Titulación de la relatoría 30.065 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / PRESTACIONES MUTUAS / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede realizar la liquidación judicial del contrato y los reconocimientos solicitados en la demanda por concepto de actividades ejecutadas y no pagadas?
Respuesta al problema jurídico: No
Aunque en el proceso quedó acreditado que las partes celebraron un contrato, no existen elementos probatorios que permitan determinar el estado de las prestaciones, como tampoco los conceptos y las cuantías que se adeudan entre sí las partes, en relación directa con el contrato. No hay manera de verificar si las partes cumplieron, o no, las obligaciones derivadas del contrato n°. 008 y en qué medida lo hicieron. Es más, obran en el expediente tres grupos de pruebas y ninguno de ellos da cuenta de manera clara y verosímil de los valores que se reclaman en la demanda. (…) [E]sta instancia no cuenta con elementos de juicio suficientes para determinar el cruce final de cuentas del contrato n°. 008, porque, como quedó anotado, se desconoce en qué proporción fue ejecutado el objeto contractual y qué sumas verdaderamente se adeudan entre las partes. Por esta razón, la Sala se abstendrá de liquidarlo judicialmente. Como no hay pruebas que permitan a la Sala determinar con precisión las acreencias pendientes en favor y en contra de cada uno de los contratantes con ocasión a la ejecución de sus obligaciones, la Sala negará esta pretensión.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / VIGENCIA DE LA NORMA / VIGENCIA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Problema jurídico:
¿Por la fecha de presentación de la demanda, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como la demanda se presentó el 30 de mayo de 2008 (…), el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 266, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / EXTINCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA / NUEVA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que las partes del contrato estipularon cláusula compromisoria, y en el momento de presentación de la demanda, la jurisprudencia del Consejo de Estado aceptaba la renuncia tácita?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. Las partes pactaron cláusula compromisoria en la cláusula décima segunda del contrato (…). Sin embargo, OCEPAYS Ltda. presentó la demanda, el municipio de Maicao compareció al proceso y no propuso la excepción de falta de jurisdicción, ni alegó nulidad alguna. (…) La demanda se presentó el 30 de mayo de 2008, fecha para la cual la jurisprudencia consolidada se inclinaba por la posibilidad de la “renuncia tácita” a la cláusula compromisoria. Criterio que solo vino a ser cambiado en decisión de 18 de abril de 2013, para exigir la renuncia expresa mediante escrito. Aunque, en términos generales, la variación de jurisprudencia afecta a todos los casos a los que se aplica, es necesario reconocer que la aplicación de un nuevo criterio a demandas presentadas con anterioridad, como en el caso, puede resultar en una afectación al derecho de acceso a la justicia. Esto se traduce en la imposición de una carga desproporcionada al demandante, quien ha esperado durante años la resolución de su controversia. Además, la aplicación del criterio de la renuncia tácita se alinea con las disposiciones introducidas en la Ley 1563 de 2012 sobre arbitraje. Por lo tanto, esta Subsección ha optado por aplicar la “renuncia tácita a la cláusula compromisoria” en demandas presentadas antes del cambio de criterio jurisprudencial. Como en el momento de presentar la demanda, la jurisprudencia del Consejo de Estado aceptaba la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la cláusula compromisoria, se conocerá la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 18 de abril de 2013, rad, 17859, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y sentencia de 28 de junio de 2019, rad, 44009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 1563 DE 2012
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la liquidación judicial de un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la liquidación judicial de un contrato al que son aplicables las reglas de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen (art. 52 de la Ley 80, 1546 y 1602 del CC y 87 del CCA).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
INEPTITUD DE LA DEMANDA / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA / INEXISTENCIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / EXCEPCIÓN PREVIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOLICITUD DE NULIDAD / ACTO SEPARABLE / INEXISTENCIA DEL ACTO SEPARABLE / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede el estudio de fondo de las pretensiones de la demanda, ya que en este caso no era un requisito demandar la legalidad del acto administrativo que declaró la terminación unilateral del contrato, y por tanto no se configuró la excepción de inepta demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a excepción de inepta demanda se configura cuando se presenta una incoherencia entre las pretensiones del accionante y la causa que alega con fundamento en las mismas. (…) Se infiere