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ESTAMPILLA

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Consejo de Estado Providencia

Los plazos fijados para el finiquito se prolongaron hasta el 30 de noviembre de 2009

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 41001233100020120015501 ACCION CONTRACTUAL
¿Vulneró el Departamento del Huila el debido proceso de la contratista al liquidar unilateralmente el contrato después de vencidos los términos previstos para la liquidación bilateral y unilateral, aun cuando conservaba competencia durante el término de caducidad de la acción contractual y se habían adelantado previamente gestiones para lograr, sin éxito, la liquidación de mutuo acuerdo? No
La entidad estatal conserva competencia para liquidar unilateralmente el contrato dentro del término de caducidad de la acción contractual, aun cuando hayan vencido los plazos de liquidación bilateral y unilateral, si no hubo acuerdo entre las partes y la liquidación evita la latencia de la relación contractual. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 fija la liquidación bilateral dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, salvo el plazo pactado; el artículo 61 de la misma ley permite a la administración realizar el finiquito unilateral cuando los contratantes no logran pacto o el contratista no se presenta; y el numeral 10, literal d, del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 concuerda con esa facultad para que la entidad liquide dentro del término de caducidad. Por ello, la liquidación unilateral adelantada tras gestiones previas de liquidación de mutuo acuerdo no vulnera el debido proceso del contratista. La providencia se revoca.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato de concesión cuando las circunstancias alegadas como extraordinarias e imprevisibles corresponden a riesgos asignados al… ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por la disminución del consumo de aguardiente y la consecuente afectación de la cuota mínima anual de ventas… ¿Procede el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario por el incumplimiento de la entidad contratante en la fijación de la cuota de promoción y degustación…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233100020110129701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve: ¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato? ¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato? ¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
Consejo de Estado Providencia

No existe, como requisito de acceso a la administración de justicia

Sentencia — Sentencia 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233100020110065001 ACCION CONTRACTUAL
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública? ¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2023-06-28 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020160241901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
La segunda instancia de las controversias contractuales procede cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, y la cuantía se fija conforme al año en que se presentó la demanda. La regla se sostiene en que esa vocación de doble instancia depende exclusivamente del valor de las pretensiones, de modo que el superior conoce de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando se cumple ese umbral. Además, el medio de control de controversias contractuales abarca la ejecución del contrato, el incumplimiento, la liquidación y los actos administrativos contractuales, lo que permite que la controversia llegue a la jurisdicción por este medio. En el asunto, la cuantía superaba el umbral para el año 2016, cuando se presentó la demanda, y la Sala asumió la competencia para conocer de la apelación interpuesta por la parte actora. En la práctica, el apelante debe verificar la cuantía del año de presentación para determinar si el recurso llega a la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal… ¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato? ¿Los contratos celebrados por empresas de servicios públicos se rigen principalmente por el derecho privado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Concepto

No es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia".

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-08-26 Sala Consulta y Servicio Civil EDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ Rad. 11001030600020220006600 CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia"? No
En el caso de los contratos de obra y conexos, suscritos en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y una sociedad fiduciaria, no se configura el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia», pues: i) Dichos contratos de obra y conexos son celebrados por la sociedad fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del correspondiente patrimonio autónomo; ii) El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) no es parte en dichos contratos, pues por el mandato legal, consagrado en el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011, dicha entidad debe ejecutar la estructuración de planes de vivienda de interés social y otros, mediante la celebración de contratos de fiducia mercantil, con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, y iii) El patrimonio autónomo no tiene la calidad de entidad estatal…
También resuelve: ¿Los patrimonios autónomos derivados de los contratos de fiducia mercantil celebrados por FONVIVIENDA pueden asimilarse a una entidad estatal del orden nacional de las establecidas en el artículo 2… ¿Puede ser ampliado el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" vía decreto reglamentario pese a lo dispuesto en el artículo…
Consejo de Estado Providencia

No se debe revocar la decisión de primera instancia en cuanto declaró la nulidad de los actos acusados

