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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales

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Fecha
2025-03-21
Radicado
85001233300020190014101
Número interno
67743
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Demandado
CONSTRUCTORA M.P. S-A, COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS SA-CONFIANZA, CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONSORCIO CC-MP-HV-CUSIANA, HORACIO VEGA CÁRDENAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales

Lo que dijo la Sala

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso puesto que el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en vigor para la fecha de interposición de la demanda- estableció que a esta jurisdicción le corresponde decidir las controversias originadas en actos, contratos, omisiones, operaciones y hechos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas entidades públicas, naturaleza que ostenta el INVIAS, como establecimiento público del orden nacional, creado mediante Decreto 2171 de 1992 y hoy regulado, entre otras normas, por el Decreto 1292 de 2021.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dado que el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece su jurisdicción sobre controversias que involucran entidades públicas, como el INVIAS, y que superan la cuantía mínima legal para ser tramitados en segunda instancia. Además, la Sala reitera que en contratos que requieren liquidación, los términos de caducidad son los previstos en el artículo 164, numeral 2, literal j) del CPACA, lo que implica que la controversia debe surgir durante la vigencia del contrato y no haber sido solventada en sede administrativa, incluso después de la liquidación. Esto implica que la operabilidad de la caducidad varía según la naturaleza del contrato y las circunstancias posteriores a su ejecución y liquidación, protegiendo así la estabilidad de la relación contractual y la eficacia del medio de control de controversias contractuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales contra la sentencia proferida el 23 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Casanare?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1292 de 2021
  • Decreto 2171 de 1992
  • Ley 1437 de 2011, arts. 104 y 152 núm. 5

También resuelve

  • ¿Los contratos de ejecución instantánea y aquellos que requieran liquidación tienen en común la previsión de que los respectivos contratos hayan terminado en el momento en que se pretenda demandar…
  • ¿La operabilidad de la caducidad es distinta cuando se trata de un contrato pasible de liquidación, el conflicto es relativo a obligaciones o situaciones posteriores a su ejecución…
  • ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se debe contabilizar a partir de la caída o derrumbe del puente Orquídea 1, evento ocurrido el 29 de octubre de 2019?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA PRETENSIÓN LITIGIOSA ECONÓMICA APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO ESTATAL APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA CONTRATISTA OBRA PÚBLICA PUENTE VEHICULAR MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR PUENTE CAÍDO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INVÍAS DEBERES DEL INVÍAS RESPONSABILIDAD DE INVÍAS RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO SENTENCIA ANTICIPADA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXPEDICIÓN DE SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REQUISITOS DE LA SENTENCIA ANTICIPADA TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO DE LA SENTENCIA ANTICIPADA OPORTUNIDAD DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EFECTOS DE LA SENTENCIA ANTICIPADA DERECHO DE CONTRADICCIÓN EN LA SENTENCIA ANTICIPADA IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AUDIENCIA INICIAL AUDIENCIA DE PRUEBAS NULIDAD PROCESAL IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES LEY DE COSTAS ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS FINALIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 25.564 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRETENSIÓN LITIGIOSA ECONÓMICA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales contra la sentencia proferida el 23 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Casanare? Respuesta al problema jurídico: Si El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso puesto que el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en vigor para la fecha de interposición