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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad

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Fecha
2025-07-01
Radicado
25000233600020210061701
Número interno
72021
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DE ENGATIVA
Demandado
BOGOTA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad

Lo que dijo la Sala

El acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad, calidad y condiciones de la obra ejecutada; a su vez, está llamada a constituir prueba como hito temporal que determinar las bases fácticas de una eventual responsabilidad o hecho revelador de la ocurrencia de un siniestro amparado por la garantía de cumplimiento e instrumentos equivalentes. Esta Subsección ha precisado que el alcance probatorio de las actas de recibo bajo el numeral 4 del artículo 2060 del Código Civil, conforme al cual, el recibo otorgado por el propietario una vez finalizada la obra implica únicamente su aprobación en cuanto a su conformidad externa con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, de manera que no exime al constructor de su responsabilidad por los potenciales vicios inherentes a la construcción, al terreno o a los materiales empleados.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 13
  • Ley 84 de 1873, art. 2060 núm. 4

También resuelve

  • ¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo?
  • ¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades?
  • ¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA ALCANCE DE LA PRUEBA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA OCURRENCIA DEL SINIESTRO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL DUEÑO DE LA OBRA RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR OBRA PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ENTREGA DE OBRA PÚBLICA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONDICIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO ESTATAL ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO CIERRE DEL CONTRATO OBLIGACIONES CONTRACTUALES SUBSISTENTES POSTERIORES A LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DE PAGO NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PAGO DE LA OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL IMPUTACIÓN DEL PAGO EN EL CONTRATO ESTATAL BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO ALCANCE DEL CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO PRINCIPIO DE COHERENCIA PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INVALIDEZ DEL CONTRATO MUTUO CONSENTIMIENTO EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OTROSÍ AL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO PRECIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO VIGENCIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO AUTORIZACIÓN PARA DESCUENTOS POR PARTE DEL TRABAJADOR NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR PAGO AL CONTRATISTA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO IMPROCEDENCIA DE PAGO DEL SALARIO FALTA DE PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES FALTA DE PAGO DEL APORTE PARAFISCAL REQUISITOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEDUCCIÓN POR DESCUENTO CONDICIONADO FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO MULTA AL CONTRATISTA COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ACTO SEPARABLE OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL ETAPA CONTRACTUAL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DERECHO A LA EQUIDAD DERECHOS DEL CONTRATISTA DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ETAPA PROBATORIA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO AMONESTACIÓN AL CONTRATISTA CITACIÓN A PROCESO DE DESCARGOS NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PLANTA DE PERSONAL VINCULACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL CAPACIDAD DEL TRABAJADOR REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR CUENTAS NO PRESENTADAS OPORTUNAMENTE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL FALTA DE CAPACIDAD CONTRACTUAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VÍA JUDICIAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN SUCESIVA DESCUENTOS AL TRABAJADOR PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS GESTIÓN DEL ABOGADO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCESO DECLARATIVO

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Titulación de la relatoría 28.206 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / ALCANCE DE LA PRUEBA / RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DUEÑO DE LA OBRA / RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONSTRUCTOR / RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR / OBRA PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN / MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? Respuesta al problema jurídico: No El acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad, calidad y condiciones de la obra ejecutada; a su vez, está llamada a constituir prueba como hito temporal que determinar las bases fácticas de una eventual responsabilidad o hecho revelador de la ocurrencia de un siniestro amparado por la garantía de cumplimiento e instrumentos equivalentes. Esta Subsección ha precisado que el alcance probatorio de las actas de recibo bajo el numeral 4 del artículo 2060 del Código Civil, conforme al cual, el recibo otorgado por el propietario una vez finalizada la obra implica únicamente su aprobación en cuanto a su conformidad externa con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, de manera que no exime al constructor de su responsabilidad por los potenciales vicios inherentes a la construcción, al terreno o a los materiales empleados. Esta norma es aplicable en virtud de la remisión normativa contemplada por el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. De esta forma, el recibo de la obra implica la verificación de los estándares constructivos, de calidad y operatividad esperados, de manera que por su fin mediato no coincide de manera necesaria e indefectible a una declaración definitiva sobre el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista, pues la complejidad de las obras o el trabajo encomendado puede reclamar de otras verificaciones previas o posteriores, entre otros. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza del acta de recibo final de obra, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2021, rad. 48794, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060 NUMERAL 4 NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONDICIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO ESTATAL / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CIERRE DEL CONTRATO / OBLIGACIONES CONTRACTUALES SUBSISTENTES POSTERIORES A LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo? Respuesta al problema jurídico: Si Por su objeto y fin, la diligencia de entrega y el acta que con motivo de ella las partes suscriben, difiere de la liquidación del contrato, la cual constituye una actuación integral y compleja donde se realiza el corte de cuentas definitivo entre las partes, lo que implica una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, abarcando temas técnicos, operativos y financieros, el cumplimiento de plazos, la vigencia de garantías, la calidad de los materiales y otros compromisos contractuales. La liquidación del contrato no es solo un acta sino que representa un acto jurídico en el que se vierte la síntesis de una actuación mancomunada de las partes en la búsqueda del cierre total y definitivo del contrato, sobre la evidencia de lo ocurrido y la voluntad explícita que ellas tengan para superar los obstáculos y llegar a los acuerdos que eventualmente impidan un cierre de consuno. Como apenas parece obvio, la liquidación puede revelar situaciones que en criterio de las partes constituyan incumplimientos o que no eran discernibles o evidentes al momento del recibo a satisfacción, así como aquellos que puedan surgir con posterioridad. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD POR OBRA PÚBLICA / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE PAGO / NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / CIERRE DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DE LA OBRA PÚBLICA / ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPUTACIÓN DEL PAGO EN EL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades? Respuesta al problema jurídico: No En el caso en concreto, las partes pactaron en el parágrafo sexto de la cláusula sexta del contrato que los pagos estarían sujetos a la presentación, entre otros, del certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, a su vez, que el negocio jurídico sería objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. El 10 de noviembre de 2017, la contratante, contratista y la interventoría formalizaron la suscripción del acta de recibo final. En este documento, además de certificar que las obras habían sido ejecutadas a satisfacción y, por consiguiente, eran formalmente recibidas por la entidad contratante, se dejó constancia explícita de que esta recepción no eximía al contratista, ni a la interventoría del estricto cumplimiento de sus respectivas responsabilidades y obligaciones contractuales, por lo que la finalidad primordial del acta suscrita se circunscribió a la recepción formal de las obras ejecutadas en observancia de los términos previamente acordados, constituyendo además, uno de los requisitos esenciales para proceder a su correspondiente pago. (…) Aunque la obra fue recibida con la manifestación que se hacía “a satisfacción”, esta circunstancia no era oponible para que en la liquidación unilateral, se efectuara un análisis técnico y financiero exhaustivo del contrato con el objetivo primordial de determinar la totalidad de actividades ejecutadas por el contratista, los pagos efectuados, los saldos pendientes, los reconocimientos o descuentos a realizar, y en general, el balance financiero definitivo del negocio jurídico, con el propósito de finiquitar de manera integral la relación jurídica contractual. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO / ALCANCE DEL CONCEPTO DE INTERÉS PÚBLICO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE COHERENCIA Problema jurídico: ¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos, como manifestación de confianza, diligencia y colaboración en la contratación estatal? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l principio de buena fe contractual es un deber de conducta que se predica de todas las relaciones negociales y que se traduce en actuar con rectitud, honradez, lealtad y corrección recíproca en todos los actos, tratos o conversaciones del vínculo jurídico contractual ya establecido, de modo que sirve de cauce para la labor interpretativa, todo lo cual, se deriva en una exigencia de un comportamiento de mutua confianza, diligencia y colaboración para la satisfacción del interés público que se persigue con la contratación estatal. Con ocasión de dicho principio, también se ha señalado por esta Corporación que el no actuar contra los actos propios, es una expresión del principio general de la buena fe y que implica a las partes mantener un comportamiento coherente con sus actuaciones y reprocha la conducta de una persona que se contrapone con su comportamiento anterior. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de buena contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, rad. 31447, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 10 de marzo de 2011, rad. 15935, C. P. Danilo Rojas Betancourt. PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / INVALIDEZ DEL CONTRATO / MUTUO CONSENTIMIENTO / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿El incumplimiento de una de las partes de las obligaciones libremente pactadas, sin mediar consentimiento del co contratante ni causa legal que lo justifique, desconoce el principio de fuerza obligatoria del contrato y de buena fe contractual? Respuesta al problema jurídico: Si Adicionalmente, se recuerda que un principio cardinal del acuerdo de voluntades generador de obligaciones es el de normatividad del contrato (lex contractus, pacta sunt servanda) consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual, los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales, de manera que una de estas no puede unilateralmente desconocer las obligaciones que adquirió, debiendo cumplirlas en los términos en que se comprometió a hacerlo. La inobservancia de este principio, que supone el carácter y la fuerza vinculante para las partes de un contrato existente y válido como fuente de obligaciones, con el consecuente deber de tener en cuenta en su ejecución el principio de buena fe en los términos del artículo 1603, hace caer en responsabilidad a la parte que comete la infracción al contenido del título obligacional. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OTROSÍ AL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / VIGENCIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUTORIZACIÓN PARA DESCUENTOS POR PARTE DEL TRABAJADOR / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / NORMATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL / DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR / PAGO AL CONTRATISTA / SECRETARÍA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Problema jurídico: ¿Vulnera el principio de normatividad del contrato y de buena fe que una entidad contratante desconozca valores pactados en un otrosí con efectos transaccionales, cuya validez no ha sido cuestionada, al descontarlos en la liquidación unilateral sin causa justificada? Respuesta al problema jurídico: Si [N]o es de recibo que la entidad desconozca su propia voluntad plasmada en un negocio jurídico para negarse a reconocer valores que ya habían sido acordados en el otrosí 1, con efectos transaccionales, acuerdo cuya legalidad no fue objeto de controversia y, por ende, mantiene incólumes sus efectos jurídicos. Se resalta, además, que la misma entidad reconoce en el acto de liquidación demandado que ante las observaciones presentadas por la Contraloría de Bogotá, mantuvo su posición de que la suscripción del otrosí obedeció a la necesidad de resolver reclamaciones de un desequilibrio económico ocasionado por acreditadas circunstancias ajenas a las partes, por lo que para ajustar los precios por cambio de vigencia y el reconocimiento por mayor permanencia, aplicó criterios objetivos que soportó y motivó debidamente atendiendo a la normatividad aplicable y lo pactado bajo el negocio jurídico principal. Aunque en la liquidación unilateral se descontaron esos valores previamente reconocidos bajo un negocio jurídico con plenos efectos transaccionales, no se indicó en ese mismo acto por la entidad contratante alguna circunstancia que pudiera comprometer su validez, y mucho menos, una causa justificada para desconocerlo (…). En consecuencia, el descuento realizado por estos conceptos resulta improcedente asistiéndole razón al apelante, por cuanto la entidad no podía desconocer el contenido obligacional al que se sujetó bajo el otrosí 1, negocio jurídico existente y válido, en trasgresión del principio de normatividad de los contratos y de la buena fe y lealtad que debe regir las relaciones negociales. Finalmente, se advierte que estos conceptos no solo deben ser excluidos de los descuentos efectuados, sino que deben ser reconocidos como un saldo a favor del contratista conforme a lo solicitado en las pretensiones de la demandada, en la medida que no fueron pagados por la entidad contratante, tal como se afirmó por la parte actora y se aceptó por la demandada, sin que obren elementos de prueba en el proceso que acrediten lo contrario pese haberse allegado el expediente administrativo del contrato. LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / IMPROCEDENCIA DE PAGO DEL SALARIO / FALTA DE PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES / FALTA DE PAGO DEL APORTE PARAFISCAL / REQUISITOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DEDUCCIÓN POR DESCUENTO CONDICIONADO / DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MULTA AL CONTRATISTA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO SEPARABLE / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / ETAPA CONTRACTUAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO A LA EQUIDAD / DERECHOS DEL CONTRATISTA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / ETAPA PROBATORIA / PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La liquidación unilateral de un contrato permite a la entidad contratante declarar incumplimientos y tasar perjuicios sin que previamente se haya expedido un acto administrativo motivado en la fase de