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clave: "consejo_estado:providencia:05001233100019970125702-61029-sentencia"
titulo: "Debido proceso: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-09-04"
radicado: "05001233100019970125702"
numero: "61029"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Debido proceso: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-09-04
- **Radicado:** 05001233100019970125702
- **Número interno:** 61029
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** INCOLTES LTDA.
- **Demandado:** EPM
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100019970125702-61029-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/05001233100019970125702/77804EE9FA232396E331724657C19448EA50E6E4C514F105D8A8125D722A1919/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199701257021100103

## Regla de decisión

Las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración.

## Problema jurídico

¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado…
- ¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso…
- ¿Hay lugar a reconocer perjuicios morales a favor de la sociedad demandante o de sus socios, por la declaratoria irregular de la caducidad del contrato estatal y la inhabilidad

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, arts. 23 y 77
- Constitución Política

## Extracto

Reconocido como derecho fundamental, el debido proceso se erige como una de las garantías en que se cimienta la autonomía y libertad de los individuos, que obra como límite al ejercicio del poder público, en particular, el derivado del ius puniendi a cargo del Estado y por cuya virtud las autoridades deben ejercer sus facultades y prerrogativas en el marco de un procedimiento que está previamente definido.

## Síntesis temática

El contratista tiene derecho a ser parte del trámite previo a la expedición de un acto administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, lo que incluye la posibilidad de ser oído y ejercer el derecho de defensa y contradicción, en virtud del debido proceso, que se erige como garantía fundamental tanto en el ámbito judicial como administrativo, aunque con alcances diferenciados. Este derecho es esencial en procedimientos sancionatorios contractuales, donde las decisiones pueden generar afectaciones significativas en los derechos del contratista y deben armonizarse con el interés público del contrato estatal. La jurisprudencia modifica la interpretación anterior, reforzando que la declaratoria de caducidad del contrato, como sanción extrema, no debe ser una decisión sorpresiva, sino que debe permitir al contratista ejercer su derecho de defensa y adecuar su conducta a los compromisos contractuales, salvaguardando así las garantías del debido proceso y evitando la paralización de la obra o servicio contratado.

## Descriptores temáticos

DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO, CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL, DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO, PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, DERECHO DE DEFENSA, ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA, DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA, PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE OBRA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN, DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA, VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA, DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PERJUICIO MORAL, PERJUICIO MORAL EN MATERIA CONTRACTUAL, PERJUICIO MORAL A PERSONA JURÍDICA, SOCIOS, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, SOCIEDAD, CONTRATISTA, AMONESTACIÓN AL CONTRATISTA, INHABILIDADES DEL CONTRATISTA, INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, INHABILIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO ESTATAL, GOOD WILL, CONCEPTO DE GOOD WILL, FALTA DE PRUEBA, NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE ACTOS, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, DAÑO EMERGENTE, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, REEMBOLSO DEL CAPITAL, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO NO DEMANDADO, REQUISITOS DE LA DEMANDA, EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACCIÓN CONTRACTUAL CON FINES DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR DAÑO EMERGENTE, INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, CÁLCULO DEL DAÑO EMERGENTE, LIQUIDACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE, CONDENA EN ABSTRACTO, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO, INEXISTENCIA DEL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, ACREDITACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE, PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE, LUCRO CESANTE, PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE, TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA, ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, DOBLE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, DOBLE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DE LA DOBLE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DEL DOBLE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

