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Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 68001233300020230074401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve:
¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados?
¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista incumplió el contrato de consultoría cuyo objeto era la elaboración de estudios y diseños de una vía
Sentencia — Sentencia
2023-03-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233100020080024301
ACCION CONTRACTUAL
¿El contratista incumplió el contrato de consultoría cuyo objeto era la elaboración de estudios y diseños de una vía? Sí
Cuando el contratista asume una obligación de resultado, como la entrega de estudios y diseños definidos, no basta con una actuación acuciosa para cumplir, y su incumplimiento se configura si los productos no alcanzan las especificaciones pactadas. La regla se apoya en tres razones. Primera, en las obligaciones de medio el deudor solo debe actuar con diligencia, mientras que en las de resultado el producto es lo relevante. Segunda, el pago por reembolso de costos no convierte automáticamente las obligaciones en obligaciones de medio, pues las partes pactaron la entrega de productos definidos en un plazo determinado. Tercera, los dictámenes periciales analizaron el contenido, la precisión, la calidad y la extensión de lo entregado y concluyeron que los productos estaban inconclusos. En el caso, el consultor no entregó productos completos ni amortizó todo el anticipo, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿En las obligaciones de resultado basta con una actuación acuciosa del contratista?
¿El pago de la ejecución del contrato por el sistema de reembolso de costos implica automáticamente que las obligaciones son de medio?
¿El peritaje adolece de error grave si el perito se sustentó en la opinión de otros profesionales y no en la propia?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 13001233300020180042301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La vulneración de las garantías que componen el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo constituye causal de nulidad del acto administrativo? Sí
El debido proceso en el ámbito administrativo constituye una causal de nulidad del acto administrativo cuando se vulneran las garantías que lo componen, como el derecho a ser juzgado por una autoridad competente, a la presunción de inocencia, a no ser juzgado dos veces por la misma conducta y a la oportunidad de aportar y controvertir pruebas, siempre y cuando dicha vulneración tenga un impacto real en el derecho nuclear del debido proceso. Sin embargo, la existencia de una irregularidad en la notificación del acto administrativo no configura por sí sola una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad, ya que la falta de notificación o una irregularidad en esta afecta la eficacia y oponibilidad del acto, pero no su validez, siempre que el administrado haya tenido la oportunidad real de defenderse y no haya sufrido indefensión. Esta conclusión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia del principio de instrumentalidad de las formas y la distinción entre validez y eficacia del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿La existencia de una irregularidad en la notificación de un acto administrativo configura, por sí sola, una vulneración del debido proceso que conlleve su nulidad?
¿La interpretación aislada del artículo 269 del Código de Minas puede justificar la invalidez de la notificación del acto que declara la caducidad de un contrato de concesión?
¿Puede alterarse la estructura secuencial y preclusiva del contrato de concesión minera con fundamento en actos de mera ejecución técnica por parte del concesionario?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos
Sentencia — Sentencia
2024-11-08
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020240001500
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve:
¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento?
¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley?
¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo
Sentencia Unificación — Sentencia
2024-03-14
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 11001032600020220017300
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es nulo en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo en tanto desestimó la excepción de falta de competencia del tribunal para conocer de la presente controversia? Sí
Toda vez que se probaron algunos de los cargos esgrimidos por TRANSMILENIO S.A. en contra del laudo arbitral impugnado, se declarará parcialmente fundado el recurso de anulación por la causal 2 -falta de jurisdicción y, en consecuencia, se anulará en forma parcial el numeral primero de la parte resolutiva del laudo, en tanto desestimó la excepción de “falta de competencia” del tribunal para conocer de la presente controversia… . Los demás cargos formulados en contra del laudo arbitral se declararán infundados, por cuanto la Sala no encontró que los mismos se configuraran en esta oportunidad.
También resuelve:
¿El tribunal de arbitramento expuso las normas en las que fundó su decisión y explicó las razones por las cuales consideró procedente una condena en costas parcial a cargo de la entidad convocada?
¿Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones y la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales…
¿Optar por modificar variables y valores tenidos en cuenta por la entidad implicó una refutación a la presunción de legalidad de la resolución, lo que estaba proscrito para la justicia arbitral?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La cláusula compromisoria debe interpretarse según las reglas específicas de los contratos y no de acuerdo con las reglas generales de interpretación de la ley.
