Titulación de la relatoría 34.483 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Problema jurídico:
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción?
Respuesta al problema jurídico: Si
Reconocido como derecho fundamental, el debido proceso se erige como una de las garantías en que se cimienta la autonomía y libertad de los individuos, que obra como límite al ejercicio del poder público, en particular, el derivado del ius puniendi a cargo del Estado y por cuya virtud las autoridades deben ejercer sus facultades y prerrogativas en el marco de un procedimiento que está previamente definido. Hacen parte de su núcleo esencial, entre otros postulados constitucionales, el principio del juez natural, el derecho de audiencia, defensa y contradicción, la publicidad de la actuación, y a que una vez sean proferidas las decisiones éstas se den a conocer y se conceda la oportunidad de impugnarlas, como regla de principio. (...) Como garantía plena, el debido proceso cobija tanto las actuaciones judiciales como administrativas, sin que ello signifique que tengan el mismo alcance pues, en atención a las diferencias que existen entre uno y otro escenario, tratándose del ámbito administrativo este derecho debe desarrollarse en línea con los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Pública, entre ellos, la eficacia, la celeridad, la economía y la imparcialidad. (...) A lo anterior se agrega que en los procedimientos administrativos sancionatorios, en este caso de naturaleza contractual, tal derecho tiene papel preponderante de cara a las afectaciones que sus resultados pueden generar en los derechos de los contratistas, a la vez que armoniza y responde a la realización del interés público que persigue el contrato estatal orientado a la continua y eficiente prestación de los servicios y bienes a su cargo. De manera que las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, sin importar su gravedad, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración. De allí que la función legal y constitucional del procedimiento se erija como garantía en la construcción de la decisión del Estado frente al individuo, a partir de la realización de los derechos fundamentales en que se enmarca el debido proceso. (...) En lo que atañe a la consagración positiva del debido proceso en materia contractual, expresión de la universalidad de garantías que recoge el artículo 29 de la Constitución Política, habrá de decirse puntualmente que la Ley 80 de 1993, en sus artículos 23 y 77, remitía para estos fines a las normas generales de la función administrativa en cuanto fuesen compatibles con la ley de contratación pública. Este camino envolvía el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción. Estas reglas vienen de años atrás, cuando el ordenamiento jurídico entendió que la realización del interés público y la protección de los derechos de los particulares no solo se hace efectiva al facilitar la controversia sobre la decisión administrativa (recurso), sino que es indispensable que en la formación de tal voluntad intervenga el sujeto que potencialmente pueda resultar afectado, pues ello legitima, entre otros, la presunción de legalidad del acto.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del derecho al debido proceso, consultar providencias de 24 de septiembre de 1998, Exp. 14821, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 17 de marzo de 2010, Exp. 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de la Corte Constitucional, T-569 de 1998, C – 980 de 2010.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado, toda vez que debe brindarse la oportunidad al particular para que ejerza su derecho de defensa y adecue su conducta a los compromisos contractuales adquiridos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, que corresponde a la sanción más drástica que se puede imponer al contratista, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado, toda vez que debe brindarse la oportunidad al particular para que ejerza su derecho de defensa y adecue su conducta a los compromisos contractuales adquiridos. (...) En esa medida, resulta ineludible que en el ejercicio de esta facultad se exija el respeto por las garantías que integran el debido proceso (artículo 29 de la C.P), con proyección en el curso de la ejecución negocial (...). El procedimiento que se debe seguir para salvaguardar el debido proceso no puede malentenderse bajo un manto de ritualismo y exigencias excesivas, que retrasen o malogren los fines que se busca alcanzar con la contratación estatal y que desconozcan la agilidad con la que se deben realizar tales requerimientos, pues su función jurídica es evitar la paralización de la obra o servicio contratado, de cara a la satisfacción del interés público que se busca proteger. (...) Por consiguiente, cuando se trate de la imposición de sanciones contractuales la ruta a seguir por la Administración impone que le dé a conocer al particular los hechos constitutivos de incumplimiento, para que pueda manifestarse sobre ellos y contradiga las pruebas que se aduzcan en su contra (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el procedimiento administrativo para la declaratoria de la caducidad del contrato, consultar providencias de 17 de marzo de 2010, Exp. 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / DERECHO DE DEFENSA / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del contratista, al no brindarle la oportunidad de controvertir las inconsistencias y presentar los argumentos que en su criterio justificaban su condudcta?