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 23001233300020130005501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia en cuanto declaró la nulidad de los actos acusados? No
El contratista no puede revocar la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los actos acusados si no desarrolla un sustento fáctico, normativo o lógico que contradiga los extremos del análisis del juez de primera instancia, ya que el artículo 320 del Código General del Proceso establece que el juez de segunda instancia debe examinar las razones que controvierten la decisión impugnada. En este caso, el contratista no presentó argumentos que permitan cuestionar la decisión del tribunal, por lo que la Sala confirma la nulidad de las resoluciones impugnadas. Además, la Sala rechaza la excepción de contrato no cumplido por considerar que no impide que la administración ejerza sus poderes exorbitantes, como declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Asimismo, la entidad no aportó pruebas de que citó al contratista para liquidar el contrato de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, lo que implica que la presunción de legalidad del acto administrativo no se sostiene. Finalmente, la administración no está obligada a recibir y pagar lo ejecutado por fuera del término a menos que sea su elección, y en este caso no hay prueba de que las obras extemporáneas fueran recibidas a satisfacción.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la declaratoria de la excepción de contrato no cumplido? ¿Hay prueba de que la entidad citó o convocó al contratista, en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para liquidar bilateralmente el contrato? ¿La administración tiene la obligación de recibir y pagar lo ejecutado por fuera del término?
Consejo de Estado Providencia

No puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020230041301 Controversias contractuales
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal? ¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública… ¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
REVOCA
Colombia Compra Eficiente Concepto

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

C-318 de 2025 2025-05-06
¿Cuál es el alcance de los contratos de prestación de servicios en el sistema de compras y contratación pública para efectos de la exclusión prevista en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 2126 de 2021?
La exclusión prevista en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 2126 de 2021 aplica a los contratos de prestación de servicios cuyos honorarios mensuales sean inferiores a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, y no distingue entre sus especies. Como el parágrafo se refiere a los contratos de prestación de servicios sin distinguir entre profesionales, de apoyo a la gestión y artísticos, todos ellos están exentos de la Estampilla para la Justicia Familiar siempre que sus honorarios no alcancen ese monto. La estampilla, creada por el artículo 22 de la Ley 2126, tiene como hecho generador los contratos y sus adiciones suscritos con las entidades del presupuesto anual del departamento, municipio o distrito, y su base gravable es el valor bruto de los contratos sin IVA. Como el legislador no distingue, el intérprete no puede hacerlo. En consecuencia, la entidad debe verificar si los honorarios mensuales de cada contrato de prestación de servicios son inferiores a diez salarios mínimos para aplicar la exclusión.síntesis automática
También resuelve: Estampilla para la justicia familiar: fundamento normativo Contratos de prestación de servicios: género, especies
Colombia Compra Eficiente Concepto

Colombia Compra Eficiente no puede definir un criterio universal y absoluto, sino que brinda elementos hermenéuticos de carácter general para que los partícipes del sistema de compras y contratación pública adopten la decisión que corresponda, lo cual es acorde con el principio de juridicidad.

C-091 de 2024 2024-06-06
De acuerdo con lo indicado en el artículo 23 de la Ley 2126 de 2021, usted realiza la siguiente consulta: “… los contratos y convenios interadministrativos deben ser considerados dentro de la aplicación de la estampilla, debido a que forman parte de la contratación estatal y no están expresamente mencionados en la Ley 2126 de 2.021 como excluidos como hechos generadores del cobro de tal estampilla”. [sic]
La estampilla prevista en el artículo 23 de la Ley 2126 de 2021, cuyo hecho generador está constituido por los contratos y sus adiciones suscritos con las entidades que conforman el presupuesto anual del departamento, municipio y distrito, se refiere a todos los contratos estatales suscritos por dichas entidades. Los contratos y convenios interadministrativos, creados como tipología en la Ley 80 de 1993 y calificados por el Decreto 1082 de 2015 como contratación entre Entidades Estatales, son acuerdos de dos o más personas jurídicas de derecho público para cumplir los fines del Estado en el marco de sus objetivos misionales y competencias, y se determinan por un criterio orgánico. Ambos comparten características comunes, pero el contrato interadministrativo es oneroso, patrimonial y se conforma por intereses contrapuestos, mientras el convenio interadministrativo tiene una finalidad asociativa, con intereses que se encaminan en la misma dirección y propenden por la cooperación interinstitucional. La incorporación de estampillas solo puede darse por disposición legal o por ordenanzas departamentales o acuerdos distritales o municipales que indiquen en detalle las condiciones de su emisión, pago o adherencia y su naturaleza de tasa parafiscal o impuesto con destinación específica.síntesis automática
También resuelve: Convenios y contratos interadministrativos: régimen jurídico, noción, diferencias Impuesto de estampillas: noción, Artículo 23 de la ley 2126 de 2021, hecho generador, contratos estatales
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 05001233300020130077402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista debe asumir los gastos de los tributos causados por la forma en que la entidad estatal decide facturar, incluyendo el impuesto de timbre y la estampilla. Esta regla se deriva de la regulación contractual del pago de gastos reembolsables, donde se establece que los tributos no deben ser deducidos de lo cobrado por el contratista. En este caso, la entidad estatal reconoció expresamente que los tributos se causaron por su decisión de facturar y no por el margen de intermediación del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿La regulación contractual del pago de gastos reembolsables implicaba que UNE debía asumir los costos de los tributos que se causaran y, particularmente… ¿El principio de la buena fe contractual conlleva a que el contratista no asuma los gastos por pagos tributarios? ¿El contratista asume el riesgo del transporte de sus herramientas?
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Coldeportes

