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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

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Fecha
2025-12-09
Radicado
25000233600020200031401
Número interno
69577
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
PROCOPAL S.A.
Demandado
DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO – ALCALDÍA LOCAL DE SUBA – FONDO DE DESARROLLO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Lo que dijo la Sala

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato de obra No. 338 de 2017 fue suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de Suba -entidad pública con personería jurídica- y Procopal S.A., cuyo objeto consistió en “ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba, el cual incluye diagnóstico, estudios y diseños, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato de obra suscrito por un fondo de desarrollo local, entidad pública con personería jurídica, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: el contrato tiene por objeto la ejecución de obras y actividades de conservación de la malla vial y del espacio público, que hacen parte de la actividad contractual de la entidad pública; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del mismo código fija la competencia de esta Corporación en segunda instancia por la cuantía de la pretensión mayor, que supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de presentar la demanda. Por ello, el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal corresponde a esta Corporación. La providencia de primera instancia se confirma.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe entenderse que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo —y en segunda instancia el Consejo de Estado— es competente para conocer del litigio relacionado con el contrato de obra No. 338 de 2017?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 2

También resuelve

  • ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procedente para resolver la reclamación del contratista por los saldos derivados del presunto incumplimiento del contrato de obra…
  • ¿Procopal S.A. y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, están legitimados en la causa, por activa y por pasiva respectivamente, al ser partes del contrato discutido?
  • ¿La caducidad del medio de control se configura, dado que la demanda del 1.º de octubre de 2020 se presentó dentro del plazo de dos años contado desde el vencimiento del término para la liquidación…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DOBLE INSTANCIA CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENTIDAD PÚBLICA PERSONERÍA JURÍDICA COMPETENCIA FUNCIONAL COMPETENCIA OBJETIVA MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA PRETENSIONES DE LA DEMANDA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO MINISTERIO PÚBLICO NULIDAD ABSOLUTA INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CAPACIDAD PARA SER PARTE CONTRATISTA CONTRATANTE RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CLÁUSULAS DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO ESTATAL VIGENCIA FISCAL VIGENCIA FISCAL EXPIRADA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA ERROR EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA AGENCIAS EN DERECHO COSTAS PROCESALES CONTRATO PÚBLICO ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL OBLIGACIÓN CONTRACTUAL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DERECHO PRIVADO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACUERDO DE VOLUNTADES CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL BUENA FE CONTRACTUAL RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD CARGA DE LA PRUEBA FALTA DE PRUEBA CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL INEXISTENCIA DEL PERIODO PROBATORIO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO INEXISTENCIA DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS PROPORCIONALIDAD LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES OBJECIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO SEGUNDA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMACIÓN DEL FALLO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 37.419 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DOBLE INSTANCIA / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FONDO DE DESARROLLO LOCAL / ENTIDAD PÚBLICA / PERSONERÍA JURÍDICA / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA OBJETIVA Problema jurídico: ¿Debe entenderse que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo —y en segunda instancia el Consejo de Estado— es competente para conocer del litigio relacionado con el contrato de obra No. 338 de 2017? Respuesta al problema jurídico: Si La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato de obra No. 338 de 2017 fue suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de Suba -entidad pública con personería jurídica- y Procopal S.A., cuyo objeto consistió en “ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba, el cual incluye diagnóstico, estudios y diseños, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos”. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 12 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón a que la cuantía de la demanda excedió los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición del libelo introductorio. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 2 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / MINISTERIO PÚBLICO / NULIDAD ABSOLUTA / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procedente para resolver la reclamación del contratista por los saldos derivados del presunto incumplimiento del contrato de obra No. 338 de 2017? Respuesta al problema jurídico: Si En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere al reconocimiento y pago de saldos a favor del contratista derivados del presunto incumplimiento de lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra No. 338 de 2017 (...), el medio de control procedente es el de controversias contractuales. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONTRATO DE OBRA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CAPACIDAD PARA SER PARTE / CONTRATISTA / CONTRATANTE / FONDO DE DESARROLLO LOCAL / RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL Problema jurídico: ¿Procopal S.A. y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, están legitimados en la causa, por activa y por pasiva respectivamente, al ser partes del contrato discutido? Respuesta al problema jurídico: Si Legitimación en la causa. Procopal S.A. y el Fondo de Desarrollo Local de Suba están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que ostentan la calidad de partes del contrato objeto de la litis. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La caducidad del medio de control se configura, dado que la demanda del 1.º de octubre de 2020 se presentó dentro del plazo de dos años contado desde el vencimiento del término para la liquidación unilateral —8 de marzo de 2020—, momento en que el contrato aún no había sido liquidado? Respuesta al problema jurídico: No Oportunidad del medio de control. El artículo 164 numeral 2 literal j) del CPACA establece varios supuestos para la determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales. De forma general, dispone que dicho término empezará a correr a “partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento” y enseguida establece una serie de supuestos aplicables a los contratos según estos sean de ejecución instantánea o requieran o no liquidación. (...) En el sub examine es pertinente precisar que, aunque en segunda instancia se decretó como prueba el acta de liquidación bilateral del contrato de obra No. 338 de 2017, suscrita entre las partes el 9 de diciembre de 2021, dicha circunstancia no tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad del medio de control para el caso concreto. Lo anterior, comoquiera que el acuerdo de voluntades referido fue suscrito con posterioridad a la presentación de la demanda -1º de octubre de 2020- de modo que, al momento de la formulación del líbelo introductorio, el contrato aún no había sido formalmente liquidado. En esa medida, la Sala considera que la oportunidad del ejercicio del medio de control debe examinarse atendiendo el supuesto normativo aplicable al momento de la interposición de la demanda, pues en ese momento el término empezó a correr, de conformidad con lo establecido een el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP. Así las cosas, debe tenerse en cuenta que en la cláusula decimosexta del contrato (...) las partes estipularon que este se liquidaría dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para su ejecución o a la expedición del acto administrativo que ordenara su terminación, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. De esta previsión contractual se desprende que el plazo para la liquidación bilateral del contrato era de seis (6) meses y, una vez vencido este sin acuerdo entre las partes, la entidad podía proceder a la liquidación unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Sobre este punto, conviene recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que los contratos de tracto sucesivo sometidos a las prescripciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en ausencia de acuerdo sobre el balance final del negocio jurídico, pueden ser liquidados unilateralmente por la Administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. (...) En el expediente no obra acto administrativo que hubiere ordenado la terminación del contrato, razón por la cual ha de tenerse en cuenta el término en el que finiquitó el plazo de ejecución, esto es, el 6 de julio de 2019 (...). En consecuencia, el término de seis (6) meses para la liquidación bilateral del vínculo obligacional vencía