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¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato es de ejecución sucesiva y requiere liquidación? Sí
El contratista puede demandar la declaratoria de incumplimiento durante la vigencia del contrato de ejecución sucesiva y hasta dos años después de su liquidación, conforme al artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo, prevaleciendo esta norma especial sobre la regla general que computa el término de caducidad desde la ocurrencia del incumplimiento. Esto implica que si el contrato aún está en ejecución y no ha sido liquidado, el plazo para demandar no ha vencido, permitiendo analizar de fondo la configuración del incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura incumplimiento contractual cuando hay cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones?¿La auditoría a los reportes de facturación por parte del municipio demandante constituía un requisito previo para que EPM pudiera facturar a los usuarios industriales y comerciales?¿Se configuró un incumplimiento parcial del contrato por parte de EPM al no cobrar el impuesto de alumbrado público a los usuarios industriales y comerciales oportunamente?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando el contrato requiere liquidación, debe computarse a partir del vencimiento del plazo para liquidarlo? Sí
El contratista debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato cuando este requiera liquidación, ya que la liquidación es la etapa en la que se realiza el balance final de la ejecución del contrato y se determina quién le debe a quién y cuánto, existiendo la posibilidad de que se transen o se reconozcan reclamaciones económicas que pudieren presentarse en sede judicial. La entidad estatal debe contar el término de caducidad de las pretensiones principales, como la nulidad del acto de terminación unilateral y el restablecimiento del derecho, de forma independiente al término aplicable a la pretensión subsidiaria de liquidación judicial del contrato, ya que la liquidación no es necesaria para resolver la nulidad del acto contractual. La administración debe proceder a la liquidación judicial del contrato solo una vez que haya vencido el plazo negocial y no haya sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral. Esta decisión modifica precedentes anteriores y establece que el cómputo del término de caducidad no debe adicionarse al plazo para la liquidación bilateral y unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de las pretensiones principales de nulidad del acto de terminación unilateral y de restablecimiento del derecho debe computarse de manera independiente al término aplicable a…¿La liquidación judicial del contrato procede cuando este no ha sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral, y únicamente una vez fenecido el plazo negocial?¿En el impuesto sobre las ventas (IVA), el sujeto pasivo económico puede ser distinto del sujeto pasivo jurídico o responsable…
¿Teniendo en cuenta las estipulaciones contractuales, los contratistas estaban obligados a restituirle a EPM las sumas que obtuvieran por la devolución de un IVA pagado en la adquisición de sus insumos, cuando se observa que tal exención estaba vigente cuando se inició el proceso licitatorio? No
El contratista no está obligado a restituir a la entidad estatal las sumas obtenidas por la devolución del IVA pagado en la adquisición de insumos, cuando la exención del impuesto estaba vigente al inicio del proceso licitatorio. Esta regla se sostiene en que la estipulación contractual redactada por la entidad estatal establece que el valor de los precios unitarios del contrato se ajustará en función de las disposiciones sobre impuestos expedidas después de la presentación de la oferta. Además, la entidad estatal no puede alegar inducción al error por parte del contratista, ya que el conflicto planteado en la demanda se limita al análisis de la estipulación contractual y no a la estrategia de cálculo de precios unitarios. La Sala confirma la sentencia de primera instancia, reiterando que la vigencia de la exención del IVA al inicio del proceso licitatorio no implica la obligación del contratista de restituir las sumas devueltas por la entidad tributaria.síntesis automática
¿Vulneró el Departamento del Huila el debido proceso de la contratista al liquidar unilateralmente el contrato después de vencidos los términos previstos para la liquidación bilateral y unilateral, aun cuando conservaba competencia durante el término de caducidad de la acción contractual y se habían adelantado previamente gestiones para lograr, sin éxito, la liquidación de mutuo acuerdo? No
La entidad estatal conserva competencia para liquidar unilateralmente el contrato dentro del término de caducidad de la acción contractual, aun cuando hayan vencido los plazos de liquidación bilateral y unilateral, si no hubo acuerdo entre las partes y la liquidación evita la latencia de la relación contractual. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 fija la liquidación bilateral dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, salvo el plazo pactado; el artículo 61 de la misma ley permite a la administración realizar el finiquito unilateral cuando los contratantes no logran pacto o el contratista no se presenta; y el numeral 10, literal d, del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 concuerda con esa facultad para que la entidad liquide dentro del término de caducidad. Por ello, la liquidación unilateral adelantada tras gestiones previas de liquidación de mutuo acuerdo no vulnera el debido proceso del contratista. La providencia se revoca.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato de concesión cuando las circunstancias alegadas como extraordinarias e imprevisibles corresponden a riesgos asignados al…¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por la disminución del consumo de aguardiente y la consecuente afectación de la cuota mínima anual de ventas…¿Procede el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario por el incumplimiento de la entidad contratante en la fijación de la cuota de promoción y degustación…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo? Sí