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 76001233100020100046601
ACCION CONTRACTUAL
¿La inclusión de una cláusula compromisoria en un contrato constituye la intención inequívoca de las partes de renunciar a la jurisdicción estatal, obligándolas a resolver las controversias suscitadas con ocasión de su actividad contractual, de forma exclusiva ente la justicia arbitral, incluso respecto de la validez, interpretación y aplicación de dicha cláusula arbitral? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden incluir una cláusula compromisoria en un contrato estatal que establezca la renuncia a la jurisdicción estatal y la obligación de resolver controversias mediante arbitraje, incluso respecto a la validez, interpretación y aplicación de dicha cláusula, siempre que la intención de las partes sea inequívoca y se ajuste a las reglas específicas de interpretación de los contratos. Esta regla, que reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza y efectos de la cláusula compromisoria, amplía el ámbito de la arbitrabilidad en Colombia al permitir someter a arbitraje asuntos de libre disposición, más allá de lo que era considerado transigible según normas anteriores, favoreciendo así la autonomía de las partes en la resolución de conflictos contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe entenderse que la expresión “libre disposición” contenida en la Ley 1563 de 2012 permite someter a arbitraje asuntos que no necesariamente son transigibles…
¿Resulta procedente que los árbitros conozcan y decidan sobre pretensiones relacionadas con la nulidad absoluta de los contratos, incluso cuando esta se fundamenta en objeto o causa ilícitos…
¿La cláusula compromisoria conserva su validez y eficacia incluso cuando el contrato principal es declarado inexistente, ineficaz o inválido…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020200031401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe entenderse que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo —y en segunda instancia el Consejo de Estado— es competente para conocer del litigio relacionado con el contrato de obra No. 338 de 2017? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato de obra suscrito por un fondo de desarrollo local, entidad pública con personería jurídica, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: el contrato tiene por objeto la ejecución de obras y actividades de conservación de la malla vial y del espacio público, que hacen parte de la actividad contractual de la entidad pública; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del mismo código fija la competencia de esta Corporación en segunda instancia por la cuantía de la pretensión mayor, que supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de presentar la demanda. Por ello, el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal corresponde a esta Corporación. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procedente para resolver la reclamación del contratista por los saldos derivados del presunto incumplimiento del contrato de obra…
¿Procopal S.A. y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, están legitimados en la causa, por activa y por pasiva respectivamente, al ser partes del contrato discutido?
¿La caducidad del medio de control se configura, dado que la demanda del 1.º de octubre de 2020 se presentó dentro del plazo de dos años contado desde el vencimiento del término para la liquidación…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo
Sentencia — Sentencia
2025-04-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 63001233300020200042101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es aplicable el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato? Sí
El contratista puede aplicar el término supletivo de cuatro meses del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para la liquidación bilateral del contrato cuando no se haya estipulado un plazo específico, dado que este plazo es aplicable a contratos estatales sujetos a liquidación conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el contrato después de este plazo, y el término de caducidad del medio de control se suspende si la entidad presenta una solicitud de conciliación prejudicial, incluso si no está obligada a hacerlo. La Sala establece que el juez no está sujeto al término de caducidad cuando declara de oficio la nulidad del contrato, y que no se configura la cosa juzgada respecto de la validez del contrato si en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria sin pronunciamiento de fondo. Además, la Sala matiza la regla según la cual el juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato sin que estén acreditados plenamente los elementos probatorios de la causal invocada, estableciendo que esta facultad no puede ejercerse sin un sustento probatorio adecuado.síntesis automática
También resuelve:
¿La solicitud de conciliación extrajudicial presentada por una entidad pública, que no estaba obligada a agotar ese trámite como requisito de procedibilidad…
¿Está el juez sujeto al término de caducidad del contrato cuando declara de oficio la nulidad de un contrato estatal?
¿Es jurídicamente viable declarar la configuración de la cosa juzgada respecto de la validez de un contrato estatal, cuando en un proceso anterior se resolvió la caducidad de la pretensión anulatoria…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: la norma no distinguió el tipo de controversia
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-05-14
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170238601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En la liquidación unilateral es la Administración quien adquiere la competencia para precisar el balance final de las obligaciones contractuales que faciliten la extinción del vínculo? Sí
El criterio adoptado en el fallo objeto de aclaración, que condiciona la incidencia del término de liquidación de los contratos en la contabilización de los dos años previstos en la premisa general del artículo 164, numeral 2, literal j del [CPACA], a que el “conflicto se relacione directamente con los temas que deben ser definidos en tal etapa, no así respecto de aquellos que han quedado precisados desde mucho antes”, no se condice con la exigencia de estricta legalidad, interpretación restrictiva y pro actione… porque, sencillamente, no hay norma jurídica que establezca cuáles conflictos tienen esa relación directa o cuáles no admiten, bajo ningún punto de vista, su variación posterior total o parcial.
También resuelve:
¿En los contratos regidos por el derecho privado el deber de liquidar ha de constar en una estipulación que gobierne el acuerdo?
¿En ningún aparte de la ley procesal se impone a las partes aguardar el inicio de su reclamación hasta la etapa de liquidación?