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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-11Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020180102302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación y la transacción son mecanismos jurídicos diferentes en cuanto a su naturaleza, procedimiento e intervención de terceros? Sí
El contratista y la entidad estatal deben distinguir entre la conciliación y la transacción, mecanismos que aunque buscan resolver conflictos de manera consensuada, difieren en su naturaleza y procedimiento. La conciliación requiere la intervención de un conciliador o un agente del Ministerio Público, y su objetivo es extinguir la obligación en conflicto mediante la mediación de un tercero. En contraste, la transacción es un contrato bilateral en el que las partes realizan concesiones recíprocas para poner fin a un litigio pendiente o potencial sin la intervención de un tercero. La Sala reitera que la conciliación prevalida debe contar con la intervención de un conciliador, y que la transacción celebrada por entidades públicas debe cumplir con los requisitos contractuales y contar con la autorización previa de la autoridad competente, lo que implica que un acuerdo suscrito sin dicha intervención o autorización no puede ser considerado como una conciliación válida y debe ser tratado como una transacción, cuya aceptación depende de la legalidad y procedencia de los requisitos y autorizaciones respectivas.síntesis automática
También resuelve:¿Puede calificarse como conciliación un acuerdo suscrito entre entidades y particulares sin la intervención de un agente del Ministerio Público o de un juez?¿Debe una transacción cumplir requisitos contractuales y contar con autorización previa de la autoridad competente cuando es celebrada por entidades públicas?
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas?¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad?¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
FUNCIONARIO PÚBLICO,EJERCICIO DE JURISDICCIÓN,AUTORIDAD ADMINISTRATIVA,AUTORIDAD POLÍTICA,AUTORIDAD MILITAR,AUTORIDAD CIVIL,CADUCIDAD DEL CONTRATO,INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Constitución Política de Colombia,Numeral 5 del artículo 179,Interpretación,Noción,Concepto,Clases,Facultad contractual,Función,Objeto del contrato,Cumplimiento,Imposición de sanciones,Carácter sancionatorio,Autoridad civi – Mes: febrero – Año: 2019…
También resuelve:Inhabilidades: Constitución política, numeral 5 del artículo 179, interpretaciónFuncionario público: nociónEjercicio de jurisdicción: concepto
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
INHABILIDADES DE LOS PERSONEROS,AUTORIDAD ADMINISTRATIVA,INHABILIDADES DE LOS PERSONEROS,AUTORIDAD ADMINISTRATIVA –…
También resuelve:Inhabilidades de los personeros: Artículo 174, Ley 136 de 1994, celebración de contratosAutoridad administrativa: criterio orgánico, criterio funcionalConsejo de estado
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, sobre asuntos derivados de contratos de concesión mineros? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los asuntos derivados de contratos de concesión minera cuando el acto proferido en su ejecución emana de una agencia estatal de naturaleza especial, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que esa agencia tiene carácter público y en que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 asigna el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos a la jurisdicción. Con base en ello, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación contra la sentencia del tribunal, conforme al artículo 150 del CPACA. En el caso, la resolución de la agencia minera se dictó en la ejecución de un contrato de concesión, y la sentencia de primera instancia se confirma. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las resoluciones de la agencia minera dictadas en la ejecución de un contrato de concesión son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa, y su apelación corresponde a esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la anulación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión…¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una falta de competencia temporal, por el hecho de que, en su criterio…
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
No sería correcto asumir que el ex Director Operativo de C.A.L.I, fue declarado insubsistente por sostener una simple amistad con los presuntos adversarios políticos del nominador, cuando es claro que tal funcionario no hacía parte de la estructura política de aquellos y si bien era amigo de uno de los concejales que votó en contra del proyecto promovido por el alcalde, lo cierto es que también sostenía relaciones amistosas en común con quien declaró su insubsistencia. A la luz de tal situación, el hecho de sostener una relación personal de amistad con los adversarios o aliados del actual gobernante, no puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
También resuelve:¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder?¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali?¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contratista y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, con fundamento en los argumentos expuestos por las aseguradoras demandantes y por la Unión Temporal Auditores en Salud? No
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no procede la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. 42049 de 2 de diciembre de 2019 y la No. 42494 de 19 de diciembre de 2019, mediante las cuales se declaró el incumplimiento parcial del contrato de consultoría 080 de 2018, por parte de la UNION TEMPORAL AUDITORES DE SALUD...
También resuelve:¿Procede el reintegro de las sumas pagadas por las aseguradoras con ocasión de los actos administrativos demandados?
