Titulación de la relatoría 40.717 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO DE COMERCIO / NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿El término para presentar la demanda de controversias contractuales, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato celebrado por una entidad estatal, es el señalado en el artículo 136 del CCA?
Respuesta al problema jurídico: Si
Frente a la norma aplicable para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, conviene señalar que, dado que la acción instaurada es la de controversias contractuales, la norma que se debe tener en cuenta para analizar la caducidad de cada una de las pretensiones es el artículo 136 del CCA –subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998–, que regula la forma en que debe analizarse la presentación oportuna de esa acción. Dado que la acción instaurada es la de controversias contractuales, la norma que se debe tener en cuenta para analizar la caducidad de cada una de las pretensiones es el numeral 10° del artículo 136 del CCA (...). No se comparte en consecuencia el argumento del recurrente relacionado con que las pretensiones deben ser evaluadas con la prescripción regulada en el artículo 1329 del CCo, debido a que esta Sección ha aclarado que, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato, la acción procedente es aquella dispuesta en el artículo 87 del CCA. Por lo tanto, a dicho estatuto se debe acudir para efectos de dilucidar el término de caducidad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1329, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCEDENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales respecto de las pretensiones principales y el tercer grupo de pretensiones subsidiarias, relativas a la nulidad del acta de terminación de mutuo acuerdo?
Respuesta al problema jurídico: No
La caducidad es un fenómeno que se configura cuando ha vencido el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción. Es en sí misma una sanción cuya fuente es la ley y que aplica ante la inoperancia o el ejercicio inoportuno del derecho de acción, puesto que, al sobrepasarse los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se restringe el derecho que le asiste a toda persona de solicitar la definición de un conflicto. La caducidad protege intereses de orden general, dado que por medio de ella se garantiza la seguridad jurídica y la paz social, operando de pleno derecho, ya que, una vez transcurrido el tiempo preclusivo fijado en la ley, el juez puede y debe decretarla aún de oficio. La doctrina ha aclarado que para evitar que opere la caducidad, al interesado le asiste una carga de actuar con diligencia en los tiempos que la ley indica. (...) Las pretensiones de la demanda se encuentran organizadas en un grupo de pretensiones principales y tres grupos de pretensiones subsidiarias. A su vez, (...) incluyó una pretensión común a todas las pretensiones subsidiarias, que denominó «Adición a las pretensiones subsidiarias», consistente en que se liquide judicialmente el contrato nº. 98-CUD-002000. (...) En las pretensiones principales de la demanda se solicitó que se declare la nulidad del contenido del acta de terminación del contrato nº. 98-CUD-002000 del 10 de agosto de 2004. Sustentó la nulidad en que Colombia Telecomunicaciones «no le asistía facultad legal» para firmarla y que logró esa suscripción mediante «artimañas» (...). En el tercer grupo de pretensiones subsidiarias, (...) pidió que se reconozca que Colombia Telecomunicaciones actuó con abuso del derecho «al presionar a la demandante a suscribir el acta de terminación por mutuo acuerdo» y a que se indemnicen los perjuicios que dicha terminación le causó (...). A raíz de lo anterior, los motivos de hecho o de derecho que deben revisarse y sobre los cuales debe contabilizarse la caducidad, varían según las pretensiones que son objeto de examen. (...) De cara a analizar el grupo de las pretensiones principales y el de la tercera pretensión subsidiaria, que pretenden la nulidad del acta de terminación de mutuo acuerdo del Contrato celebrada el 10 de agosto de 2004, la Sala encuentra que los motivos por los cuales se pretende su nulidad corresponden a vicios o circunstancias ocurridas al momento de su perfeccionamiento (capacidad, vicio del consentimiento y abuso del derecho). Por ello desde que se perfeccionó dicha acta debe contabilizarse la caducidad de tales pretensiones. (...) Entonces, los dos años que prescribe el numeral 10° del artículo 136 del CCA deben contabilizarse desde el 11 de agosto