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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020200031401-69577-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-12-09"
radicado: "25000233600020200031401"
numero: "69577"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-12-09
- **Radicado:** 25000233600020200031401
- **Número interno:** 69577
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** PROCOPAL S.A.
- **Demandado:** DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO – ALCALDÍA LOCAL DE SUBA – FONDO DE DESARROLLO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020200031401-69577-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020200031401/A3ECAFFFC8273730A28D4CAF7A10044838664ABB78FF4FED423E9118CAA54B09/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202000314011100103

## Problema jurídico

¿Debe entenderse que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo —y en segunda instancia el Consejo de Estado— es competente para conocer del litigio relacionado con el contrato de obra No. 338 de 2017?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procedente para resolver la reclamación del contratista por los saldos derivados del presunto incumplimiento del contrato de obra…
- ¿Procopal S.A. y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, están legitimados en la causa, por activa y por pasiva respectivamente, al ser partes del contrato discutido?
- ¿La caducidad del medio de control se configura, dado que la demanda del 1.º de octubre de 2020 se presentó dentro del plazo de dos años contado desde el vencimiento del término para la liquidación…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152 núm. 2

## Extracto

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato de obra No. 338 de 2017 fue suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de Suba -entidad pública con personería jurídica- y Procopal S.A., cuyo objeto consistió en “ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba, el cual incluye diagnóstico, estudios y diseños, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos”.

## Síntesis temática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato de obra suscrito por un fondo de desarrollo local, entidad pública con personería jurídica, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: el contrato tiene por objeto la ejecución de obras y actividades de conservación de la malla vial y del espacio público, que hacen parte de la actividad contractual de la entidad pública; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del mismo código fija la competencia de esta Corporación en segunda instancia por la cuantía de la pretensión mayor, que supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de presentar la demanda. Por ello, el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal corresponde a esta Corporación. La providencia de primera instancia se confirma.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, DOBLE INSTANCIA, CONTRATO DE OBRA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FONDO DE DESARROLLO LOCAL, ENTIDAD PÚBLICA, PERSONERÍA JURÍDICA, COMPETENCIA FUNCIONAL, COMPETENCIA OBJETIVA, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, MINISTERIO PÚBLICO, NULIDAD ABSOLUTA, INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, CAPACIDAD PARA SER PARTE, CONTRATISTA, CONTRATANTE, RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CONTRATO ESTATAL, VIGENCIA FISCAL, VIGENCIA FISCAL EXPIRADA, OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE, REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, ERROR EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, AGENCIAS EN DERECHO, COSTAS PROCESALES, CONTRATO PÚBLICO, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, DERECHO PRIVADO, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, ACUERDO DE VOLUNTADES, CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, BUENA FE CONTRACTUAL, RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD, CARGA DE LA PRUEBA, FALTA DE PRUEBA, CARENCIA DE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, INEXISTENCIA DEL PERIODO PROBATORIO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO, INEXISTENCIA DE LA PRUEBA, INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, PROPORCIONALIDAD, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, OBJECIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, SEGUNDA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CONFIRMACIÓN DEL FALLO