de la demanda- estableció que a esta jurisdicción le corresponde decidir las controversias originadas en actos, contratos, omisiones, operaciones y hechos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas entidades públicas, naturaleza que ostenta el INVIAS, como establecimiento público del orden nacional, creado mediante Decreto 2171 de 1992 y hoy regulado, entre otras normas, por el Decreto 1292 de 2021. En cuanto a la vocación del proceso para ser tramitado en segunda instancia, en el sub judice se cumplen los presupuestos de ley puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. ($414’058.0005 ), establecidos en el artículo 152, numeral 5 del C.P.A.C.A., vigente en la fecha en que fue incoado este proceso. En efecto, la pretensión económica de mayor valor fue formulada por la suma de $ 5.242’512.315, que se alega como valor pagado por el INVIAS para la construcción del puente, según el acta de entrega y recibo definitivo de la obra, suscrita el 30 de mayo de 2015. FUENTE FORMAL: DECRETO 1292 DE 2021, DECRETO 2171 DE 1992, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Los contratos de ejecución instantánea y aquellos que requieran liquidación tienen en común la previsión de que los respectivos contratos hayan terminado en el momento en que se pretenda demandar, pues refieren supuestos propios de la fase de liquidación y precaven la finalización de los distintos plazos para realizarla, con o sin la eventualidad de que ello se haya logrado de manera bilateral o unilateral? Respuesta al problema jurídico: Si El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé varias reglas de caducidad para los conflictos que se originan en los contratos del Estado. La primera de ellas, de carácter general, es la establecida en el artículo 164, numeral 2, literal j), a la luz del cual, “en las [controversias] relativas a contratos, el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. A continuación, la norma establece que la pretensión de nulidad absoluta o relativa del contrato cuenta con un término de caducidad de dos años contados a partir del día siguiente al de perfeccionamiento del negocio cuestionado (…). Así, estas reglas especiales señaladas en el CPACA para los contratos de ejecución instantánea y aquellos que requieran liquidación tienen en común la previsión de que los respectivos contratos hayan terminado en el momento en que se pretenda demandar, pues refieren supuestos propios de la fase de liquidación y precaven la finalización de los distintos plazos para realizarla, con o sin la eventualidad de que ello se haya logrado de manera bilateral o unilateral. Tal clasificación se incorporó en la ley actual y fue heredada del estatuto anterior (Decreto 01 de 1984) porque, a la par con la aplicación de la regla general, que entraña ciertamente un límite claro de tiempo para el ejercicio del derecho de acción, debía encontrarse una solución adicional que equilibrara la configuración irrestricta de la caducidad frente a la realidad del contrato y la unicidad de la relación obligacional entre las partes, que no podía verse avocada a tantas demandas judiciales como discrepancias fueran surgiendo durante su vigencia. El origen de la consagración normativa de esas hipótesis del contrato pendiente de liquidación, de cara a la caducidad, es jurisprudencial, porque fue en el ejercicio jurisdiccional del Consejo de Estado como se advirtieron esas realidades de la contratación estatal, luego refrendadas en la codificación procesal de lo contencioso administrativo (…). Por ello, y armonizando estas previsiones normativas y jurisprudenciales con los presupuestos del medio de control de controversias contractuales, emerge palmario que los términos de caducidad en los contratos que requieren liquidación son, en principio, los establecidos en los apartados iii), iv) y v) del artículo 164, numeral 2, literal j) del CPACA, lo que implica que la controversia llevada a juicio haya surgido en el marco de la relación contractual cuando la misma estaba vigente y no haya podido solventarse en sede administrativa, ni aun cuando se efectuó o debió efectuarse la liquidación del negocio jurídico, en procura de su pacífico finiquito. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984, LEY 1437 DE 2011, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / EXIGIBILIDAD DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / CONTRATISTA / OBRA PÚBLICA / PUENTE VEHICULAR / MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR / PUENTE CAÍDO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La operabilidad de la caducidad es distinta cuando se trata de un contrato pasible de liquidación, el conflicto es relativo a obligaciones o situaciones posteriores a su ejecución, terminación y a la misma liquidación, Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo en el presente caso lo es la carga que le corresponde al contratista, de mantener la estabilidad de la obra ya entregada y garantizar el respectivo riesgo, y todo aquello que le es exigible al asegurador respecto de la cobertura de ese amparo. Así, de conformidad con el artículo 2060, numeral 3) del Código Civil, el constructor debe responder por la afectación de la estabilidad de la obra, o por su ruina (bajo las hipótesis allí previstas), dentro de los diez años subsiguientes a la entrega respectiva; y a su turno, el Decreto 4828 de 2008, vigente para la fecha de celebración del contrato, disponía que la garantía de estabilidad de la obra debe tener una vigencia de por lo menos 5 años contados a partir del recibo a satisfacción, por parte del Estado, de la estructura, vía o elemento entregado. Tales términos no pueden desconocerse contabilizando la caducidad, en cada caso, con fundamento en los plazos para liquidar el negocio jurídico, pues en esos eventos las controversias serían preponderantemente proclives a caducar, ya que los tiempos dados por la ley a las obligaciones concernientes a la estabilidad de la obra pública finalizada pueden no pocas veces llegar a ser superiores a los indicados plazos de liquidación y de caducidad. Por lo demás, debe subrayarse que las controversias contractuales originadas en eventos relacionados con la estabilidad de la obra terminada y entregada a satisfacción aluden a obligaciones posteriores al contrato y no a aspectos de su desarrollo, que son los que se finiquitan en la liquidación, por lo que no es conducente en casos post contractuales, calcular el término de caducidad a partir del acto liquidatorio, bilateral o unilateral. Por tanto, dado que en el presente caso las pretensiones de la demanda se encaminan a que se declare, por una parte, la responsabilidad del consorcio CC-MP-HV- Cusiana por los alegados vicios ocultos que derivaron en daños estructurales del puente Orquídea 1 ocurridos con posterioridad a su entrega, y por otro lado, la procedencia de hacer efectiva la garantía de estabilidad de la obra con cargo a la póliza constituida por el mismo contratista ante la compañía Confianza S.A., es claro que el término de caducidad es el previsto en el primer inciso del artículo 164, numeral 2, literal j) del CPACA, esto es, los dos (2) años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento a la demanda respectiva. En este punto cabe precisar que, si bien conforme a la ley, la obligación de saneamiento que le asiste al constructor se extiende por 10 años desde la entrega de la obra, y por su parte, la garantía de estabilidad de la obra pública debe ser expedida por el asegurador por 5 años como mínimo, ello no implica que el término de caducidad sólo comience a correr cuando expiren los mencionados plazos, pues éstos no son tiempos de espera, vale decir, no se establecieron para que el acreedor pueda postergar o prolongar dentro de ellos la reparación de la obra o la indemnización del siniestro aunque éste ocurra al comienzo de tales períodos, sino que se previeron como vigencias máximas para delimitar las responsabilidades del constructor y el asegurador, de forma que éstos sólo deban indemnizar o cubrir los daños ocurridos durante ellas, pero el término de caducidad, por su parte, comienza a correr desde el día siguiente a la ocurrencia del evento que se alega como origen de la responsabilidad. En ese sentido, acontecido el motivo de hecho y de derecho que fundamenta la demanda (y definida su magnitud), comienza a transcurrir al día siguiente el plazo de caducidad. Ya la determinación de la responsabilidad dependerá, ciertamente, de que el daño se haya producido dentro del período en que corrían a cargo de los demandados las obligaciones relativas a la estabilidad o a la calidad de la obra (10 años para el constructor y mínimo 5 para el asegurador), pero ello es distinto al del estudio de la caducidad, cuyo cómputo, se reitera, inicia desde la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que originan la controversia, como lo establece la norma del CPACA ya referida. Ahora, sin perjuicio de lo anterior también debe subrayarse que, no conociendo el demandante esos motivos en la misma fecha de su acaecimiento, procede