de 2004 -día siguiente a la fecha de suscripción del acta bilateral de terminación-, por lo que el plazo para interponer la acción se extendía hasta el 11 de agosto de 2006. En este sentido, la acción contractual, en lo referente a la nulidad del acta de terminación de mutuo acuerdo -pretensión principal y tercera subsidiaria- caducaba el 10 de agosto de 2006 y la demanda fue presentada el 5 de diciembre de 2006. En consecuencia, se concluye que la acción para las pretensiones principal y tercera subsidiaria fue impetrada fuera del término legalmente establecido. Por lo anterior, respecto de estas pretensiones, el Tribunal de primera instancia acertó al declarar la caducidad. En ese orden de ideas, se declarará que operó la caducidad frente a las pretensiones principales (numeral 1.1) y la tercera pretensión subsidiaria (numeral 1.2.3).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza y características de la caducidad de la acción, consultar providencias de 13 de junio de 2013, Exp. 25712, C.P. Enrique Gil Botero; de 18 de mayo de 2017, Exp. 58282, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CESANTÍA COMERCIAL / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales respecto de la primera y segunda subsidiarias, así como a la pretensión que el demandante denominó adición a las pretensiones subsidiarias, relativas al reconocimiento de la cesantía comercial y la indemnización equitativa del contrato que tipificó como de agencia comercial; los dineros dejados de percibir por el servicio de administración de telefonía local; y la liquidación del Contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Debe dársele un tratamiento diferente a la primera y segunda subsidiarias, así como a la pretensión que el demandante denominó adición a las pretensiones subsidiarias, que buscan, respectivamente: i) el reconocimiento de la cesantía comercial y la indemnización equitativa del contrato que tipificó como de agencia comercial; ii) los dineros dejados de percibir por el servicio de administración de telefonía local; y iii) la liquidación del Contrato. (...) La Sala encuentra que las partes señalaron en el acta de terminación suscrita el 10 de agosto de 2004 que realizarían las conciliaciones de los saldos pendientes dentro de los seis (6) meses siguientes, contados desde la suscripción de dicha acta. (...). En ese orden de ideas, al culminar dicho plazo es que inició el término de la caducidad. (...) Para determinar el momento a partir del cual debió empezar a contabilizarse el plazo de caducidad de las pretensiones referidas, el juez de primera instancia debió dar aplicación al inciso 1º del numeral 10 del artículo 136 del CCA –subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998–, para contabilizar la caducidad a partir del plazo que las partes pactaron en el acta de terminación para conciliar los periodos pendientes. Los plazos regulados en la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, solo son aplicables a los contratos que se rigen por sus disposiciones y el contrato nº. 98-CUD-002000, como se verá (num. 16), se rigió exclusivamente por el derecho privado, de conformidad con la normativa especial contenida en el artículo 6º del Decreto 2123 de 1992, para todos los contratos suscritos por Telecom. Las partes suscribieron la terminación del Contrato de mutuo acuerdo el 10 de agosto de 2004, por lo que el plazo para realizar las conciliaciones pendientes -contabilizando seis meses- venció el 10 de febrero de 2005. La caducidad operaba, por consiguiente, a partir del 10 de febrero de 2007, por lo que se concluye que estas pretensiones pueden ser estudiadas de fondo, ya que la demanda se interpuso el 13 de diciembre de 2006.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / TELECOM / SUPRESIÓN DE TELECOM / LIQUIDACIÓN DE TELECOM / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / SUBROGACIÓN DEL CONTRATO / SUBROGACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CESIÓN DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PARTES DEL CONTRATO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿En virtud del Decreto 1615 de 2003 operó una cesión de los contratos que había suscrito Telecom en favor de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., por lo que esta última cuenta con legitimación en la causa por pasiva en la controversia surgida en los contratos de atención en mostrador en un punto de venta o contratos SAI, al ser, en sí mismos, un servicio de telecomunicaciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto a la legitimación