Respuesta al problema jurídico: Si
La controversia gira alrededor de la pretensión de nulidad de los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, escenario en el que se controvierte el derecho al debido proceso, entre otros vicios aducidos. (...) Así las cosas, con el propósito de desatar el reparo sobre la supuesta transgresión del debido proceso de la actora, resulta imperioso traer de presente las distintas etapas adelantadas en el proceso sancionatorio dirigido por EPM, con el fin de dilucidar si esta garantía fue o no desconocida. (...) Analizadas las piezas procesales que antecedieron la expedición de las resoluciones enjuiciadas y el contenido de estas últimas, la Sala se percata de que la entidad demandada no cumplió con la garantía del debido proceso de Incoltes, pues, pese a que le indicó las inconsistencias que encontró respecto del acta 4 y le anunció que revisaría lo pagado en relación con las actas anteriores - en atención a la comprobación que realizaría directamente en la obra- lo cierto es que ese único aviso no resultó suficiente para tener por acreditado que el contratista pudo controvertir y defenderse de los reproches que sustentaron la declaratoria de caducidad. (...) Observa la Sala que la entidad, a través del oficio HVCV-451 del 26 de agosto de 1996, “devolvió” a Incoltes el acta 4 por inconsistencias (...); luego, en oficio HVCV-578 del 16 de septiembre de 1996 puso de presente al contratista que por las irregularidades encontradas en la facturación de la obra no pagaría los valores correspondientes al acta 4. (...) Más allá de tales comunicaciones, que no son advertencia de un incumplimiento sino que aludieron a la actividad de revisión y ajuste que se realiza frente a cada acta que es presentada para pago en la ejecución de una obra, la entidad contratante no concedió una verdadera oportunidad de pronunciamiento y contradicción a Incoltes y, hay que señalar, que de tales oficios no podía colegir el contratista que estaba enfrentado un trámite de grave incumplimiento que pudiera conducir a la sanción de caducidad; únicamente podía entender que se haría una revisión sobre tales ítems como le fue informado; por lo que expresó su disposición de efectuar los correctivos a que hubiese lugar, según oficio del 20 de septiembre de 1996. (...) De la anterior manifestación de Incoltes, EPM sostuvo, de forma automática, que el contratista actuó con mala fe; aun cuando la entidad no le comunicó que se encontraba analizando el plano de un incumplimiento contractual definitivo y del calibre que autoriza la potestad excepcional de caducar el contrato, pues de los medios de prueba que reposan en el expediente no se advierte tal manifestación o el traslado a Incoltes de aquellos, solicitando explicaciones o poniendo de presente los hallazgos que finalmente se habían detectado, previo a la emisión de las determinaciones que se demandan. (...) Igualmente, obran comunicaciones posteriores al 7 de octubre de 1996, fecha en que se profirió la Resolución 58517, que demuestran que luego de la declaratoria de caducidad del contrato, fue que EPM le remitió los documentos que soportaron su decisión, tal como se lee en el oficio HVCV-1101 del 4 de diciembre de 1996 (...). Tampoco se aportó evidencia sobre el conocimiento que tuviere Incoltes en torno a las conclusiones del Ingeniero (...) encargado por la EPM de revisar las obras facturadas, quien consideró que lo procedente era reliquidar todos los tramos construidos, ni se acreditó que los resultados de la comisión topográfica, en los que el ingeniero se sustentó, fueren conocidos y debatidos por la actora. (...) Lo anterior se reafirma en la comunicación del 4 de octubre de 1996, remitida por el Departamento Jurídico al Departamento de Habilitación de Viviendas y Corregimientos y Veredas en el que se indicó que las inconsistencias referidas fueron observadas por el mencionado ingeniero, un topógrafo y dos trabajadores de la comisión, sin que allí conste que delegados del contratista estuvieren presentes o que se le hubiere informado sobre tales actividades o sus conclusiones. (...) Así las cosas y ante la evidencia que EPM no le brindó a Incoltes la oportunidad de controvertir las inconsistencias aducidas y presentar los argumentos que en su criterio justificaban su conducta o esclarecieran desde su perspectiva la realidad y verdad de los hechos e incumplimientos que se le endilgaban, es claro que la contratista fue sorprendida con la declaratoria de caducidad del negocio jurídico y su consecuente extinción, en virtud de la orden unilateral de la Administración, desconociendo los preceptos del artículo 29 de la Carta Política. Con su actuar vulneró el derecho al debido proceso de la actora, fundamentalmente su derecho de defensa, límite superior que restringe el ejercicio de las potestades