Titulación de la relatoría 34.276 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la liquidación bilateral del contrato estatal, cuando esta se realiza después de vencidos los plazos legales, pero dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término para su liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda fue presentada en tiempo, en atención a lo previsto en el apartado iii), literal j), del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y a la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez que las partes contratantes liquidaron de mutuo acuerdo el contrato de obra (…) el 21 de octubre de 2010 —una vez fenecido el término legal para su liquidación, pero dentro de los 2 años posteriores al vencimiento del plazo para liquidarlo unilateralmente—, por lo que el término de dos (2) años para ejercer el medio de control de controversias contractuales comenzó a correr el 22 de octubre de 2010 y, en principio, vencía el 22 de octubre de 2012; no obstante, debido al trámite de conciliación prejudicial adelantado, dicho término se suspendió por tres (3) meses, de manera que la caducidad operaba el 23 de enero de 2013, razón por la cual la demanda presentada el 21 de enero de 2013 fue oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad de controversias contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación de 1º de agosto de 2019, exp. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J) APARTADO III)
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONSORCIO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Están legitimados en la causa por activa los integrantes del Consorcio Pretroncales y por pasiva Metro Cali S. A., por ser partes del contrato de obra objeto de controversia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se constata que tanto quienes integraron el consorcio Pretroncales como Metro Cali S.A. están legitimados en la causa por activa y pasiva, respectivamente, en tanto se constituyeron como partes en el contrato de obra (…) sobre el que versa la controversia sometida a decisión en esta instancia judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la opción que tienen los integrantes del consorcio de comparecer a los procesos judiciales como demandantes o como demandados, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 25 de septiembre de 2013, exp. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL / PROHIBICIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / JUICIO DE DERECHO / AUTONOMÍA FUNCIONAL DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿Corresponde exclusivamente al juez determinar si se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal y si esta es jurídicamente imputable a la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo atinente a la apreciación y valor probatorio de los dictámenes periciales (…), la Sala precisa que, si bien ambos expertos concluyeron que durante la ejecución del contrato de obra pública se presentó una ruptura de su equilibrio económico imputable al ente contratante, tales apreciaciones desbordan el objeto mismo de la prueba decretada, pues el encargo pericial se circunscribía a la verificación y cuantificación de los sobrecostos que, según la parte actora, asumió en su condición de contratista durante la ejecución del contrato. Así las cosas, la determinación de si efectivamente se configuró la alegada ruptura de la ecuación económica del contrato y si esta resulta jurídicamente imputable a la entidad demandada constituye un juicio que corresponde resolver exclusivamente al juzgador, por ser puntos de derecho; entonces, las conclusiones de los expertos serán apreciadas en conjunto con los demás elementos de convicción obrantes en el expediente y conforme las reglas de la sana crítica, sin que resulten vinculantes para la Sala ni puedan sustituir la valoración jurídica que corresponde efectuar respecto de los hechos debatidos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prohibición de pronunciarse el perito sobre aspectos de derecho que competen al juez, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de mayo de 2024, exp. 65650, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 11 de agosto de 2025, exp. 59412, C. P. Adriana Polidura Castillo.
