Titulación de la relatoría 18.545 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se vulneró el principio de legalidad y el debido proceso en el acto sancionatorio contra el contratista y se debió terminar el procedimiento sancionatorio ante la suscripción de prórroga del contrato entre las partes?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara la Sala, la primera parte de los argumentos de la impugnación formuladas en este cargo, no cuentan con asidero. En lo concerniente a la segunda parte en que fue sustentada la argumentación de este cargo, en la que se sostuvo que fue equivocado el proceder de la entidad al no acceder a la prórroga de seis meses solicitada por el contratista, porque en menos tiempo era imposible superar el atraso de 248 días que tenía la obra, la Sala precisa lo siguiente: Está demostrado que, mediante oficio del 7 de marzo de 2016, el consorcio Cilca Ingenieros solicitó la prórroga del contrato No. 023 por seis meses aduciendo demoras en la ejecución por inconvenientes climatológicos y en la obtención de permisos ambientales y de movilidad. Como se vio en párrafos precedentes, el Fondo de Desarrollo Local de Usme, luego de estudiar la procedencia de la prórroga solicitada en cotejo con las pruebas en que el contratista basaba su petición, consideró viable acceder a extender el plazo del contrato por tres meses, intención que quedó cobijada en el documento de prórroga suscrito el 13 de mayo de 2016 coadyuvado con la libre autonomía de la voluntad del contratista, el que no manifestó reparo alguno en cuanto al plazo en que se ampliaba el vínculo negocial. Así pues, la Sala estima infundado el reproche del garante frente a los términos en que quedó convenido el consenso sobre la ampliación del plazo negocial, pues se aparta y desconoce que el mismo fue el producto de la autodeterminación de su asegurado, el que concurrió a su suscripción sin alegar la inconveniencia sobre el plazo acordado, debiendo hacerlo si era su criterio el concebir que ese periodo era insuficiente para atender los compromisos que a él le correspondía cumplir. Por las razones expuestas los cargos atinentes a la insuficiencia de la prórroga se encuentran infundados. […] Al no tener vocación de prosperidad los argumentos de la apelación presentada por la aseguradora demandante y de acuerdo con lo anunciado en acápite anterior, la Sala modificará la sentencia recurrida, para en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital y negará las pretensiones de la demanda.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA
OBITER DICTUM
Observa la Sala que las pretensiones versan sobre la nulidad de la Resolución No. 265 del 8 de julio de 2016, por la cual el Fondo de Desarrollo Local de Usme declaró el incumplimiento del contrato de obra 023 FDLU-2014 e impuso multa al contratista y de la Resolución No. 292 del 2 de agosto de 2016 por la que el Fondo, al resolver un recurso de reposición interpuesto en contra de aquella, la confirmó, aspecto que, al tenor de los dictados del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, corresponde ventilarse a través del medio de control de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
La regla para el cómputo de la caducidad ha de ser aquella consagrada el en primer inciso del literal j) del numeral 2) del artículo 164 de ese compendio legal, según la cual “En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”, para la cual se ha de tomar el día siguiente a la fecha en que cobró firmeza el acto impositivo de la multa que afectó la póliza expedida por la aseguradora demandante. La Resolución 292 del 2 de agosto de 2016 que confirmó la decisión contentiva de la multa fue notificada en audiencia celebrada en esa misma fecha. Al haberse presentado la demanda el 6 de abril de 2017 es claro que el medio de control se ejerció dentro de los dos años, sin perjuicio de la suspensión de que fue objeto ese plazo por cuenta de la solicitud del trámite de conciliación extrajudicial.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Al ser la legitimación en la causa un presupuesto procesal de la sentencia corresponde al juez emprender su análisis de manera oficiosa, con independencia de que se hubiera o no alegado como excepción por el extremo pasivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a legitimación en la causa constituye uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia en la cual se decidan las pretensiones contenidas en la demanda y, por tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso. Esta Corporación, en providencia dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera, se refirió a los aspectos cuyo análisis requería ser realizado por el juez de manera oficiosa, sin que ello riñera con el principio de congruencia que debe informar las decisiones judiciales, entre los cuales se tiene el presupuesto procesal de la legitimación en la causa. En ese orden, al ser la legitimación en la causa un presupuesto procesal de la sentencia corresponde al juez emprender su análisis de manera oficiosa, con independencia de que se hubiera o no alegado como excepción por el extremo pasivo y sin que ello desconozca el principio de congruencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad oficiosa del juez para declarar la falta de legitimación en la causa, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, providencia de 9 de febrero de 2012, rad. 21060, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; providencia de 6 de abril de 2018, rad. 46005, C. P. Danilo Rojas Betancourth; providencia de 24 de julio de 2013, rad. 27155, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 26 de mayo de 2016, rad. 36296, C. P. Mata Nubia Velásquez Rico.
