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clave: "consejo_estado:providencia:76001233300020130005602-67729-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-07-17"
radicado: "76001233300020130005602"
numero: "67729"
ponente: "ADRIANA POLIDURA CASTILLO"
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# Consejo de Estado: el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-07-17
- **Radicado:** 76001233300020130005602
- **Número interno:** 67729
- **Ponente:** ADRIANA POLIDURA CASTILLO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSROCIO GRUPO PETRONCALES 2, GARCIA RIOS CONSTRUCTORES S.A., CALDERON INGENIEROS S.A.
- **Demandado:** METRO CALI S.A.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020130005602-67729-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300020130005602/1191A3CDC06BFAFFA46672109BE1FDA78F15A187D455271BA97CD976BD75FBD0/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201300056021100103

## Problema jurídico

¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la liquidación bilateral del contrato estatal, cuando esta se realiza después de vencidos los plazos legales, pero dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término para su liquidación unilateral?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Están legitimados en la causa por activa los integrantes del Consorcio Pretroncales y por pasiva Metro Cali S. A., por ser partes del contrato de obra objeto de controversia?
- ¿Corresponde exclusivamente al juez determinar si se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal y si esta es jurídicamente imputable a la entidad contratante?
- ¿Los contratos celebrados por Metro Cali S.A. para el cumplimiento de su objeto social, antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 2

## Extracto

La demanda fue presentada en tiempo, en atención a lo previsto en el apartado iii), literal j), del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y a la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez que las partes contratantes liquidaron de mutuo acuerdo el contrato de obra… el 21 de octubre de 2010 —una vez fenecido el término legal para su liquidación, pero dentro de los 2 años posteriores al vencimiento del plazo para liquidarlo unilateralmente—, por lo que el término de dos (2) años para ejercer el medio de control de controversias contractuales comenzó a correr el 22 de octubre de 2010 y, en principio, vencía el 22 de octubre de 2012; no obstante, debido al trámite de conciliación prejudicial adelantado, dicho término se suspendió por tres (3) meses, de manera que la caducidad operaba el 23 de enero de 2013, razón por la cual la demanda presentada el 21 de enero de 2013 fue oportuna.