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
25000233600020210061701 de 20252025-08-27Rad. 25000233600020210061701
El contratista no está eximido de responsabilidades por vicios inherentes a la construcción, al terreno o a los materiales empleados, incluso cuando se emite un acta de recibo final de obra que constata la conformidad externa con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, ya que esta acta no es garantía de cumplimiento del contrato estatal ni impide que la administración efectúe descuentos en la liquidación del contrato si existen incumplimientos. La liquidación del contrato es un acto jurídico integral que revisa exhaustivamente todos los aspectos del contrato, incluyendo temas técnicos, operativos y financieros, y determina si las partes pueden declararse a paz y salvo o si existen obligaciones por cumplir, lo que implica que el acta de recibo final no es una declaración definitiva del cumplimiento cabal de todas las obligaciones del contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la naturaleza jurídica del acta de recibo final y la potestad de la administración para efectuar descuentos en la liquidación del contrato, lo que tiene implicaciones significativas en la práctica contractual y en la resolución de controversias relacionadas con la entrega y liquidación de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:Acta de recibido final de obra pública: instrumento de constancia, acta de recibo final de obra, alcance, no exime al constructor por los potenciales vicios inherentes a la construcciónNaturaleza jurídica del acto de liquidación del contrato: objeto de la liquidación del contrato estatal, condición técnica del contrato estatal, ecuación financiera del contrato estatal, garantías en el contrato administrativoLiquidación del contrato estatal: potestad de la administración del análisis técnicos y financiero, facultad de efectuar descuentos
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-07Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020240056301LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la Subsección para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad estatal proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ya que esta no constituye una condena judicial, conciliación u otro mecanismo que ponga fin a un conflicto por un daño antijurídico. La sanción administrativa se expide en el marco de un proceso sancionatorio por incumplimiento de normas y procedimientos, y no causa un daño antijurídico a la entidad, sino que se trata de un daño que está en el deber jurídico de soportar, en tanto es parte de las instituciones públicas sometidas al control del Estado como desarrollo de la facultad sancionatoria. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la procedencia del medio de control de repetición en casos de sanciones administrativas, lo que implica que el contratista no podrá obtener indemnización por dichas sanciones.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición es procedente cuando provenga de una condena judicial, de una conciliación u de otro mecanismo que haya puesto fin a un conflicto por un daño antijurídico?¿Es improcedente el medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios…¿Es improcedente la condena en costas por cuanto no se causaron?
¿Tiene la entidad estatal, facultades para corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier tiempo, y por el contrario, para la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones si deben sujetarse a las limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas? Sí
Las entidades estatales pueden corregir errores formales y sanear vicios de procedimiento en cualquier momento, pero la modificación de las reglas del proceso de selección contenidas en el pliego de condiciones debe sujetarse a limitaciones temporales y materiales previstas para la expedición de adendas, según establecen los artículos 30 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas limitaciones prohíben modificar el pliego de condiciones dentro de los tres días anteriores al cierre del proceso de selección y establecen que no se pueden alterar aspectos sustanciales como el objeto del contrato o las reglas fundamentales de la competencia. La facultad de corrección no puede dar lugar a cambios en el sentido material de la decisión, según el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, la Sala declaró nula la Resolución que suspendió el proceso de licitación y extendió el plazo de presentación de ofertas, ya que esta modificación constituye una adenda no permitida por la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los artículos segundo y tercero de la Resolución mediante la cual se suspendió el proceso de Licitación Pública y se adoptó un nuevo cronograma con ampliación del plazo…¿La expedición de una resolución que, bajo la figura del saneamiento o corrección de un error contenido en el pliego de condiciones…¿Debe la Sala abstenerse de imponer condena en costas cuando se trata de un proceso de nulidad de un acto administrativo de carácter general promovido por una veeduría ciudadana…
¿La conducta de no contestar la demanda es suficiente para acreditar el elemento subjetivo del medio de control de repetición? No
El contratista no acredita el elemento subjetivo del medio de control de repetición simplemente por no contestar la demanda, ya que esta conducta debe ser valorada por el juez como un indicio grave, pero no como un allanamiento a las pretensiones. La entidad estatal no puede ser condenada basándose únicamente en esta omisión, ya que se requiere un análisis más profundo para establecer la causalidad y la culpa grave del agente estatal. La Sala confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda, reiterando que el proceso de repetición debe hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado para determinar si su comportamiento es la causa adecuada del daño.síntesis automática
También resuelve:¿El proceso de repetición está para hacer un juicio objetivo y subjetivo sobre el agente o ex agente del Estado y para determinar si dicho comportamiento es la causa adecuada del daño?¿No se demostró el elemento subjetivo ni el nexo de causalidad entre la supuesta omisión del demandado y la condena?¿El tribunal al analizar la conducta que se alegó en la demanda, consideró que el municipio no acreditó la omisión en que incurrió el demandado?