por pasiva, la Sala analizará la legitimación de: (i) Colombia Telecomunicaciones; y (ii) del Consorcio Remanentes y sus integrantes. (...) Respecto a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. se encuentra que el Tribunal Administrativo concluyó (...) que se encontraba legitimado por pasiva ya que, con la expedición de los Decretos 1615 y 1616 de 2003, los contratos de Telecom se subrogaron en su favor. (...) El apelante manifestó que el Tribunal erró al concluir que Colombia Telecomunicaciones se había subrogado en el contrato nº. 98-CUD-002000, toda vez que la subrogación solo operó para los contratos de interconexión y de condiciones uniformes, y no frente a los contratos SAI (...). La Sala considera que el artículo 6° del Decreto 1615 de 2003 y el artículo 14 del Decreto 1616 de 2003 deben interpretarse sistemáticamente, puesto que en el primero se menciona que se le «subrogan» al Gestor del Servicio determinados contratos y, en el artículo 14, se identificó a Colombia Telecomunicaciones como gestor, de manera que es esta entidad la que se «subrogó» en los contratos celebrados por Telecom. Ahora, los contratos que se «subrogan» conforme a los artículos 6° del Decreto 1615 de 2003 y 14 del Decreto 1616 de 2003, serían: (i) los contratos de condiciones uniformes; (ii) los contratos de interconexión celebrados con operadores de telecomunicaciones, por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en liquidación y por las Teleasociadas; (iii) los contratos para la prestación de servicios de telecomunicaciones celebrados con los usuarios de dichos servicios y (iv) los demás contratos para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones. Frente a esta última categoría, que resulta amplia, el parágrafo del artículo 4° del Decreto 1615 de 2003 y el artículo 5° del Decreto 1616 de 2003, dispusieron que los servicios de telecomunicaciones incluían los servicios domiciliarios, las actividades de telecomunicaciones y las actividades relacionadas con la instalación, uso y la explotación de redes para los servicios de telecomunicaciones. El contrato n°. 98-CUD-002000 tuvo por objeto regular los derechos y obligaciones para la atención de los servicios que prestaba Telecom a través de la modalidad C.T. «CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DESDE UN SAI», correspondiente a un servicio atendido en el mostrador de un punto de venta o servicio de atención indirecta, atendiéndose los servicios telefónicos y telegráficos. De manera que resulta evidente que los contratos de atención en mostrador en un punto de venta o contratos SAI eran, en sí mismos, un servicio de telecomunicaciones, al tener que ver con una forma de expansión comercial mediante el uso de esas redes y prestación indirecta del servicio de telecomunicaciones a través de atención al público. Por ello, no hay duda de que ese contrato era de aquellos que se «subrogaron» en cabeza de Colombia Telecomunicaciones. Ahora bien, en cuanto al fenómeno de la «subrogación», resulta oportuno señalar la posición que esta Corporación ha sostenido respecto a las normas precitadas, puesto que se ha decantado la forma en la que deben ser entendidas y cuál fue su efecto práctico. La jurisprudencia concluyó que no se trata de una subrogación sino de una cesión del contrato, esto es, que Colombia Telecomunicaciones asumió la posición contractual que antes tenía Telecom. (...) Así las cosas, esta Sala considera que respecto al contrato n°. 98-CUD-002000 operó una cesión por virtud de la ley en favor de Colombia Telecomunicaciones y, que, en razón a ello, pudo suscribir el acta de terminación de mutuo acuerdo de dicho contrato, por lo que se encuentra legitimado por pasiva. (...) La Sala confirmará la falta de legitimación por pasiva del Consorcio Remanentes y sus integrantes. Al revisar el contrato, es evidente que no fueron parte ni fueron cesionarios por disposición legal del contrato, por lo que no adquirieron derechos ni obligaciones frente al demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la cesión en los contratos celebrados por Telecom, consultar providencia de 15 de julio de 2019, Exp. 44835, C.P. Alberto Montaña Plata; de 2 de marzo de 2020, Exp. 43398, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1615 DE 2003 - ARTÍCULO 4, DECRETO 1615 DE 2003 - ARTÍCULO 6, DECRETO 1616 DE 2003 - ARTÍCULO 1, DECRETO 1616 DE 2003 - ARTÍCULO 14, DECRETO 1616 DE 2003 - ARTÍCULO 5, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1506, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1507, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