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿El juez tiene la facultad oficiosa de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital – Localidad de Usme, porque no hace parte de la relación contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] diferencia de lo considerado por el a quo, no resultaba procedente integrar el extremo de la litis con la entidad territorial que ejercía la representación judicial del Fondo de Desarrollo Local de Usme, puesto que no se trata de predicar de aquella algún tipo de responsabilidad solidaria en las resultas del proceso, ni de que asuma con su cartera el pago de las obligaciones que eventualmente deban ser atendidas por el patrimonio de la persona jurídica sobre la que recaen las reclamaciones ventiladas en este juicio, que no es otra que el Fondo. Así, sin perjuicio de que al secretario distrital de gobierno de Bogotá le hubiera sido asignada la representación judicial del Fondo de Desarrollo Local de Usme, ello no se traduce en que el Distrito Capital - Localidad de Usme esté materialmente legitimado en la causa por pasiva, tras constatarse que no fue parte del contrato en el que se centra la controversia y, por ende, no hallarse configurado el supuesto normativo del artículo 141 del CPACA que restringe la legitimación para pretender las reclamaciones a quien haya sido parte del negocio alrededor del cual gravita la discrepancia. Cabe advertir que la contestación de la demanda, no obstante haber sido presentada por el Distrito Capital, también lo fue en nombre del Fondo de Desarrollo Local de Usme, circunstancia que torna válido ese acto procesal al ser ejercido por la persona jurídica legitimada para oponerse a las pretensiones relacionadas con el contrato 023 FDLU - 2014, del cual el fondo fungió como extremo contratante. Como consecuencia, se declarará oficiosamente la falta de legitimación material en la causa por pasiva del Distrito Capital – Localidad de Usme.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
OBITER DICTUM
[E]sta Subsección consideró que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. […] [R]esulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”. Tampoco basta para el efecto hacer una reiteración casi que automática de los fundamentos expuestos en oportunidades procesales precedentes, como en la demanda, en la contestación o en los escritos de alegatos, ejercicio a través del cual se busca simplemente sacar avante su aspiración sin entrar a cuestionar de manera directa y concreta las razones en que se fundó la providencia recurrida que le resulta adversa al apelante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de sustentación del recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 54675, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 51212, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e); auto de 14 de octubre de 2015, rad. 48502, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 9 de abril de 2014, rad. 27550, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 7 de diciembre de 2021, rad. 65962, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 4 de marzo de 2022, rad. 53376, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 4 de marzo de 2022, rad. 66390, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 19 de junio de 2020, rad. 49572, C. P. María Adriana Marín.
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA
OBITER DICTUM
Como se aprecia, en efecto, al citar al garante y al contratista a la audiencia del procedimiento sancionatorio se anunció que las consecuencias que podrían surgir como resultado de esa actuación serían la declaratoria de incumplimiento, efectividad de cláusula penal y la declaratoria de caducidad, mientras que la resolución que se acusa de nulidad contuvo la imposición de la multa por el incumplimiento del contratista, circunstancia que acredita la ocurrencia del supuesto fáctico en el que el demandante edifica su reparo. Con todo, su acaecimiento no equivale a afirmar que se vulneró el debido proceso por haber obrado en contra del principio de legalidad con cuyo apego debían darse todos los pasos previstos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, particularmente, en lo concerniente al contenido del oficio citatorio frente a las consecuencias del procedimiento sancionatorio, según pasa a explicarse: El principio de legalidad encuentra su cimiento constitucional en los artículos 4, 6, 121 y 122 de la Constitución Política, al tenor de los cuales toda actuación de los órganos del Estado se encuentra sometida al imperio del derecho, de tal suerte que la actividad de las autoridades públicas está restringida a aquello que la Constitución y la ley les permite, de manera que son responsables por omisión y por extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de legalidad en el proceso sancionatorio en materia contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de octubre de 2012, rad. 20738, C. P. Enrique Gil Botero, Bogotá.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 4, 6, 121, 122, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Se vulnero el debido proceso por la variación que se produjo entre la sanción consignada en el oficio citatorio y la multa impuesta?