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## Texto del documento

DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONCEPTO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / PROTECCIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Problema jurídico:
¿El debido proceso en procedimientos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual, implica el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción?
Respuesta al problema jurídico: Si
Reconocido como derecho fundamental, el debido proceso se erige como una de las garantías en que se cimienta la autonomía y libertad de los individuos, que obra como límite al ejercicio del poder público, en particular, el derivado del ius puniendi a cargo del Estado y por cuya virtud las autoridades deben ejercer sus facultades y prerrogativas en el marco de un procedimiento que está previamente definido. Hacen parte de su núcleo esencial, entre otros postulados constitucionales, el principio del juez natural, el derecho de audiencia, defensa y contradicción, la publicidad de la actuación, y a que una vez sean proferidas las decisiones éstas se den a conocer y se conceda la oportunidad de impugnarlas, como regla de principio. (...) Como garantía plena, el debido proceso cobija tanto las actuaciones judiciales como administrativas, sin que ello signifique que tengan el mismo alcance pues, en atención a las diferencias que existen entre uno y otro escenario, tratándose del ámbito administrativo este derecho debe desarrollarse en línea con los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Pública, entre ellos, la eficacia, la celeridad, la economía y la imparcialidad. (...) A lo anterior se agrega que en los procedimientos administrativos sancionatorios, en este caso de naturaleza contractual, tal derecho tiene papel preponderante de cara a las afectaciones que sus resultados pueden generar en los derechos de los contratistas, a la vez que armoniza y responde a la realización del interés público que persigue el contrato estatal orientado a la continua y eficiente prestación de los servicios y bienes a su cargo. De manera que las sanciones que puede generar el incumplimiento del contratista, sin importar su gravedad, de ninguna manera pueden ser impuestas de plano por parte de la Administración. De allí que la función legal y constitucional del procedimiento se erija como garantía en la construcción de la decisión del Estado frente al individuo, a partir de la realización de los derechos fundamentales en que se enmarca el debido proceso. (...) En lo que atañe a la consagración positiva del debido proceso en materia contractual, expresión de la universalidad de garantías que recoge el artículo 29 de la Constitución Política, habrá de decirse puntualmente que la Ley 80 de 1993, en sus artículos 23 y 77, remitía para estos fines a las normas generales de la función administrativa en cuanto fuesen compatibles con la ley de contratación pública. Este camino envolvía el deber de hacer partícipe al sujeto destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, junto con la posibilidad de ser oído y de ejercer el derecho de defensa y contradicción. Estas reglas vienen de años atrás, cuando el ordenamiento jurídico entendió que la realización del interés público y la protección de los derechos de los particulares no solo se hace efectiva al facilitar la controversia sobre la decisión administrativa (recurso), sino que es indispensable que en la formación de tal voluntad intervenga el sujeto que potencialmente pueda resultar afectado, pues ello legitima, entre otros, la presunción de legalidad del acto.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del derecho al debido proceso, consultar providencias de 24 de septiembre de 1998, Exp. 14821, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 17 de marzo de 2010, Exp. 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de la Corte Constitucional, T-569 de 1998, C – 980 de 2010.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / DERECHO DE DEFENSA / ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / PROTECCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado, toda vez que debe brindarse la oportunidad al particular para que ejerza su derecho de defensa y adecue su conducta a los compromisos contractuales adquiridos?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tratándose de la declaratoria de caducidad del contrato, que corresponde a la sanción más drástica que se puede imponer al contratista, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el ejercicio de esta facultad impone que no resulte una decisión sorpresiva para el afectado, toda vez que debe brindarse la oportunidad al particular para que ejerza su derecho de defensa y adecue su conducta a los compromisos contractuales adquiridos. (...) En esa medida, resulta ineludible que en el ejercicio de esta facultad se exija el respeto por las garantías que integran el debido proceso (artículo 29 de la C.P), con proyección en el curso de la ejecución negocial (...). El procedimiento que se debe seguir para salvaguardar el debido proceso no puede malentenderse bajo