TELECOM / NORMATIVA DEL CONTRATO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿Los contratos SAI suscritos por Telecom, por expresa disposición legal, son contratos estatales regidos por derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el proceso se acreditó que el 28 de abril de 1998 (...) Telecom y Comunicaciones Jiménez celebraron el contrato nº. 98-CUD-002000. El objeto del contrato consistió en la prestación de los servicios de telefonía de manera indirecta en el municipio de Simijaca, recibiendo dicho contrato la denominación de contrato SAI. Los servicios prestados fueron el de telegrafía y telefonía de larga distancia nacional e internacional, el servicio de administración de telefonía local y de fax, entrega de la facturación y el trámite de reclamos, quejas y peticiones. Esta Corporación ha confirmado en ocasiones anteriores que los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, entre ellos Telecom, se rigen por el derecho privado. (...) En materia contractual, el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dispone que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Conforme a lo anterior, y dado que Telecom celebró el contrato en vigencia del Decreto 2123 de 1992 y de la Ley 142 de 1994, su régimen es el de derecho privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico de los contratos celebrados por Telecom, consultar providencias de 13 de mayo de 2004, Exp. AP-0020; de 10 de febrero de 2005, Exp. AP-254; de 24 de febrero de 2005, Exp. AP-1470; de 26 de enero de 2006, Exp. AP-1944; de 15 de agosto de 2007, Exp. AP-004; de 19 de junio de 2008, Exp. AP-005; de 30 de julio de 2008, Exp. 14800, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 15 de noviembre de 2011, Exp. 21178, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 26 de noviembre de 2017, Exp. 40816, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 21 de octubre de 2021, Exp. 36697, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 17 de junio de 2024, Exp. 43272, C.P. William Barrera Muñoz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2123 DE 1992 - ARTÍCULO 6, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 1, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN EFECTIVA, ÚTIL O CONSERVATORIA DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO
Problema jurídico:
¿En casos en los que se termina el contrato por mutuo acuerdo corresponde al juez establecer si lo que se reclama con la demanda quedó sometido al acuerdo de voluntades en el que las partes se declararon a paz y salvo frente a la ejecución del contrato, y para ello, podrá analizar cuál fue el motivo que indujo la suscripción de dicho acuerdo, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de estas, para definir si las pretensiones resultan procedentes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[F]rente a los acuerdos a los que lleguen las partes en las actas de terminación y de conciliación, es tarea del juez dilucidar, en cada situación, cuál fue el entendimiento que le dieron y su alcance, conforme a las pautas de interpretación de los contratos, las normas supletorias asociadas a los tipos contractuales en las leyes civiles y comerciales, así como el cumplimiento de buena fe del contrato. De acuerdo con estas directrices, determinará si las partes pretendían regular, mediante los acuerdos, los asuntos objeto de la reclamación y los términos de dicha regulación. En consecuencia, la acción contractual se limitará a aquellos aspectos sobre los cuales no se llegó a un acuerdo al momento de suscribir un acta de conciliación del contrato. En definitiva, le corresponde al juez indagar y establecer si lo que se reclama con la demanda quedó sometido al acuerdo de voluntades en el que las partes se declararon a paz y salvo frente a la ejecución del contrato. Para ello, podrá analizar cuál fue el motivo que indujo la suscripción de dicho acuerdo, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de estas. Con base en estos elementos y de cara a las estipulaciones de los contratantes, habrá de definirse si las pretensiones resultan improcedentes, pues desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación. En esa labor, el juez del contrato debe seguir ante todo el criterio sentado por el artículo 1618 del CC, según el cual, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Esta regla tiene plena aplicación cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone que, aún siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una divergencia el juez debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes, según las circunstancias del negocio jurídico. La labor del juez no se orienta, por supuesto, a enervar, reemplazar o suplantar a las partes, ni a adulterar sus acuerdos, sino más bien a la consecución reflexiva del sentido de una estipulación. En tal sentido, no solo al interpretar el contrato, sino sus acuerdos modificatorios, debe precisar la finalidad común de las partes, con el propósito de determinar el resultado específico perseguido por ellas, de acuerdo con su contenido, alcance, utilidad y función.