Respuesta al problema jurídico: No
El procedimiento sancionatorio que se aplicó en este caso se encuentra regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, norma que según el apelante fue desatendida por el Fondo al modificar la sanción anunciada de inicio en la citación. […] Surge de su lectura que la norma en cita consagra la información que debe contener el oficio citatorio a la audiencia estableciendo dos tipos de exigencias: Por un lado, deben consignarse los fundamentos fácticos en que se basan los reparos que sirven de sustento para iniciar la actuación, los cuales deben estar apoyados en un informe de interventoría o supervisión. De otro, es menester indicar las normas o cláusulas posiblemente vulneradas y las sanciones que de esa transgresión pudieran derivarse. […] Así pues, la Sala comparte la apreciación hermenéutica que dispensó el a quo al artículo 14 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con la cual la norma contemplaba la eventualidad de que las sanciones anticipadas pudieran o no materializarse según el devenir de la etapa probatoria. Al tiempo, encuentra infundados los cargos de la apelación de la aseguradora. Esto se debe a que no se observa que se hubiera violentado el principio de legalidad, toda vez que el procedimiento administrativo adelantado contra el consorcio Cilca Ingenieros no desembocó en la imposición de sanciones cuya procedencia no hubiera sido predeterminada por la ley y por las partes del contrato para los casos en que se incurriera en el incumplimiento del contratista, el que a la postre se presentó, ni se le sancionó por una conducta que no hubiera sido calificada previamente por los extremos del acuerdo como merecedora de ese reproche. Menos aún evidencia la Sala que el Fondo hubiera desatendido el procedimiento reglado previsto en el literal a) del artículo 14 de la Ley 1474 de 2011 al diligenciar el oficio citatorio a la audiencia. […] Con apoyo en lo expuesto, la Sala se despachará desfavorablemente los cargos de la apelación atinentes a la vulneración al debido proceso por la variación que se produjo entre la sanción consignada en el oficio citatorio y la multa impuesta.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 14, 86
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente providencia se impondrá la condena en costas a cargo de la parte vencida, La Previsora S.A. Compañía de Seguros. Procede la Sala a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en cuenta en la liquidación de costas. Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del mismo Código, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho, se observa que: El artículo 5.1 del Acuerdo 10554 de 2016 consagró que en los procesos con cuantía las tarifas máximas de agencias en derecho en segunda instancia deben establecerse en salarios mínimos mensuales legales vigentes para los procesos declarativos en un rango entre uno (1) y seis (6) SMLVM. Respecto de la naturaleza y calidad de la gestión procesal se observa que la entidad demandada presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, en los que manifestó su conformidad con la sentencia de primera instancia y solicitó que fuera confirmada. A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a cargo de la parte vencida, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en este caso la parte demandante, en favor del Fondo de Desarrollo Local de Usme.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5.1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, 366
Texto extraído del PDF oficial 93.114 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 250002336000201700600 01 (68115)
Actor: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Demandado: DISTRITO CAPITAL – FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
USME
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES (LEY 1437 DE 2011)
Temas: FALTA DEL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DEL DISTRITO CAPITAL – el
Fondo de Desarrollo local de Usme es una persona jurídica autónoma / CARGA DE
SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN – no basta con reiterar los mismos supuestos
de la causa y la contradicción / DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DEL
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO CONTRACTUAL – se anuncian las
sanciones que posiblemente se impongan
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, el 5 de marzo de 2020, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
La presente controversia gira en torno a la nulidad de las resoluciones Nos. 265 del
8 de julio de 2016 y 292 del 2 de agosto de 2016 , por las cuales el Fondo de
Desarrollo Local de Usme declaró el incumplimiento del contrato de obra No. 023
FDLU 2014, impuso multa al contratista por el 10% del valor del contrato con cargo
a la garantía única de cumplimiento expedida por La Previsora S.A. Compañía de
Seguros que comparece como demandante y, al resolver el recurso de reposición,
confirmó esas determinaciones, respectivamente.
