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clave: "consejo_estado:providencia:15001233100020000284801-36697-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos originados en ella"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-10-21"
radicado: "15001233100020000284801"
numero: "36697"
ponente: "GUILLERMO SANCHEZ LUQUE"
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# Consejo de Estado: la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos originados en ella

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-10-21
- **Radicado:** 15001233100020000284801
- **Número interno:** 36697
- **Ponente:** GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** PEDRO JOSE MEDINA SANCHEZ
- **Demandado:** PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN – P.A.R. I.S.S.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233100020000284801-36697-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/15001233100020000284801/DABFCD28D4FD3687BC5580022FDD9124211EF410840693EECE03473B931FD0FF/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012331000200002848011100103

## Problema jurídico

¿Telecom se encontraba habilitada para declarar la caducidad del contrato y decretar la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de la acción de controversias contractuales en razón de la cuantía?
- ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación…
- ¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro del término establecido por la ley?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2123 de 1992, art. 6
- Ley 142 de 1994, art. 31
- Constitución Política

## Extracto

Como el régimen del contrato TU n.° 00159, para la atención de los servicios de telecomunicaciones que prestaba la entidad a través de la modalidad SAI CT en el “Sitio los Muiscas” en Tunja es el derecho privado, su naturaleza es, exclusivamente, la del contrato de agencia comercial, no de obra pública o suministro (art. 6 del Decreto 2123 de 1992) y no había autorización de la CRT (art. 31 Ley 142), Telecom no se encontraba habilitada para declarar la caducidad, ni la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años. Esas facultades excepionales comprenden el ejercicio de competencias para la expedición de actos administrativos en desarrollo de los contratos estatales que la entidad no poseía.

## Síntesis temática

El contratista no puede ser inhabilitado por la entidad estatal para celebrar contratos con el Estado por cinco años y el contrato no puede ser declarado caducado, ya que el contrato TU n.° 00159, que regula la atención de servicios de telecomunicaciones en el sitio Los Muiscas en Tunja, es de naturaleza privada y Telecom no tiene la competencia legal para adoptar tales decisiones, dado que no se ajusta a la modalidad de obra pública o suministro ni cuenta con la autorización de la CRT. La Sala reitera que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que la originan, por lo que declara nulas las resoluciones n.° 15001205-001642 y n.° 15001205-002726 en lo referente a la caducidad del contrato y la inhabilitación del contratista, debido a la falta de atribuciones de Telecom para expedir tales actos.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM, ENTIDAD ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, INHABILIDADES DEL CONTRATISTA, INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO, PRUEBA TRASLADADA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA, REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA, IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, PRUEBAS APORTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE, SERVICIOS PÚBLICOS, MONOPOLIO ESTATAL, CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL, CONCEPTO DE CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL, CARGOS DE INTERCONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES, CLASES DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES, PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES, CLÁUSULA EXCEPCIONAL, NORMA DE DERECHO PRIVADO, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, IMPROCEDENCIA DEL CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL, REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, MODALIDADES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, CESANTÍA COMERCIAL, INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, FACTURACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS, DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO, RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONTRATO BILATERAL, CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, BUENA FE CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL, PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS, ACTO PROPIO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FUERZA MAYOR, PRUEBA DE FUERZA MAYOR, CONCEPTO DE FUERZA MAYOR, HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR, CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA MAYOR, INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, CARACTERÍSTICAS DEL CASO FORTUITO, INEXISTENCIA DEL CASO FORTUITO, CONCEPTO DE CASO FORTUITO, CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD, TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, REVISIÓN DEL CONTRATO, REVISIÓN DEL CONTRATO DE MUTUO, REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, FALTA DE PRUEBA