## Síntesis temática

Cuando las partes liquidan de mutuo acuerdo un contrato estatal después de vencido el término legal para hacerlo, pero dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales comienza a correr desde el día siguiente a esa liquidación bilateral. La regla se sostiene en tres razones: el apartado iii del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA fija el cómputo para los contratos que requieren liquidación y que se liquidan de común acuerdo; la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera adopta la misma lectura del cómputo; y la suspensión del término por la conciliación prejudicial prolonga la caducidad en el tiempo que dure ese trámite. Por ello, la demanda presentada dentro del término suspendido es oportuna. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera. La providencia de primera instancia se confirma.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO, PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, CONSORCIO, PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DICTAMEN PERICIAL, APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL, CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL, CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL, CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL, EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL, OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL, PROHIBICIONES DEL DICTAMEN PERICIAL, JUICIO DE DERECHO, AUTONOMÍA FUNCIONAL DEL JUEZ, COMPETENCIA DEL JUEZ, APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, SISTEMA DE SANA CRÍTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, ENTIDAD DEL ORDEN MUNICIPAL, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONTRATANTE, CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, CARGA DE LA PRUEBA, ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, PRÓRROGA DEL CONTRATO, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, ACUERDO DE VOLUNTADES, PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA, TRANSACCIÓN, PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, PRÓRROGA DEL PLAZO, RELACIÓN DE CAUSALIDAD, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONTRATO, CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL, DERECHOS DEL CONTRATISTA, DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL, INTERÉS PÚBLICO, RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL, RELACIÓN CONTRACTUAL, DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS, EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL, MECANISMOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, IUS VARIANDI, TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE, HECHO SOBREVINIENTE, VARIACIÓN DEL PRECIO, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, FALTA DE PRUEBA, RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO, RIESGO EXTRAORDINARIO, RIESGO PREVISIBLE, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO, PARTE DEMANDADA, AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta a partir del día siguiente a la liquidación bilateral del contrato estatal, cuando esta se realiza después de vencidos los plazos legales, pero dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término para su liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda fue presentada en tiempo, en atención a lo previsto en el apartado iii), literal j), del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y a la jurisprudencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez que las partes contratantes liquidaron de mutuo acuerdo el contrato de obra (…) el 21 de octubre de 2010 —una vez fenecido el término legal para su liquidación, pero dentro de los 2 años posteriores al vencimiento del plazo para liquidarlo unilateralmente—, por lo que el término de dos (2) años para ejercer el medio de control de controversias contractuales comenzó a correr el 22 de octubre de 2010 y, en principio, vencía el 22 de octubre de 2012; no obstante, debido al trámite de conciliación prejudicial adelantado, dicho término se suspendió por tres (3) meses, de manera que la caducidad operaba el 23 de enero de 2013, razón por la cual la demanda presentada el 21 de enero de 2013 fue oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad de controversias contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de unificación de 1º de agosto de 2019, exp. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J) APARTADO III)
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONSORCIO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Están legitimados en la causa por activa los integrantes del Consorcio Pretroncales y por pasiva Metro Cali S. A., por ser partes del contrato de obra objeto de controversia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se constata que tanto quienes integraron el consorcio Pretroncales como Metro Cali S.A. están legitimados en la causa por activa y pasiva, respectivamente, en tanto se constituyeron como partes en el contrato de obra (…) sobre el que versa la controversia sometida a decisión en esta instancia judicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la opción que tienen los integrantes del consorcio de comparecer a los procesos judiciales como demandantes o como demandados, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 25 de septiembre de 2013, exp. 19933, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL / PROHIBICIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / JUICIO DE DERECHO / AUTONOMÍA FUNCIONAL DEL JUEZ / COMPETENCIA DEL JUEZ / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿Corresponde exclusivamente al juez determinar si se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal y si esta es jurídicamente imputable a la entidad contratante?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo atinente a la apreciación y valor probatorio de los dictámenes periciales (…), la Sala precisa que, si bien ambos expertos concluyeron que durante la ejecución del contrato de obra pública se presentó una ruptura de su equilibrio económico imputable al ente contratante, tales apreciaciones desbordan el objeto mismo de la prueba decretada, pues el encargo pericial se circunscribía a la verificación y cuantificación de los sobrecostos que, según la parte actora, asumió en su condición de contratista durante la ejecución del contrato. Así las cosas, la determinación de si efectivamente se configuró la alegada ruptura de la ecuación económica del contrato y si esta resulta jurídicamente imputable a la entidad demandada constituye un juicio que corresponde resolver exclusivamente al juzgador, por ser puntos de derecho; entonces, las conclusiones de los expertos serán apreciadas en conjunto con los demás elementos de convicción obrantes en el expediente y conforme las reglas de la sana crítica, sin que resulten vinculantes para la Sala ni puedan sustituir la valoración jurídica que corresponde efectuar respecto de los hechos debatidos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prohibición de pronunciarse el perito sobre aspectos de derecho que competen al juez, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de mayo de 2024, exp. 65650, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 11 de agosto de 2025, exp. 59412, C. P. Adriana Polidura Castillo.