el 7 de enero de 2020, mientras que el término de los dos (2) meses para efectuar la liquidación unilateral transcurrió hasta el 8 de marzo de 2020. A partir de esta última fecha comenzó a computarse el término de caducidad de dos (2) años previsto en la Ley. Por tanto, como la demanda se presentó el 1º de octubre de 2020, se concluye que esta se allegó dentro del plazo previsto en la Ley. Lo anterior, incluso sin tener en cuenta la suspensión del término de caducidad producto del trámite de la conciliación extrajudicial23, así como también la suspensión de términos que operó entre el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, en virtud del Decreto Legislativo 564 de 2020, en concordancia con los Acuerdos Nos. PCSJA20-11517 del 15 de marzo y PCSJA20-11657 del 5 de junio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los contratos de tracto sucesivo sometidos a las prescripciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 5 de febrero de 2021, Exp. 49792, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PCSJA20‑11657 DE 2020, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PCSJA20‑11517 DE 2020, DECRETO 019 DE 2012 - ARTÍCULO 217, DECRETO LEGISLATIVO 564 DE 2020, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / VIGENCIA FISCAL / VIGENCIA FISCAL EXPIRADA / CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / ERROR EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / AGENCIAS EN DERECHO / COSTAS PROCESALES / CONTRATO PÚBLICO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Debe la Sala determinar si la entidad incumplió la cláusula quinta del Contrato de Obra 338 de 2017 al no reconocer los ajustes por cambio de vigencia fiscal de 2018 y 2019 y, en consecuencia, ordenar su pago conforme a lo pactado, así como verificar la validez de la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto, en su demanda la parte actora fundó sus pretensiones en el reconocimiento y pago de saldos derivados de lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra No. 338 de 2017, estipulación que previó la posibilidad de reconocer ajustes por cambio de vigencia fiscal a favor del contratista, siempre que dicha circunstancia obedeciera a causas no imputables a este. El Tribunal a quo examinó el caso al amparo del desequilibrio económico del contrato y negó el reconocimiento pretendido. Por su parte, en el recurso de apelación, la parte actora no solo reprochó que el Tribunal hubiera analizado el caso en sede de la ruptura de la ecuación económica del contrato, sino que, insistió en el argumento según el cual la entidad contratante debió haber efectuado el reconocimiento y pago de los ajustes a que tenía derecho conforme a lo previsto en la cláusula referida, y cuestionó lo atinente a la condena en costas por concepto de agencias en derecho. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 42 del CGP, es deber del juez “interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia”. En virtud de esta prerrogativa, el derecho de defensa del demandado no puede verse afectado, no se podrá variar la causa petendi, ni las pretensiones de la demanda y el medio de control al que eventualmente se adecue el proceso no puede estar caducado. Desde esa perspectiva, y atendiendo al deber del juez de interpretar la demanda de tal manera que permita decidir el asunto de fondo, la Sala advierte, tanto del contenido del escrito inicial como de lo reiterado en el recurso de apelación, que la parte actora reprocha el presunto incumplimiento, por parte de la entidad contratante, de la cláusula quinta del contrato de obra No. 338 de 2017. En efecto, la demandante reclama el reconocimiento y pago de los ajustes derivados del cambio de vigencia fiscal previstos en la referida cláusula, respecto de los cuales considera tener derecho, por haberse configurado los supuestos que habilitaban su procedencia; sin embargo, según aduce, la entidad se negó a efectuarlos, pese a las solicitudes que en tal sentido le fueron presentadas. Así, al pretender que se ordene el cumplimiento estricto de lo previsto en la cláusula quinta, la parte actora pone de manifiesto -aunque no lo formule de manera expresaque la entidad contratante incurrió en un incumplimiento previo de la obligación allí consagrada. En efecto, la petición de que se dé estricto cumplimiento a lo pactado presupone, necesariamente, la afirmación implícita de que dicha estipulación ha sido desatendida. De esta manera, para la Sala es dable entender que las pretensiones de la demandante se encaminan, esencialmente, a que se le ordene el reconocimiento y pago de los valores correspondientes a los ajustes de las vigencias fiscales 2018 y 2019, como consecuencia del incumplimiento de la cláusula quinta del contrato por parte de la entidad contratante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de la interpretacion de la demanda para decidir de fondo, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, Exp. 