El impuesto que el contratista debe pagar en ejecución del contrato, como el IVA, solo puede reconocerse como desequilibrio económico cuando el demandante demuestra con documentos los valores que se atribuyen a la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la voluntad de las partes puso a cargo del contratista el pago de todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios que se causaran por la ejecución del negocio. La segunda es que no existe documento alguno que desagregue los valores de las declaraciones de renta presentadas ante la DIAN ni determine qué parte corresponde a la ejecución del contrato con la entidad contratante. En el caso concreto, el Consejo de Estado resolvió las apelaciones de ambas partes contra la sentencia del tribunal, que había reconocido un valor inicial de impuesto que incluía sanciones e intereses. La Sala revoca esa sentencia y niega las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó el desequilibrio económico reclamado por el pago del IVA. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es el rechazo de la compensación reclamada.síntesis automática
También resuelve:¿Estaba el contratista en la obligación de pagar todos los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género?¿La contratista acreditó los valores de las declaraciones de renta presentadas ante la DIAN?¿Se acreditó el desequilibrio económico reclamado por la actora como consecuencia del pago del impuesto del IVA generado con ocasión de la ejecución del contrato?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-06-17Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020210008400CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Un aeropuerto de uso público y a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial es objeto pasivo del impuesto predial y contribución por valorización? No
Conforme a lo explicado en este concepto, los aeropuertos públicos que son propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, o son administrados directamente por ella, en ejercicio de sus funciones legales, no pueden ser gravados, en principio, con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo algunas áreas, en cualquiera de los siguientes dos casos: i) Las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre estos bienes, que estén en manos de particulares, pueden ser gravadas con el impuesto predial unificado, por parte de los distritos, tal como lo establecen el artículo 6, numeral 3°, de la Ley 768 de 2012 y el artículo 26, numeral 3°, de la Ley 1617 de 2013.
También resuelve:¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…¿La existencia de operadores de prestación de servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga, en un aeropuerto de uso público a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa…¿La existencia de locales comerciales y la explotación económica de estos por parte de particulares, dentro de los aeropuertos a cargo de una entidad con carácter de Unidad Administrativa Especial…
¿Se presentó oportunamente la acción de controversias contractuales incoada para demandar la nulidad absoluta del contrato estatal con fundamento en la supuesta ilegalidad del acto de adjudicación? Sí
La solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de caducidad mientras dura el trámite, hasta por un máximo de tres meses, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. La regla se apoya en que la acción de nulidad absoluta del contrato, cuando se funda en la ilegalidad de la adjudicación, puede ejercerse dentro de los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato, conforme al numeral 10 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984. Por ello, la conciliación presentada dentro del término suspende el cómputo sin que la suspensión exceda los tres meses. En el asunto, el demandante presentó la solicitud de conciliación dentro del término, que se prolongó hasta el mes siguiente, por lo que la Sala revocó la decisión de primera instancia y concluyó que la acción se presentó oportunamente. En la práctica, la solicitud de conciliación oportuna permite ejercer la acción de nulidad absoluta del contrato después del vencimiento del plazo original.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto de adjudicación proferido por el Departamento del Tolima y la consecuencial nulidad absoluta del contrato suscrito con fundamento en este…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública?¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
La segunda instancia de las controversias contractuales procede cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, y la cuantía se fija conforme al año en que se presentó la demanda. La regla se sostiene en que esa vocación de doble instancia depende exclusivamente del valor de las pretensiones, de modo que el superior conoce de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando se cumple ese umbral. Además, el medio de control de controversias contractuales abarca la ejecución del contrato, el incumplimiento, la liquidación y los actos administrativos contractuales, lo que permite que la controversia llegue a la jurisdicción por este medio. En el asunto, la cuantía superaba el umbral para el año 2016, cuando se presentó la demanda, y la Sala asumió la competencia para conocer de la apelación interpuesta por la parte actora. En la práctica, el apelante debe verificar la cuantía del año de presentación para determinar si el recurso llega a la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?¿Los contratos celebrados por empresas de servicios públicos se rigen principalmente por el derecho privado?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2026-06-19Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020250045300CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿El Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, es un fondo del Estado? Sí
FONTUR es un fondo del Estado constituido como patrimonio autónomo conformado por recursos fiscales y parafiscales, que son recursos públicos cuya destinación está determinada por la Ley.