SOCIEDAD ANÓNIMA / CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA / ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / ENTIDAD DEL ORDEN MUNICIPAL / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Los contratos celebrados por Metro Cali S.A. para el cumplimiento de su objeto social, antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, se encontraban sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y el artículo 93 de la Ley 489 de 1998?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]esulta necesario comenzar por precisar la naturaleza jurídica de Metro Cali S.A., en tanto constituye un elemento determinante para establecer el régimen jurídico al que se encontraba sometido el contrato para la fecha de su celebración, esto es, el 15 de diciembre de 2006 —cuando se encontraba vigente la Ley 80 de 1993 y aún no había entrado en vigor la Ley 1150 de 2007—, así como para identificar las disposiciones que regulaban la actividad contractual de la entidad para ese momento. En este contexto, conviene recordar que, conforme con el Acuerdo Municipal 16 del 27 de noviembre de 1998 y con la escritura pública 058 del 25 de febrero de 1999, Metro Cali S.A. fue constituida como una sociedad anónima por acciones integrada exclusivamente por entidades públicas del orden municipal, sometida, en lo pertinente, a las disposiciones legales aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado —en adelante, EICE—, cuyo objeto social comprende el diseño, la construcción y la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali. Así las cosas, en cuanto al régimen jurídico aplicable a los contratos suscritos por las EICE —cuyas disposiciones resultaban aplicables a Metro Cali S.A.—, la Ley 80 de 1993 dispuso, siguiendo un criterio orgánico, que estos estaban sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —en lo sucesivo, EGCAP—. Posteriormente, el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 introdujo un matiz a dicho criterio al establecer que, si bien los contratos celebrados por las EICE para el cumplimiento de su objeto están sometidos al EGCAP, los actos que expidan para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las normas de derecho privado. De la interpretación armónica de las disposiciones enunciadas se sigue que la determinación del régimen jurídico aplicable no depende exclusivamente de la naturaleza de la entidad contratante, sino también de la finalidad a la que sirve el negocio jurídico. (…) [L]a Sala observa que el contrato (…) fue celebrado para la ejecución de obras destinadas a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali, actividad directamente vinculada con el objeto institucional de Metro Cali S.A., que se itera, consiste en el diseño, la construcción y la operación de dicho sistema de transporte. Por tanto, al constituir un instrumento para el cumplimiento de ese objeto, el contrato se encontraba sometido al EGCAP y, en particular, a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 vigentes para la fecha de su celebración.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATANTE / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿El reconocimiento de perjuicios o sobrecostos por mayor permanencia en obra procede automáticamente por la ampliación del plazo contractual o exige acreditar de manera concreta los sobrecostos efectivamente causados y su relación causal con dicha prolongación?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sección Tercera ha reconocido que la denominada mayor permanencia en obra constituye una modalidad de afectación económica derivada de la prolongación del plazo de ejecución del contrato por causas no imputables al contratista, capaz de alterar la estructura de costos originalmente prevista para el desarrollo de las obligaciones emanadas del negocio jurídico y que, si bien no supone necesariamente la ejecución de mayores cantidades de obra u obras adicionales —aunque también puede manifestarse en escenarios en los que la ampliación del plazo se encuentre asociada a tales circunstancias—, puede incidir en la economía del contrato al incrementar los costos administrativos, de personal, equipos y demás recursos requeridos para su cumplimiento. La importancia de esta figura radica en que el factor tiempo constituye uno de los elementos determinantes en la estructuración económica del contrato (…). En tal sentido, esta Subsección ha precisado que la mayor permanencia en obra puede obedecer tanto a incumplimientos de obligaciones o deberes de la entidad contratante —entre ellos, el deber de planeación— como a circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que afecten el desarrollo oportuno del contrato. Esta distinción no es irrelevante desde el punto de vista jurídico, pues mientras en el primer supuesto la reclamación debe analizarse bajo la óptica de la responsabilidad contractual, en el segundo corresponde analizarla desde la perspectiva de la ruptura de la ecuación económica del contrato. Ahora bien, debe advertirse que el reconocimiento de perjuicios o sobrecostos por una alegada mayor permanencia en obra no surge de manera automática por la sola circunstancia de haberse ampliado el plazo contractual (…), razón por la cual, bajo esta óptica, se han descartado dictámenes periciales sustentados en cálculos abstractos o en la simple aplicación de porcentajes del AIU, sin respaldo en la efectiva ocurrencia de los gastos cuya indemnización se reclama. Por consiguiente, corresponde a quien formula la reclamación por perjuicios o sobrecostos derivados de una mayor permanencia en obra, de conformidad con la carga probatoria que le asiste, acreditarlos de manera concreta y específica (…). [C]uando no exista una renuncia válida y eficaz que excluya la reclamación de los efectos económicos derivados de la ampliación del plazo contractual, para la prosperidad de pretensiones fundadas en una mayor permanencia en obra se exige demostrar: (i) la efectiva prolongación del plazo contractual; (ii) que dicha extensión no resulta imputable al contratista; (iii) las circunstancias que permiten atribuirla a la entidad contratante o, según el caso, a hechos ajenos a la voluntad de las partes; y (iv) los sobrecostos reales y concretos que aquella generó, así como su relación causal con la prolongación de la ejecución contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de mayor permanencia en obra, características y consecuencias, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 23 de septiembre de 2024, exp. 65351, C. P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 27 de julio de 2023, exp. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 13 de agosto de 2020, exp. 51833, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Respecto de la prueba de los sobrecostos derivados de la mayor permanencia en obra, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de noviembre de 2016, exp. 29368, C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, exp. 10779, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2008, exp. 15600, C. P. Enrique Gil Botero.
APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / TRANSACCIÓN / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL PLAZO / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / RELACIÓN DE CAUSALIDAD
Problema jurídico:
¿Las renuncias expresas a futuras reclamaciones, pactadas en acuerdos de prórroga o modificación del contrato estatal respecto de los efectos económicos de los hechos que motivaron la ampliación del plazo, son vinculantes y excluyen reclamaciones posteriores fundadas en esos mismos hechos, salvo que se demuestre un vicio que afecte su validez?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a prolongación del plazo inicialmente previsto para la ejecución contractual suele materializarse mediante la suscripción de prórrogas o suspensiones, de modo que no resulta inusual que las partes definan expresamente los efectos jurídicos y económicos de tales acuerdos modificatorios, incluso mediante estipulaciones orientadas a excluir o limitar futuras reclamaciones derivadas de los hechos que dieron lugar a la ampliación del plazo. Sobre este tipo de manifestaciones, conviene recordar que el artículo 15 del Código Civil autoriza la renuncia de los derechos conferidos por las leyes cuando solo conciernen al interés individual del renunciante y su renuncia no está prohibida. En desarrollo de esta regla, esta Corporación ha precisado, de una parte, que, durante la ejecución contractual, una vez conocida en su origen y dimensión la circunstancia susceptible de afectar los intereses económicos de las partes, estos ingresan al ámbito de su libre disposición y pueden ser objeto de transacción o renuncia y, de otra, que, tratándose de acuerdos de extensión del plazo contractual, corresponde a las partes determinar el impacto económico de las circunstancias surgidas durante la ejecución y, en ejercicio de su autonomía negocial, excluir futuras reclamaciones derivadas de los aspectos expresamente concertados, de modo que las renuncias así convenidas resultan, en principio, vinculantes y no pueden ser desconocidas unilateralmente con posterioridad, salvo que se demuestre la existencia de un defecto que afecte su validez. En ese sentido, las partes se encuentran habilitadas para acordar mecanismos de arreglo, delimitar las consecuencias de las modificaciones contractuales e incluso excluir futuras reclamaciones relacionadas con los hechos objeto del acuerdo, de suerte que, cuando regulan expresamente determinadas situaciones surgidas durante la ejecución contractual, las estipulaciones que incorporan resultan vinculantes en virtud del principio de pacta sunt servanda y excluyen la procedencia de reclamaciones posteriores fundadas en esos mismos supuestos fácticos, salvo que se demuestre la existencia de un vicio o causal que afecte su validez. Lo anterior encuentra también fundamento en el principio de buena fe (…). Así las cosas, resulta preciso advertir que, frente a los acuerdos modificatorios que contienen renuncias expresas a futuras reclamaciones, el análisis judicial debe partir del alcance de las estipulaciones efectivamente pactadas y de los efectos jurídicos que de ellas se derivan, sin perjuicio de examinar, cuando sea del caso, la existencia de circunstancias que comprometan su validez o eficacia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el fenómeno de la disposición y renuncia de los derechos durante la materialización contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de octubre de 2024, exp. 67567, C. P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de noviembre de 2025, exp. 71456, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de marzo de 2026, exp. 73792, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Respecto del principio de buena fe en la relación contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de junio de 2011, exp. 18836, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de enero de 2018, exp. 52666, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 15
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL PLAZO / ACUERDO DE VOLUNTADES / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La mayor permanencia en obra derivada de las tres prórrogas suscritas durante la ejecución del contrato da lugar al reconocimiento de los sobrecostos reclamados por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala concluye que no se acreditaron sobrecostos reales y concretos que la parte actora afirmó haber asumido como consecuencia de la ampliación de un (1) mes en el plazo correspondiente a la etapa de preconstrucción acordada en la primera prórroga, razón por la cual no prospera la reclamación económica formulada por este concepto. (…) En lo que respecta a la segunda y tercera prórroga suscritas (…) durante la etapa de construcción, se advierte que ambas tuvieron origen, principalmente, en la necesidad de ejecutar obras de reposición del alcantarillado sanitario (…), actividad que no había sido prevista inicialmente dentro del alcance contractual (…). Con fundamento en esas circunstancias, y como quedó plasmado en las respectivas actas, las partes acordaron extender sucesivamente la etapa de construcción (…), con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contractual; de igual forma, en ambos acuerdos modificatorios el consorcio contratista dejó expresa constancia de que renunciaba “a cualquier reclamación por mayor permanencia en obra como consecuencia de […] esta prórroga”. (…) En definitiva, dado que el consorcio contratista renunció de manera expresa, clara e inequívoca a reclamar los efectos económicos derivados de la mayor permanencia en obra ocasionada por las dos prórrogas suscritas en desarrollo de la etapa de construcción, las pretensiones fundadas en dicho concepto no están llamadas a prosperar, por lo que resulta inane examinar los demás presupuestos de esta modalidad de reclamación.