de los hechos y fundamentos de derecho que las pretensiones no van encaminadas a impugnar la legalidad de los actos administrativos de terminación unilateral. En efecto, pese a que la demandante tildó de “ilegal” la terminación unilateral del contrato –pretensión segunda–, lo cierto es que no sustentó su apreciación ni tampoco formuló causal de nulidad alguna. (…). Para la Sala resulta claro que la “teoría de los actos separables” aludida por el Tribunal como argumento para declarar la ineptitud de la demanda no resulta aplicable al caso concreto, porque la controversia sometida a juicio no guarda relación alguna con actos administrativos precontractuales y tampoco gira en torno a la procedencia de la acción. De hecho, tal y como quedó visto, la acción contractual fue la adecuada, aspecto frente al cual no existió reparo alguno en la sentencia de primera instancia. Precisado lo anterior, la Sala estima que procede el estudio de fondo de las pretensiones de la demanda, ya que en este caso no era un requisito demandar la legalidad del acto administrativo que declaró la terminación unilateral del contrato, en la medida en que no existe norma que así lo disponga y dicho acto no liquidó los valores que ahora se reclaman. (…) Tampoco obra prueba alguna que permita determinar que, en cumplimiento de lo ordenado por dicha resolución, la entidad liquidó el contrato posteriormente. Valga precisar que la Resolución n°. 45 se limitó a “confirmar en todas sus partes la Resolución 529” (…), sin que haya dispuesto algo distinto respecto de la liquidación del contrato. Por ello, la Sala revocará la decisión de primera instancia y estudiará este asunto de fondo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 138, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 75, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 97 NUMERAL 7
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / NORMA VIGENTE / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro del término establecido por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 136.10.d del CCA, en los contratos que requieran liquidación y no fuere efectuada, el término para formular pretensiones es de dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. Por su parte, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, vigente para la época de la celebración del contrato, previó que los contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución se prolonga en el tiempo y los demás que lo requieran, serían objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, durante el término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordenara la terminación. A su vez, el artículo 61 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.10.d del CCA –vigentes al momento en que empezó a correr el término de caducidad–, dispusieron que si el contratista no se presentaba a la liquidación o las partes no llegaban a un acuerdo sobre el contenido de esta, sería practicada directamente y unilateralmente por la entidad mediante acto administrativo, dentro del término de dos meses. Según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incluidas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado.(…) En el presente caso, el contrato no previó un plazo para realizar su liquidación, así como tampoco se cuenta con prueba alguna que permita establecer que lo liquidaron. No obstante, es claro que el contrato n°. 008 de 2004, de donde surgen las pretensiones planteadas por el demandante, debía liquidarse. Se trata de un contrato de tracto sucesivo o de ejecución continua (…). Desde la perspectiva del objeto del contrato (…) y de las obligaciones que comprometieron al contratista (…), como este contrato es de aquellos que la ley exige sean liquidados, y dicho ajuste final de cuentas no se llevó a cabo ni por las partes ni unilateralmente por la Administración, el término de caducidad de la acción debió contarse luego de seis meses (…) transcurridos a partir de la finalización del contrato. (…) En este asunto, el contrato se terminó por un modo anormal de extinción del vínculo jurídico: terminación unilateral. En este orden de ideas, como el acto que declaró la terminación unilateral del contrato quedó en firme el 2 de febrero de 2006, fecha de notificación personal de la Resolución n°. 045 de 2006 (…), por la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución n°. 529 de 2005, a partir del día siguiente inició el conteo de los cuatro meses para liquidación bilateral y los dos meses para la liquidación unilateral, que finalizaron el 2 de agosto del mismo año. En consecuencia, de conformidad con lo expresado previamente, el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral del contrato, es decir, 3 de agosto de 2006 y como la demanda se presentó el 30 de mayo de 2008 (…), se concluye que se interpuso en tiempo. Así las cosas, la Sala se aparta, con fundamento en las anteriores consideraciones, de la conclusión a la que llegó el Tribunal al estudiar la oportunidad de la acción contractual y, por ello, se revocará la sentencia en este aspecto.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los documentos aportados en copia simple, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero.
CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ENTIDAD TERRITORIAL / ENTIDAD ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / PARTES DEL CONTRATO / MUNICIPIO / DERECHO PRIVADO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿El contrato celebrado por el municipio, se rige por la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 1 de la Ley 80 de 1993 establece que esa ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. En consonancia, el literal a) del numeral 1 del artículo 2, definió, para los solos efectos de esta ley, que los municipios serían entidades estatales. El 1 de septiembre de 2004, el municipio de Maicao y el Observatorio de Coyuntura Económica, Política, Ambiental y Social-OCEPAYS Ltda. celebraron el contrato nº. 008 de 2004 para la asesoría y dirección en la reorganización, operación, gestión de negocios y explotación de la propiedad inmobiliaria del municipio. Como el municipio de Maicao fue parte del contrato, a sus contratos se aplica, además del derecho privado (artículo 13 de la Ley 80 de 1993), la regulación especial prevista en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR MUTUO ACUERDO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL
OBITER DICTUM
La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública se configura como un acto jurídico destinado a verificar el cumplimiento del objeto contractual y evaluar el estado de ejecución de las obligaciones correspondientes. Este proceso, comúnmente llevado a cabo al término del contrato, implica un corte de cuentas con el propósito de: i) determinar la existencia de obligaciones pendientes, ii) analizar los saldos a favor y en contra, y iii) alcanzar un acuerdo que asegure la conformidad y liberación de las partes involucradas. (…) La obligación de llevar a cabo la liquidación recae en contratos de ejecución sucesiva, aquellos en los cuales el objeto se realiza en etapas, así como en otros casos que lo requieran (art. 60 Ley 80 de 1993). La liquidación puede ser de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), unilateral por parte de la administración, o incluso judicial. La Ley 80 de 1993 prefirió, como es natural, la liquidación bilateral, derivada de la autonomía privada (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993). Esta forma de liquidación constituye un auténtico contrato jurídico, un pacto negociado entre partes legalmente capacitadas, regido por las normas que garantizan el consentimiento libre de defectos como el error, la fuerza y el dolo (arts. 1502, 1508 a 1516 CC). (…) Este contrato puede ser sometido a control judicial debido a salvedades, vicios en el consentimiento, o eventos posteriores a su perfeccionamiento. Ante el fracaso en la liquidación bilateral, la Administración tiene la facultad de realizar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a recursos legales y control judicial. En ausencia de ambas modalidades, ya sea por inexistencia total o parcial, o por la pérdida de efectos vinculantes debido a nulidad, corresponde al juez del contrato proceder a la liquidación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación de los contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2001, rad. 12660, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. 15239, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 18971, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de agosto de 1984, rad. 3215, C. P. José Alejandro Bonivento Fernández; sentencia de 16 de octubre de 1980, rad. 1960, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 4 de junio de 2008, rad. 16293, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1508-1516
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LÍMITES A LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / DEBERES DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / NEGOCIO JURÍDICO / INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Para la interpretación del contrato, el juez debe seguir ante todo el criterio sentado por el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Esta regla tiene plena aplicación cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone que, aún siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una divergencia el juez debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes, según las circunstancias del negocio jurídico . La labor del juez no se orienta, por supuesto, a enervar, reemplazar o suplantar a las partes , ni a adulterar sus estipulaciones, sino más bien a la consecución reflexiva del sentido de una estipulación. En tal sentido, no solo al interpretar el contrato, sino sus acuerdos modificatorios, debe precisar la finalidad común de las partes, con el fin de determinar el resultado específico perseguido por ellas, de acuerdo con su contenido, alcance, utilidad y función.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la interpretación del contrato por parte del juez, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 2020, rad. 11001-31-03-019-2011-00361-01; sentencia de 7 de febrero de 2008, rad. 2001-06915-01; sentencia de 14 de febrero de 2000, rad. 5577; sentencia de 1 de agosto de 2002, rad. 6907.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO AL CONTRATISTA / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En los eventos en que se pretende el pago de prestaciones ejecutadas en el marco de un contrato, quien alega tiene la carga de acreditar que cumplió cabalmente las obligaciones a su cargo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación ha sido uniforme en considerar que, en los eventos en que se pretende el pago de prestaciones ejecutadas en el marco de un contrato, quien alega tiene la carga de acreditar que cumplió cabalmente las obligaciones a su cargo o que, estando dispuesto a satisfacerlas, le fue imposible ejecutarlas por causas imputables a su contraparte.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber del contratista de acreditar el cumplimiento de las obligaciones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 17552, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