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / TELECOM / ENTIDAD ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Telecom se encontraba habilitada para declarar la caducidad del contrato y decretar la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años?
Respuesta al problema jurídico: No
Como el régimen del contrato TU n.° 00159, para la atención de los servicios de telecomunicaciones que prestaba la entidad a través de la modalidad SAI CT en el “Sitio los Muiscas” en Tunja es el derecho privado, su naturaleza es, exclusivamente, la del contrato de agencia comercial, no de obra pública o suministro (art. 6 del Decreto 2123 de 1992) y no había autorización de la CRT (art. 31 Ley 142), Telecom no se encontraba habilitada para declarar la caducidad, ni la inhabilidad del contratista para celebrar contratos con entidades estatales por cinco años. Esas facultades excepionales comprenden el ejercicio de competencias para la expedición de actos administrativos en desarrollo de los contratos estatales que la entidad no poseía. La “Resolución n.° 15001205-002726” que resolvió el “recurso” tiene del mismo vicio, a su vez, en la medida que confirmó esas decisiones frente a las cuales Telecom no era competente. La Sala reitera que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad de los actos originados en ella, porque la incompetencia es la forma más grave de ilegalidad por la inobservancia de la fuente de sus atribuciones conforme al principio de legalidad (preámbulo, arts. 6, 121, 122 y 123 CN). La magnitud de esta irregularidad destruye la presunción de legalidad que ostenta el acto administrativo, por ello el juez está facultado para decretarla oficiosamente, aunque no se haya invocado esa grosera y brutal agresión del orden jurídico (usurpación de atribuciones que configura una auténtica “vía de hecho” en el ámbito del derecho). La Sala declarará la nulidad de la “Resolución n.° 15001205-001642” y de la “Resolución n.° 15001205-002726”, en lo referente a declaración de caducidad del contrato TU n.° 00159 y la consecuencial declaración de la inhabilidad de cinco años del contratista para celebrar contratos con entidades estatales, pues Telecom no tenía competencia para adoptar esas decisiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la falta de competencia de la entidad estatal para expedir actos administrativos bajo las reglas del derecho privado que rigen el contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C. P. Guillermo Sánchez Luque y sentencia de 18 de agosto de 2020, rad. 36875, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 27 de octubre de 2011, rad. 34144, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, DECRETO 2123 DE 1992 - ARTÍCULO 6, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TELECOM / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer de la acción de controversias contractuales en razón de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. Como Telecom era una Empresa Industrial y Comercial del Estado al momento de la suscripción del contrato TU n.° 00159 del 24 de octubre de 1994 (Ley 6 de 1943 y 83 de 1945 y los Decretos 1684 de 1947, 1233 de 1950, 1184 de 1965, 1635 de 1960 y 3267 de 1963 y reestructurada mediante decreto 2123 de 1992), y como entidad pública prestaba un servicio público domiciliario (Ley 142 de 1994), la jurisdicción administrativa es competente para conocer de la controversia. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el demandante estimó las pretensiones en (…), suma que supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009, rad. 35288, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1184 DE 1965, DECRETO 1233 DE 1950, DECRETO 1635 DE 1960, DECRETO 1684 DE 1947, DECRETO 2123 DE 1992, DECRETO 3267 DE 1963, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 142 DE 1994, LEY 6 DE 1943, LEY 83 DE 1945
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios originados de una relación contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la ejecución y liquidación de un contrato (art. 90 CN y art. 87 CCA).
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro del término establecido por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
El término para formular las pretensiones en la acción controversias contractuales, de conformidad con el inciso primero del numeral 10 del artículo 136.10.d CCA, por regla general, es de dos años contados a partir del día siguiente a que se liquide unilateralmente el contrato. Como el demandante solicitó la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, identificado como “Resolución nº. 150011205-003305”, que fue notificado el 15 de enero de 1999 (…), y la demanda fue presentada el 21 de noviembre de 2000, el medio de control se intentó en tiempo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / PRUEBAS APORTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE
Problema jurídico:
¿Tienen valor probatorio las declaraciones trasladadas del expediente de la Contraloría General de la República y la copia de la providencia judicial que fue aportada al proceso de manera extemporánea?
Respuesta al problema jurídico: No
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró tenían mérito probatorio. Al proceso se aportó, como prueba trasladada solicitada por la demandante, unas declaraciones bajo juramento rendidas en el expediente n.° 659 de la Contraloría General de la República (…). Conforme al artículo 185 CPC, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro, siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Las pruebas documentales trasladadas podrán ser valoradas, aunque no se hubieran practicado con la intervención de la contraparte, si han obrado en el expediente y no han sido tachadas de falsedad. Los testimonios trasladados podrán ser valorados, sin necesidad de ratificación, cuando son allegados a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en ellos, o cuando las dos partes los solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación. Como la parte demandada no pidió la práctica de las declaraciones en el proceso primitivo, no estuvo presente en la diligencia y no estructuró su defensa con fundamento en esas pruebas, no serán valoradas. El demandante aportó, después del decreto de pruebas y antes del auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia, una sentencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tunja rad n.° 2002-0031-00 (…). Como toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (art 174 y 183 CPC), no se valorarán los documentos allegados de manera extemporánea.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. En relación con el valor probatorio de la prueba testimonial trasladada, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 11 de septiembre de 2013, rad. 20601, C. P. Danilo Rojas Betancourth.
SERVICIOS PÚBLICOS / MONOPOLIO ESTATAL / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿La Ley 142 de 1994 dispuso que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se regirían por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La perspectiva estatista, propia del régimen jurídico anterior a la expedición de las leyes 142 y 143, concebía a los servicios públicos como una actividad monopólica del Estado. Cuando un particular se encargaba de su prestación y al efecto usaba la infraestructura pública lo hacía forzosamente bajo la modalidad de concesión del servicio. Dentro de los múltiples preceptos de promoción de la competencia, contenidos en la Ley 142, ocupan especial lugar las reglas en materia de contratación, la cuales someten a un mismo marco jurídico a todos los operadores con independencia de su naturaleza jurídica. Con sujeción a esos postulados, en especial, los de libre iniciativa, competencia y eficiencia económica, los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 dispusieron que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se regirían por el derecho privado. La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende pueden proferirse actos administrativos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el derecho administrativo de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de octubre de 2020, rad. 48009, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 13 de mayo de 2004, rad. AP 020, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 10 de febrero de 2005, rad. AP 254, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 24 de febrero de 2005, rad. AP 1470, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; auto de 17 de febrero de 2005, rad. 27673, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 26 de enero de 2006, rad. AP 1944, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 26 de enero de 2006, rad. AP 1640, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 2 de marzo de 2006, rad. AP 543, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 2 de mayo de 2007, rad. 16257, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 18 de julio de 2007, rad. 29745, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de junio de 2011, rad. 32018, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 15 de noviembre de 2011, rad. 21178, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2003. Con relación al régimen aplicabl

