Titulación de la relatoría 35.862 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de prestación de servicios demandando?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo consignado en el artículo 1° del Acuerdo No. 6 del 25 de julio de 1995 27, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. es una empresa industrial y comercial del Estado -del nivel distrital- dedicada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. El artículo 2°29 del Acuerdo previamente referido indica que las actividades desempeñadas por la EAAB se rigen por el derecho privado, salvo disposición legal que señale lo contrario. Dicha previsión desarrolla en debida forma el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 , el cual prescribe que los contratos celebrados por las entidades estatales que prestan servicios públicos domiciliarios -en este caso la EAAB- no estarán sujetos a los preceptos fijados en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, a no ser que la legislación señale lo contrario. (...) De acuerdo con las condiciones expuestas en precedencia, la Sala concluye que el régimen jurídico aplicable al contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200- 0784-2015 es el derecho privado.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuando en un contrato que se rige por el derecho privado no se especifica la modalidad en la que debe liquidarse, cuál sería la forma que debe hacerse el procedimiento liquidatario?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s importante señalar que el negocio jurídico materia de examen reguló expresamente cuál sería la etapa dispuesta para llevar a cabo su liquidación. En ese sentido, en la cláusula vigésima novena33 del aludido vínculo obligacional se estableció que [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]: [...] CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN: El contrato se liquidará a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecución [...] [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto original]. Si bien es cierto que la regla convencional en cita no especificó con detalle cuál sería la modalidad -bilateral y/o unilateral- en la que se adelantaría la liquidación del contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015, la Subsección estima que, en la medida en que al acuerdo de voluntades que aquí se analiza se gobernó por las disposiciones y las dinámicas negociales propias del derecho civil y mercantil, es dable concluir que el ejercicio liquidatorio debía materializarse de mutuo acuerdo.
CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La forma de liquidación del contrato estatal que se rige por el derecho privado debe estar convedida por las partes en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera relevante señalar que la facultad contractual necesaria para liquidar unilateralmente un contrato del Estado que se somete a las reglas del derecho privado debe ser otorgada y convenida por los extremos negociales de forma expresa34 e inequívoca, lo cual, como ya se advirtió, no ocurrió.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del termino de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el contrato estatal que se rige por el derecho privado cuando en este no se pacta la forma de liquidación del mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]erá la regla general41 -en materia de disputas contractuales- prevista en el literal j], numeral 2, del artículo 164 del CPACA, a cuyo tenor se lee [transcripción literal]: “[e]n las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento [...]”, la llamada a disciplinar el término máximo en el que se debía interponer tanto la demanda primigenia como la de reconvención, ocurrencia que, en orden a situar la fecha inicial de su cómputo, coincide temporalmente con el día siguiente al vencimiento del término para liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015, lo cual, se reitera, ocurrió el 11 de abril de 2017.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEMANDA DE RECONVENCIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con la demanda de reconvención?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con la demanda de reconvención presentada por Daewoo Trucks, conviene indicar que sus pretensiones también están dirigidas, principalmente, a que se declare el incumplimiento negocial de la EAAB frente al contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015. Por cuenta de dicha circunstancia, en lo relativo al presupuesto procesal de la caducidad del medio de control de controversias contractuales interpuesto por la sociedad contratista, la Sala aplicará el mismo criterio interpretativo previamente señalado -respecto de la demanda principal- para determinar si el escrito de reconvención fue radicado de forma oportuna. Así pues, la regla de caducidad que está llamada a gobernar la oportunidad con la que contaba Daewoo Trucks para acudir a esta jurisdicción es la consignada en el literal j], numeral 2, del artículo 164 del CPACA. En tal sentido, el término máximo para demandar -en reconvención- empezó a correr desde el 12 de abril de 2017, día siguiente al que se venció el término convencionalmente pactado para liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784- 2015. En secuencia con lo anterior, Daewoo Trucks tenía hasta el 12 de abril de 2019 para demandar en reconvención a la EAAB y como ello ocurrió el 4 de abril de 201948 , su radicación se realizó dentro del término legalmente previsto para dicho efecto. Con fundamento en la argumentación propuesta, la Subsección también encuentra acreditado este presupuesto procesal del medio de control de controversias contractuales interpuesto -en reconvención- por Daewoo Trucks.
DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la finalidad del objeto del contrato y cómo debe estar plasmado en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala parte de precisar que, según lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, sin perjuicio de que en el Código Civil no se hubiera incorporado una definición acerca del objeto de un contrato, por tal debe entenderse lo estipulado, no solo en la cláusula que por regla general suele llevar su nombre, sino en todos aquellos acuerdos de contenido obligacional que lo integran, las prestaciones de dar, hacer y no hacer a cuyo cumplimiento recíprocamente se obligan los extremos del negocio, indistintamente de que estén contenidas en la previsión identificada bajo el título “OBJETO” o en otra de diferente denominación. En ese orden de idea, esta Subsección51 ha señalado lo siguiente [transcripción literal]: [...] Así, para establecer el objeto de un contrato e identificarlo no basta con remitirse a la lectura de la cláusula que dice contenerlo, por manera que es indispensable estudiar la totalidad del texto contractual en su integridad, al tiempo que debe extenderse su análisis a todos los demás documentos que tienen la virtualidad de incorporase al mismo, que en materia de contratación estatal serán tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia, adendos, documentos modificatorios o aclaratorios, entre otros; con todo esto último constituye un aspecto que más adelante será abordado con mayor detenimiento. Ello se refuerza aún más si se tiene en cuenta que en materia de contratación estatal resultan de plena aplicación las reglas de interpretación de los contratos recogidas en el Código Civil, cuyos dictados establecen que “Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad” [...].
TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se debe valorar el testigo catalogado como sospechoso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i bien el artículo 211 del CGP establece que cualquiera de las partes podrá tachar -lo cual no sucedió en este proceso- el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que sus manifestaciones no pueden descartarse de plano, sino que deben valorarse de manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las condiciones particulares de cada caso, todo ello basado en las reglas de la sana crítica.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 211
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se aplican los criterios interpretativos para definir el alcance del objeto del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con la interpretación sistemática de los contratos, el artículo 1622 del Código Civil dispone lo siguiente [transcripción literal]: Artículo 1622. Interpretaciones sistemáticas, por comparación y por aplicación práctica. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad [...] [énfasis añadido]. De conformidad con lo consignado en la norma en cita y de cara al caso concreto, la Subsección considera que, si bien la literalidad del objeto recayó sobre la reparación de 38 vehículos, lo cierto es que lectura sistemática del clausulado contractual como de los documentos que lo integraron arrojan las siguientes premisas: Revisadas en conjunto -sistemáticamente- las estipulaciones negociales antes mencionadas, la Subsección considera que, contrario a lo señalado por el Tribunal a quo, a Daewoo Trucks y a Seguros del Estado S.A. les asiste razón en lo que se refiere al carácter “agotable” del valor “tope” del contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015. Interpretada la cláusula primera y tercera del contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015, en conjunto con las demás condiciones contractuales inherentes a dicha relación negocial, (...) En ese escenario, es plausible considerar que si la reparación de los compactadores representaba una suma de dinero menor al valor “tope” del contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015, ello permitiría concluir que el importe económico que la EAAB debía entregarle a Daewoo Trucks sería lo que efectivamente costó la normalización de dichos vehículos, con independencia de si el presupuesto destinado para el acuerdo de voluntades se agotaba o no. No obstante, si el supuesto fáctico fuera el contrario, es decir, que los costos de la reparación de la totalidad de la flota compactadora ascendían a un monto superior al valor “tope” consignado en el