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las reglas de interpretación del contrato, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 14 de febrero de 2000, Exp. 5577; de 1 de agosto de 2002, Exp. 6907; de 7 de febrero de 2008, Exp. 2001-06915-01; de 23 de noviembre de 2020, Exp. 11001-31- 03-019-2011-00361-01.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
TRANSACCIÓN / CONCEPTO DE TRANSACCIÓN / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / CONCEPTO DE CONTRATO DE TRANSACCIÓN / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN / FINALIDAD DE LA TRANSACCIÓN / REQUISITOS DE LA TRANSACCIÓN / PROCEDENCIA DE LA TRANSACCIÓN / COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA
Problema jurídico:
¿La función principal de la transacción es la de resolver las controversias reales y potenciales entre las partes, sin necesidad de recurrir a la autoridad jurisdiccional, que para que resulte procedente es necesario: (i) que haya un derecho dudoso o una relación jurídica incierta; (ii) que las partes tengan la voluntad de modificar esa relación incierta, por una cierta y firme; y (iii) que las partes hagan concesiones recíprocas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La transacción es definida en el artículo 2469 del CC como «un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual». La función principal de la transacción es la de resolver las controversias reales y potenciales entre las partes. Consiste en un instrumento jurídico que permite resolver una controversia actual o futura sin necesidad de recurrir a la autoridad jurisdiccional. Para que opere la transacción es necesario: «(i) que haya un derecho dudoso o una relación jurídica incierta; (ii) que las partes tengan la voluntad de modificar esa relación incierta, por una cierta y firme y (iii) que las partes hagan concesiones recíprocas.» (...) Al ser la transacción un contrato, debe cumplir los requisitos de validez establecidos en el artículo 1502 del Código Civil, esto es, que sea celebrado por personas capaces (artículo 1503 del CC), quienes manifiestan su voluntad exenta de vicios (artículo 1508 del CC), y que el objeto de la transacción recaiga sobre un objeto y una causa lícita. El artículo 2483 del Código Civil establece que la transacción tiene el efecto de cosa juzgada en última instancia, que consiste en que pone fin a la controversia. (...)Lo que sea objeto de una transacción no puede ser demandado so pretexto de un olvido de una de las partes, ya que la transacción impide que se suscite una nueva controversia entre las mismas partes y con el mismo objeto. Así las cosas, el efecto de cosa juzgada de la transacción conlleva a que las partes resuelven de una vez por todas las controversias que puedan llegar a derivarse de una posible disputa, lo que les permite que, de llegar a interponerse una demanda respecto a lo transigido, se pueda alegar como excepción previa la transacción (art 97 del CPC) (...). El artículo 2484 del Código Civil señala que la transacción solo surte efectos vinculantes entre los contratantes, por lo que se excluye a los terceros que no hicieron parte de la negociación y los interesados que no hayan actuado directamente en ella.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance, concepto y elementos de la transacción, consultar providencia de 12 de abril de 2023, Exp. 67563, C.P. Guillermo Sánchez Luque; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 14 de diciembre de 1954, Gaceta Judicial, tomo LXXIX.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 97, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1503, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1508, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2469, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2483, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2484