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

293, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 30 de septiembre de 2019, rad. 43036, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 19 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1494, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / REVISIÓN DEL CONTRATO / REVISIÓN DEL CONTRATO DE MUTUO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿En el contrato regido por el derecho privado, es procedente la revisión del contrato de agencia comercial, frente a las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico?
Respuesta al problema jurídico: No
Durante la fase de formación y al momento de celebrar un contrato, incluido el contrato público, las partes valoran beneficios y asumen determinados riesgos financieros que determinan la ecuación contractual. Por ello, a pesar de la importancia del postulado según el cual los contratos son ley para las partes y, por ende, deben cumplirse [pacta sunt servanda], se han moderado los efectos de la aplicación estricta del contrato, al hecho de que los términos originales del acuerdo se mantengan. En efecto, con fundamento en la equidad en las mutuas relaciones de las partes, en la presunción de que ellas se obligan en consideración a las circunstancias existentes al tiempo del negocio [rebus sic stantibus] y bajo el entendimiento de que situaciones extraordinarias, imprevistas e irresistibles, pueden volver excesivamente difícil el estricto cumplimiento del contrato, se desarrolló la llamada “teoría de la imprevisión”, que busca restablecer el equilibrio prestacional perturbado por esas circunstancias. (…) El artículo 898 C. Co. que reguló expresamente la figura, dispone que cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá pedir su revisión. Cuando se presente, el juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, decretará la terminación del contrato, de conformidad con el inciso segundo del artículo 868 C. Co. Para que proceda la revisión del contrato se requiere que el contrato (i) sea existente y válido; (ii) que sea de ejecución sucesiva, periódica o diferida y no aleatorio o de ejecución instantánea; (iii) que se trate de circunstancias imprevistas o imprevisibles; (iv) que sean eventos que ocasionen una excesiva onerosidad, esto es, una desproporción contundente y evidente con relación a la finalidad económica del contrato; (v) que los eventos alteradores de la simetría prestacional hayan acontecido después de la celebración del contrato, durante su ejecución y previamente a su extinción y; (vi) que dichos eventos sean ajenos a la voluntad de las partes. Quien pretenda la revisión del contrato, además, debe haber cumplido, en principio, sus obligaciones, porque las circunstancias que hacen posible la revisión son aquellas que hacen más gravosa su ejecución y no las que la hacen imposible. Es decir, quien alega la imprevisión no puede justificar su propio incumplimiento en la excesiva onerosidad, pues esa circunstancia no impide que el contrato se ejecute. Esta es, precisamente, el elemento distintivo entre la imprevisión y la figura de la fuerza mayor y el caso fortuito, que imposibilitan la ejecución del contrato. Cuando el demandante pretende el restablecimiento del equilibrio económico del contrato frente a los cuales no le son aplicables las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dicho fenómeno no se rige, como es natural, por las disposiciones establecidas en dicho estatuto, sino a partir de la denominada “imprevisión”, establecida en el artículo 898 C. Co. Se aprecia, pues, en la decisión una confusión entre el equilibrio económico del contrato regulado en la Ley 80 de 1993 y la teoría de la imprevisión a la cual se aplican las disposiciones de la ley mercantil. (…) Como el contrato finalizó por la terminación unilateral de la entidad (…), la revisión del contrato no es procedente, pues no hay un desequilibrio en las prestaciones del contrato que puedan ocasionar su reajuste o su terminación. Además, el incumplimiento grave en las obligaciones del demandante, circunstancia que dio lugar a la terminación unilateral del contrato de agencia y que quedó acreditada en el proceso [núm. 24], no se justifica con la alegada configuración de la imprevisión, pues, se reitera, este fenómeno no impide el cumplimiento de las obligaciones de las partes, que se debían cumplir de conformidad con lo pactado en el contrato TU n.° 00159. Los señalamientos, por demás, son afirmaciones sin un sustento probatorio que diera cuenta de los presupuestos necesarios para la revisión del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la teoría de la imprevisión, cita: Corte Suprema de Justicia, sentencia de 29 de octubre de 1936 y sentencia de 23 de mayo de 1938; Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de febrero de 2012, rad. 11001-031-040-2006-00537-01; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de abril de 1991, rad. 6102, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 29 de junio de 1989, rad. 5295, C. P. Carlos Betancur Jaramillo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 898, LEY 80 DE 1993
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se acreditaron los perjuicios económicos por la declaratoria de caducidad del contrato, la inhabilidad de cinco años del contratista para celebrar contratos con entidades estatales y la liquidación unilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
No obra prueba que acredite que el perjuicio económico alguno por la declaratoria de caducidad del contrato TU n.° 00159 y por la declaración de la inhabilidad de cinco años del contratista para celebrar contratos con entidades estatales y la liquidación unilateral del contrato. (…) Como la prueba de este perjuicio correspondía al demandante, de conformidad con el artículo 177 CPC, se negará esta pretensión.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2021-10-21. C.P. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE. Rad. 15001233100020000284801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:15001233100020000284801-36697-sentencia).