públicas frente a los individuos, y no autoriza que tal garantía pueda entenderse más o menos cumplida o incumplida, pues es un derecho pleno que no admite zonas grises de interpretación. (...) De forma que, sin entrar en la valoración de las razones o motivos que fundaron la declaratoria de caducidad, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró la nulidad de los actos enjuiciados ante la constatación de la vulneración de la garantía ius fundamental referida, por las razones explicadas. (...) Adicionalmente, no es dable obviar que ese proceso de formación de la voluntad de la Administración no se suple con los recursos contra la decisión que adoptó la sanción, puesto que se trata de fases de la actuación administrativa disímiles, en virtud de las cuales es improcedente colegir que la garantía del debido proceso se releva al discutir una determinación ya proferida.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29
PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL EN MATERIA CONTRACTUAL / PERJUICIO MORAL A PERSONA JURÍDICA / SOCIOS / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / SOCIEDAD / CONTRATISTA / AMONESTACIÓN AL CONTRATISTA / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO / INHABILIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO ESTATAL / GOOD WILL / CONCEPTO DE GOOD WILL / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL
Problema jurídico:
¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
que les fue impuesta?
Respuesta al problema jurídico: No
La sociedad actora adujo que tanto ella como sus socios sufrieron angustia e incertidumbre durante la ejecución contractual y, posteriormente, por la inhabilidad que les fue impuesta, perjuicio que tasó en un valor equivalente a 3000 gramos de oro. A su vez, en la alzada manifestó que les fue afectado su buen nombre y honra, mediante la publicación de la sanción en el periódico (...). Sobre este pedimento, la Sala indica que no tiene vocación de prosperidad en relación con los socios de Incoltes, toda vez que éstos carecen de la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, es decir, carecen de legitimación para incoar esta pretensión, dado que no hacen parte del extremo actor del sub examine, comoquiera que la sociedad fue la única instauró el libelo introductorio. De modo que no hay lugar a confundir a los socios con la persona jurídica de la que hacen parte, por cuanto se trata de sujetos individualizables, separables y diferenciados. (...) Ahora, respecto del reconocimiento de la mencionada súplica a favor de la sociedad contratista, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que en materia contractual, eventualmente cabría emitirse condena por concepto de perjuicios morales, cuya prosperidad en todo caso está condicionada, al igual que la indemnización por cualquier otro tipo de perjuicio, a la prueba de su existencia. (...) Atendiendo a lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso concreto no se probó una afectación moral en cabeza de la sociedad demandante, en tanto no obran medios de convicción que así lo demuestren y, la sola creencia de que la ilegalidad del acto produce perjuicios morales no es de recibo, pues se impone acreditar la certeza de ese daño. (...) Asimismo y al advertir que a un ente jurídico como lo es la sociedad actora se le reconoce una subjetividad propia, a partir de la cual goza de atributos de personalidad, esta Corporación ha establecido que el petitum referente a la afectación de su buen nombre o good will debe incluirse en el concepto de perjuicios materiales sufridos por ésta, (...) situación que no aconteció en el sub examine, comoquiera que la demandante los incluyó como base de los perjuicios morales pedidos y, en todo caso, no acreditó el menoscabo que se le ocasionó al buscar restaurar esa reputación y buen nombre que consideró lesionados. Por lo anterior y ante la ausencia de medios probatorios que acrediten la efectiva causación de los perjuicios morales solicitados, la Sala negará su reconocimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de perjuicios morales en asuntos contractuales, consultar providencias de 3 de agosto de 2017, Exp. 52920, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 14 de febrero de 2019, Exp. 58894, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Acerca de la afectación del good will, consultar providencia de 16 de agosto de 2012, Exp. 24991, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE ACTOS / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DAÑO EMERGENTE / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Problema jurídico:
