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Consejo de Estado
Providencia
Recurso de apelación: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 85001233300020190014701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es la oportunidad procesal para adicionar cargos de anulación? No
El recurso de apelación no es la oportunidad procesal para adicionar cargos de nulidad que no se formularon en la primera instancia, porque hacerlo vulneraría el derecho de defensa del demandado, que no pudo controvertirlos ni aportar pruebas sobre ellos. Una razón es que los nuevos reproches de falsa motivación por dos porcentajes de ejecución, de falta de autorización de un plazo adicional y de uso de documentos precontractuales de otro contrato no se debatieron en el proceso de primera instancia. Otra razón es que la entidad contratante citó al contratista a una audiencia por ausencia de personal, falta de informes mensuales y no amortización del anticipo, pero en la audiencia varió los hechos del posible incumplimiento y declaró los siniestros por otros motivos, lo que desconoció el debido proceso del contratista. En el caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento y los siniestros. Su consecuencia práctica es que el demandante debe formular todos los cargos de nulidad en la demanda, y la entidad debe sustentar el incumplimiento con los mismos hechos que notificó al contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia porque los actos acusados son nulos por cuanto la entidad demandada varió los hechos constitutivos del posible incumplimiento endilgados, y por ende…
¿Procede la condena en costas contra la parte demandada por cuanto resultó vencida en el proceso?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020160147201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene competencia para resolver en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos? Sí
El contratista tiene competencia para interponer un recurso de apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía del daño emergente y lucro cesante supere el monto mínimo establecido en la Ley 1437 de 2011. Esta posición se sustenta en el artículo 150 de la misma ley, que otorga al Consejo de Estado la facultad de conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de los tribunales administrativos. Además, la Sección Tercera puede conocer de casos que normalmente serían de competencia de la Sección Primera, siempre y cuando no haya objeciones por parte de las partes y el acto no sea precontractual. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia existente sobre la competencia de la Sección Tercera en casos de nulidad y restablecimiento del derecho relacionados con la adjudicación de rutas de transporte.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda fue presentada dentro del término para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿La resolución demandada se profirió con falta de competencia por cuanto el procedimiento administrativo ya se había agotado?
¿Se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales para que proceda su reconocimiento?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-08-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 13001233100020070043801
ACCION CONTRACTUAL
¿Para la época en que fue proferido el acto que declaró la caducidad del contrato, era obligatorio o existía un procedimiento previo que la entidad demandada tuviera que realizar para garantizar los derechos al debido proceso, audiencia y defensa del contratista? Sí
El contratista tiene derecho al debido proceso administrativo en el momento de la declaratoria de caducidad del contrato, lo que implica que la entidad estatal debe garantizarle la posibilidad de ser oído y ejercer su defensa, independientemente de la ausencia de un procedimiento específico en la época en que fue proferido el acto. Esto se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política y en la jurisprudencia que lo desarrolla, así como en el Decreto 01 de 1984, que establece la obligación de la administración de comunicar al contratista las actuaciones que puedan afectar sus intereses y darle la oportunidad de expresar sus opiniones. La Sala reitera que la omisión de estos procedimientos vicia de nulidad el acto administrativo que declara la caducidad del contrato, lo que puede conllevar una indemnización por pérdida de oportunidad si el contratista demuestra que estaba en una posición jurídicamente relevante para celebrar contratos con el Estado y que esa posibilidad fue truncada por la declaratoria de caducidad.síntesis automática
También resuelve:
¿Para la procedencia de la indemnización de perjuicios por la pérdida oportunidad derivada del acto que declara la caducidad de un contrato estatal…
¿Es procedente reconocer a favor del contratista indemnización de perjuicios a título de pérdida de oportunidad, cuando no se acreditó que, en los años de la inhabilidad…
¿Es procedente reconocer indemnización de perjuicios por el 15% del valor de las cuotas partes que le hubieran correspondido al demandante “sí el contrato se hubiera desarrollado en feliz término”?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020180018001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La aseguradora se encuentra legitimada en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista? No