ejecución contractual que respete el debido proceso? Respuesta al problema jurídico: No Atendido al objeto, contenido y fin de la liquidación unilateral del contrato, la Sala recaba en que esta no comporta para la entidad contratante la prerrogativa o facultad de establecer unilateralmente la responsabilidad de su contratista ante el incumplimiento de un débito obligacional, pues ello debió haberlo hecho con anterioridad en la forma autorizada por la ley, por ejemplo, mediante la declaratoria de caducidad del contrato motivada en el grave incumplimiento del contratista, o en desarrollo de la facultad contenida en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 que faculta a la administración a declarar el incumplimiento del contratista e imponer las multas y la cláusula penal, lo cual debe realizarse mediante acto motivado bajo el procedimiento especial definido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 con sujeción a las garantías del derecho de defensa y contradicción. En este sentido, la potestad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente un contrato no conlleva la de declarar incumplimientos y tasar perjuicios, cuando ello no ha sido previamente definido en actos administrativos separados durante la fase de ejecución contractual, aspecto que no corresponde a un simple formalismo procedimental, sino a una salvaguarda esencial para garantizar la justicia y la equidad en la gestión contractual estatal. La razón primordial que subyace a esta restricción radica en que imputar a un contratista el incumplimiento de sus obligaciones contractuales e imponerle la carga de indemnizar los perjuicios ocasionados y el pago de las sanciones convencionales contenidas en el negocio jurídico, constituye una decisión administrativa de trascendental impacto en sus derechos e intereses patrimoniales, lo que excluye la posibilidad de que esta determinación pueda realizarse en la liquidación, y menos aún, sin haber brindado previamente al contratista la oportunidad de conocer los cargos en su contra, presentar descargos, aportar pruebas y ejercer los recursos administrativos pertinentes, en tanto ello contravendría flagrantemente el principio fundamental del debido proceso que rige todas las actuaciones administrativas de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DEDUCCIÓN POR DESCUENTO CONDICIONADO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHOS DEL CONTRATISTA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AMONESTACIÓN AL CONTRATISTA / CITACIÓN A PROCESO DE DESCARGOS / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Problema jurídico: ¿Resulta jurídicamente procedente el descuento incluido por la entidad contratante en el acto de liquidación unilateral del contrato, por presuntos incumplimientos del contratista, sin que exista una previa actuación administrativa que haya permitido ejercer su derecho de defensa y contradicción? Respuesta al problema jurídico: No [L]a inclusión en el acto de liquidación unilateral de tasaciones de perjuicios por incumplimientos que no fueron objeto de un pronunciamiento administrativo previo que garantizara el derecho de defensa del contratista, desnaturaliza la finalidad de este acto administrativo, convirtiéndolo en un instrumento sorpresivo y potencialmente arbitrario en detrimento de los derechos del contratista, quien se vería imposibilitado de controvertir las imputaciones efectuadas por la entidad. En consecuencia, resulta improcedente el descuento efectuado por la entidad demandada en el acto de liquidación unilateral por la suma de $632’781.990, por el presunto incumplimiento de las obligaciones del pago de salarios, prestaciones sociales, parafiscales y contratación del personal mínimo requerido. Se observa, además, que no existe en el acto administrativo de liquidación unilateral análisis o valoración alguna que justifique la suma de $632’781.990 descontada (…). [N]o obra en el expediente informe o requerimiento alguno al contratista por parte de la supervisión, la interventoría o la entidad contratante en el que se haya hecho referencia a las obligaciones determinadas como incumplidas en el acto de liquidación, pese a que los pagos de salarios, prestaciones sociales, parafiscales y la contratación del personal mínimo requerido, corresponden a obligaciones a cargo del contratista que debieron ser verificadas periódicamente durante la ejecución del negocio jurídico con el fin de garantizar el cumplimiento de las obras bajo las condiciones técnicas acordadas, y salvaguardar los intereses de la entidad frente a eventuales reclamos de los empleados contratados por el constructor para ello. NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PLANTA DE PERSONAL / VINCULACIÓN A LA PLANTA DE PERSONAL / CAPACIDAD DEL TRABAJADOR / REQUISITOS DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO ESTATAL / CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / ETAPA CONTRACTUAL / CUENTAS NO PRESENTADAS OPORTUNAMENTE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE CAPACIDAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO Problema jurídico: ¿Puede la entidad contratante declarar incumplida la obligación de personal mínimo en un contrato estatal cuando ya ha recibido a satisfacción la obra ejecutada conforme a las condiciones pactadas y requisitos técnicos establecidos? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala repara en que la obligación del personal mínimo en un contrato estatal tiene por finalidad asegurar que el contratista disponga de los recursos humanos cuantitativa y cualitativamente necesarios para ejecutar el objeto en el plazo y conforme a los estándares técnicos exigidos. En esa medida, como la recepción a satisfacción de la obra o servicio implica el reconocimiento por parte de la entidad contratante de que la prestación ejecutada por el contratista se ajusta a las condiciones pactadas y cumple con los requisitos técnicos establecidos en el contrato, una vez suscrita el acta correspondiente, carece de sentido que la entidad decida declarar que el contratista incumplió con la obligación de contratar el recurso humano mínimo necesario para tal finalidad. (…) Además, se resalta que las potestades atribuidas por la ley a las entidades estatales en el ejercicio de la actividad contractual tienen por finalidad asegurar que el objeto contractual se cumpla a cabalidad, en los términos acordados y en beneficio del interés público que subyace a la actividad contractual del Estado, por lo que si la obligación de contratar el personal mínimo tiene por finalidad la construcción de la obra bajo las condiciones técnicas pactadas, no existe fundamento para que la entidad haciendo uso de sus prerrogativas, declare esa prestación como incumplida cuando la ejecución del objeto en los términos convenidos ya se había verificado y formalizado en el acta correspondiente, pues como se ha expuesto, la obligación de garantía del personal no es un fin en sí mismo, sino que corresponde a un factor ligado a la forma en que se desarrolló el contrato y a la consecución de los resultados que llevaron a la entidad a expresar su satisfacción con la obra ejecutada. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN SUCESIVA / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / DESCUENTOS AL TRABAJADOR / DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR Problema jurídico: ¿Debe la liquidación judicial de un contrato de obra reconocer al contratista únicamente los valores admitidos por las partes y respaldados en pruebas, incluyendo la devolución de la rete garantía, mayor permanencia y cambio de vigencia? Respuesta al problema jurídico: Si Como se expuso en el análisis de los descuentos efectuados por la entidad demandada, se aceptaron por la parte actora los correspondientes a: (a) el mayor valor pagado por transporte y disposición final de escombros ($38’180.686); (b) el ajuste de rete garantía por menor valor descontado en facturas pagadas ($627.795); y, (c) la implementación del PMT (Aforador por día -$5.215.990-, Coordinador de tránsito por día -$2.019.106- y Elaboración de planos récord -$16.180.032-). Adicionalmente, la suma referida a la señalización de segmentos viales fue negada por el a quo, sin que ello se cuestionara en el recurso de apelación. Bajo el acto de liquidación unilateral se determinó que el valor a favor del contratista por concepto de devolución de la retención en garantía correspondía a la suma de $635’882.878, y aunque en las pretensiones de la demanda se solicitó por ese concepto y por los presuntos incumplimientos la suma global de $1’164.117.122, lo cierto es que en los fundamentos de hecho y en los cargos de nulidad no se elevó cuestionamiento alguno frente al acto acusado respecto del monto indicado por retegarantía, como tampoco existe prueba en el expediente que desvirtúe su exactitud y veracidad. Por tanto, se tomará la suma de $635’882.878 por concepto de rete garantía a favor del demandante, por ser el valor reconocido por la entidad demandada y al no haberse acreditado por la parte actora una suma diferente. Deben pagarse a favor del demandante los valores relativos a los reconocimientos por mayor permanencia ($117’888.411) y cambio de vigencia ($322’061.337) por las razones ya anotadas. (…) En consecuencia, se liquida judicialmente el contrato de obra 019 de 2015 suscrito entre el Consorcio Infraestructura Engativá y la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C. PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / GESTIÓN DEL ABOGADO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCESO DECLARATIVO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la entidad demandada por ser la parte vencida en el proceso y a favor del consorcio demandante al evidenciarse que esta actuó de manera diligente a través de apoderado judicial? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente caso se observa que la parte actora atendió el proceso de manera diligente y oportuna, pues contaba con apoderado que asumió su representación judicial, gestión que se estima suficiente para que se disponga a su favor la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas. El artículo 365 del CGP, en el numeral 4, dispone que cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del CGP. En virtud del numeral 4 del artículo 366 antes referido, las costas se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, el cual dispone que en las sentencias dictadas en procesos declarativos de mayor cuantía se fijarán, en primera instancia, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido, y segunda, entre 1 y 10 SMLMV. En consecuencia, se fijan como agencias en derecho a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte actora, por la primera instancia, la suma de $42’841.861 correspondiente al 3% de los valores reconocidos, y por la segunda instancia, el equivalente a un (1) SMLMV. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la condena en costas, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 31 de mayo de 2022, rad. 11001-03-15-000-2021-11312-00 (IJ), C. P. Rocío Araújo Oñate. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202100617011100103