SOCIEDAD ANÓNIMA / CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA / ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / ENTIDAD DEL ORDEN MUNICIPAL / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Los contratos celebrados por Metro Cali S.A. para el cumplimiento de su objeto social, antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, se encontraban sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y el artículo 93 de la Ley 489 de 1998?
Respuesta al problema jurídico: Si
[R]esulta necesario comenzar por precisar la naturaleza jurídica de Metro Cali S.A., en tanto constituye un elemento determinante para establecer el régimen jurídico al que se encontraba sometido el contrato para la fecha de su celebración, esto es, el 15 de diciembre de 2006 —cuando se encontraba vigente la Ley 80 de 1993 y aún no había entrado en vigor la Ley 1150 de 2007—, así como para identificar las disposiciones que regulaban la actividad contractual de la entidad para ese momento. En este contexto, conviene recordar que, conforme con el Acuerdo Municipal 16 del 27 de noviembre de 1998 y con la escritura pública 058 del 25 de febrero de 1999, Metro Cali S.A. fue constituida como una sociedad anónima por acciones integrada exclusivamente por entidades públicas del orden municipal, sometida, en lo pertinente, a las disposiciones legales aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado —en adelante, EICE—, cuyo objeto social comprende el diseño, la construcción y la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali. Así las cosas, en cuanto al régimen jurídico aplicable a los contratos suscritos por las EICE —cuyas disposiciones resultaban aplicables a Metro Cali S.A.—, la Ley 80 de 1993 dispuso, siguiendo un criterio orgánico, que estos estaban sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —en lo sucesivo, EGCAP—. Posteriormente, el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 introdujo un matiz a dicho criterio al establecer que, si bien los contratos celebrados por las EICE para el cumplimiento de su objeto están sometidos al EGCAP, los actos que expidan para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las normas de derecho privado. De la interpretación armónica de las disposiciones enunciadas se sigue que la determinación del régimen jurídico aplicable no depende exclusivamente de la naturaleza de la entidad contratante, sino también de la finalidad a la que sirve el negocio jurídico. (…) [L]a Sala observa que el contrato (…) fue celebrado para la ejecución de obras destinadas a la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali, actividad directamente vinculada con el objeto institucional de Metro Cali S.A., que se itera, consiste en el diseño, la construcción y la operación de dicho sistema de transporte. Por tanto, al constituir un instrumento para el cumplimiento de ese objeto, el contrato se encontraba sometido al EGCAP y, en particular, a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 vigentes para la fecha de su celebración.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93, LEY 80 DE 1993
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATANTE / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿El reconocimiento de perjuicios o sobrecostos por mayor permanencia en obra procede automáticamente por la ampliación del plazo contractual o exige acreditar de manera concreta los sobrecostos efectivamente causados y su relación causal con dicha prolongación?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sección Tercera ha reconocido que la denominada mayor permanencia en obra constituye una modalidad de afectación económica derivada de la prolongación del plazo de ejecución del contrato por causas no imputables al contratista, capaz de alterar la estructura de costos originalmente prevista para el desarrollo de las obligaciones emanadas del negocio jurídico y que, si bien no supone necesariamente la ejecución de mayores cantidades de obra u obras adicionales —aunque también puede manifestarse en escenarios en los que la ampliación del plazo se encuentre asociada a tales circunstancias—, puede incidir en la economía del contrato al incrementar los costos administrativos, de personal, equipos y demás recursos requeridos para su cumplimiento. La importancia de esta figura radica en que el factor tiempo constituye uno de los elementos determinantes en la estructuración económica del contrato (…). En tal sentido, esta Subsección ha precisado que la mayor permanencia en obra puede obedecer tanto a incumplimientos de obligaciones o deberes de la entidad contratante —entre ellos, el deber de planeación— como a circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que afecten el desarrollo oportuno del contrato. Esta distinción no es irrelevante desde el punto de vista jurídico, pues mientras en el primer supuesto la reclamación debe analizarse bajo la óptica de la responsabilidad contractual, en el segundo corresponde analizarla desde la perspectiva de la ruptura de la ecuación económica del contrato. Ahora bien, debe advertirse que el reconocimiento de perjuicios o sobrecostos por una alegada mayor permanencia en obra no surge de manera automática por la sola circunstancia de haberse ampliado el plazo contractual (…), razón por la cual, bajo esta óptica, se han descartado dictámenes periciales sustentados en cálculos abstractos o en la simple aplicación de porcentajes del AIU, sin respaldo en la efectiva ocurrencia de los gastos cuya indemnización se reclama. Por consiguiente, corresponde a quien formula la reclamación por perjuicios o sobrecostos derivados de una mayor permanencia en obra, de conformidad con la carga probatoria que le asiste, acreditarlos de manera concreta y específica (…). [C]uando no exista una renuncia válida y eficaz que excluya la reclamación de los efectos económicos derivados de la ampliación del plazo contractual, para la prosperidad de pretensiones fundadas en una mayor permanencia en obra se exige demostrar: (i) la efectiva prolongación del plazo contractual; (ii) que dicha extensión no resulta imputable al contratista; (iii) las circunstancias que permiten atribuirla a la entidad contratante o, según el caso, a hechos ajenos a la voluntad de las partes; y (iv) los sobrecostos reales y concretos que aquella generó, así como su relación causal con la prolongación de la ejecución contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de mayor permanencia en obra, características y consecuencias, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 23 de septiembre de 2024, exp. 65351, C. P. Nicolás Yepes Corrales; Conse

