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¿Procede la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato expedido por el municipio, al recalcular el valor de las facturas del servicio de alumbrado público, sin antes acudir a un tercero para dirimir las controversias surgidas con ocasión de los cobros realizados por Codensa, conforme a lo estipulado en el contrato? Sí
La entidad estatal que, durante la ejecución de un contrato, acepta y paga las facturas emitidas por el contratista no puede liquidar unilateralmente el contrato para recalcularlas y desconocer los efectos legales y convencionales del pago, pues debe reprochar los cobros en las etapas previas a la liquidación o acudir al juez si estima que hubo un pago de lo no debido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, las reglas negociales reconocieron la posibilidad de discrepancias sobre los montos facturados y previeron mecanismos para resolverlas, incluida la intervención de terceros, de modo que la entidad debía activarlos en lugar de limitarse a pagar. Segundo, si consideraba que el contratista incumplió los términos del contrato, debió buscar esa declaración en las etapas previas a la liquidación. Tercero, si su conclusión era que se efectuó un pago de lo no debido, debió acudir al juez para que así lo declarara. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara probado el cargo de nulidad de los actos de liquidación unilateral; en la práctica, la entidad que no reprocha las facturas oportunamente pierde la vía de la liquidación unilateral para revisarlas.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio y Codensa, se trató de un contrato administrativo, en el que el primero se obligó a pagar las facturas por el servicio de energía eléctrica destinada…¿Aunque existe conexidad entre el servicio de alumbrado público y el domiciliario de energía eléctrica, entre uno y otro existen marcadas diferencias que se ven reflejadas, principalmente…¿El legislador estableció mecanismos de protección y defensa a favor de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, para equilibrar la relación negocial entre el suscriptor y la empresa de…
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal sin acreditar un interés directo, siempre y cuando la demanda se presente durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998, momento en que la titularidad de la acción contractual se amplió a cualquier persona. Esta regla se sostiene en la interpretación de que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la exigencia de interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato, permitiendo que cualquier interesado pueda hacerlo sin necesidad de acreditar un interés jurídico directo. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las demandas interpuestas en ese período específico sean consideradas válidas sin la necesidad de demostrar un interés directo, lo que facilita el acceso a la justicia en casos de nulidad absoluta de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La acción procedente para controvertir la validez del contrato de concesión es la acción contractual, aun cuando la demanda se interponga como acción de nulidad simple?¿Las demandas interpuestas para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal podían presentarse sin acreditar un interés directo…¿Las partes del contrato cuya nulidad se pretende se encuentran legitimados en la causa por pasiva?
¿Debe ordenarse la devolución de los valores descontados al contratista por con-cepto de descuentos? ¿Se acreditaron los elementos necesarios para que se entienda configurado el des-equilibrio económico del contrato? En caso de que se haya configurado el desequi-librio económico, ¿qué monto debe reconocerse al contratista? ¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de obra No. 1-01-25400-1477 de 2019, celebrado entre las partes demandante y demandada? No
El contratista no obtiene la devolución de los valores descontados ni la liquidación judicial del contrato si no acredita que la cláusula de descuentos es ineficaz o que los descuentos fueron arbitrarios e injustificados, y si no demuestra la configuración del desequilibrio económico del contrato; en este caso, la entidad estatal probó que el contratista incumplió con 60 de los 61 hitos del contrato y que el cronograma incumplido fue elaborado por el contratista mismo. Además, la Sala declara probada la excepción de pleito pendiente, ya que un proceso de controversias contractuales en curso busca declarar el incumplimiento del contratista, condenarlo a reintegrar el anticipo y pagar descuentos e indemnizaciones, y liquidar judicialmente el contrato, lo que implica que la liquidación del contrato en cuestión se resolverá en ese proceso.síntesis automática
¿Son nulas las Resoluciones por medio de las cuales EPM declaró la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato e hizo efectiva la póliza expedida por Seguros del Estado S.A.? No