26870, C.P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 42 NUMERAL 5 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FONDO DE DESARROLLO LOCAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / DERECHO PRIVADO Problema jurídico: ¿El contrato de obra celebrado por el Fondo de Desarrollo Local de Suba se rige por el Estatuto General de Contratación, Ley 80 de 1993, dada su naturaleza como entidad con personería jurídica y patrimonio propio conforme al artículo 87 del Decreto Ley 1421 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto Ley 1421 de 1993 - norma vigente para el momento de la celebración del contrato- en cada una de las localidades de Bogotá D.C. existe un Fondo de Desarrollo Local con personería jurídica y patrimonio propio, destinado a financiar las inversiones priorizadas en el Plan de Desarrollo Local, en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. En consecuencia, los contratos celebrados por los Fondos de Desarrollo Local se encuentran sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por tratarse de entidades creadas por el Distrito de Bogotá con capacidad legal para celebrar contratos, en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Así las cosas, teniendo en cuenta que el contrato de obra sometido a juicio fue celebrado por el Fondo de Desarrollo Local de Suba como entidad contratante, con el objeto de ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y el espacio público de la localidad de Suba, incluyendo diagnóstico, estudios, diseños, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y atención de emergencias, se colige que el régimen del negocio jurídico es el previsto en la Ley 80 de 1993 y le son aplicables las disposiciones contenidas en esta normatividad, en especial lo dispuesto en el artículo 32-1 sobre el contrato de obra; lo anterior, sin perjuicio de la remisión al derecho privado prevista en el artículo 13 del mismo estatuto. FUENTE FORMAL: LEY 1421 DE 1993 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / CUENTAS POR COBRAR / CUENTAS POR PAGAR / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VIGENCIA FISCAL / VIGENCIA FISCAL EXPIRADA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El acta de liquidación bilateral del 9 de diciembre de 2021 dejó excluidas, por falta de consenso, las reclamaciones por ajustes de vigencia fiscal de 2018 y 2019 que, posteriormente, permitiendo su posterior discusión judicial? Respuesta al problema jurídico: Si Alcance del acta de liquidación bilateral del contrato de obra No. 338 de 2017 suscrita entre las partes el 9 de diciembre de 2021 (...) Sobre el particular, debe recordarse que la liquidación bilateral de los contratos sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública es una actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, que supone un acuerdo de voluntades que finiquita la relación negocial, en virtud del cual las partes establecen si existen acreencias pendientes a favor o a cargo de las partes, realizan un balance de las cuentas y, si es del caso, efectúan las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar como resultado de la ejecución del contrato celebrado. (...) En este orden de ideas, cabe destacar que si bien el acta de liquidación bilateral fue suscrita por las partes con posterioridad a la presentación de la demanda, lo cierto es que dicho documento constituye un acuerdo de voluntades que comprende el corte final de cuentas del negocio jurídico, por lo que corresponde al juez del contrato desentrañar el alcance de las estipulaciones pactadas, de acuerdo con las reglas de interpretación de los negocios jurídicos y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato, con el fin de establecer la común intención de los contratantes, determinando, concretamente, si aquellos procuraron con dicho acuerdo de voluntades regular los asuntos cuya reclamación se formula en la demanda y los términos de dicha regulación. A la vista de las anteriores consideraciones, la Sala procede a examinar el acta de liquidación bilateral del contrato, a efectos de establecer el alcance del acuerdo de voluntades y determinar si en el mismo quedaron cobijados los conceptos que son materia de las pretensiones propuestas por la actora en el libelo introductorio y si, en consecuencia, su formulación en sede judicial desconoce o no lo pactado, es decir, si las desavenencias que son objeto de reclamación en la demanda formaron parte del cruce final de cuentas convenido o quedaron resueltas allí. Así las cosas, descendiendo al caso concreto se observa que en el texto del acta de liquidación bilateral (...), las partes consignaron la información atinente al objeto del contrato, su valor, plazo de ejecución, suspensiones, prórroga, fecha de terminación, entre otros aspectos. Además, acordaron el balance financiero del contrato, en el que reflejaron que su valor total fue de $26.300´000.000,00, consignando