vínculo negocial analizado, dicha circunstancia sí iría en contradicción de las pautas convencionalmente acordadas, pues el precio “tope” del negocio jurídico que se comenta no podía, en ninguna circunstancia, ser excedido. Dicho de otra manera, si el contrato se pagaría contra entrega de los compactadores efectivamente reparados, cuya intervención necesariamente debía ser aprobada -de forma previa- por la EAAB con sustento en la cotización y diagnóstico definitivo realizados en la fase de ejecución contractual, es lógico considerar que el valor “tope” asignado para dicho negocio jurídico se consumiría en la medida en que Daewoo Trucks entregara vehículos normalizados en debida forma. La conclusión que antecede, materialmente, significa que la reparación de 23 automotores de 38 por parte de Daewoo Trucks no puede ser catalogado como un incumplimiento parcial del objeto del contrato que en esta instancia judicial se analiza, toda vez que la normalización de la totalidad de los compactadores [38] en realidad no era la prestación debida a cargo de la sociedad contratista, pues el negocio jurídico en cuestión no tenía el alcance que equivocadamente le extendió tanto la EAAB como el a quo en el fallo censurado. En ese orden de ideas, esta Subsección observa que el cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015 se consolidaría en la medida en que se agotara el presupuesto “tope” asignado a dicho vínculo negocial, al margen de que la cantidad de vehículos efectivamente reparados fuera menor de los que se contempló en la cláusula primera del aludido acuerdo de voluntades.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Una interpretación netamente literal del objeto contratado desconocería, de forma frontal, la naturaleza técnica del negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto de la interpretación de un negocio jurídico en función de su naturaleza, el artículo 1621 del Código Civil establece que [transcripción literal]: Artículo 1621. Interpretación por la naturaleza del contrato. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato [énfasis añadido]. Una interpretación netamente literal del objeto contratado desconocería, de forma frontal, la naturaleza técnica del negocio jurídico en comento. Quedó decantado que el diseño financiero del mismo se sustentó en los exámenes especializados - inspección visual y diagnóstico técnico posterior- efectuados por Daewoo Trucks en relación con cada uno de los compactadores cuya normalización se perseguía, confección económica que se perfilaría de manera definitiva en el curso de la ejecución del contrato en la medida en que se adelantaran las cotizaciones de cara al diagnóstico pormenorizado de cada automotor y a la aprobación que en torno a su intervención impartiera expresamente la entidad contratante. De conformidad con la regla normativa transcrita, la Subsección estima que no existe duda de que la pauta interpretativa más acorde con la naturaleza del contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015 es aquella que sí consulta los exámenes técnicos que Daewoo Trucks adelantó frente a los automotores, pues solo así era posible estructurar con exactitud cuál sería el presupuesto de dicho acuerdo de voluntades. Lo anterior cobra relevancia en la medida en que una lectura literal e irreflexiva del objeto contratado eliminaría el efecto útil77 del diagnóstico técnico especializado que debía desplegar la sociedad contratista sobre los automotores para establecer, con toda precisión, cuál era el valor real que se debía afrontar para poner a punto cada uno de ellos.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1621
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Sobre la prevalencia de la intención, debe decirse que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con el criterio de interpretación en el que prima la intención de los contratantes sobre la literalidad de sus palabras, el artículo 1618 del Código Civil prescribe que [transcripción literal]: Artículo 1618. Prevalencia de la intención. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras [énfasis añadido]. Superado el análisis que se acaba de realizar con especial atención en la etapa precontractual, es necesario advertir que en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015 también existen documentos que convalidan la tesis adoptada por esta Subsección y reflejan cuál fue la verdadera intención de los extremos contractuales.