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES / TELECOM / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / CESANTÍA COMERCIAL / TRANSACCIÓN / TRANSACCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / EXCEPCIÓN DE TRANSACCIÓN / DECLARACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE TRANSACCIÓN / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Se le debe reconocer al demandante la cesantía comercial y la indemnización equitativa por la terminación del contrato de agencia comercial, conforme a la pretensión primera subsidiaria de la demanda, considerando que los cocontratantes transigieron todas las diferencias surgidas o que pudieran surgir con ocasión de dicho negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
En la primera pretensión subsidiaria, el demandante solicitó que como se trató de un contrato de agencia comercial, se declare que Colombia Telecomunicaciones debe pagar la cesantía comercial y la indemnización equitativa establecidas para ese contrato en el artículo 1324 del CCo, junto con los intereses moratorios. (...) Para el caso de marras, interpretando en conjunto las actas de terminación y de conciliación del contrato nº. 98-CUD-002000, los cocontratantes transigieron todas las diferencias surgidas o que pudieran surgir con ocasión de dicho negocio jurídico, con excepción de las diferencias en torno a la actividad de administración de telefonía local. En consecuencia, prospera la excepción de transacción frente a la primera pretensión subsidiaria (numeral 1.2.1), toda vez que, aunque el contrato nº. 98- CUD-002000 fue de agencia comercial, la cesantía comercial y la indemnización equitativa (artículo 1324 del CCo) que solicitó el demandante está por fuera de los alcances de la única salvedad que realizó al suscribir el acta de conciliación, puesto que ella se limitó al concepto de telefonía local. Acceder a estas pretensiones sería tanto como transgredir el principio de buena fe y la regla general de derecho de los actos propios (venire contra factum propium non valet), lo que implica desconocer la confianza generada en el Contratante de los acuerdos consignados en las actas. Por ello, se declarará probada la excepción de transacción frente a la primera pretensión subsidiaria.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de los contratos de Servicio de Atención Indirecta – SAI suscritos por Telecom, consultar providencias de 2 de agosto de 2019, Exp. 42648, C.P. Alberto Montaña Plata; de 28 de abril de 2021, Exp. 48003, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1324
COMPENSACIÓN / CONCEPTO DE COMPENSACIÓN / REQUISITOS DE LA COMPENSACIÓN / PROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES
Problema jurídico:
¿La compensación es un modo de extinguir las obligaciones, cuando hay dos sujetos que son recíprocamente deudores, la cual, para que resulte procedente requiere: (i) que ambas deudas tengan por objeto dinero, cosas fungibles, o indeterminadas en igual género y calidad; ii) que ambas sean líquidas; y iii) que sean actualmente exigibles?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 1625 del CC establece que la compensación es un modo de extinguir las obligaciones, cuando hay dos sujetos que son recíprocamente deudores (artículos 1714 y 1716). En tratándose de la compensación legal, ella opera por ministerio de la ley (artículo 1714 del CC), esto es, sin que se requiera el consentimiento de las partes. En oportunidades anteriores, esta Corporación ha señalado los requisitos para que la compensación opere: i) que ambas deudas tengan por objeto dinero, cosas fungibles, o indeterminadas en igual género y calidad; ii) que ambas sean líquidas; y iii) que sean actualmente exigibles.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de la compensación y sus requisitos, consultar providencias de 16 de julio de 2021, Exp. 48427, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1714, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1716
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / DEUDA / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONDONACIÓN / FUNDAMENTO DE LA CONDONACIÓN / PROCEDENCIA DE LA CONDONACIÓN / EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA EXCEPCIÓN
Problema jurídico:
¿Se le debe reconocer al demandante la deuda por participación de administración de telefonía local y facturación del contrato de agencia comercial, conforme a la pretensión segunda subsidiaria de la demanda, de la cual se dejó salvedad en el acta de conciliación, y en relación con la cual se observa que operó la compensación por ministerio de la ley dada la existencia de otra obligación a favor de la demandada?