CONTRATO / CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHOS DEL CONTRATISTA / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / INTERÉS PÚBLICO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RELACIÓN CONTRACTUAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / MECANISMOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / IUS VARIANDI / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / HECHO SOBREVINIENTE
Problema jurídico:
¿Bajo la teoría de la imprevisión, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal procede únicamente cuando el hecho sobreviniente excede los riesgos que razonablemente podían preverse y asumirse al momento de contratar?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato constituye un instrumento para la realización de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la satisfacción del interés general, de manera que el particular que contrata con la Administración actúa como colaborador en la consecución de tales cometidos, aunque persiga legítimamente un beneficio económico derivado de la ejecución del negocio jurídico. De ahí que el ordenamiento procure mantener un balance entre el interés público que motiva la actuación estatal y el interés patrimonial del contratista, mediante el reconocimiento de una remuneración razonable y previamente calculada al momento de celebrar el contrato. Sobre esa base se estructura el principio del equilibrio económico o financiero del contrato estatal, según el cual debe preservarse la ecuación contractual existente al momento de presentar la propuesta o de celebrar el contrato, de modo que durante su ejecución se mantenga la equivalencia entre los derechos y obligaciones asumidos por las partes y cada una pueda alcanzar la finalidad perseguida —la satisfacción del interés público para el Estado y la obtención de una remuneración a favor del contratista—, en el entendido de que dicha ecuación no comporta un equilibrio matemático sino una equivalencia razonable construida a partir de la estimación de beneficios y la asunción de riesgos propios del contrato. Este principio, consagrado en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, impone la preservación de la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, según el caso, de suerte que, cuando dicha ecuación se rompe por causas no imputables a la parte afectada, surge para los extremos de la relación negocial el deber de adoptar oportunamente las medidas necesarias para su restablecimiento, con miras a recomponer las condiciones económicas sobre las cuales se estructuró el negocio jurídico. En esa misma línea, el mencionado estatuto contractual reconoce que el equilibrio financiero protege a cualquiera de las partes de la relación negocial; de un lado, el numeral 3 del artículo 4 ibidem prevé el deber de la entidad estatal de solicitar la actualización o revisión de precios cuando ocurran fenómenos que alteren en su contra la ecuación contractual y, de otra parte, el numeral 1 del artículo 5 establece el derecho del contratista a que la Administración restablezca dicha ecuación cuando sobrevengan situaciones imprevistas que no le sean imputables. Ahora bien, conviene precisar que no toda circunstancia sobreviniente da lugar a la ruptura del equilibrio económico del contrato. En términos generales, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación tradicionalmente ha identificado tres fuentes o causas que pueden producir dicha alteración: (i) las situaciones originadas en factores externos a las partes del contrato que se enmarcan en la denominada «teoría de la imprevisión»; (ii) los actos unilaterales de las entidades contratantes que modifican las condiciones del contrato en ejercicio del «ius variandi»; y (iii) los actos administrativos de carácter general proferidos por la entidad contratante en ejercicio de sus funciones administrativas que terminan afectando el contrato, conocidos como «hecho del príncipe». (…) Tratándose de la teoría de la imprevisión —hipótesis relevante para el análisis del presente asunto—, no cualquier desbalance o variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento de la equivalencia económica o financiera del contrato, pues existen riesgos inherentes a la actividad contractual que deben ser asumidos por las partes. En ese sentido, para que proceda su restablecimiento, es necesario que la alteración provenga de circunstancias anormales e imprevisibles que excedan el alea normal del negocio y no de riesgos propios, previstos o asignados contractualmente. (…) [B]ajo la teoría de la imprevisión, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato solo procede cuando el hecho sobreviniente invocado desborda aquello que razonablemente las partes podían prever y asumir al momento de contratar. Por tanto, el análisis no se agota en constatar la ocurrencia de una variación económica o de un mayor costo durante la ejecución, sino que exige determinar si sus efectos excedieron el alea normal del contrato o los riesgos valorados y asignados por las partes en la etapa precontractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de contrato y su finalidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Respecto del equilibrio económico o financiero del contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de abril de 1999, exp. 14855, C. P. Daniel Suárez Hernández; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de septiembre de 2013, exp. 30571, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 24169, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 12 de julio de 2021, exp. 50879; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de enero de 2018, exp. 52666, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia delde 26 de febrero de 2004, exp. 14043, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de agosto de 2013, exp. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2013, exp. 31431, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de noviembre de 2024, exp. 64057, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VARIACIÓN DEL PRECIO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / FALTA DE PRUEBA / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGO EXTRAORDINARIO / RIESGO PREVISIBLE / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La sola existencia de variaciones en los precios del cemento y del asfalto durante la ejecución del contrato estatal, sin prueba objetiva de su carácter extraordinario e imprevisible, configura la ruptura de la ecuación económica del contrato bajo la teoría de la imprevisión?