computar la caducidad desde el momento en que tiene noticia de los eventos fundantes del juicio que promueve, pues se opondría a la garantía de acceso a la administración de justicia y a los principios pro actione y pro damnato exigir que el interesado acuda a la vía judicial sin conocer las circunstancias de hecho y de derecho que originan la controversia contractual. FUENTE FORMAL: DECRETO 4828 DE 2008, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060 NUMERAL 3 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INVÍAS / DEBERES DEL INVÍAS / RESPONSABILIDAD DE INVÍAS / PUENTE VEHICULAR / MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR / PUENTE CAÍDO / RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO Problema jurídico: ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se debe contabilizar a partir de la caída o derrumbe del puente Orquídea 1, evento ocurrido el 29 de octubre de 2019? Respuesta al problema jurídico: Si De entrada es pertinente anotar que, mientras el escrito inaugural del proceso, presentado el 16 de octubre de 2019, se encaminó a las declaratorias de responsabilidad del consorcio y de ocurrencia del siniestro de estabilidad, únicamente con fundamento en las fallas y agrietamientos que derivaron en medidas sucesivas de cierres provisionales; en la demanda reformada el 12 de noviembre de ese mismo año fue modificado el petitum, en el cual, si bien se reprocharon nuevamente los vicios ocultos de la obra entregada, éstos ya no se invocaron comunicando la existencia de fisuras y su carácter progresivo, sino el colapso total de la estructura, ocurrido a pesar de las medidas antes indicadas. Se resalta en segundo lugar que, en ningún caso, es decir, ni en la demanda del 16 de octubre de 2019, ni en la reforma presentada el 12 de noviembre siguiente, el punto de partida para contabilizar la caducidad de la acción podía ser la noticia recibida por el INVIAS el 10 de noviembre de 2016 acerca de los agrietamientos encontrados en el puente para ese momento. A este respecto, no se desconoce que en el informe rendido en ese entonces por la AIS ya se avizoraba que la avería del puente podía estar surgiendo por una flexión horizontal -que en los años siguientes fue agravando el estado de la estructura-, ocasionada a su vez por movimientos en uno de sus estribos. Sin embargo, era igualmente cierto que ese informe inicial de la AIS no era definitivo y menos registró las fallas que después fueron siendo referidas en varios conceptos presentados ante la entidad, por lo que resultaba razonable que el INVIAS procediera en primer lugar a indagar sobre la magnitud del daño físico, sus causas y las medidas de contingencia procedentes, para lo cual formuló requerimientos al consorcio hoy demandado y solicitó el concepto de otros contratistas e interventores. Es del caso subrayar que, ante eventos que afecten la estabilidad de la obra, no es procedente exigir a la entidad estatal demandar judicialmente al contratista y a su garante por razón de cada informe de advertencia, sea éste determinante o no en la calificación de la falla que da origen a la demanda. Puesto en conocimiento de la jurisdicción un evento determinado, es a partir de éste que se computa la caducidad, no desde que el demandante pudo sospechar que dicho evento ocurriría, por lo cual, si en el presente caso la demanda inicial fue promovida debido a la alegada agravación del estado estructural del puente por la aparición e incremento de fisuras, mal podría señalarse que el motivo de hecho y de derecho fue el informe atinente a las primeras grietas, pues la gravedad que dio lugar a la demanda sólo se registró con posterioridad a ese primer informe. En suma, el motivo de la demanda inicial no fue el agrietamiento informado el 10 de noviembre de 2016, sino las anomalías que después surgieron, las que naturalmente no habrían ocurrido en la fecha mencionada, ni podían ser conocidas por el INVIAS en ese momento. Ahora bien, frente al evento señalado por la entidad demandante en la reforma presentada el 12 de noviembre de 2019, se tiene que entre 2016 y 2019 fueron varias las experticias técnicas que se rindieron sobre el estado del puente, pero también relativas a las obras de contención y reparación que podían realizarse, aún en el corto plazo, mientras se procuraba encontrar, por una parte, el origen de los movimientos que estaban sobre-esforzando la estructura, y por el otro, las medidas de arreglo definitivo para volver a poner el puente en normal operación. En esa búsqueda, personal