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## Texto del documento

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / DOBLE INSTANCIA / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FONDO DE DESARROLLO LOCAL / ENTIDAD PÚBLICA / PERSONERÍA JURÍDICA / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA OBJETIVA
Problema jurídico:
¿Debe entenderse que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo —y en segunda instancia el Consejo de Estado— es competente para conocer del litigio relacionado con el contrato de obra No. 338 de 2017?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato de obra No. 338 de 2017 fue suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de Suba -entidad pública con personería jurídica- y Procopal S.A., cuyo objeto consistió en “ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba, el cual incluye diagnóstico, estudios y diseños, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, atención de emergencias y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos”. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 12 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón a que la cuantía de la demanda excedió los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición del libelo introductorio.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 2
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / MINISTERIO PÚBLICO / NULIDAD ABSOLUTA / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procedente para resolver la reclamación del contratista por los saldos derivados del presunto incumplimiento del contrato de obra No. 338 de 2017?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere al reconocimiento y pago de saldos a favor del contratista derivados del presunto incumplimiento de lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra No. 338 de 2017 (...), el medio de control procedente es el de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONTRATO DE OBRA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CAPACIDAD PARA SER PARTE / CONTRATISTA / CONTRATANTE / FONDO DE DESARROLLO LOCAL / RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL
Problema jurídico:
¿Procopal S.A. y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, están legitimados en la causa, por activa y por pasiva respectivamente, al ser partes del contrato discutido?
Respuesta al problema jurídico: Si
Legitimación en la causa. Procopal S.A. y el Fondo de Desarrollo Local de Suba están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez que ostentan la calidad de partes del contrato objeto de la litis.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La caducidad del medio de control se configura, dado que la demanda del 1.º de octubre de 2020 se presentó dentro del plazo de dos años contado desde el vencimiento del término para la liquidación unilateral —8 de marzo de 2020—, momento en que el contrato aún no había sido liquidado?
Respuesta al problema jurídico: No
Oportunidad del medio de control. El artículo 164 numeral 2 literal j) del CPACA establece varios supuestos para la determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales. De forma general, dispone que dicho término empezará a correr a “partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento” y enseguida establece una serie de supuestos aplicables a los contratos según estos sean de ejecución instantánea o requieran o no liquidación. (...) En el sub examine es pertinente precisar que, aunque en segunda instancia se decretó como prueba el acta de liquidación bilateral del contrato de obra No. 338 de 2017, suscrita entre las partes el 9 de diciembre de 2021, dicha circunstancia no tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad del medio de control para el caso concreto. Lo anterior, comoquiera que el acuerdo de voluntades referido fue suscrito con posterioridad a la presentación de la demanda -1º de octubre de 2020- de modo que, al momento de la formulación del líbelo introductorio, el contrato aún no había sido formalmente liquidado. En esa medida, la Sala considera que la oportunidad del ejercicio del medio de control debe examinarse atendiendo el supuesto normativo aplicable al momento de la interposición de la demanda, pues en ese momento el término empezó a correr, de conformidad con lo establecido een el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP. Así las cosas, debe tenerse en cuenta que en la cláusula decimosexta del contrato (...) las partes estipularon que este se liquidaría dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para su ejecución o a la expedición del acto administrativo que ordenara su terminación, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. De esta previsión contractual se desprende que el plazo para la liquidación bilateral del contrato era de seis (6) meses y, una vez vencido este sin acuerdo entre las partes, la entidad podía proceder a la liquidación unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Sobre este punto, conviene recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que los contratos de tracto sucesivo sometidos a las prescripciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en ausencia de acuerdo sobre el balance final del negocio jurídico, pueden ser liquidados unilateralmente por la Administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. (...) En el expediente no obra acto administrativo que hubiere ordenado la terminación del contrato, razón por la cual ha de tenerse en cuenta el término en el que finiquitó el plazo de ejecución, esto es, el 6 de julio de 2019 (...). En consecuencia, el término de seis (6) meses para la liquidación bilateral del vínculo obligacional vencía el 7 de enero de 2020, mientras que el término de los dos (2) meses para efectuar la liquidación unilateral transcurrió hasta el 8 de marzo de 2020. A partir de esta última fecha comenzó a computarse el término de caducidad de dos (2) años previsto en la Ley. Por tanto, como la demanda se presentó el 1º de octubre de 2020, se concluye que esta se allegó dentro del plazo previsto en la Ley. Lo anterior, incluso sin tener en cuenta la suspensión del término de caducidad producto del trámite de la conciliación extrajudicial23, así como también la suspensión de términos que operó entre el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, en virtud del Decreto Legislativo 564 de 2020, en concordancia con los Acuerdos Nos. PCSJA20-11517 del 15 de marzo y PCSJA20-11657 del 5 de junio de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los contratos de tracto sucesivo sometidos a las prescripciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 5 de febrero de 2021, Exp. 49792, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PCSJA20‑11657 DE 2020, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PCSJA20‑11517 DE 2020, DECRETO 019 DE 2012 - ARTÍCULO 217, DECRETO LEGISLATIVO 564 DE 2020, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA / VIGENCIA FISCAL / VIGENCIA FISCAL EXPIRADA / CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / ERROR EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / AGENCIAS EN DERECHO / COSTAS PROCESALES / CONTRATO PÚBLICO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Debe la Sala determinar si la entidad incumplió la cláusula quinta del Contrato de Obra 338 de 2017 al no reconocer los ajustes por cambio de vigencia fiscal de 2018 y 2019 y, en consecuencia, ordenar su pago conforme a lo pactado, así como verificar la validez de la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el caso concreto, en su demanda la parte actora fundó sus pretensiones en el reconocimiento y pago de saldos derivados de lo establecido en la cláusula quinta del contrato de obra No. 338 de 2017, estipulación que previó la posibilidad de reconocer ajustes por cambio de vigencia fiscal a favor del contratista, siempre que dicha circunstancia obedeciera a causas no imputables a este. El Tribunal a quo examinó el caso al amparo del desequilibrio económico del contrato y negó el reconocimiento pretendido. Por su parte, en el recurso de apelación, la parte actora no solo reprochó que el Tribunal hubiera analizado el caso en sede de la ruptura de la ecuación económica del contrato, sino que, insistió en el argumento según el cual la entidad contratante debió haber efectuado el reconocimiento y pago de los ajustes a que tenía derecho conforme a lo previsto en la cláusula referida, y cuestionó lo atinente a la condena en costas por concepto de agencias en derecho. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 42 del CGP, es deber del juez “interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia”. En virtud de esta prerrogativa, el derecho de defensa del demandado no puede verse afectado, no se podrá variar la causa petendi, ni las pretensiones de la demanda y el medio de control al que eventualmente se adecue el proceso no puede estar caducado. Desde esa perspectiva, y atendiendo al deber del juez de interpretar la demanda de tal manera que permita decidir el asunto de fondo, la Sala advierte, tanto del contenido del escrito inicial como de lo reiterado en el recurso de apelación, que la parte actora reprocha el presunto incumplimiento, por parte de la entidad contratante, de la cláusula quinta del contrato de obra No. 338 de 2017. En efecto, la demandante reclama el reconocimiento y pago de los ajustes der