Se indica que los actos acusados adolecen de nulidad por violación al debi do
proceso, infracción de las normas en que debieron fundarse y falsa motivación, todo
ello, en síntesis, porque se varió la sanci ón anunciada en el oficio cita torio a la
Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115
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audiencia de descargos y aquella finalmente impuesta como resultado del
procedimiento sancionatorio, no se indic ó en el oficio citatorio el nit del consorcio
contratista ni el n úmero de la póliza única de cumplimiento , no se le otorgó a la
aseguradora el mismo t érmino que al contrat ista para presentar recurso de
reposición en contra de la resolución impositiva de la multa, ni se tuvieron en cuenta
las razones justific ativas del incumplimiento aducidas p or el contratista, no se
consideró que el incumplimiento declarado también fue imputable a la entidad
estatal, no se atendió al hecho de que, al prorrogar el contrato , se superaron los
incumplimientos que sirvieron de sustento al procedimiento sancionatorio, entre
otras razones.
2. La demanda
El 6 de abril de 2017, La Previsora S.A. Compañía de Seguros promovió demanda
en ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra el Distrito
Capital – Fondo de Desarrollo Local del Distrito Capital, con el fin de que se:
• Declarara la nulidad de la Resolución No. 265 del 8 de julio de 2016 , por la
cual el Fondo de Desarrollo Local de Usme: i) determinó que el contratista,
Cilca Ingenieros, tenía un atraso de ejecución del contrato de obra pública
No. 023 FDLU-2014 de 248 días; ii) impuso una multa equivalente al 10% del
valor del contrato que corresponde a $1.138’293.945.10, la cual de bía ser
pagada por el contratista o con cargo a la garantía única de cumplimiento No.
3009013, expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros; iii) declaró
que ese acto administrativo constituía el siniestro cubierto por la póliza
3009013.
• Declarara la nulidad de la Resolución 292 del 2 de agosto de 2016, por la
cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la anterior, la
confirmó.
• Declarara que La Previsora S.A. Compañía de Seguros no está obligada a
pagar la suma impuesta al contratista a título de multa en las resoluciones
anteriores y que, en caso de que esa cantidad se llegara a cobrar
forzosamente, se ordenara su devolución a la aseguradora, más lo intereses
moratorios causados.
3. Hechos
Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
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3.1. El 4 de junio de 2014, el Fondo de Desarrollo Local de Usme y el consorcio
Cilca Ingenieros celebraron el contrato de obra No. 23 FDLU -2014, cuyo objeto
consistió en la construcción de vías urbanas en la localidad de Usme y la consultoría
para la compl ementación de estudios , diseños y presupuesto, por un valor de
$11.382’939.451 y un plazo de 18 meses , contados a partir de la suscripción del
acta de inicio -16 de octubre de 2014.
3.2. El 27 de junio de 2014, el consorcio contratista otorgó la póliza única de
cumplimiento No. 3009013, expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros
para garantizar el contrato No. 23 FDLU en los siguientes amparos:
Amparo Valor asegurado Vigencia
desde
Hasta
Cumplimiento del contrato $1.138’293.945 19/06/2014 19/04/2016
Buen manejo del anticipo $4.553’175.780 19/06/2014 19/04/2016
Pago de salarios y prestaciones
sociales
$569’146.973 19/06/2014 19/12/2018
Estabilidad de la obra $2.276’587.590 19/06/2014 19/06/2019
3.3. El contrato No. 23 FDLU-2014 fue objeto de prórrogas y suspensiones debido
al atraso que presentó el cumplimiento del cronograma de obra por causas no
imputables al contratista , tales como factores de inseguridad, condiciones
climáticas, falta de planos y permisos para el PMT.