DOCUMENTO / CLASES DE DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PRIVADO / DOCUMENTO AUTÉNTICO / COPIA DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Un documento privado es auténtico por reconocimiento implícito cuando la parte aporta al proceso un documento privado, en original o en copia, al aportarlo, reconoce su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los documentos se clasifican en representativos, cuando sin plasmar narraciones o declaraciones, contienen imágenes, como las fotografías, pinturas, dibujos, etc.; declarativos, cuando contienen un testimonio o una declaración de hombre y; dispositivos, cuando contienen una declaración constitutiva o de carácter negocial encaminada a producir un efecto jurídico. Esta clasificación importa para otorgar valor probatorio a un documento, ya que la ley procesal civil tiene exigencias diferentes según se trate de documento proveniente de las partes o emanado de terceros. Según los artículos 252 y 276 CPC, un documento privado es auténtico por reconocimiento implícito cuando la parte aporta al proceso un documento privado, en original o en copia. Al aportarlo, reconoce su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 276
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA / DOCUMENTO PRIVADO / DOCUMENTO AUTÉNTICO / INEXISTENCIA DEL DOCUMENTO FALSO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Los informes aportados con la demanda por el accionante, acreditan la ejecución de las actividades contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
Los informes son documentos privados y auténticos, porque fueron elaborados y aportados por la sociedad demandante y no se tacharon de falso. La Sala observa que dichos informes corresponden a la obligación número trece prevista en la cláusula segunda del contrato, según la cual, el contratista debía rendir informes mensuales impresos y en medio magnético a la dirección del departamento administrativo de planeación del municipio sobre la gestión realizada. Por consiguiente, estos documentos únicamente dan cuenta del cumplimiento de la presentación de informes mensuales, pero no acreditan la ejecución de las actividades contractuales, porque no fueron aprobadas por el interventor, carecen de soportes documentales y no tienen respaldo alguno más allá de las propias afirmaciones del contratista. Si bien es cierto que en los documentos se anuncia que se acompaña en medio magnético la información que sustenta el contenido de dichos informes, la Sala advierte que no fueron aportados al proceso. En este orden de ideas, estos documentos no ofrecen elementos de convicción que permitan establecer la efectiva prestación del servicio y, menos aún, los términos en que la misma se efectuó. (…) Se aprecia que la sociedad contratista limitó su labor probatoria a la presentación de unos “inventarios” en los cuales afirma haber cumplido el objeto contractual y se atribuye el haber conseguido la formalización de una gran cantidad de predios en favor del municipio; sin embargo, no se precisaron: i) cuáles fueron las gestiones sobre cada uno de los inmuebles; ii) la forma en que estas actividades se relacionan con las obligaciones contractuales; iii) en qué consistieron las intervenciones en los procesos judiciales que, supuestamente, terminaron con sentencia favorable al municipio y iv) la fuente de información con fundamento en la cual se elaboraron dichos documentos. Contrario a ello, se presenta una simple relación de datos sin soporte alguno y de los cuales se desconoce si fueron recibidos por la entidad demandada. En efecto, no es posible aceptar estos documentos como prueba, en tanto ninguno de los archivos presentados y su contenido fueron aceptados y mucho menos recibidos a satisfacción por la entidad contratante, por lo cual no respaldan las pretensiones económicas de la demandante, en tanto no demuestran alguna gestión de su parte que hubiera redundado en beneficio del municipio de Maicao. (…) [D]e conformidad con la cláusula séptima del contrato (…), para proceder al reconocimiento y pago de las actividades realizadas por el contratista, las partes acordaron que éste debía radicar la cuenta de cobro con la respectiva certificación del interventor o, en su defecto, los documentos técnicos que dieran cuenta de la gestión realizada.
DOCUMENTO PÚBLICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Tiene valor probatorio como documento público la certificación aportada por el director administrativo de planeación municipal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 251 del CPC (retomado por el art. 243 del CGP), documento público es el otorgado por el funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Esa presunción puede desvirtuarse a través de la tacha de falsedad, de conformidad con el artículo 252 del CPC. El mérito probatorio de los documentos públicos lo asignará el juez, luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en los términos del artículo 187 CPC. (…) La certificación del director administrativo de planeación municipal es un documento público que acredita la realización de una gestión en el marco del contrato n°. 008 de 2004. Se presume auténtico, porque no se tachó de falso (art. 252 CPC) y su contenido no fue desvirtuado por otras pruebas. Es, además, coincidente con las cuentas de cobro que el contratista presentó el 21 de abril de 2005 y 31 de marzo de 2006 (…) por valor de $34.244.861 por concepto de instituciones oficiales. Asimismo, se aprecia que la inspección ocular de instituciones oficiales corresponde a la actividad número 3.3 del objeto del contrato (…).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243
CONFESIÓN / VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN / EFECTOS DE LA CONFESIÓN / EXISTENCIA DE LA CONFESIÓN / DEMANDANTE / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / CONTENIDO DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Tiene valor probatorio la confesión realizada por el demandante en los alegatos de conclusión de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El demandante, en los alegatos de conclusión de primera instancia, confesó que el municipio de Maicao le reconoció la suma de $41.606.115, los cuales recibió a finales del mes de abril de 2009 (…). Además, aportó la Resolución n°. 239 del 27 de abril de 2009 –mediante la cual se reconoció la suma de $41.606.115 al contratista– con sus respectivos comprobantes de egreso y consignación (…). De modo que, de lo dicho por la parte demandante se extrae la confesión de hechos. En efecto, esa afirmación produce consecuencias jurídicas adversas al confesante, recae sobre un hecho personal sobre el cual la ley no exige un medio de prueba, fue libre, expresa y consciente y el demandante tenía capacidad y poder dispositivo para confesarlo, según los artículos 194 y 195.2 del CPC. Por ello, la Sala le dará valor probatorio a su confesión.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 194, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 195 NUMERAL 2