El contratista no puede declarar la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato y hacer efectiva la póliza de seguro, salvo que las partes hayan acordado explícitamente que tal facultad le corresponde, y que dicha acción no vulnere normas de orden público ni asuma competencias que no le corresponden. La Sala establece que en este caso, EPM, como empresa de servicios públicos domiciliarios, no defraudó normas de orden público ni asumió competencias que no le correspondían al declarar la ocurrencia del riesgo y hacer efectiva la póliza, ya que tal acción se ajusta al marco común de las obligaciones que a cualquier particular la aseguradora le impone al momento de tramitar el pago de un siniestro. Además, la Sala reitera que la demanda de reconvención presentada por EPM es extemporánea, ya que se presentó después del término de caducidad establecido por la ley. Por último, la Sala determina que las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato no son nulas ni exorbitantes, ya que fueron aceptadas por el contratista y no violan el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿Está Seguros del Estado S.A. legitimada en la causa para reclamar la nulidad e ineficacia de las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato suscrito entre EPM y ESGEM?¿Trajo EPM, en su calidad de demandante en reconvención, oportunamente a esta jurisdicción las pretensiones con las cuales busca que Seguros del Estado asuma los perjuicios derivados de la…¿La declaración del riesgo de incumplimiento contractual amparado mediante la póliza, provino de la inclusión de cláusulas exorbitantes en el pliego de condiciones que reguló la celebración del…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos en controversias contractuales que involucran a empresas de servicios públicos domiciliarios, debido a que estos procesos se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación administrativa, lo que implica que el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato, según establece el artículo 136.10 literal b) del Código Contencioso Administrativo. Además, el juez de segunda instancia tiene la facultad de pronunciarse oficiosamente sobre la caducidad del medio de control, lo que reitera la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse oficiosamente frente a la caducidad del medio de control?¿El acto de liquidación que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. S.A está revestida de los atributos propios de un acto administrativo?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los asuntos que no requieren de liquidación, inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato?
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve:¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las “deducciones por incumplimiento”¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos? No
El contratista no puede expedir actos administrativos en el marco de su actividad contractual como empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no emanan de prerrogativas públicas ni del régimen legal aplicable, sino que se rigen por el derecho privado salvo disposición constitucional o legal en contrario. La entidad prestadora de servicios, en este caso Emsersopó, carece de competencia para proferir actos administrativos, y un contrato de seguro entre particulares no puede conferirle tales facultades. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, por lo que deben ser analizados bajo las normas del derecho común y las condiciones estipuladas en el contrato, sin someterse a los controles de legalidad aplicables a los actos administrativos. Esto implica que las condiciones generales de la póliza de seguro deben interpretarse conforme a la intención de las partes y el régimen legal aplicable, sin restar efecto a lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía…¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que…¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y…
¿Una empresa de servicios públicos domiciliarios con capital mixto, debe aplicar la Ley 80 de 1993?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios no quedan sujetas, como regla general, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aun cuando tengan capital mixto. Según el concepto, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 excluye sus contratos del Estatuto, salvo lo que esa ley disponga, y el artículo 32 somete sus actos al derecho privado, de modo que sus contratos se rigen por el derecho privado, salvo que la Constitución, la Ley 142 u otra norma especial los sometan al Estatuto. Dos razones sostienen esta postura. Primera, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-736 de 2007, entiende que estas empresas, sean oficiales, mixtas o privadas con aportes estatales, son entidades descentralizadas por servicios, independientemente de la naturaleza y porcentaje de su capital. Segunda, esa calificación no depende de que la empresa sea completamente pública, por lo que el régimen contractual se define por la ley especial de servicios públicos y no por la composición del capital. La consecuencia práctica es que la empresa de servicios públicos con capital mixto aplica el derecho privado en su actividad contractual y solo acude a la Ley 80 de 1993 cuando una norma especial lo disponga.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2023-02-20Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220016100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido en virtud de la cláusula compromisoria pactada por las partes dentro del contrato? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 atribuye esa competencia a la Sección Tercera cuando interviene una entidad pública. Segunda, la empresa de servicios públicos domiciliarios, al ser una sociedad anónima constituida entre entidades públicas, tiene naturaleza de entidad pública conforme al artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Tercera, el contrato contenía una cláusula compromisoria, cuyo pacto sujeta el asunto al arbitramento. Por lo tanto, la competencia para conocer del recurso de anulación corresponde al Consejo de Estado. Además, la Sala verifica que el recurso se presentó dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, como lo exige el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. El auto admite el recurso en cuanto a la competencia, y el documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cumplió los requisitos de oportunidad y sustentación para su admisibilidad?