Respuesta al problema jurídico: No
En la segunda pretensión subsidiaria, Comunicaciones Jiménez deprecó que le fuera reconocida la participación por administración de telefonía local y facturación desde abril de 2003 hasta el 15 de agosto siguiente, por un valor de $10.250.000, junto con los intereses moratorios. (...) La Sala procede a analizar si es procedente reconocer que la deuda relacionada por la administración de telefonía local -de la cual se dejó salvedad- se encuentra extinta, al haber operado la compensación. (…) En el acta de conciliación del 1º de julio de 2005 (…) las partes reconocieron que Comunicaciones Jiménez adeudaba el valor de ($30.848.363) a Colombia Telecomunicaciones. La obligación no estuvo sujeta a un plazo o condición suspensiva, por lo que se entiende que es pura y simple. Por el otro, Colombia Telecomunicaciones reconoció en la comunicación que remitió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 21 de diciembre de 2007, (…) que le adeudaba al demandante $10.711.718 (…), por el periodo comprendido entre el 1 de abril al 13 de agosto de 2003. (…) Esa comunicación da cuenta, precisamente, de un saldo en favor del demandante por concepto del rubro frente al que dejó la salvedad expresa. La Sala dará credibilidad a ese documento en cuanto a la existencia de la obligación pendiente por este concepto. (…) En ese orden de ideas, en el momento en que suscribió el acta de conciliación -1º de junio de 2005- operó la compensación por ministerio de la ley, porque ambas deudas tenían por objeto una suma de dinero, eran líquidas y, para esa fecha, exigibles, ya que no tenía ningún plazo para su cumplimiento. (…) Por lo anterior, se entiende que la obligación en favor de Comunicaciones Jiménez se extinguió completamente, mientras que parte del crédito de Colombia Telecomunicaciones no se extinguió en su totalidad (…). Si bien la compensación no fue incluida dentro del acápite de excepciones, (…) el apoderado de Colombia Telecomunicaciones señaló que, si existiera una suma en favor del demandante, habría operado la compensación con el valor consignado en el acta de conciliación en favor de su poderdante. Pero, además, si en gracia de discusión Colombia Telecomunicaciones no hiciera alusión a la compensación, en los términos del artículo 164 del CCA, el fallador podrá decidir sobre cualquier excepción que encuentre probada. Corolario de lo expuesto en este acápite, se negará la segunda pretensión subsidiaria (numeral 1.2.2), en la cual se solicitó que se declare que los demandados pagaran los saldos adeudados al contratista por la administración de telefonía local, desde el 1º de abril hasta el 15 de agosto del 2003.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164
CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿La pretensión de liquidación judicial procede exclusivamente en los contratos sometidos al régimen de la Ley 80 de 1993 y en aquellos excluidos de esa normativa en los que se pacte ese trámite por las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato dispuso que, entre otros documentos, lo integrarían el anexo financiero (cláusula décima novena). En el mencionado anexo se estipuló por las partes, que el interventor del contrato debía elaborar un acta de liquidación dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato, que debía suscribir el contratista, para ser enviada a aprobación de la gerencia del contratante (…). En tal sentido, conforme a la intención de las partes, que aparece expresa en el texto del anexo que integra el contrato, las partes pactaron un trámite de liquidación bilateral. (…) La liquidación de los contratos celebrados por las entidades públicas sometidas a la Ley 80 de 1993, es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. En el acto jurídico de la liquidación del contrato pueden participar diferentes actores, en etapas distintas y con el fin de garantizar que el balance económico y los demás aspectos de la ejecución del contrato finalicen de manera clara y objetiva. En primer lugar, la ley optó por la liquidación de mutuo acuerdo, derivada de la autonomía privada y, por ello, constituye un negocio jurídico. En segundo lugar, ante el fracaso de la liquidación bilateral o voluntaria, la administración puede adoptar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo. En tercer lugar, corresponde al juez del contrato, ante la ausencia de las dos anteriores posibilidades –ya sea por inexistencia total o parcial o por la pérdida de sus efectos vinculantes por causal de nulidad– proceder a liquidar el contrato cuando lo solicite el