También resuelve:¿El servicio que presta Fiducoldex, o que ha prestado en el pasado, en virtud de los contratos de fiducia mercantil suscritos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo…¿Los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria у¿Los bienes inmuebles transferidos al FRISCO en virtud de sentencias o medidas cautelares de extinción de dominio, y administrados por FONTUR, hacen parte del tesoro de la Nación?
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
¿Los servicios públicos domiciliarios están excluidos del impuesto al valor agregado? No
El contratista no está exonerado del pago del impuesto al valor agregado (IVA) por el uso de la infraestructura necesaria para prestar el servicio de alumbrado público, ya que la remuneración pactada incluye el reconocimiento por el uso de dicha infraestructura, y no se configura un incumplimiento contractual por no asumir este impuesto fuera de la remuneración acordada. La entidad estatal no incumple el contrato al no pagar el IVA por el uso de activos propiedad del prestador del servicio, pues la remuneración incluye el valor correspondiente al uso de dicha infraestructura. Además, la condena en costas impuesta en primera instancia es conforme a derecho, ya que la demanda no persigue un interés público en el sentido de acciones públicas, contencioso objetivo o de mera constitucionalidad, según la interpretación del principio del efecto útil de las normas. Este precedente reitera la posición de la Sala sobre la naturaleza del servicio de alumbrado público y la aplicación del IVA, y confirma la procedencia de la condena en costas en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró un incumplimiento de contrato por parte de la UAESP por el no pago por el uso de los activos de Codensa SA ESP para la prestación del servicio?¿Procede la condena en costas impuesta en primera instancia?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de acuerdo con la norma procesal aplicable?
Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contratista?¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas?¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009?¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones introducidos extemporáneamente por la parte demandante en el recurso de apelación? No
El juez delimita su competencia en segunda instancia al examen riguroso de los reparos específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, en estricta sujeción al artículo 328 del Código General del Proceso. La Sala precisa además que no resulta viable pronunciarse sobre modificaciones sustanciales a la causa petendi introducidas de forma extemporánea con posterioridad a la presentación de la demanda y a su oportunidad legal de reforma, en estricta salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso y del principio cardinal de congruencia procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia determinar de oficio el régimen jurídico aplicable al contrato, incluso si ello no fue cuestionado en el recurso de apelación?¿Está sometido al régimen de derecho público el contrato de concesión suscrito en 1998 entre un municipio y un particular para la prestación del servicio de alumbrado público?¿Tiene naturaleza jurídica de impuesto el cobro que realizan los municipios por el servicio de alumbrado público?
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos celebrados por entidades estatales, aunque el contrato se rija por el derecho privado, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia cuando la cuantía de la demanda supera el límite de la doble instancia. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad demandada ostenta la calidad de entidad estatal en los términos del artículo 52 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, por lo que la jurisdicción es la competente. Segunda, el artículo 6 del Decreto 197 de 1999 somete el negocio al derecho privado, pero ese régimen no altera la competencia de la jurisdicción. Tercera, la cuantía de las pretensiones superó los 500 salarios mínimos legales mensuales de 2003, año de presentación de la demanda, según los artículos 129, 132 numeral 5 y 181 del Código Contencioso Administrativo. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la apelación de la parte demandada es resuelta por el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente a la liquidación del contrato?¿El contrato de obra pública bajo el sistema de precios unitarios celebrado entre las partes está regido por el derecho privado?
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública…¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?