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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2024-07-24
Radicado
25000233600020140053501
Número interno
59671
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CIVILIA S.A., VARELA FIHOLL &amp COMPAÑIA S.A.S
Demandado
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas , como lo es la UMNG. De igual manera, esta Corporación es la encargada de desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que es un asunto con vocación de doble instancia, en razón a la cuantía .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?
  • ¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…
  • ¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA UNIVERSIDAD PÚBLICA RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO DE OBRA ETAPA PRECONTRACTUAL ACTO PRECONTRACTUAL NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL ACTO JURÍDICO ACTO JURÍDICO PRIVADO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL BUENA FE PRINCIPIO DE LA BUENA FE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL ACTO PROPIO PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IMPUESTO DE GUERRA COBRO DEL IMPUESTO DE GUERRA DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO DE GUERRA PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NORMATIVA DEL IMPUESTO DE GUERRA SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE GUERRA CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 16.661 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATACIÓN CON ENTIDAD PÚBLICA / UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas , como lo es la UMNG. De igual manera, esta Corporación es la encargada de desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que es un asunto con vocación de doble instancia, en razón a la cuantía . UNIVERSIDAD PÚBLICA / UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO DE OBRA / ETAPA PRECONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO JURÍDICO / ACTO JURÍDICO PRIVADO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si Los artículos 57.3 y 93 de la Ley 30 de 1992 establecieron, de forma general, que las universidades públicas tendrían un régimen contractual especial exceptuado del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (“EGCAP”) que se gobernaría por las normas del derecho privado. En concordancia con lo anterior, el artículo 19 de la Ley 805 de 2003 , prescribió, de forma particular, que el régimen contractual de la UMNG se regiría por las normas civiles y comerciales. Ahora bien, como ya lo refirió esta Subsección, las consecuencias jurídicas de dicha regulación no se circunscriben solamente al ámbito de la celebración y ejecución del contrato, sino que se extienden, también, a la fase de formación del negocio jurídico, es decir, a la etapa precontractual. Constatado, entonces, que tanto la invitación pública 003 de 2011 adelantada por la UMNG como el contrato de obra 001 de 2011 derivado de dicho proceso de selección y celebrado con el Consorcio Varela Civilia se gobiernan por un régimen de derecho privado, debe entenderse como consecuencia necesaria que los actos emitidos por la institución educativa contratante con ocasión de cualquiera de esas dos fases (precontractual y contractual) no son en realidad actos administrativos sino actos jurídicos , que por su calidad no son susceptibles de pretensiones de nulidad, comoquiera que resulta abiertamente improcedente adelantar un juicio de legalidad sobre ellos. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los regímenes exceptuados del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, consultar sentencia de 28 de febrero de 2020, Exp. 31628, C.P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 5 de julio de 2018, Exp. 59530, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y auto del 11 de mayo de 2020, Exp. 58562. FUENTE FORMAL: LEY 30 DE 1992 - ARTÍCULO 57 NUMERAL 3, LEY 30 DE 1992 - ARTÍCULO 93, LEY 805 DE 2003 - ARTÍCULO 19 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ETAPA PRECONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa precontractual? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora, si bien es cierto que la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia de unificación, estableció que las controversias relativas a los actos precontractuales emitidos por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (“ESP”), que no tengan la calidad de actos administrativos, deben tramitarse a través del medio de control de reparación directa —lógica que también resulta aplicable a otras entidades excluidas del EGCAP, como lo es la UMNG—, en concepto de la Sala dicha regla procede únicamente cuando las negociaciones previas se hubieran visto frustradas o cuando el contrato no se hubiera perfeccionado, comoquiera que, en caso contrario, el medio de control adecuado resultaría ser el de controversias contractuales. Ahora, en el caso sub examine, la recurrente protestó que, durante la ejecución del contrato 001/2006, la UMNG pretermitió un acto precontractual (adenda 2), de acuerdo con el cual el negocio jurídico en ciernes no sería objeto del impuesto de guerra, pero, al liquidar el contrato, retuvo el cinco por ciento (5%) del precio total para el pago de dicha contribución especial, bajo el argumento de que lo allí dispuesto contravenía normas de carácter tributario. Al tratarse así de actos precontractuales que, al incorporarse al contenido del contrato 001/2006, surtieron efectos durante su ejecución, el medio de control procedente era el de controversias contractuales, que fue el incoado. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 28 de febrero de 2020, Exp. 31618, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si En cuanto a la oportunidad para presentar demandas relativas a contratos, el artículo 164.2 del CPACA prescribió un término de dos (2) años que, en casos como el presente, en que los contratos objeto de reproche “requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes [se contará] desde el día siguiente a de la firma del acta”. En el sub lite se encuentra probado que la UMNG y el Consorcio Varela Civilia suscribieron el acta de liquidación bilateral el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012). Por ende, el plazo bienal para la presentación oportuna del medio de contrato de controversias contractuales corrió desde el primero (1°) de enero de dos mil trece (2013) hasta el primero (1º) de enero de dos mil quince (2015). Por consiguiente, la demanda fue presentada oportunamente el veinticinco (25) de abril de dos mil catorce (2014) , incluso sin entrar a calcular la suspensión del término por el trámite de conciliación extrajudicial. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS OBITER DICTUM [L]a Sala comprende que la teoría de los actos propios bajo un escenario contractual radica en el deber que tiene un extremo de actuar manera coherente, razón por la cual no pueden contradecir sin justificación sus conductas anteriores, las cuales en principio resultan eficaces, específicamente si con tal comportamiento genera una expectativa valida o legítima a otro extremo sobre el mantenimiento o la continuidad de la situación inicial. NOTA DE RELATORÍA: Referente al principio del respeto por el acto propio, consultar sentencia de 01 de junio de 2020, Exp. 48945; sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 65277, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 28 de abril de 2021, Exp. 53250, C.P. Alberto Montaña Plata. OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPUESTO DE GUERRA / COBRO DEL IMPUESTO DE GUERRA / DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO DE GUERRA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA Problema jurídico: ¿Lo establecido en la adenda número 2 generó para las ahora sociedades accionantes, quienes integraron el consorcio adjudicatario del contrato, una expectativa valida (confianza legitima) encaminada a creer que la UMNG no les descontaría durante la ejecución del contrato un porcentaje del precio del contrato para sufragar el impuesto de guerra? Respuesta al problema jurídico: No Sobre el primer cuestionamiento, debe decirse sin ambages que de acuerdo con los certificados de existencia y representación de las sociedades Civilia S.A. 78 y Varela Fiholl & Compañía S.A.S. 79 estas tenían como objeto social la realización de obras públicas y privadas derivadas de cualquier modalidad de contratación, por tanto, se deduce no solo que ambas tenían amplia experiencia en lo concerniente a la participación en procesos de selección sino, además, en las cargas y obligación que surgirían en el evento de resultar adjudicatarios del contrato proyectado, lo que supone que aquellas deben responder, en cualquier caso, por el giro ordinario de sus negocios, que comprende aquellas actividades que en forma habitual ejecutan las sociedades y que resultan inescindibles a su propósito primario. Extrapolando lo expuesto al caso concreto, esta Sala considera que dentro del giro ordinario de los negocios de las sociedades actoras estaban en el deber de conocer los impuestos y gravámenes que podrían llegar a afectar directamente una relación contractual de la cual pretendían hacer parte, en particular, la posibilidad de asumir la obligación tributaria concerniente a que en el evento de contratar una obra con una entidad pública debían sufragar el referido impuesto de guerra, cuestión que, como se dejó expuesto en párrafos precedentes82, para la fecha de celebración del contrato era incierta, pero constituía como una posibilidad latente. Así pues, a pesar de que la UMNG hubiera plasmado en la adenda número 2 que el contrato en ciernes no sería objeto del impuesto de guerra, lo cierto es que la institución educativa no tenía la facultad de exonerarlos del pago de un