Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →

PRINCIPIO DEL EFECTO ÚTIL DE LAS NORMAS

9 documentos encontrados
Ordenar:
Atención: tienes 1 filtro marcado Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado Providencia

Procede la aprobación de la liquidación de costas realizada por el Tribunal Administrativo en el proceso de repetición, al tratarse de un asunto en el que no se ventila un interés público.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-11-01 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020130153302 LEY 1437 REPETICION
¿Procede la aprobación de la liquidación de costas realizada por el Tribunal Administrativo en el proceso de repetición, al tratarse de un asunto en el que no se ventila un interés público? Sí
En los procesos de repetición procede la condena en costas, porque el interés público a que alude el artículo 188 del CPACA se asimila al contencioso objetivo y en la repetición no se ventila un interés público, sino un interés meramente patrimonial de la entidad demandante. Esta regla se apoya en la interpretación del efecto útil de las normas, que la subsección ha aplicado a esa expresión, y en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, que exige que las agencias en derecho estén probadas. Por ello la liquidación de costas es procedente cuando el demandado actuó en el proceso por intermedio de apoderado. El argumento de la recurrente, que atribuía a la repetición el interés público de recuperar el patrimonio estatal, no fue acogido. La subsección reitera esta interpretación al resolver la apelación contra el auto que aprobó la liquidación. En el caso concreto el auto del tribunal fue confirmado, porque el demandado estuvo representado por apoderado y las agencias en derecho quedaron acreditadas. La consecuencia práctica es que en la repetición la condena en costas procede cuando las agencias en derecho están probadas en el expediente.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 205 ibidem establece algunas reglas para que se surta la denominada notificación electrónica

Auto interlocutorio — Auto que rechaza recurso de apelación 2023-06-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020180013001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La notificación por estado electrónico a la que alude el artículo 201 del CPACA es distinta a la notificación electrónica del artículo 205 de la misma norma? Sí
La notificación por estado electrónico de los autos que no deben notificarse personalmente, regulada en el artículo 201 del CPACA, es distinta de la notificación electrónica del artículo 205 del mismo código. La regla se sostiene en que, para que la notificación por estado se entienda surtida, basta la anotación en el estado electrónico, y el envío de un mensaje de datos al canal digital de las partes, aunque exigido por el inciso tercero del artículo 201, no es requisito indispensable para su consumación. Por ello, el término para recurrir se contabiliza desde la anotación y no desde la recepción del mensaje, que solo sirve para comunicar a las partes la existencia de la anotación. En el asunto, la Sala rechazó el recurso por extemporáneo al computar el término desde la anotación en el estado electrónico, y la cuestión se resolvió con la norma aplicable a la notificación por estado. En la práctica, la parte que alega no haber recibido el mensaje no desplaza el término para recurrir un auto notificado por estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Como el auto que resuelve las excepciones previas o mixtas no está expresamente enlistado en los que deben ser notificados personalmente… ¿Se presentó oportunamente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto que declaró probada la excepción de caducidad de la demanda de reconvención?
RECHAZA
Consejo de Estado Providencia

No se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la Superintendencia de Notariado y Registro por presentar la demanda con posterioridad a los 6 meses siguientes al pago total de la condena.

Sentencia — Sentencia 2024-12-10 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020140018800 LEY 1437 REPETICION
¿Se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la Superintendencia de Notariado y Registro por presentar la demanda con posterioridad a los 6 meses siguientes al pago total de la condena? No
El contratista no pierde la legitimación en la causa por activa para presentar un medio de control de repetición simplemente por haberlo hecho después de los seis meses siguientes al pago total de la condena, ya que este no es un término de caducidad, sino que únicamente determina una falta disciplinaria según el artículo 8, parágrafo 2, de la Ley 678 de 2001. Además, la entidad no demostró que la condena impuesta en el proceso primigenio fuera indemnizatoria, sino que se trató del reconocimiento de una prima técnica de origen legal, lo que no es suficiente para activar el medio de control de repetición. Por último, la condena en costas en el medio de control de repetición es procedente, ya que la Ley 1437 de 2011 establece un criterio objetivo para su fijación, independiente de la conducta procesal del contratista. Esto implica que las entidades estatales pueden ejercer el medio de control de repetición sin restricciones temporales, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y demuestren la naturaleza indemnizatoria de la condena.síntesis automática
También resuelve: ¿La condena impuesta mediante sentencia judicial contiene un reconocimiento indemnizatorio para que sea procedente el medio de control de repetición? ¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-07-13 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000233600020150139701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los servicios públicos domiciliarios están excluidos del impuesto al valor agregado? No
El contratista no está exonerado del pago del impuesto al valor agregado (IVA) por el uso de la infraestructura necesaria para prestar el servicio de alumbrado público, ya que la remuneración pactada incluye el reconocimiento por el uso de dicha infraestructura, y no se configura un incumplimiento contractual por no asumir este impuesto fuera de la remuneración acordada. La entidad estatal no incumple el contrato al no pagar el IVA por el uso de activos propiedad del prestador del servicio, pues la remuneración incluye el valor correspondiente al uso de dicha infraestructura. Además, la condena en costas impuesta en primera instancia es conforme a derecho, ya que la demanda no persigue un interés público en el sentido de acciones públicas, contencioso objetivo o de mera constitucionalidad, según la interpretación del principio del efecto útil de las normas. Este precedente reitera la posición de la Sala sobre la naturaleza del servicio de alumbrado público y la aplicación del IVA, y confirma la procedencia de la condena en costas en casos similares.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configuró un incumplimiento de contrato por parte de la UAESP por el no pago por el uso de los activos de Codensa SA ESP para la prestación del servicio? ¿Procede la condena en costas impuesta en primera instancia? ¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de acuerdo con la norma procesal aplicable?
Consejo de Estado Providencia

Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público.

Sentencia — Sentencia 2024-03-04 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 73001233300020140052501 LEY 1437 REPETICION
¿Procede la prelación de fallo en razón de la naturaleza del asunto, por ser una repetición en contra de un exfuncionario público? Sí
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 permitió que la Altas Cortes y los Tribunales elaboraran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia.
También resuelve: ¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, pese a que con éste se persiga un interés público? ¿Resulta procedente condenar en costas a la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, pero únicamente respecto de los demandados que acreditaron la causación de agencias en derecho al…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020180035101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve: ¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado? ¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista? ¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Imprescriptibilidad del bien público: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020190058903 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los litigios relacionados con actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado están sujetos al término de prescripción? No
Los litigios sobre actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado no están sujetos al término de prescripción. La regla se sostiene en dos razones: la línea de pensamiento que la subsección reitera, según la cual los litigios sobre actos o contratos surgidos de un bien imprescriptible o inajenable del Estado no prescriben, como ocurre con los contratos de concesión minera; y la naturaleza de los bienes de dominio público, que no pueden adquirirse por prescripción ni enajenarse, lo que impide que su régimen de controversias se someta a esa figura. Por ello, el tribunal debe aplicar esa regla al resolver la excepción de prescripción propuesta en litigios de esa naturaleza, y no declarar extinguido el derecho por el transcurso del tiempo. Esa solución se mantiene cuando el acto o el contrato se vincula directamente con el bien de dominio público, y la providencia de primera instancia se modifica en los aspectos que aplicaban la prescripción al caso.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda interpuesta en relación con un contrato liquidable fue presentada dentro del término de caducidad? ¿Se configura la desviación de poder o la vulneración del principio de planeación como causales de nulidad del acto administrativo por causa u objeto ilícito? ¿El deber de planeación en la contratación estatal impone exclusivamente a la administración la carga de información sin exigir obligaciones correlativas a los particulares?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

En la cláusula vigésima segunda las partes acordaron que la liquidación se efectuaría de común acuerdo

Sentencia — Sentencia 2026-10-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 05001233300020200049601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando el contrato se liquida de mutuo acuerdo después de vencido el plazo convencional para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes a ese vencimiento, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la firma del acta de liquidación? Sí
El contratista puede presentar el medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la firma del acta de liquidación, incluso si esta se realiza después del plazo convencional para liquidar el contrato, siempre que la presentación se haga antes de que caduque el término de dos años desde la firma del acta. Esta regla se basa en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y en la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La Sala confirma que el término de caducidad se inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación, lo que implica que el juez debe considerar la fecha de la firma del acta para determinar la oportunidad de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre el cuestionamiento del carácter bilateral del acta de liquidación por ausencia de consentimiento… ¿Deben desecharse de plano los testimonios de quienes tuvieron vínculo laboral con la parte demandante, por el solo hecho de resultar sospechosos? ¿El contrato de prestación de servicios celebrado por un municipio es un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993 vigente al tiempo de su celebración y, en lo no regulado por ella…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿El contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000980 debía ser liquidado conforme al acuerdo modificatorio suscrito el 11 de mayo de 2001?

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-08-13 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020080037901 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000980 debía ser liquidado conforme al acuerdo modificatorio suscrito el 11 de mayo de 2001? Sí
Aun cuando comparto la conclusión expuesta en la sentencia al señalar que el contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000980 se encuentra regido por el derecho común y que el acto de terminación unilateral ostenta el carácter de acto jurídico de derecho privado, estimo importante anotar algunos comentarios frente al acuerdo de voluntades en punto a la liquidación del citado negocio jurídico y las consideraciones que al respecto se exponen en el fallo. La sentencia concluye que, en el caso bajo estudio, el término para el ejercicio de la acción contractual debe computarse a partir de la terminación del contrato, dado que el referido negocio jurídico no estaba sujeto a una etapa liquidatoria por vía convencional, pues entre las partes nunca hubo un pacto en ese sentido, ni se incorporó una previsión de esta naturaleza en los documentos integrantes del contrato celebrado.