¿Si una potestad excepcional que proviene de la ley es ejercida en contravención de los postulados normativos a los que está sometida, esta circunstancia desemboca en el incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[V]ale precisar que Incoltes solicitó que se declare que EPM incumplió el contrato de obra, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las resoluciones enjuiciadas -pretensión primera-. Al respecto, es relevante recordar que si bien la declaratoria de nulidad de actos administrativos contractuales puede ser fuente de responsabilidad, si es que con ellos se ha causado un daño, ésta difiere de la responsabilidad que se puede generar con ocasión del incumplimiento de las obligaciones de un contrato (...). En ese sentido, si una potestad excepcional que proviene de la ley (art. 18 de la Ley 80 de 1993) es ejercida en contravención de los postulados normativos a los que está sometida, esta circunstancia no desemboca en el incumplimiento del contrato. (...) Así las cosas y a pesar de que los pedimentos esbozados por la actora por concepto de daño emergente fueron planteados desde una imputación fáctica tendiente a señalar que EPM incumplió una obligación estipulada en el contrato, lo cierto es que la causa petendi se formuló sobre la base de considerar que la fuente del daño está en la expedición de las resoluciones mediante las cuales la demandada adoptó la decisión de caducar el contrato en contravía de lo previsto en el ordenamiento jurídico, tal como se constató en los apartes previos, de modo que hay lugar a examinar estas súplicas, comoquiera que derivaron directamente de la manifestación de la Administración que es objeto de anulación.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de los efectos de la nulidad del acto que declara la caducidad del contrato, consultar providencia de 31 de agosto de 1999, Exp. 10735, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sobre la imposibilidad de declarar el incumplimiento del contrato, derivado de la nulidad del acto que declara la caducidad del contrato, consultar providencia de 11 de octubre de 2021, Exp. 53479, C.P. José Roberto Sáchica Mendez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 84, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / REEMBOLSO DEL CAPITAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDADO / REQUISITOS DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACCIÓN CONTRACTUAL CON FINES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE
Problema jurídico:
¿Resultaba imperioso demandar la declaratoria de nulidad del acto que liquidó de forma unilateral el contrato e impuso la cláusula penal pactada, como requisito para pedir el reembolso?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a EPM adujo, además, que la demanda fue instaurada antes de tiempo, puesto que al momento de su presentación aún no se había liquidado el negocio jurídico, acto que se debía demandar con el propósito de obtener el reconocimiento de sumas adicionales. (...) Sobre el particular, mediante la Resolución 82257 del 10 de marzo de 1998, la EPM resolvió liquidar unilateralmente el contrato 2/DJV-1757/24, previa discriminación de su valor (...). Dilucidado el saldo que afirmó le debía a la contratista, EPM lo compensó con el monto correspondiente a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria (10% del precio pactado), esto es, $37.749.482.80, en virtud de la orden dispuesta en tal sentido en la Resolución 58517 de 1996, confirmada a través de la Resolución 60218 de ese mismo año, operación que arrojó un saldo a favor de la EPM por valor de $4.083.582.48 y estableció que Incoltes debía consignarla a su nombre (...). Examinado el contenido del anterior acto y dado que no resultaba imperioso demandar la declaratoria de nulidad de la Resolución 82257 de 1998, como requisito para pedir el reembolso de la cláusula penal pactada en el contrato, procede entonces su reembolso, comoquiera que la nulidad que en el presente proceso se declarará respecto de las resoluciones demandadas, hace evidencia de que no hay lugar a su cobro por parte de la contratante. En este sentido, al quedar desvirtuada la presunción de legalidad de las resoluciones que declararon la caducidad del contrato de obra, se impone, por consecuencia, el retorno de lo deducido por cuenta de la aplicación de la cláusula penal que allí fue ordenada, quedando removido integralmente el acto administrativo en sus bases y en sus efectos, sin que ello penda de ningún acto, requisito o manifestación posterior. (...) Así las cosas, como del cruce de cuentas que la entidad realizó con el acto de liquidación se advierte el cobro por compensación de la cláusula penal pecuniaria, se ordenará su devolución, previa actualización de valor, utilizando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para ello se tendrá en cuenta que el índice inicial corresponde a la fecha en la cual se notificó la Resolución 82257 de 1998 –marzo de 1998- y que el índice final corresponde a la fecha de esta providencia (...).
NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / CÁLCULO DEL DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE / LIQUIDACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / INEXISTENCIA DEL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE
Problema jurídico:
¿Hay lugar a condenar en abstracto a EPM al pago de la obra ordinaria ejecutada por el contratista, no reconocida, ni pagada; por la obra ordinaria y reajustes reconocidos pero no pagados; y por la obra extra ordenada por la interventoría, debidamente ejecutada por el contratista, pero que no le fue reconocida?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto al pago o no de la obra ordinaria ejecutada no reconocida ni pagada por EPM, obra ordinaria y reajustes reconocidos por EPM pero no pagados y la obra extra ordenada por la interventoría y debidamente ejecutada por el contratista, pero que no fue reconocida por EPM (...). [L]a Sala comparte la determinación del a quo de condenar en abstracto este pedimento, pues no existe certidumbre sobre el valor que la accionada debe cancelar por concepto de la obra ordinaria, adicional y extra reconocida o no reconocida y no pagada por EPM, razón por la cual se confirmará la orden proferida en primer grado en este sentido. (...) Sobre este punto, la Sala difiere del criterio esbozado por EPM en su alzada, al manifestar que la falta de prueba de la indemnización pedida por la demandante restringe la posibilidad de proferir una condena en abstracto, toda vez que ello implicaría otorgar una nueva oportunidad probatoria a la actora en este aspecto, comoquiera que sí se acreditó que existieron obras que EPM no pagó a Incoltes, puesto que esta entidad, al liquidar unilateralmente el negocio jurídico, reconoció la existencia de un saldo a favor de la contratista, el cual compensó con la aplicación de la cláusula penal pecuniaria -cuya devolución se dispuso en esta providencia-; por ende, resulta evidente que sí existen obras que no fueron pagadas a la contratista. (...) En esa medida, el juez no puede pasar por alto la anterior advertencia, puesto que la falta de firmeza y soporte de los dictámenes que ya obran en el expediente no dan lugar a omitir una condena por este aspecto, pues ello desconocería el acceso a la administración de justicia de la actora, pues la constatación sobre la ausencia de pago de la totalidad de las obras que efectuó, convertiría a la providencia judicial que se dicte en una decisión desprovista de aplicación y efectividad real, ante su falta de consolidación en términos financieros. (...) Por lo anterior, la imposición de la condena en abstracto no se traduce en una herramienta en detrimento de la EPM, puesto que de ninguna manera excede el marco para el cual el legislador la consagró, a saber, la determinación de la cuantía de los perjuicios, ante la falta de certidumbre del monto de éstos, mas no la acreditación de su existencia, por cuanto, se itera, en el sub lite ya se demostró la existencia del perjuicio reclamado (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la indemnización a favor del contratista que se le declaró la caducidad del contrato, consultar providencia de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P Ruth Stella Correa Palacio.
NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO / INHABILIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO
Problema jurídico:
¿Hay lugar a reconocer indemnización de perjuicios por el lucro cesante derivado de la inhabilidad que se le impuso a la demandante, con ocasión de la declaratoria de la caducidad del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Incoltes aseveró que con ocasión de la inhabilidad que se le impuso, le fueron ocasionados perjuicios estimados en $224’000.000, por la no contratación con el Estado durante el término de cinco (5) años. (...) Sobre el particular, según lo señalado por la Sala Plena de la Sección Tercera, criterio que ha sido reiterado por la Subsección, la declaratoria de caducidad viciada de nulidad conlleva una pérdida de oportunidad, un daño jurídicamente relevante que se deriva directamente de la inhabilidad prevista en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, la cual impide al afectado contratar con las entidades estatales y obtener un provecho económico por ello. (...) En este caso, el daño es cierto porque fue aportado el Registro de Contratistas ante EPM donde consta su experiencia en áreas de trabajo referidas a: movimiento de tierra y construcción de vías, estructuras especiales de concretos, edificaciones, pavimentos asfálticos y redes de acueducto y alcantarillado. Así, se relacionan sendos registros de 1979, 1982, 1984, 1985, 1987 y 1991, documentación que relaciona experiencia específica en construcción y en la que, conforme al registro de 1991, se indican las obras concluidas dentro de los cuatro (4) años anteriores a dicha tal inscripción. (...) En dicho documento se señalan 17 negocios jurídicos ejecutados entre 1987 y 1990, con la mención que algunos fueron suscritos con la EPM, otros en Itagüi, Turbo y Chigorodó, documento a partir del cual es viable colegir que demandante se dedicaba de manera habitual a realizar contratos con entidades públicas –al menos con EPM- y que, por lo tanto, a raíz de la inhabilidad surgida del acto administrativo de caducidad, se vio imposibilitado para seguir participando en procesos de selección de contratistas truncando así la posibilidad de obtener la adjudicación, celebración y ejecución de contratos con el Estado. (...) Constatado lo anterior, se ratificará la condena en abstracto emitida en relación con este pedimento, con el objeto de que, en el incidente adelantado para el efecto y ante la falta de certeza de la cuantía de los contratos ejecutados dentro de los 5 años anteriores a la celebración del contrato 2/DJV-1757/24 de 1996, se acredite la utilidad de los contratos celebrados con el Estado en los cinco años previos al aludido negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la pérdida de oportunidad derivada de la declaratoria de caducidad viciada de nulidad, consultar providencias de el 12 de julio de 2012, Exp. 15024, C.P Danilo Rojas Betancourth; de 12 de noviembre de 2014, Exp. 29855, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 2 de mayo de 2016, Exp. 49025, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 3 de agosto de 2017, Exp. 52920, C.P Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 8
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DOBLE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DOBLE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA DOBLE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DEL DOBLE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Debe restablecerse el equilibrio económico del contrato, por la falta de pago de la totalidad de la obra por parte de la entidad demandada, cuando se observa que lo solicitado ya fue reconocido en la indemnización de perjuicios?
Respuesta al problema jurídico: No
Incoltes Ltda. aseveró que, pese a que entregó la obra desde el 31 de agosto de 1996, quedando pendiente los empalmes y la instalación de los contadores por causas imputables a la entidad, la contratante no pagó la totalidad de la obra, circunstancia que alteró la ecuación económica del negocio jurídico por el monto de $83’000.000, suma que, afirmó, “debe ser pagada por LAS EMPRESAS para restablecer ese desequilibrio”. (...) Más allá de la denominación que da el actor al perjuicio que reclama, la Sala constata que el supuesto endilgado realmente se refiere a una conducta antijurídica de la contratante, pues reprocha el desconocimiento del contenido obligacional al que se comprometió la EPM por el incumplimiento en el pago de la totalidad de la obra, aspecto que (...) es objeto de medidas indemnizatorias a través de la condena en abstracto que fue ordenada. De modo que no corresponde emitir una doble condena por este aspecto, sólo por cobijarse bajo un nombre diverso, como fue presentado por el actor bajo el rótulo del equilibrio económico del contrato.