¿Los contratos celebrados por la entidad contratante, esto es, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? No
La entidad contratante –Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP– es una empresa de servicios públicos y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos celebrados por esta no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
También resuelve:¿Caducó el medio de control de controversias contractuales en el caso sub lite, considerando que, el contrato requería ser liquidado…¿En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, resulta procedente la condena en costas, considerando que ninguno de los recursos de apelación presentados prosperó?
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión?¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
¿Operó la excepción de cosa juzgada para impedir el análisis de los reparos del apelante sobre el incumplimiento contractual y la indebida vinculación al proceso, existiendo decisión judicial ejecutoriada y auto en firme sobre tales aspectos? Sí
La excepción de cosa juzgada opera e impide efectuar un nuevo análisis sobre los reparos del apelante relativos al incumplimiento contractual y a la indebida vinculación procesal cuando sobre tales aspectos existe una decisión judicial previa y un auto en firme debidamente ejecutoriados. En este caso, la providencia reitera los efectos de la sentencia ejecutoriada proferida en un proceso anterior entre las mismas partes respecto del contrato de obra pública para la construcción de la torre materno infantil, constatando el porcentaje de ejecución y el incumplimiento demostrado.síntesis automática
También resuelve:¿El juez debe abstenerse de considerar lo decidido en otro proceso judicial promovido por la garante del contrato, a pesar de la similitud de los cargos…¿Las decisiones mediante las cuales una empresa social del Estado declaró el incumplimiento y liquidó unilateralmente el contrato, no son actos administrativos por estar sometidas al derecho privado?¿El Hospital Universitario del Norte incurrió en una actuación antijurídica al ejercer la facultad de liquidación unilateral del contrato…
¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
El contratista que ejecuta proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico se rige por el régimen contractual propio de su naturaleza jurídica, salvo disposición expresa que lo someta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a la interpretación sistemática de las leyes 142 de 1994 y 715 de 2001. Esta regla matiza la aplicación general del EGCAP, permitiendo que las empresas de servicios públicos domiciliarios continúen sujetas al derecho privado en la celebración de contratos, a menos que exista una norma específica que disponga lo contrario, lo que implica que cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especialSistema general de participaciones: Ley 715 de 2001, agua potable y saneamiento básico, régimen de contratación
¿Cuál es el régimen contractual aplicable en la ejecución de proyectos cuya fuente de financiación son los recursos del Sistema General de Participaciones cuando la entidad ejecutora es una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios?
Con fundamento en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, se expidió la Ley 715 de 2001, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros." Esta norma se refiere al Sistema General de Participaciones, correspondiente a los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para la financiación de ciertos servicios a su cargo.
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especialSistema general de participaciones: Ley 715 de 2001, agua potable y saneamiento básico, régimen de contratación
¿Pueden las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios suscribir contratos de leasing o de renting?
Las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden suscribir contratos de leasing o renting, dado que sus actos contractuales se rigen por el derecho privado salvo disposiciones específicas que las sometan al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y estas operaciones no implican necesariamente la ejecución de gastos públicos dentro de la vigencia fiscal, permitiendo la utilización de mecanismos excepcionales al principio de anualidad del gasto. Este concepto reitera la autonomía contractual de las empresas de servicios públicos domiciliarios y permite que estas entidades puedan estructurar sus contrataciones de acuerdo con las necesidades específicas de cada caso, siempre y cuando se ajusten a las excepciones legales al principio de anualidad y cumplan con los requisitos y procedimientos correspondientes para su autorización y ejecución.síntesis automática
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: régimen jurídicoEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimenPrincipio de anualidad: alcance, rentas y gastos