del consorcio contratista y del propio INVIAS concertaron la realización de obras conjuntas y adelantaron monitoreos, a la par con los que también realizó el consorcio Saitec - Joyco, en el marco de otra contratación de obra con su respectiva interventoría. Cabe recordar que el 15 de junio de 2017, el INVIAS dio inicio al procedimiento administrativo para hacer efectiva la garantía de estabilidad de la obra, motivado en ese momento por los agrietamientos progresivos que, según se adujo, estaba presentando el puente, lo que hacía necesario, en esa específica coyuntura y según lo dicho por la entidad, el recaudo de recursos para adelantar las obras que fueran pertinentes. A la par con ello, las medidas de cierre adoptadas por el Instituto fueron siempre provisionales, y en algunos casos parciales (pues permitió el tránsito de algunos vehículos), por ser el propósito de la Administración, soportado en los conceptos técnicos de varias firmas especializadas, adoptar medidas de seguridad mientras se continuaba indagando sobre las posibles obras tanto de contingencia como de reparación definitiva. Tal era el panorama de los hechos que rodearon la demanda interpuesta el 16 de octubre de 2019, época en la cual todavía era esperable una solución, buscada por el Instituto, el contratista hoy demandado, el interventor y otros contratistas e interventores de la entidad que rindieron dictámenes y conceptos técnicos sobre el avance de los pretendidos daños y sus alternativas de solución. Para el 12 de noviembre de 2019, las circunstancias habían variado, pues ya no era posible la adopción de medida alguna ni persistía la factibilidad de obras para reparar las mencionadas averías del puente, dada su supuesta pérdida material, total e irreversible, ocurrida por su colapso verificado el 29 de octubre de ese año, hecho éste que sobrevino mientras, se reitera, tanto la entidad como el contratista y los consultores mencionados esperaban buscar salida al problema previo. Ciertamente, bien puede considerarse que la progresión de los señalados agrietamientos del puente, estudiados especialmente durante 2017 -y que en efecto derivaron en la apertura del procedimiento administrativo ya señalado- daba lugar por sí misma a una demanda judicial, lo que en efecto aconteció al interponerse el libelo primigenio del 16 de octubre de 2019. Sin embargo, ello no es óbice para destacar que la caída definitiva del puente Orquídea 1, que se reclama y se afirma como registrada el 29 de octubre de 2019, constituyó un hecho sobreviniente, independiente para efectos de este juicio, pues modificó el curso de los acontecimientos que precedieron a la demanda inicial y las proyecciones que a futuro se venían planteando en sede administrativa para salvar la obra, lo cual implicó que la orientación del juicio también variara indefectiblemente. En esa medida, los motivos de hecho y de derecho que fundaron íntegramente la demanda reformada del 12 de noviembre de 2019 se concretaron en el colapso del viaducto, punto éste que no fue el que motivó la demanda inicial, pese a la semejanza de las pretensiones de una y otra. Así las cosas, toda vez que el motivo fundante de la demanda reformada fue el evento ocurrido el 29 de octubre de 2019, consistente en la caída o derrumbe del puente Orquídea 1, que implicó su pérdida material total, el término de caducidad estaba llamado a expirar el 30 de octubre de 2021. Sin embargo, como es sabido, la demanda respectiva -atinente a ese hecho ya descrito- fue presentada en escrito de reforma el 12 de noviembre de 2019, por lo cual se tiene que el petitum allí contenido, al fundarse en ese motivo de hecho y de derecho, se formuló en tiempo. SENTENCIA ANTICIPADA / SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DE SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA SENTENCIA ANTICIPADA / TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO DE LA SENTENCIA ANTICIPADA / OPORTUNIDAD DE LA SENTENCIA ANTICIPADA / EFECTOS DE LA SENTENCIA ANTICIPADA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN EN LA SENTENCIA ANTICIPADA / IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA ANTICIPADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AUDIENCIA INICIAL / AUDIENCIA DE PRUEBAS / NULIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Dado que la Sala define en la presente causa que no operó la caducidad del medio de control, y que por tanto, no había a lugar a dictar el fallo anticipado, deben agotarse todas las etapas de la primera instancia, so pena de la