El contratista no está legitimado en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista, ya que la aseguradora no es parte del contrato estatal y su interés se limita a los aspectos que impactan directamente su patrimonio. Aunque la compañía aseguradora puede discutir la legalidad de los actos administrativos que afectan la garantía del contrato, no puede reclamar las prestaciones propias del contratista ni cuestionar la liquidación unilateral del contrato que no vincula formal ni materialmente a la aseguradora. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, limitando la legitimación en la causa por activa de la aseguradora a los aspectos que directamente la afectan, lo que implica que la aseguradora no puede demandar por los derechos del contratista ni por actos que no la vinculan directamente.síntesis automática
También resuelve:
¿Son válidos los actos administrativos que ordenaron hacer efectivo el amparo de cumplimiento para pagar la cláusula penal, cuando dicho amparo ya había sido afectado por su valor total…
¿Es nulo el acto administrativo que declara el siniestro y ordena hacer efectiva la garantía de anticipo por apropiación indebida de recursos…
¿Tiene derecho la aseguradora al reintegro de las sumas pagadas con cargo a las garantías del contrato, junto con su actualización e intereses…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-05-09
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000232600020100034602
ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de una demanda de controversias contractuales presentada para resolver sobre la legalidad de las resoluciones que impusieron la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual, en el marco de un contrato de obra suscrito entre un consorcio y un órgano del Distrito Capital? Sí
El contratista tiene competencia para interponer una acción de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia, para impugnar la legalidad de las resoluciones que imponen una cláusula penal pecuniaria por incumplimiento contractual en un contrato de obra pública, dado que la controversia se enmarca en la jurisdicción contenciosa administrativa y la cuantía económica supera los 500 SMLMV al momento de presentar la demanda. La acción es procedente y oportuna, conforme a los artículos 87 del Código Contencioso Administrativo y 77 de la Ley 80 de 1993, y las partes tienen legitimación en la causa por su participación en el contrato y como destinatarios o emisores de los actos administrativos en cuestión. La Sala modifica la jurisprudencia existente, lo que implica que en casos similares, el Consejo de Estado será competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales relacionadas con cláusulas penales pecuniarias en contratos de obra pública.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato e…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales interpuesta para demandar demandar la legalidad de los actos mediante a los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de…
¿El consorcio demandante y la Secretaría de Educación Distrital tienen legitimación en la causa por activa y pasiva, no solo por haber intervenido como extremos negociales en el contrato de obra…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.
Sentencia — Sentencia
2023-09-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233100019970125702
ACCION CONTRACTUAL
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.síntesis automática
También resuelve:
¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado…
¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso…
¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El margen de decisión del ad quem está dado por el objeto mismo del recurso
Sentencia — Sentencia
2022-02-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020100066001
ACCION CONTRACTUAL
¿Qué incidencia tiene el recurso de apelación en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia? Sí
El juez de segunda instancia solo puede pronunciarse sobre las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación, limitando así su competencia funcional a los aspectos específicamente impugnados en la apelación, sin poder abordar cuestiones no debatidas en esta etapa, a menos que sean de resolución de oficio. Esto implica que si la parte no presenta reparos frente a determinados puntos en el recurso de apelación, el juez ad quem no puede pronunciarse sobre ellos, incluso si se reiteran en etapas posteriores del proceso, como los alegatos de conclusión, ya que estas no son oportunidades preclusivas para sustentar el recurso de apelación. Esta regla reitera la importancia del principio de congruencia y la preclusión en la determinación de la competencia del juez de segunda instancia, salvaguardando el debido proceso y la defensa de las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuáles son los presupuestos, la finalidad y cómo es la ejecutoriedad de la garantía de cumplimiento en el contrato estatal?
¿Cuál es la normatividad aplicable en todo lo relacionado con la garantía de cumplimiento en el contrato estatal y cuáles son sus presupuestos?
¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de calidad y el riesgo de funcionamiento?