2016_11001-03-06-000-2015-00166-00_2271 2016-05-10
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA,COLDEPORTES,CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS,CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS – Naturaleza jurídica,Negocios jurídicos cuya celebración la causa,Funciones,Suscripción,Coldeportes y entidades territoriales,Estampilla pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia,Desarrollo,Regulac – Mes: mayo – Año: 2016…
También resuelve: Estampilla pro universidad nacional: naturaleza jurídica Estampilla pro universidad nacional y demás universidades estatales de colombia: negocios jurídicos cuya celebración la causa Coldeportes: naturaleza jurídica, función
Consejo de Estado Providencia

Debe advertirse que el denominado impuesto de guerra no se creó con la Ley 1106 de 2006

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233100020120021701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra? Sí
El contratista no puede demostrar la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra, ya que la entidad estatal estableció en el contrato que el contratista estaba a cargo de todos los impuestos, tasas o contribuciones que se deban pagar con ocasión del contrato. Además, el impuesto de guerra fue creado antes de la firma del contrato y no se demostró el impacto negativo del aumento del porcentaje de descuento por la contribución de prodeporte en la ecuación financiera del contrato. La Sala determina que para que proceda el reconocimiento del desequilibrio económico, es necesario que la parte actora acredite claramente las circunstancias anteriores a la suscripción del contrato, incluyendo el pliego de condiciones y la oferta económica presentada, para establecer con precisión los impuestos, tasas y contribuciones que se pusieron en conocimiento de los oferentes. Esta sentencia reitera la importancia de la cláusula contractual que establece la obligación del contratista de asumir ciertos impuestos y tasas, y subraya la necesidad de acreditar con claridad y precisión los hechos que dan lugar a la reclamación de un desequilibrio económico en el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de las salvedades que se dejan en acto de liquidación del contrato o en los actos modificatorios en la ejecución del contrato estatal? ¿Puede la unión temporal contratista alegar su inconformidad en sede sobre un asunto en el que expresamente renunció a reclamar a lo largo de toda la ejecución del contrato?
Consejo de Estado Providencia

No se cumplen los tres presupuestos necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra pública

Sentencia — Sentencia 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233300020210040501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplen, en este caso, los tres presupuestos necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra pública, cuando también debe tenerse en cuenta que, se trata de un argumento nuevo pues no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo? No
El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de obra pública de oficio cuando el argumento no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo, y no se cumplen los requisitos legales para su declaratoria oficiosa, que incluyen que el vicio sea palmario, que el contrato haya sido invocado en el litigio y que las partes hayan concurrido en el proceso. La Sala reitera que la facultad del juez de declarar la nulidad absoluta de oficio debe ejercerse bajo estrictos lineamientos legales para garantizar la seguridad jurídica, y que las causales de nulidad deben estar consagradas expresamente en la ley. En este caso, no se evidencian vicios palmarios ni se alegan violaciones a las normas imperativas que podrían configurar la nulidad absoluta, por lo que la declaratoria de nulidad es improcedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El a quo debió reconocer el valor del acta parcial de ejecución de obra 3 en la liquidación que efectuó del contrato? ¿El a quo al descontar los valores de las estampillas del acta 1 en la liquidación del contrato incurrió en un error? ¿El a quo debió incluir el valor de las multas y de la cláusula penal del contrato, al no existir una responsabilidad compartida por la suscripción del acta de suspensión?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley

Sentencia — Sentencia 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 15001233100020120006801 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de controversias contractuales se ejerció en el término bienal previsto por la ley? Sí
El término bienal de caducidad de la acción de controversias contractuales depende de si el contrato debe liquidarse y de cómo se liquida. Según el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el conteo inicia desde la firma del acta de liquidación bilateral, desde la ejecutoria del acto que aprueba la liquidación unilateral o, si ninguna se realizó, desde el vencimiento del plazo para liquidar. Los plazos supletorios de la Ley 80 de 1993 son de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral. Si la liquidación bilateral se firma dentro de los dos años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el conteo inicia desde el día siguiente a la firma del acta. En el caso concreto la acción se ejerció dentro del término bienal y la decisión de primera instancia fue revocada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula sobre los plazos de liquidación y no sobre la fecha de terminación de la obra.síntesis automática
También resuelve: ¿El hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato, constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato? ¿Los reparos formulados por el INVIAS al dictamen pericial, se ajustan a los que se consideran como de error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia… ¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por la contratista; y que, por causa de esto…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó de manera idónea y fehaciente el cumplimiento efectivo

Sentencia — Sentencia 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 73001233300020210040101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó de manera idónea y fehaciente el cumplimiento efectivo de las condiciones contractuales establecidas para el pago del precio? No
El contratista no acredita de manera idónea y fehaciente el cumplimiento efectivo de las condiciones contractuales establecidas para el pago del precio, lo que impide que la entidad estatal sea declarada en incumplimiento del contrato. La Sala considera que el valor del ítem de personal debía remunerarse en virtud de los precios unitarios pactados, independientemente de los costos incurridos por el contratista. La entidad aceptó pagar el valor mensual por cada profesional y técnico asignados al proyecto, condición que no se verificó debido a la falta de pruebas que demuestren las cantidades ejecutadas y la aprobación del informe final del contrato. Además, el interrogatorio de parte practicado por el apoderado del contratista no cumple con los requisitos para ser considerado confesión y carece de valor demostrativo. La competencia del superior está limitada por los reparos concretos vertidos por el apelante, y no se puede decidir sobre pretensiones no formuladas en la demanda, como la devolución de tasas pagadas a través de estampillas departamentales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las declaraciones del interrogado sobre el cumplimiento contractual, a instancia de las preguntas formuladas por su propio apoderado, carecen de valor demostrativo? ¿La competencia del superior está limitada por los reparos concretos de inconformidad vertidos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban tomarse de oficio? ¿Es procedente decidir sobre la pretensión de devolución de las tasas que el contratista pagó a través del mecanismo de estampillas departamentales y que reclamó con ocasión del recurso contra el…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 52001233300020180055501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El incumplimiento del contrato por parte del departamento de Putumayo fue superado con la suscripción del acta de liquidación bilateral? Sí
El contratista y la entidad estatal superan el incumplimiento del contrato mediante la suscripción de una acta de liquidación bilateral, siempre y cuando dicha acta no presente vicios del consentimiento y las partes queden a paz y salvo sin reparos o salvedades. En este caso, la entidad estatal incumplió el contrato No. 1188 de 2015 por una falta al deber de planeación, lo que impidió la suscripción del acta de inicio del proyecto debido a deficiencias en la gestión de las licencias de la obra. Sin embargo, el contratista y la entidad estatal liquidaron bilateralmente el contrato el 6 de diciembre de 2016, reconociendo únicamente los costos de pago de estampillas y pólizas, y modificaron el acta el 21 de diciembre de 2016 para excluir los gastos de administración fiduciaria. El contratista aceptó la liquidación y se declaró a paz y salvo por todo concepto, renunciando a otros emolumentos como la utilidad esperada y los gastos de arrendamiento, pago de servicios, alquileres de maquinaria y equipos y pago de prestaciones sociales. La Sala confirmó la sentencia que negaba las pretensiones del contratista, reafirmando que la liquidación bilateral es vinculante cuando no se acreditan vicios del consentimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño? ¿Los contratos estatales suscritos por departamentos como el del Putumayo se rigen por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública -EGCAP- y sus reformas? ¿Cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 41001233100020050156801 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón a la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 132 y numeral 1 del artículo 129 del C.C.A., toda vez que el monto de la mayor de las pretensiones indemnizatorias ascendió a $330.089.063.44 por concepto del valor del suministro de material de Terraplén para los Ítems de obra No. 3, 18 y 19, suma que excede la cuantía establecida para que un proceso de controversias contractuales fuera de doble instancia a la fecha de la presentación de la demanda .
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que dieron lugar a la reclamación? ¿El incumplimiento contractual de la entidad demandada da lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato? ¿La ausencia de reclamaciones en las adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, es impedimento para analizar los argumentos del demandante y para denegar las pretensiones?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020220001501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente… ¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión… ¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
CONFIRMA