), mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público” (artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas, “salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una de las partes, que el precepto legal no prevé. Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por medio del cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y inherentes a ella”. Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso. La repetición, como “acción civil de carácter patrimonial” con “fines retributivo y preventivo”, supone un ejercicio razonable del derecho de acción, circunscribiéndolo a los eventos en que el organismo estatal vislumbre un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor acusado por infringir sus deberes funcionales o por la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, a partir de una comprobación certera de las circunstancias de hecho que sustentan la pretensión de reembolso. (...) La Sala procede, pues, a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del CGP, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto es, a las expensas, gastos procesales, horarios de auxiliares de la justicia y agencias en derecho, los cuales deben ser “tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente”. En cuanto a las reglas para la imposición de la condena, la norma procesal general establece que procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas, la Sala observa que en este caso no procede su imposición por los componentes de expensas porque no aparece demostrado en el expediente que la parte demandada hubiera incurrido en gastos por esos conceptos durante la segunda instancia. En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se encuentra demostrado que el apoderado del demandado (...) interpuso recurso de apelación y presentó alegatos de conclusión en segunda instancia. En ese orden, la Sala fijará el monto de las costas por agencias en derecho a favor del citado demandado en 0,4% de la pretensión de reembolso, con cargo a la personería municipal de San Cayetano, en atención a la autonomía presupuestal señalada en la Ley Orgánica de Presupuesto. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la procedencia de la condena en costas y las acciones públicas, consultar providencias de 11 de noviembre de 1925, C.P. José A. Valverde R.; de 7 de diciembre de 1993, Exp. AC-1276, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; de 13 de junio de 2000, Exp. AC-10252, C.P. Ana Margarita Olaya Forero; de 13 de agosto de 2002, Exp. 11001-03-15-000-2001-0127-01(REV-0127), C.P. Roberto Medina López; de 27 de abril de 2004, Exp. 11001-03-15-000-2003-00311-01(S-311). FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 2, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 108, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 168, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 3

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012333000201600322021100103