impuesto de creación legal, máxime cuando de una interpretación integral y armónica del pliego de condiciones se podía deducir sin mayor esfuerzo que todos los impuestos debían ser asumidos por el contratista. Por las razones expuestas, para la Sala no son de recibo las alegaciones de la parte accionantes tendientes a establecer que la inclusión de la adenda número 2 a la invitación pública 003 de 2011 le generó una expectativa legítima sobre el hecho que durante la ejecución del contrato no se iba a deducir monto alguno por concepto del impuesto de guerra, más aún si se tiene en cuenta que las sociedades actoras aceptaron, en alzada, que conocían desde el momento de presentar su oferta que el impuesto de guerra estaba vigente y que debían acatar la ley sobre ese tributo y, con base en ello, estructura los costos y precios de su oferta económica. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPUESTO DE GUERRA / NORMATIVA DEL IMPUESTO DE GUERRA / SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO DE GUERRA / CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / COBRO DEL IMPUESTO DE GUERRA / DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO DE GUERRA / OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / ACTO PROPIO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La conducta desplegada por la UMNG al expedir la adenda número 2 de la invitación pública 003 de 2011, en la que estableció que el contrato en ciernes no sería objeto del gravamen por impuesto de guerra, para luego, durante la ejecución del contrato, inaplicar esa disposición por considerarla contraria a la normativa tributaria y, en consecuencia, descontar del precio del contrato un porcentaje para pagar esa contribución especial, causó un daño antijurídico a la parte demandante que debe ser indemnizado? Respuesta al problema jurídico: No En lo atinente a establecer si la UMNG se encontraba legalmente habilitada para apartarse de lo fijado por ella en la adenda número 2 y descontar los montos necesarios para sufragar el impuesto de guerra, debe recordarse, en primer lugar, que en el contrato celebrado se estableció claramente, siguiendo la misma línea del pliego de condiciones, que los impuestos, tasas y retenciones que surgieran por la celebración, ejecución y liquidación del contrato correrían por cuenta del contratista, en consecuencia, la UMNG estaba obligada a efectuar las retenciones del caso y cumplir con las obligaciones tributarias que ordene la ley; en segundo lugar, que en los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración, por lo tanto, para la fecha de suscripciones del negocio jurídico bajo análisis no solo se encontraba vigente el ya mencionado artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 que regulaba lo concerniente al impuesto de guerra, sino también el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, que establecía que la contribución especial no recae sobre las entidades públicas contratantes sino sobre sus contratistas, por lo que en el contexto de dicha obligación tributaria, las entidades públicas contratantes sólo actúan como agentes de retención con deber de trasladar las sumas recaudadas a la entidad territorial del nivel al que pertenezcan. Revelado lo anterior, debe concluirse que la conducta desplegada por la UMNG al inaplicar la adenda número 2 para descontar y retener un porcentaje del precio total del contrato para el pago de gravamen por impuesto de guerra se fundamentó no solo en prescripciones negociales validas sino en normas tributarias vigentes y de obligatorio cumplimiento, proceder que, en consecuencia, no transgrede el principio de buena fe objetiva, pues como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, la figura de los actos propios no opera de manera automática, ni en todos los eventos. (...) En definitiva, esta Colegiatura responde negativamente el problema jurídico planteado y, en consecuencia, confirmará el fallo proferido por el Tribunal de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas a lo largo de este proveído. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la inaplicación de la figura de los actos propios, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 24 de enero de 2011, Exp. 11001-31-03-025-2001-00457-01. FUENTE FORMAL: LEY 1106 DE 2006 - ARTÍCULO 6, LEY 418 DE 1997 - ARTÍCULO 121 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante por cuanto su recurso de apelación no prosperó? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala condenará en costas a la parte accionante, dado que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y este no prosperó. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que, en esta instancia se fijan agencias en derecho por el 0,1% de las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con fundamento en las tarifas fijadas en el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400535011100103