demandante. (...) Con el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, vigente para el momento de presentación de la demanda, se introdujo el literal d del ordinal 10º al artículo 136 del CCA. En esa norma se prescribió que las entidades públicas tendrían un plazo de dos meses para la liquidación unilateral del contrato y que el interesado estaba habilitado para acudir ante el juez, para obtener de éste la liquidación correspondiente, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. En efecto, más allá de que según las normas referidas el legislador trasladó al juez la liquidación del negocio a condición de que se verificara el incumplimiento de la obligación de liquidar, lo cierto es que la liquidación, como fue prevista desde la exposición de motivos de la Ley 80 de 1993, es un imperativo que sólo es aplicable al régimen de los contratos sometidos a sus disposiciones. Es en este escenario en el que el legislador impuso al juez proceder con el balance integral y absoluto del contrato. Ahora bien, en los contratos excluidos de este régimen las partes pueden pactar una etapa de liquidación -que incluya una fase negocial y otra unilateral-. Corresponde a una cláusula accesoria en la que las partes se comprometen a intentar concertar el balance del negocio jurídico o se dote de la posibilidad para que una de ella lo adopte. En estos casos, el juez estará habilitado, por pretensión de parte, para proceder a analizar o a elaborar, según el caso, la liquidación respectiva. En tal sentido, ante la ausencia de un pacto de las partes relativo a la liquidación, el juez solo podrá definir las reclamaciones puntuales derivadas de la ejecución del negocio jurídico y no a liquidar íntegramente el contrato si éste se encuentra excluido del régimen de la Ley 80 de 1993. (...) Por la liquidación que Comunicaciones Jiménez y Colombia Telecomunicaciones pactaron, según fue expuesto, la Sala se encuentra habilitada para liquidar judicialmente el contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del concepto de la liquidación del contrato, consultar providencias de 16 de febrero de 2001, Exp. 12660, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 2 de mayo de 2002, Exp. 20742, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En relación con la naturaleza de la liquidación del contrato por mutuo acuerdo, de 9 de agosto de 1984, Exp. 3215, C.P. José Alejandro Bonivento Fernández; Acerca de la liquidación judicial del contrato, consultar providencia de 26 de mayo de 2010, Exp. 18606, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, En relación con el término para liquidar el contrato, consultar providencias de 10 de septiembre de 1987, Exp. 3711, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 29 de enero de 1988, Exp. 3615, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 11 de febrero de 1988, Exp. 4255; de 11 de diciembre de 1989, Exp. 5334; de 23 de julio de 1992, Exp. 6953. Sobre la procedencia de la liquidación judicial del contrato, consultar providencia de 17 de marzo de 2020, Exp. 50859, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / COMPENSACIÓN / VALIDEZ DE LA COMPENSACIÓN / PROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / PAGO DE LA COMPENSACIÓN
Problema jurídico:
¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de agencia comercial, teniendo en cuenta la compensación de las obligaciones que arroja un saldo a favor de la demandada, el cual es susceptible de actualización?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la pretensión que Comunicaciones Jiménez denominó «Adición a las pretensiones subsidiarias», solicitó que se liquide judicialmente el contrato nº. 98- CUD-002000. (…) [En este caso] operó la compensación parcial entre el saldo a favor de Colombia Telecomunicaciones ($30.848.363) y el valor que ésta adeudaba Comunicaciones Jiménez ($10.250.000). Los demás asuntos quedaron transigidos, en los acuerdos que las partes plasmaron en el acta de terminación y en el acta de conciliación del contrato nº. 98-CUD-002000 suscritas el 10 de agosto de 2004 y el 1º de junio de 2005, respectivamente. Por lo anterior, la liquidación del contrato nº. 98-CUD-002000 se limitará a reconocer que existe un saldo a favor de Colombia Telecomunicaciones por $20.598.363. (…) Es procedente actualizar la suma de $20.598.363 desde el momento en que operó la compensación parcial de los saldos adeudados entre las partes, lo cual ocurrió con la firma del acta de conciliación -1º de junio de 2005-. Se realiza por lo tanto la actualización del saldo a favor de Colombia Telecomunicaciones (…).