que de dicho monto la contratista ejecutó $23.090.849.424,00 -aunque existía un saldo a favor del contratista-, quedando un monto no ejecutado de $2.390´150.576,00. (...) Bajo ese contexto, tras realizar un análisis contextual y sistemático del acta de liquidación final acordada entre las partes el 9 de diciembre de 2021, la Sala concluye que es viable estudiar la prosperidad de las pretensiones atinentes al reconocimiento y pago de los ajustes por concepto de cambio de vigencia fiscal correspondientes al 2018 y 2019, por cuanto, frente a estos aspectos, resulta evidente que no existió consenso entre las partes y que el contratista dejó expresa constancia de su inconformidad, resultando claro, por tanto, que lo atinente a dichos puntos no fue materia del acuerdo, subsistiendo al respecto las divergencias que la parte actora planteó en su demanda. En otras palabras, la interpretación sistemática, racional y lógica del referido acuerdo de voluntades permite concluir que se trata de asuntos que no fueron objeto de la liquidación estipulada por las partes y que, frente a los mismos, sin duda, subsistieron discrepancias que no fueron resueltas o zanjadas. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la liquidación bilateral de los contratos sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, Exp. 27777, C.P. Enrique Gil Botero y sentencia del 10 de septiembre de 2007, Exp. 16370, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 VIGENCIA FISCAL / VIGENCIA FISCAL EXPIRADA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD / CARGA DE LA PRUEBA / CONTRATISTA / FALTA DE PRUEBA / CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / INEXISTENCIA DEL PERIODO PROBATORIO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El contratista tenía derecho al reconocimiento y pago de los ajustes por cambio de vigencia fiscal de 2018 y 2019 previstos en la cláusula quinta del Contrato de Obra No. 338 de 2017, al no existir fundamento jurídico ni probatorio para ordenar el pago de sumas adicionales? Respuesta al problema jurídico: No Del reconocimiento y pago de los ajustes por cambio de vigencia fiscal correspondientes al 2018 y 2019 derivados de la cláusula quinta del contrato de obra No. 338 de 2017 (...) En su recurso de apelación, la parte demandante sostuvo que el Tribunal erró al abordar el caso desde la óptica de un desequilibrio económico del contrato, pues ninguna de sus pretensiones iba dirigida a obtener dicha declaratoria. Afirmó que las reclamaciones tenían fundamento directo en la cláusula quinta del contrato, que preveía el derecho a los ajustes por cambio de vigencia fiscal en favor del contratista, siempre y cuando dicha circunstancia no hubiese sido generada por su propio actuar, conforme a los parámetros y fórmulas allí establecidos. Como se explicó detalladamente en el acápite del objeto del recurso, atendiendo al deber judicial de interpretar integralmente la demanda para resolver de fondo el conflicto, en el presente caso se procederá a establecer -en los términos solicitados en la demanda y en lo reafirmado en la alzada- si el contratista tiene derecho al reconocimiento y pago de los ajustes por cambio de vigencia fiscal correspondiente a 2018 y 2019, como consecuencia del incumplimiento de la cláusula quinta del contrato por parte de la entidad contratante. (...) En la referida cláusula (...) se dispuso que la ejecución del contrato abarcaría las vigencias fiscales de 2017 y 2018; además, se previó que la entidad contratante destinaría la suma de $328’327.050 al fondo de ajustes estimados por cambio de vigencia fiscal. (...) De esta manera, con base en dicha estipulación, era claro que el contratista tenía el derecho al reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia fiscal, siempre que la ejecución del contrato se extendiera más allá de las vigencias inicialmente previstas (2017 y 2018) y que dicha extensión obedeciera a causas no imputables a él. Esta disposición reflejaba el propósito de mantener el equilibrio económico del contrato frente a variaciones en los precios de los insumos y costos derivados del cambio de anualidad, evitando que el contratista asumiera cargas económicas imprevistas por razones ajenas a su voluntad. En este punto, vale la pena resaltar que los ajustes por cambio de vigencia fiscal en los contratos de obra con pagos a precios unitarios constituyen una estipulación de carácter económico que busca preservar el equilibrio financiero del contrato en favor del contratista, cuando la ejecución se extiende a una nueva vigencia fiscal por causas no imputables a este. Su finalidad es compensar las variaciones de precios que puedan presentarse entre una vigencia y otra -particularmente en los costos de materiales, insumos y mano de obra-, evitando que el contratista asuma cargas económicas adicionales derivadas de circunstancias ajenas a su voluntad. Esta previsión resulta coherente