un manto de ritualismo y exigencias excesivas, que retrasen o malogren los fines que se busca alcanzar con la contratación estatal y que desconozcan la agilidad con la que se deben realizar tales requerimientos, pues su función jurídica es evitar la paralización de la obra o servicio contratado, de cara a la satisfacción del interés público que se busca proteger. (...) Por consiguiente, cuando se trate de la imposición de sanciones contractuales la ruta a seguir por la Administración impone que le dé a conocer al particular los hechos constitutivos de incumplimiento, para que pueda manifestarse sobre ellos y contradiga las pruebas que se aduzcan en su contra (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el procedimiento administrativo para la declaratoria de la caducidad del contrato, consultar providencias de 17 de marzo de 2010, Exp. 18394, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / DERECHO DE DEFENSA / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, se encuentran viciados de nulidad por vulnerar los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del contratista, al no brindarle la oportunidad de controvertir las inconsistencias y presentar los argumentos que en su criterio justificaban su condudcta?
Respuesta al problema jurídico: Si
La controversia gira alrededor de la pretensión de nulidad de los actos que declararon la caducidad de un contrato de obra suscrito con una empresa de servicios públicos, escenario en el que se controvierte el derecho al debido proceso, entre otros vicios aducidos. (...) Así las cosas, con el propósito de desatar el reparo sobre la supuesta transgresión del debido proceso de la actora, resulta imperioso traer de presente las distintas etapas adelantadas en el proceso sancionatorio dirigido por EPM, con el fin de dilucidar si esta garantía fue o no desconocida. (...) Analizadas las piezas procesales que antecedieron la expedición de las resoluciones enjuiciadas y el contenido de estas últimas, la Sala se percata de que la entidad demandada no cumplió con la garantía del debido proceso de Incoltes, pues, pese a que le indicó las inconsistencias que encontró respecto del acta 4 y le anunció que revisaría lo pagado en relación con las actas anteriores - en atención a la comprobación que realizaría directamente en la obra- lo cierto es que ese único aviso no resultó suficiente para tener por acreditado que el contratista pudo controvertir y defenderse de los reproches que sustentaron la declaratoria de caducidad. (...) Observa la Sala que la entidad, a través del oficio HVCV-451 del 26 de agosto de 1996, “devolvió” a Incoltes el acta 4 por inconsistencias (...); luego, en oficio HVCV-578 del 16 de septiembre de 1996 puso de presente al contratista que por las irregularidades encontradas en la facturación de la obra no pagaría los valores correspondientes al acta 4. (...) Más allá de tales comunicaciones, que no son advertencia de un incumplimiento sino que aludieron a la actividad de revisión y ajuste que se realiza frente a cada acta que es presentada para pago en la ejecución de una obra, la entidad contratante no concedió una verdadera oportunidad de pronunciamiento y contradicción a Incoltes y, hay que señalar, que de tales oficios no podía colegir el contratista que estaba enfrentado un trámite de grave incumplimiento que pudiera conducir a la sanción de caducidad; únicamente podía entender que se haría una revisión sobre tales ítems como le fue informado; por lo que expresó su disposición de efectuar los correctivos a que hubiese lugar, según oficio del 20 de septiembre de 1996. (...) De la anterior manifestación de Incoltes, EPM sostuvo, de forma automática, que el contratista actuó con mala fe; aun cuando la entidad no le comunicó que se encontraba analizando el plano de un incumplimiento contractual definitivo y del calibre que autoriza la potestad excepcional de caducar el contrato, pues de los medios de prueba que reposan en el expediente no se advierte tal manifestación o el traslado a Incoltes de aquellos, solicitando explicaciones o poniendo de presente los hallazgos que finalmente se habían detectado, previo a la emisión de las determinaciones que se demandan. (...) Igualmente, obran comunicaciones posteriores al 7 de octubre de 1996, fecha en que se profirió la Resolución 58517, que demuestran que luego de la declaratoria de caducidad del contrato, fue que EPM le remitió los documentos que soportaron su decisión, tal como se lee en el oficio HVCV-1101 del 4 de diciembre de 1996 (...). Tampoco se aportó evidencia sobre el conocimiento que tuviere Incoltes en torno a las conclusiones del Ingeniero (...) encargado por la EPM de revisar las obras facturadas, quien consideró que lo procedente era reliquidar todos los tramos construidos, ni se acreditó que los resultados de la comisión topográfica, en los que el ingeniero se sustentó, fueren conocidos y debatidos por la actora. (...) Lo anterior se reafirma en la comunicación del 4 de octubre de 1996, remitida por el Departamento Jurídico al Departamento de Habilitación de Viviendas y Corregimientos y Veredas en el que se indicó