3.4. Mediante Resolución No. 265 del 8 de julio de 2016, el Fondo de Desarrollo
Local de Usme declaró el incumplimiento del contrato No. 23 FDLU-2014 por los
atrasos frecuentes del contratista y le impuso una multa equivalente al 10% del valor
del contrato que ascendió a $1.138’293.945.
3.5. Por medio de la Resolución 292 del 2 de agosto de 2016, la entidad resolvió el
recurso de reposición interpuesto en contra de la anterior en el sentido de
confirmarla.
4. Normas violadas y concepto de la violación
Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
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Señaló el demandante que las resoluciones acusadas vulneraron las normas en que
debían fundarse, tales como los artículos 4, 6, 13, 29, 83, 84, 90, 121, 123 y 209 de
la Constitución Política; artículo 86 de la Ley 1474 de 2 011, los artículos 3, 50, 25-
8, 12, 26-3 de la Ley 80 de 1993; artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; artículos 3,
38, 40, 44, 66, 67, 68, 69, 72 y 76 del CPACA y artículos 1602 y 1609 del Código
Civil.
De manera genérica advirtió que las resoluciones acusadas incurrieron en falsa
motivación, desviación de poder y vulneración al debido proceso.
Como sustento de su argumentación adujo que se violó el principio de legalidad que
regfia el procedimiento sancionatorio al existir una incongruencia entre la citación a
la audiencia y la decisión adoptado como resultado d e aquel, ya que en el primer
caso se señaló que su finalidad era la declaratoria caducidad y efectividad de la
cláusula penal por el incumplimiento del contratista, mientras que en las
resoluciones acusadas se decidió imponer multa al consorcio como sanción de
apremio faltando dos días para el vencimiento del plazo contractual.
Bajo el mismo supuesto esgrimió que la entidad impidió ejercer el derecho de
defensa de la aseguradora al no señalar el nit del contratista ni el numero de la
póliza en el oficio citatorio a la audiencia de descargos.
Alegó que la administración desconoció que en la prórroga suscrita se intentaron
superar los incumplimientos presentados al 15 de mayo de 2016 , de tal suerte que
si la intención era sancionar al contratista por hechos diferentes ha debido iniciar un
nuevo proceso sancionatorio. A ello sumó que la prórroga de tres meses concedida
no era suficiente para cumplir el objeto contractual que presentaba un atraso
significativo.
Señaló que la entidad transgredió el debido proceso de la aseguradora al no correr
traslado de las pruebas aportadas por el contratista en la audiencia de descargos
practicada el 19 de abril de 2016 y al haber otorgado al contratista diez días para la
interposición de recursos contra el acto impositivo de la multa y a la aseguradora
solo tres días para ese mismo fin.
Expediente: 250002336000201700600 01
Actor: La Previsora S.A. Compañía
de Seguros
Demandado Distrito Capital – Fondo de
Desarrollo Local de Usme
Referencia: 68115
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Afirmó que los actos demandados incurrieron en falsa motivación , puesto que se
consignaron circunstancias contrarias a la realidad y no se tuvieron en cuenta
situaciones como la fuerte ola invernal que afectó su ejecución y la presencia de
grupos armados al margen de la ley , a lo que agregó que no se tuvieron en
consideración los múltiples incumplimientos atribuibles a la entidad estatal
contratante.
Sostuvo que se violó el principio de autotutela de la administración por cuanto no
adoptó los correctivos requeridos para evitar la paralización de la obra y otorgó una
prórroga de tres meses cuando se habían solicitado seis para poder culminar el
objeto contractual, ni tuvo en cuenta las solicitudes elevadas po r el consorcio para
que le informara sobre las medidas adoptadas para garantizar su cumplimiento.
Reprochó que el valor de la multa impuesta hubiera resultado ser el equivalente de
la cláusula penal pecuniaria pactada, lo cual contrariaba la jurisprudencia del
Consejo de Estado en torno a la aplicación de los artículos 1592 y 1596 del Código
C
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