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Está demostrado el incumplimiento del contrato de prestación de servicios?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que la sociedad contratista no incumplió el contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200- 0784-2015, pues la reparación de 23 vehículos de los 38 que se le entregaron para ese propósito, definitivamente está justificada en el carácter “agotable” que tenía el valor “tope” de dicho negocio jurídico -tesis coadyuvada por la aseguradora-, de ahí que no esté comprometida la responsabilidad patrimonial y contractual de Daewoo Trucks.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Está demostrado el incumplimiento por parte de la aseguradora en el pago de la cláusula penal pecuniaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tribunal de origen consideró que Daewoo Trucks incumplió el contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015, de modo que estimó procedente el cobro de la cláusula penal pecuniaria86 a favor de la EAAB. No obstante, conviene recordar que la desatención obligacional que le imputó la EAAB a la sociedad contratista es infundada en tanto atendió a una interpretación del contrato que no se acompasó con la realidad de su pacto, razón por la cual la activación de la cláusula penal pecuniaria no resulta procedente. En ese sentido, la Sala observa que la póliza de cumplimiento No. 75-40- 101026356 expedida por Seguros del Estado S.A. contempló, entre otros, el siguiente amparo [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]: […]1.1. AMPAROS [...] 1.1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR ESTE AMPARO EL ASEGURADO [EAAB] SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO [contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015], COMPRENDE ADEMÁS EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA [...] [énfasis añadido y mayúsculas sostenidas propias del texto original]. De acuerdo con el extracto en cita, es cierto que la aseguradora garantizó el pago de la cláusula penal pecuniaria cuya exigibilidad se podía producir a partir del incumplimiento contractual en el que incurriera Daewoo Trucks -sociedad contratista-. Con apego a esa previsión, el a quo condenó a Seguros del Estado S.A. a abonar el importe de dicha estipulación contractual en favor de la EAAB, suma que ascendía al 20% del valor total del negocio jurídico garantizado [$559’957.659]. En tal virtud, con sustento en las consideraciones que anteceden, no se puede perder de vista que el fundamento para afectar la póliza de cumplimiento No. 75- 45-101026356 carece de sustento, toda vez que quedó demostrado que Daewoo Trucks no incumplió el contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784- 2015, de ahí que no fuera procedente el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor de la EAAB y, como consecuencia de ello, la póliza, en el respectivo amparo de cumplimiento, no habría de resultar afectada. Así las cosas, la condena proferida en contra de Seguros del Estado S.A, en tanto es una pretensión de la demanda principal presentada por la EAAB, será negada - lo cual implica la revocatoria del fallo de primer grado en relación con dicho aspecto-, pues no se configuraron los supuestos fácticos jurídicos y necesarios para su procedencia, esto es, la desatención obligacional de Daewoo Trucks respecto del negocio jurídico que en esta instancia jurisdiccional se examina.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Era posible que la EAAB sometiera a la sociedad contratista a custodiar sus vehículos con posterioridad al momento en que se venciera el plazo de ejecución del acuerdo de voluntades analizado?
Respuesta al problema jurídico: Si
la Sala considera que no existe duda alguna de que Daewoo Trucks estaba obligada convencionalmente a restituir, una vez finalizara el contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015, los vehículos que se le entregaron en virtud de este, de lo que consecuencialmente surgía en cabeza de la EAAB la obligación de recibirlos. Por cuenta de lo expuesto en precedencia, se concluye que, en términos contractuales, no era posible que la EAAB sometiera a la sociedad contratista a custodiar sus vehículos con posterioridad al momento en que se venciera el plazo de ejecución del acuerdo de voluntades analizado. Así pues, según lo consignado en el “ACTA DE TERMINACIÓN” 89 del negocio jurídico en cuestión, el mismo finalizó el 10 de octubre de 2016. (...) En ese orden de ideas, está acreditado el incumplimiento contractual de la EAAB frente a la recepción y retiro de los 15 camiones que no fueron reparados, cuestión que se deduce del hecho de que solo hasta el 26 de diciembre de 2016 se recibieron los aludidos automotores. No obstante lo anterior, la Sala advierte que las pretensiones indemnizatorias formuladas por Daewoo Trucks y derivadas de la desatención obligacional de la EAAB no tienen vocación de prosperidad, toda vez que no están acreditados los perjuicios que supuestamente se le habrían irrogado a la sociedad contratista con ocasión de la custodia, bodegaje y vigilancia de los 15 vehículos que no fueron normalizados.
INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Problema jurídico:
¿Está demostrado la existencia del contrato de arrendamiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con el contrato de arrendamiento que supuestamente celebró Daewoo Trucks con la sociedad KMA Construcciones S.A -negocio jurídico que luego se habría cedido a KMA Inversiones S.A.S-, la Subsección observa que dicho acuerdo de voluntades no fue aportado con el escrito de reconvención. Aunque se allegaron algunas comunicaciones cruzadas 91 entre la demandante en reconvención y la sociedad KMA Construcciones S.A., en las que se refieren al aludido negocio jurídico, lo cierto es que este no fue incorporado a este juicio, circunstancia que resulta ser completamente atribuible a Daewoo Trucks. En tal virtud, la Sala considera que dichos documentos no son suficientes para acreditar la existencia del contrato de arrendamiento que supuestamente suscribió Daewoo Trucks para conservar, custodiar y vigilar los 15 compactadores que no fueron reparados, de ahí que el reconocimiento de los valores pretendidos en la demanda de reconvención deban ser negados, máxime si se tiene en cuenta que tampoco se aportó algún tipo de soporte contable y financiero del cual se pueda considerar que, en efecto, la sociedad contratista sufrió una disminución patrimonial susceptible de ser indemnizada por las alegadas erogaciones.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es procedente solicitar el pago de la cláusula penal pecuniaria cuando sólo fue pactada con veneficio de una parte?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s evidente que la cláusula penal pecuniaria contemplada en el negocio jurídico materia de análisis solo se pactó a favor de la EAAB, pues el supuesto fáctico a partir del cual se podía tornar efectiva dicha disposición convencional única y exclusivamente se refiere al incumplimiento grave y definitivo del contrato en el que incurriera la sociedad contratista, no la empresa contratante. En ese orden de ideas, no es plausible jurídicamente que Daewoo Trucks solicite la efectividad de la cláusula penal pecuniaria a su favor, puesto que ese instrumento contractual solo fue previsto y pactado en beneficio de la EAAB, lo cual desarticula la prosperidad de la pretensión subsidiaria formulada por la demandante en reconvención. Frente al segundo argumento de disenso consignado en el recurso de apelación interpuesto por Daewoo Trucks, es evidente que el Tribunal a quo malinterpretó lo solicitado en la demanda de reconvención, puesto que la sociedad contratista no pretendía que se reconociera la existencia de un contrato de arrendamiento, sino que se le pagara por los costos asociados al que supuestamente celebró con la sociedad KMA para poder conservar, custodiar y vigilar los camiones compactadores que no fueron objeto de intervención.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es procedente la liquidación judicial del contrato de prestación de servicios regido por derecho privado teniendo en cuenta que no se demostró el incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Realizado el estudio de responsabilidad patrimonial contractual tanto de la EAAB como de Daewoo Trucks, resulta propio concluir que la liquidación judicial efectuada por el Tribunal de origen debe ser revocada, puesto que en esta providencia se determinó que la sociedad contratista no incumplió el contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015, cuestión que implica que la condena allí incorporada en el cruce final de cuentas dispuesto por el a quo deba ser desestimada. Sin perjuicio de lo advertido, a pesar de que el Tribunal de primer grado liquidó judicialmente el negocio jurídico objeto de esta controversia, la Subsección no puede dejar de lado el hecho de que el presente acuerdo de voluntades está sometido al derecho privado, motivo por el cual el juez de lo contencioso administrativo, según lo sostuvo esta Sala en oportunidad anterior, no se encontraba habilitado para llevar a cabo dicho cruce de cuentas96, pues en estos contratos no existe un imperativo legal que le imponga al juzgador el deber de realizar tal acto ante la ausencia de una liquidación bilateral y/o unilateral. Incluso, aunque los extremos negociales sí pactaron la posibilidad de liquidar bilateralmente el contrato materia de examen judicial, lo cierto es que no alegaron el incumplimiento de dicha obligación convencional, circunstancia que le impide a esta Sala realizar el ejercicio liquidatorio pretendido por Daewoo Trucks en su demanda de reconvención. Como consecuencia de lo anterior, la sentencia de primera instancia será revocada -en lo relativo al cruce de cuentas realizado por el a quo- y, en su lugar, se negará la pretensión de liquidación judicial formulada por la sociedad contratista en su escrito de reconvención.