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

aspecto, pues ello desconocería el acceso a la administración de justicia de la actora, pues la constatación sobre la ausencia de pago de la totalidad de las obras que efectuó, convertiría a la providencia judicial que se dicte en una decisión desprovista de aplicación y efectividad real, ante su falta de consolidación en términos financieros. (...) Por lo anterior, la imposición de la condena en abstracto no se traduce en una herramienta en detrimento de la EPM, puesto que de ninguna manera excede el marco para el cual el legislador la consagró, a saber, la determinación de la cuantía de los perjuicios, ante la falta de certidumbre del monto de éstos, mas no la acreditación de su existencia, por cuanto, se itera, en el sub lite ya se demostró la existencia del perjuicio reclamado (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la indemnización a favor del contratista que se le declaró la caducidad del contrato, consultar providencia de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P Ruth Stella Correa Palacio.
NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INHABILIDADES DEL CONTRATISTA / INHABILIDADES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO / INHABILIDAD PARA CELEBRAR EL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / ELEMENTOS PARA ESTABLECER LA UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO
Problema jurídico:
¿Hay lugar a reconocer indemnización de perjuicios por el lucro cesante derivado de la inhabilidad que se le impuso a la demandante, con ocasión de la declaratoria de la caducidad del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Incoltes aseveró que con ocasión de la inhabilidad que se le impuso, le fueron ocasionados perjuicios estimados en $224’000.000, por la no contratación con el Estado durante el término de cinco (5) años. (...) Sobre el particular, según lo señalado por la Sala Plena de la Sección Tercera, criterio que ha sido reiterado por la Subsección, la declaratoria de caducidad viciada de nulidad conlleva una pérdida de oportunidad, un daño jurídicamente relevante que se deriva directamente de la inhabilidad prevista en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, la cual impide al afectado contratar con las entidades estatales y obtener un provecho económico por ello. (...) En este caso, el daño es cierto porque fue aportado el Registro de Contratistas ante EPM donde consta su experiencia en áreas de trabajo referidas a: movimiento de tierra y construcción de vías, estructuras especiales de concretos, edificaciones, pavimentos asfálticos y redes de acueducto y alcantarillado. Así, se relacionan sendos registros de 1979, 1982, 1984, 1985, 1987 y 1991, documentación que relaciona experiencia específica en construcción y en la que, conforme al registro de 1991, se indican las obras concluidas dentro de los cuatro (4) años anteriores a dicha tal inscripción. (...) En dicho documento se señalan 17 negocios jurídicos ejecutados entre 1987 y 1990, con la mención que algunos fueron suscritos con la EPM, otros en Itagüi, Turbo y Chigorodó, documento a partir del cual es viable colegir que demandante se dedicaba de manera habitual a realizar contratos con entidades públicas –al menos con EPM- y que, por lo tanto, a raíz de la inhabilidad surgida del acto administrativo de caducidad, se vio imposibilitado para seguir participando en procesos de selección de contratistas truncando así la posibilidad de obtener la adjudicación, celebración y ejecución de contratos con el Estado. (...) Constatado lo anterior, se ratificará la condena en abstracto emitida en relación con este pedimento, con el objeto de que, en el incidente adelantado para el efecto y ante la falta de certeza de la cuantía de los contratos ejecutados dentro de los 5 años anteriores a la celebración del contrato 2/DJV-1757/24 de 1996, se acredite la utilidad de los contratos celebrados con el Estado en los cinco años previos al aludido negocio jurídico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la pérdida de oportunidad derivada de la declaratoria de caducidad viciada de nulidad, consultar providencias de el 12 de julio de 2012, Exp. 15024, C.P Danilo Rojas Betancourth; de 12 de noviembre de 2014, Exp. 29855, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 2 de mayo de 2016, Exp. 49025, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 3 de agosto de 2017, Exp. 52920, C.P Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 8
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DOBLE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DOBLE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA DOBLE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DEL DOBLE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Debe restablecerse el equilibrio económico del contrato, por la falta de pago de la totalidad de la obra por parte de la entidad demandada, cuando se observa que lo solicitado ya fue reconocido en la indemnización de perjuicios?
Respuesta al problema jurídico: No
Incoltes Ltda. aseveró que, pese a que entregó la obra desde el 31 de agosto de 1996, quedando pendiente los empalmes y la instalación de los contadores por causas imputables a la entidad, la contratante no pagó la totalidad de la obra, circunstancia que alteró la ecuación económica del negocio jurídico por el monto de $83’000.000, suma que, afirmó, “debe ser pagada por LAS EMPRESAS para restablecer ese desequilibrio”. (...) Más allá de la denominación que da el actor al perjuicio que reclama, la Sala constata que el supuesto endilgado realmente se refiere a una conducta antijurídica de la contratante, pues reprocha el desconocimiento del contenido obligacional al que se comprometió la EPM por el incumplimiento en el pago de la totalidad de la obra, aspecto que (...) es objeto de medidas indemnizatorias a través de la condena en abstracto que fue ordenada. De modo que no corresponde emitir una doble condena por este aspecto, sólo por cobijarse bajo un nombre diverso, como fue presentado por el actor bajo el rótulo del equilibrio económico del contrato.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-09-04. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 05001233100019970125702. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100019970125702-61029-sentencia).