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

CHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena impuesta al demandante por concepto de agencias en derecho, atendiendo su condición de parte vencida, la gestión procesal realizada por la demandada y los parámetros tarifarios fijados por el Consejo Superior de la Judicatura?
Respuesta al problema jurídico: Si
De la condena por concepto de agencias en derecho impuesta por el a quo en contra de la parte demandante (...) En la sentencia de primera instancia, el a quo condenó a la parte actora al pago de $30’000.000 por concepto de agencias en derecho en favor de la parte demandada. Para fundamentar su decisión, el Tribunal señaló que tuvo en cuenta el valor de las pretensiones de la demanda, así como los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad expuestos por la Sección Tercera del Consejo de Estado. De igual manera, el Tribunal consideró la naturaleza, calidad y duración de la gestión efectuada por la parte demandada, concluyendo que dicha suma resultaba adecuada, toda vez que la demandada contestó la demanda y presentó alegatos de conclusión. En su recurso de apelación, la parte demandante alegó que las agencias en derecho no estaban causadas ni acreditadas dentro del plenario, por lo que no era procedente su condena, aunado a que aquella resulta excesiva y no se ajusta a los parámetros establecidos en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP. Ello, por cuanto en el trámite no se adelantaron mayores actuaciones procesales, al punto que el asunto fue decidido mediante sentencia anticipada. (...) Al efecto, la Sala advierte que el presente asunto se trata de un proceso de controversias contractuales, cuyo monto de pretensiones ascendió a la suma de $1.045´130.378, en el cual la parte demandante resultó vencida en primera instancia, de ahí que resultare procedente la condena en costas, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del CGP. Para efectos de la fijación de las agencias en derecho, se advierte que el Tribunal tuvo en cuenta la duración y la complejidad de la gestión procesal efectuada por la parte demandada, pues destacó que esta contestó la demanda y presentó alegatos de conclusión en primera instancia, es decir, que participó activamente del proceso, aspecto que comparte esta Sala, de tal suerte que las agencias en derecho se encontraban causadas. Ahora bien, según se observa, mediante Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, el Consejo Superior de la Judicatura fijó las tarifas que deben aplicarse por concepto de agencias en derecho. En dicho Acuerdo se dispuso que, en los procesos declarativos de mayor cuantía, las agencias en derecho en primera instancia deben establecerse entre el 3% y el 7.5% del valor de lo pedido. En el sub lite, como quedó visto en precedencia, la cuantía de la demanda se estimó en la suma de $1.045´130.378, por lo que la condena por concepto de agencias en derecho podía oscilar, conforme a los parámetros del referido Acuerdo, entre $31´353.911 y $78´384.778, equivalentes al 3% y 7.5% de la cuantía de la demanda, respectivamente. En consecuencia, dado que la condena impuesta por este concepto ascendió a $30´000.000, se advierte que dicha suma se encuentra incluso por debajo del rango mínimo fijado por el Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual la misma se encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, no le asiste razón a la parte actora en su alegato relativo a que no era procedente la condena impuesta por concepto de agencias en derecho en primera instancia, ni en lo atinente a que la misma hubiera excedido los límites legales para la fijación de agencias en derecho previstos en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP. Por tanto, el cargo alegado no tiene vocación de prosperidad. En vista de todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del 12 de diciembre de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó a la parte actora al pago de $30´000.000 por concepto de agencias en derecho.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / OBJECIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO
Problema jurídico:
¿Procede imponer condena en costas en segunda instancia a cargo de la parte apelante vencida, conforme al artículo 188 del CPACA y al artículo 365 del CGP, cuando en el expediente se acredita la causación de agencias en derecho y estas pueden ser fijadas según las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554?
Respuesta al problema jurídico: Si
La condena en costas en segunda instancia (...) De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Las agencias en derecho se fijarán con observancia en las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP . Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub lite, la parte demandada adelantó gestiones de manera activa en esta instancia, pues formuló alegaciones de conclusión, de ahí que las agencias en derecho se encuentren causadas, por lo que la Sala las fijará con base en lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 -vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV. En ese orden, la Sala fijará agencias en derecho en segunda instancia por dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de la parte demandada, monto que deberá ser asumido por el Procopal S.A.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16‑10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-12-09. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 25000233600020200031401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020200031401-69577-sentencia).