con el principio de conmutatividad contractual que rige la contratación estatal, conforme al cual las prestaciones deben guardar una relación de equivalencia económica entre las partes. No obstante, la cláusula tiene también un propósito de control: impedir que el contratista derive provecho injustificado del reajuste de precios, desincentivando conductas oportunistas orientadas a dilatar la ejecución para beneficiarse artificialmente de un cambio de vigencia fiscal. En suma, este tipo de estipulación opera como un mecanismo de equilibrio, diseñado para proteger tanto los intereses del contratista como los de la administración, asegurando una ejecución equitativa y eficiente del contrato. (...) En efecto, si bien el contratista mencionó en su recurso de apelación que las sumas reclamadas derivaban de las fórmulas previstas en la cláusula quinta del contrato y relacionó y discriminó los ajustes por las vigencias 2018 y 2019, dichas afirmaciones no se encuentran debidamente acreditadas. Ni la demanda ni los medios de prueba allegados permiten reconstruir el cálculo de los ajustes, por lo que no existe evidencia que respalde las cuantías reclamadas, dejándolas en tal sentido sin soporte alguno. De otra parte, en lo que concierne al reconocimiento y pago de los ajustes por el cambio de vigencia fiscal correspondiente al año 2019, en la sentencia de primera instancia se puntualizó que estaba debidamente acreditado que mediante las actas No. 1, 2, 3 y 4 de esa misma anualidad el contratista facturó por concepto de ajustes la suma de $422’635.203. De esta manera, el Tribunal indicó que en el expediente no se demostró que la parte demandante tuviera derecho a una suma superior a la ya reconocida. En su recurso de apelación, la parte actora no controvirtió de manera concreta la argumentación del Tribunal sobre este punto, pues se limitó a afirmar en abstracto que el a quo erró al abordar el caso desde la perspectiva de un desequilibrio económico del contrato y que el problema jurídico debía circunscribirse a verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en la cláusula quinta para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia fiscal en favor del contratista, pero en ningún momento debatió el análisis del Tribunal respecto de la vigencia 2019, ni cuestionó lo relacionado con la suma reconocida en su favor. En consecuencia, como la parte recurrente no formuló reparo alguno frente a este particular, aunado a lo cual tampoco existen pruebas dentro del plenario que den cuenta del derecho reclamado o de alguna desatención por parte de la entidad frente a lo estipulado en el contrato, la Sala estima que más allá del reconocimiento de la suma facturada por ajustes durante esa anualidad -$422’635.203-, no hay lugar a ordenar reconocimiento y pago adicional alguno en favor del contratista. Por todo lo anterior, se confirmará la negativa de las pretensiones de la demanda respecto del reconocimiento y pago de los ajustes por cambio de vigencia fiscal correspondientes a los años 2018 y 2019, pues no se advierte desavenencia alguna por parte de la entidad respecto de lo estipulado en la cláusula quinta del contrato. Por el contrario, en cuanto a la vigencia 2018, más allá de cualquier discusión sobre el derecho al ajuste, es indiscutible que el contratista no presentó las actas parciales de obra para reclamar los ajustes, incumpliendo así la forma establecida contractualmente para su reconocimiento; por su parte, en lo que respecta a la vigencia 2019, el recurrente no controvirtió la argumentación del Tribunal, según la cual le fue reconocida la suma de $422’635.203 por concepto de ajustes, y no aportó prueba alguna que acreditara la procedencia de un valor adicional. Por tanto, no existe fundamento para modificar la decisión de primera instancia frente al particular. NOTA DE RELATORÍA: Frente a los cambio de vigencia fiscal en los contratos de obra, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de abril de 2016, Exp. 46297, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la finalidad equilibrio financiero del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 25 de mayo de 2023, Exp. 60777, C.P. Alberto Montaña Plata. En cuanto a las cargas económicas adicionales de los contratistas, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 1º de julio de 2025, Exp. 72021, C.P. José Roberto Sáchica. AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / PROPORCIONALIDAD / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena impuesta al demandante por concepto de agencias en derecho, atendiendo su condición de parte vencida, la gestión procesal realizada por la demandada y los parámetros tarifarios fijados por el Consejo Superior de la Judicatura? Respuesta al problema jurídico: Si De la condena por concepto de agencias en derecho impuesta por el a quo en contra de la parte demandante (...) En la sentencia de primera instancia, el a quo