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Consejo de Estado
Providencia
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial?
Sentencia — Sentencia
2023-10-06
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020140007300
LEY 1437 REPETICION
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial? No
En la acción de repetición, la sentencia que anula el acto de desvinculación no prueba por sí misma el dolo ni la culpa grave del servidor, de modo que la responsabilidad patrimonial exige demostrar su conducta. La regla se apoya en tres razones. Primera, la presunción de dolo por desviación de poder solo opera cuando se acredita el hecho que la configura, esto es, un fin particular o arbitrario perseguido por la administración. Segunda, la entidad demandante debe aportar el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, pues la sola sentencia de nulidad y restablecimiento no permite inferir el elemento subjetivo. Tercera, la carga de la prueba recae en el accionante, que no puede beneficiarse de presunciones cuyo supuesto de hecho no está configurado. Por ello, la providencia niega las pretensiones de la demanda. En la práctica, la repetición fracasa cuando el actor se limita a la sentencia condenatoria y no aporta los actos y las pruebas que acrediten la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:
¿La sentencia no analizó ninguna prueba en la que se evidenciara que el demandante obró con desviación de poder?
¿El acto de insubsistencia demandado no persiguió las razones del buen servicio público porque la Administración no probó que su retiro haya obedecido a tales razones?
¿Se estudia si se configura el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada por la parte demandante?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-04-24
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020100006601
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:
¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?
¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?
¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020090044701
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:
¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?
¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?
¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El acta de recibo final de la obra constituye un instrumento formal por medio del cual se verifica y deja constancia de la cantidad
Sentencia — Sentencia
2025-07-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020210061701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo?
¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades?
¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: debió declararse la nulidad del acto demandado
Salvamento voto — Salvamento de voto
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020140031702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debió declararse la nulidad del acto demandado toda vez que el cargo de falsa motivación estaba acreditado? Sí
Considero que debió declararse la nulidad del acto demandado toda vez que el cargo de falsa motivación sí estaba acreditado. Tanto la Ley 963 de 2005 como el Decreto 2950 de 2005 establecen que las solicitudes para la celebración de contratos de estabilidad jurídica deben ser evaluadas conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y el documento CONPES expedido para tal efecto. El Documento CONPES 3366 de 2006 dispuso los… criterios de evaluación para las solicitudes. Del contenido del acto administrativo demandado se evidencia que el comité no acudió a los criterios establecidos en el documento CONPES antes referido, pues la negativa de la solicitud se basó en la aplicación de otras normas y se hizo referencia a un documento CONPES diferente al 3366.
También resuelve:
¿La discrecionalidad que tiene la Administración en la toma de la decisión implica que esta pueda abandonar su deber de motivar debidamente las decisiones?