configuración de nulidad procesal por emitirse fallo definitivo sin decreto ni práctica de pruebas? Respuesta al problema jurídico: Si Las anteriores conclusiones conllevan a revocar lo decidido por el a quo en cuanto a la declaratoria de caducidad de la acción, lo que a su vez implica que el asunto sometido a juicio en el presente caso deba resolverse de fondo. Tal circunstancia impone adelantar todas las etapas procesales correspondientes, especialmente la de decreto, práctica y contradicción de las pruebas, así como la de alegatos de conclusión sobre la controversia, ya que ésta última no fue examinada por haberse dictado sentencia anticipada, la cual se anunció únicamente para resolver lo relativo a la caducidad. Tales etapas y actos deben garantizarse y adelantarse íntegramente, so pena de desconocer el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Ciertamente, el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 introdujo en el procedimiento de lo contencioso administrativo la figura de la sentencia anticipada, estableciendo entre otras causales la de la prueba de la caducidad. Sin embargo, la ley procesal guarda silencio respecto de la forma como debe resolverse la cuestión sometida a pleito cuando la sentencia anticipada, dictada sin que se hayan practicado las pruebas, es revocada en segunda instancia, razón por la cual corresponde a la Sala, como juez de la causa en segundo grado, procurar que se agoten íntegramente las etapas previas a la sentencia de mérito y se garantice el principio de contradicción, junto con los demás derechos de todos los sujetos procesales (…). Cabe anotar, sin perjuicio de lo que la Sala dilucida en el sub judice, que los casos en los que debe reanudarse la actuación de primera instancia hasta que culmine íntegramente son aquellos en los que la sentencia anticipada que se revoca fue proferida sin haberse decretado ni practicado pruebas. Esto se precisa porque, en efecto, la normativa procesal prevé otros eventos en los que no hay lugar a ordenar ese trámite adicional, como cuando el asunto es de puro derecho o no hay pruebas por practicar. Tal y como ocurrió en el asunto dilucidado con la jurisprudencia transcrita, en el caso sub judice se resolvió lo relativo a la excepción de caducidad mediante sentencia anticipada, sin haberse celebrado la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA, por considerar el Tribunal que el indicado fenómeno procesal se había configurado, y que por ello no era necesario surtir todas las etapas de la primera instancia. En esa medida, dado que la Sala define en la presente causa que no operó la caducidad de la acción, y que por tanto, no había a lugar a dictar el fallo anticipado, deben agotarse todas las etapas de la primera instancia, so pena de la configuración de nulidad procesal por emitirse fallo definitivo sin decreto ni práctica de pruebas, pretermitiéndose, precisamente, el debido e íntegro agotamiento de ese primer grado jurisdiccional. En razón de ello, se dispondrá que el proceso sea devuelto al Tribunal de origen para que continúe con el trámite, desde la fase en la que se encontraba antes de disponerse y anunciarse mediante auto, la adopción de la sentencia anticipada. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la revocatoria de sentencia anticipada, revisar: sentencia de 3 de noviembre de 2022, rad. 67523, C. P. Alberto Montaña Plata y sentencia de 6 de junio de 2022, rad. SC1297 – 2022, M. P. Luis Alonso Rico Puerta. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 180, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 42 COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / LEY DE COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / FINALIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso y seguir adelante con el trámite previsto para su liquidación? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia debe disponerse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto procesal civil. A su vez, el artículo 365 del Código General del Proceso establece que hay lugar a condenar en costas, entre otras, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya interpuesto. No obstante, en el presente caso el recurso de apelación de la sentencia anticipada se decidió de manera favorable, por lo cual la Sala debe abstenerse de imponer condena en costas, máxime cuando, al no haberse agotado integralmente la primera instancia, no existe propiamente una parte vencida en la segunda. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201900141011100103