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

nsejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 22 de agosto de 2013, exp. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2013, exp. 31431, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de noviembre de 2024, exp. 64057, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VARIACIÓN DEL PRECIO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / FALTA DE PRUEBA / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGO EXTRAORDINARIO / RIESGO PREVISIBLE / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La sola existencia de variaciones en los precios del cemento y del asfalto durante la ejecución del contrato estatal, sin prueba objetiva de su carácter extraordinario e imprevisible, configura la ruptura de la ecuación económica del contrato bajo la teoría de la imprevisión?
Respuesta al problema jurídico: No
Respecto del cemento, se observa que las pruebas recaudadas permiten establecer que durante los años 2006, 2007 y 2008 se presentaron variaciones en el precio de dicho insumo. (…) No obstante, aunque tales certificaciones evidencian la existencia de fluctuaciones en el precio de dicho material durante la ejecución contractual, de su contenido no es posible inferir que estas hubieran revestido un carácter extraordinario e imprevisible, pues se limitan a registrar la evolución del precio del insumo en los años analizados, sin aportar elementos que permitan establecer que las variaciones observadas obedecieron a circunstancias excepcionales o ajenas a las dinámicas ordinarias del mercado. (…) [A]unque la reclamación presentada por el contratista resulta relevante para comprender el fundamento fáctico de la pretensión (…), su contenido no constituye, por sí solo, demostración suficiente de que los incrementos atribuidos al cemento y al asfalto hubieran tenido la magnitud excepcional que se les atribuye, en tanto los cuadros allegados reflejan únicamente la estimación efectuada por el propio reclamante acerca de la actualización de determinados costos de obra, mas no la acreditación objetiva de la evolución de los precios de tales insumos ni de su carácter extraordinario e imprevisible. (…) [L]a sola afirmación [de la interventoría] de que el incremento fue «desmedido» no sustituye la carga de demostrar mediante elementos objetivos de convicción, cuál fue la magnitud real de la variación y por qué esta excedía los riesgos que razonablemente debía asumir el contratista al celebrar el negocio jurídico. (…) [L]a Sala advierte que tales conclusiones [de los dictámenes periciales] no provienen de un análisis autónomo e independiente de la evolución de los precios de dichos insumos, sino que descansan de manera sustancial en la información y en los ejercicios de cuantificación elaborados por el propio contratista durante la ejecución contractual (…). [L]a valoración conjunta del material probatorio permite concluir que, a pesar de que durante la ejecución contractual se registraron variaciones en los precios del cemento y del asfalto, en el expediente no obra prueba suficiente que permita establecer que dichas fluctuaciones hubieran revestido un carácter extraordinario e imprevisible o que excedieran los riesgos normalmente asumidos por el contratista al celebrar el negocio jurídico, razón por la cual, a juicio a la Sala, no se encuentra demostrada la alteración excepcional de las condiciones económicas del contrato alegada por la parte demandante. En tales condiciones, la Sala se abstendrá de analizar la existencia y cuantificación de los sobrecostos cuya reparación se reclama, toda vez que la falta de acreditación de la circunstancia invocada como causal de desequilibrio económico del contrato resulta suficiente para desestimar las súplicas edificadas sobre dicho fundamento. (…) En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto no se desvirtuaron las razones que condujeron al Tribunal a quo a negar las pretensiones de la demanda.
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / PARTE DEMANDADA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia a cargo de la parte a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación, cuando su contraparte intervino en esa instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP dispone que «las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho». A su turno, los artículos 365 (numerales 1 y 8) y 366 ejusdem —aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA— establecen que se condenará en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que en el expediente se acredite su causación; y, en tal evento, su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría del Tribunal a quo, correspondiéndole únicamente a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, conforme con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. (…) [L]a Sala impondrá condena en costas a la parte demandante, al habérsele resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto y teniendo en cuenta que su contraparte —Metro Cali S.A.— intervino activamente en la segunda instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que en esta oportunidad se fijan agencias en derecho por el 0,5% del valor de las pretensiones desestimadas, con fundamento en las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
NOTA DE RELATORÍA:
NO SE IDENTIFICA NOTA DE RELATORIA RELEVANTE.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-07-17. C.P. ADRIANA POLIDURA CASTILLO. Rad. 76001233300020130005602. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020130005602-67729-sentencia).