condenó a la parte actora al pago de $30’000.000 por concepto de agencias en derecho en favor de la parte demandada. Para fundamentar su decisión, el Tribunal señaló que tuvo en cuenta el valor de las pretensiones de la demanda, así como los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad expuestos por la Sección Tercera del Consejo de Estado. De igual manera, el Tribunal consideró la naturaleza, calidad y duración de la gestión efectuada por la parte demandada, concluyendo que dicha suma resultaba adecuada, toda vez que la demandada contestó la demanda y presentó alegatos de conclusión. En su recurso de apelación, la parte demandante alegó que las agencias en derecho no estaban causadas ni acreditadas dentro del plenario, por lo que no era procedente su condena, aunado a que aquella resulta excesiva y no se ajusta a los parámetros establecidos en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP. Ello, por cuanto en el trámite no se adelantaron mayores actuaciones procesales, al punto que el asunto fue decidido mediante sentencia anticipada. (...) Al efecto, la Sala advierte que el presente asunto se trata de un proceso de controversias contractuales, cuyo monto de pretensiones ascendió a la suma de $1.045´130.378, en el cual la parte demandante resultó vencida en primera instancia, de ahí que resultare procedente la condena en costas, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del CGP. Para efectos de la fijación de las agencias en derecho, se advierte que el Tribunal tuvo en cuenta la duración y la complejidad de la gestión procesal efectuada por la parte demandada, pues destacó que esta contestó la demanda y presentó alegatos de conclusión en primera instancia, es decir, que participó activamente del proceso, aspecto que comparte esta Sala, de tal suerte que las agencias en derecho se encontraban causadas. Ahora bien, según se observa, mediante Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, el Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas que deben aplicarse por concepto de agencias en derecho. En dicho Acuerdo se dispuso que, en los procesos declarativos de mayor cuantía, las agencias en derecho en primera instancia deben establecerse entre el 3% y el 7.5% del valor de lo pedido. En el sub lite, como quedó visto en precedencia, la cuantía de la demanda se estimó en la suma de $1.045´130.378, por lo que la condena por concepto de agencias en derecho podía oscilar, conforme a los parámetros del referido Acuerdo, entre $31´353.911 y $78´384.778, equivalentes al 3% y 7.5% de la cuantía de la demanda, respectivamente. En consecuencia, dado que la condena impuesta por este concepto ascendió a $30´000.000, se advierte que dicha suma se encuentra incluso por debajo del rango mínimo fijado por el Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual la misma se encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, no le asiste razón a la parte actora en su alegato relativo a que no era procedente la condena impuesta por concepto de agencias en derecho en primera instancia, ni en lo atinente a que la misma hubiera excedido los límites legales para la fijación de agencias en derecho previstos en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP. Por tanto, el cargo alegado no tiene vocación de prosperidad. En vista de todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 12 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó a la parte actora al pago de $30´000.000 por concepto de agencias en derecho. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / OBJECIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO Problema jurídico: ¿Procede imponer condena en costas en segunda instancia a cargo de la parte apelante vencida, conforme al artículo 188 del CPACA y al artículo 365 del CGP, cuando en el expediente se acredita la causación de agencias en derecho y estas pueden ser fijadas según las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554? Respuesta al problema jurídico: Si La condena en costas en segunda instancia (...) De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Las agencias en derecho se fijarán con observancia en las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP . Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub lite, la parte demandada adelantó gestiones de manera activa en esta instancia, pues formuló alegaciones de conclusión, de ahí que las agencias en derecho se encuentren causadas, por lo que la Sala las fijará con base en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 -vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV. En ese orden, la Sala fijará agencias en derecho en segunda instancia por dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de la parte demandada, monto que deberá ser asumido por el Procopal S.A. FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16‑10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202000314011100103