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la sentencia de primera instancia se condenó en costas tanto a Daewoo Trucks como a Seguros del Estado S.A., toda vez que el Tribunal de origen declaró el incumplimiento negocial de la sociedad contratista frente al contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015 y, como consecuencia de ello, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda principal presentada por la EAAB. Dicha determinación fue apelada por las recurrentes bajo el argumento de que el incumplimiento contractual de Daewoo Trucks en relación con el negocio jurídico objeto de estudio era inexistente y, en tal sentido, consideraron que la condena en costas proferida en su contra era improcedente. Advertido lo anterior, la Subsección considera que a Daewoo Trucks y a la aseguradora les asiste razón, puesto que, en efecto, la sociedad contratista no incurrió en la desatención obligacional que le imputó la EAAB respecto del contrato de prestación de servicios No. 2-05-40200-0784-2015, lo cual supone que las recurrentes no resultaron vencidas en el presente proceso, presupuesto que no habilitaba la procedencia de a condena en costas en su contra, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 365-1 del CGP97 . Por cuenta del argumento antecedente, se revocará el fallo de primer grado y, en su lugar, no se condenará en costas a Daewoo Trucks ni a Seguros del Estado S.A., pues sus impugnaciones resultaron avante en este juicio.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas respecto la demanda principal?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la medida en que la sentencia impugnada será revocada, la Sala no puede perder de vista que dicha determinación supone que la totalidad de las pretensiones de la demanda principal presentada por la EAAB sean negadas, pues la desatención obligacional imputada a Daewoo Trucks era inexistente, mientras que el incumplimiento endilgado a la empresa contratante -en sede de reconvención- sí se logró establecer. En ese orden de ideas, el fallo de primer grado resulta revocado totalmente respecto de la demanda principal presentada por la EAAB, pues los recursos de apelación de la EAAB y Seguros del Estado S.A. prosperaron frente a las súplicas a las que había accedido inicialmente el Tribunal a quo. En ese orden de ideas, la EAAB [demandante principal] será condenada a pagar las costas procesales de ambas instancias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365-4 del CGP98 . La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP99 . En el presente caso, en ambas instancias se encuentra acreditada la gestión de los apoderados de Daewoo Trucks y Seguros del Estado S.A., pues contestaron oportunamente la demanda principal, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primer grado y alegaron de conclusión en primera instancia. En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de las sociedades demandadas principalmente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “[...] siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley [...]” .
AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la fijación de las agencias en derecho en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Acuerdo PSAA16-10554, expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda principal101, estableció las tarifas de agencias en derecho. En cuanto a los criterios para la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, el artículo 2 del referido Acuerdo dispuso que debía tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. A su vez, el artículo 5 del Acuerdo consagró que las tarifas máximas de agencias en derecho deben establecerse en salarios mínimos o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia. En lo que a este caso interesa, conviene señalar que, como a la demandante principal [EAAB] se le condenará a pagar las costas de ambas instancias, las agencias en derecho en primera instancia, para los “procesos declarativos en general”, deben fijarse en atención a la cuantía del correspondiente proceso. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1. del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016102 , si el proceso es de menor cuantía, la fijación oscilará entre el 4% y el 10% de lo pedido en el escrito inicial, mientras que si el proceso es de mayor cuantía, deberán fijarse las agencias entre el 3% y el 7.5% de lo solicitado en la demanda. De conformidad con lo anterior, se advierte que la cuantía procesal del presente asunto, determinada por la pretensión mayor, superó los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento en que se presentó la demanda principal, de manera que el proceso debe ser clasificado como de mayor cuantía en los términos del Acuerdo reseñado. En tal virtud, como la labor procesal de los mandatarios judiciales de las integrantes del extremo pasivo principal fue continuada, consistente y coherente en el transcurso de la primera instancia, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán en la suma de $67’047.402, monto que deberá ser repartido en partes iguales a favor de Daewoo Trucks y de Seguros del Estado S.A., con fundamento en la relación porcentual del 3% de las pretensiones que fueron formuladas en este litigio, que suman $2.234’913.406. Por otra parte, resulta oportuno anotar que, en los “procesos declarativos en general”, las agencias en derecho en segunda instancia deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo dispuso el artículo 5.1. del mencionado Acuerdo PSAA16-10554 de 2016103; además, según lo previsto en el artículo 2 del referido Acuerdo, se advierte que, como la gestión de los apoderados de las sociedades demandadas en esta instancia fue constante, las agencias en derecho en segunda instancia se fijarán en la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que deberá ser repartido en partes iguales a favor de las integrantes del extremo pasivo principal.