Respuesta al problema jurídico: No
Respecto del cemento, se observa que las pruebas recaudadas permiten establecer que durante los años 2006, 2007 y 2008 se presentaron variaciones en el precio de dicho insumo. (…) No obstante, aunque tales certificaciones evidencian la existencia de fluctuaciones en el precio de dicho material durante la ejecución contractual, de su contenido no es posible inferir que estas hubieran revestido un carácter extraordinario e imprevisible, pues se limitan a registrar la evolución del precio del insumo en los años analizados, sin aportar elementos que permitan establecer que las variaciones observadas obedecieron a circunstancias excepcionales o ajenas a las dinámicas ordinarias del mercado. (…) [A]unque la reclamación presentada por el contratista resulta relevante para comprender el fundamento fáctico de la pretensión (…), su contenido no constituye, por sí solo, demostración suficiente de que los incrementos atribuidos al cemento y al asfalto hubieran tenido la magnitud excepcional que se les atribuye, en tanto los cuadros allegados reflejan únicamente la estimación efectuada por el propio reclamante acerca de la actualización de determinados costos de obra, mas no la acreditación objetiva de la evolución de los precios de tales insumos ni de su carácter extraordinario e imprevisible. (…) [L]a sola afirmación [de la interventoría] de que el incremento fue «desmedido» no sustituye la carga de demostrar mediante elementos objetivos de convicción, cuál fue la magnitud real de la variación y por qué esta excedía los riesgos que razonablemente debía asumir el contratista al celebrar el negocio jurídico. (…) [L]a Sala advierte que tales conclusiones [de los dictámenes periciales] no provienen de un análisis autónomo e independiente de la evolución de los precios de dichos insumos, sino que descansan de manera sustancial en la información y en los ejercicios de cuantificación elaborados por el propio contratista durante la ejecución contractual (…). [L]a valoración conjunta del material probatorio permite concluir que, a pesar de que durante la ejecución contractual se registraron variaciones en los precios del cemento y del asfalto, en el expediente no obra prueba suficiente que permita establecer que dichas fluctuaciones hubieran revestido un carácter extraordinario e imprevisible o que excedieran los riesgos normalmente asumidos por el contratista al celebrar el negocio jurídico, razón por la cual, a juicio a la Sala, no se encuentra demostrada la alteración excepcional de las condiciones económicas del contrato alegada por la parte demandante. En tales condiciones, la Sala se abstendrá de analizar la existencia y cuantificación de los sobrecostos cuya reparación se reclama, toda vez que la falta de acreditación de la circunstancia invocada como causal de desequilibrio económico del contrato resulta suficiente para desestimar las súplicas edificadas sobre dicho fundamento. (…) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto no se desvirtuaron las razones que condujeron al Tribunal a quo a negar las pretensiones de la demanda.
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / PARTE DEMANDADA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia a cargo de la parte a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, cuando su contraparte intervino en esa instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP dispone que «las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho». A su turno, los artículos 365 (numerales 1 y 8) y 366 ejusdem —aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA— establecen que se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que en el expediente se acredite su causación; y, en tal evento, su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría del Tribunal a quo, correspondiéndole únicamente a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, conforme con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. (…) [L]a Sala impondrá condena en costas a la parte demandante, al habérsele resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto y teniendo en cuenta que su contraparte —Metro Cali S.A.— intervino activamente en la segunda instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que en esta oportunidad se fijan agencias en derecho por el 0,5% del valor de las pretensiones desestimadas, con fundamento en las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
NOTA DE RELATORÍA:
NO SE IDENTIFICA NOTA DE RELATORIA RELEVANTE.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366