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, pues resultaría contrario al deber de lealtad de las partes, permitir que una parte prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva lo que estaba firmando? Sí
En el presente asunto, el contratista apelante insiste en que no es procedente negar las súplicas dirigidas al reconocimiento del desequilibrio económico en su contra por cuenta de las suspensiones realizadas al contrato de consultoría… , porque el proceso da cuenta precisamente de tales hechos.… La Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación… reiteró la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente a las reclamaciones que surjan por cuenta de la ejecución de los negocios.… En esa perspectiva, es claro que el comportamiento de las partes durante la ejecución de sus negocios es determinante para la prosperidad de sus pedimentos en el escenario judicial.… En la hipótesis del consorcio contratista y ahora apelante…
También resuelve:¿La expedición del Decreto 563 de 2007 constituyó causa del hecho del príncipe, que afectara gravemente la ecuación financiera del contrato estatal?
¿La omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación formulada contra una funcionaria constituye un vicio de forma que invalida los actos administrativos expedidos? No
El contratista no puede invalidar los actos administrativos basándose en la omisión del trámite previsto en el artículo 12 del CPACA frente a una recusación, ya que la entidad estatal detalló las razones por las cuales se adoptó la decisión y no se extralimitó u omitió sus funciones, además de que la recusación fue resuelta posteriormente. La entidad administrativa no está obligada a tramitar reiterativamente recusaciones con fundamentos sustancialmente similares, según el artículo 19 del CPACA, lo que no vulnera el procedimiento administrativo. Asimismo, la elaboración de un informe de presunto incumplimiento por parte de un contratista, dirigido al supervisor del contrato, no vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio, siempre y cuando no afecte derechos fundamentales o altere el sentido de la decisión. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, estableciendo que no toda irregularidad en el trámite administrativo configura una causal de nulidad, sino que debe ser jurídicamente relevante y afectar derechos fundamentales o el sentido de la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La reiteración sustancial de los fundamentos de una recusación exime a la entidad administrativa de tramitarla conforme al artículo 12 del CPACA?¿Vulnera el procedimiento administrativo la autoridad que se remite a respuestas anteriores cuando enfrenta recusaciones reiterativas ya resueltas?¿Vicia de nulidad el procedimiento sancionatorio el hecho de que el informe de presunto incumplimiento haya sido elaborado por un contratista y no directamente por el supervisor del contrato?
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato? Sí
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato después de renunciar a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra, ya que las partes acordaron de buena fe que la prórroga no generaría sumas adicionales, y la caducidad de la acción impide que se cuestione la validez de las prórrogas contractuales. La Sala reitera que la renuncia a reclamaciones por extensión del plazo contractual es válida y que no hay prueba del desequilibrio financiero del contrato, lo que implica que las pretensiones económicas del contratista no prosperarán si no acredita la existencia de un desequilibrio financiero real y no pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Las reclamaciones por mayor permanencia de la obra durante el plazo adicional acordado no pueden prosperar porque las partes las pactaron que el acuerdo no generaría sumas adicionales en favor del…¿Las pretensiones económicas alegadas por el contratista son improcedentes por acreditarse que renunció al pago de los costos generados por las tres primeras prórrogas del contrato y la cuarta fue…¿Se acreditó un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de obra pública que diera lugar al reconocimiento del pago solicitado por el contratista?
¿De la inasistencia del alcalde encargado a la audiencia se puede concluir que la no concesión del recurso de apelación fuera atribuible al demandando? No
De la sola inasistencia del [alcalde encargado] no se puede concluir que la no concesión del recurso fuera atribuible al demandando, máxime, cuando a la audiencia fue una apoderada como lo permitía la ley y, si bien la misma no tenía facultades para conciliar no se allegó el poder para determinar quién lo atribuyó de manera incompleta. En consecuencia, dado que no se demostró una conducta dolosa o gravemente culposa, se confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
También resuelve:¿La omisión del demandado como alcalde encargado determinó la imposición de la condena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditó que el demandado otorgó un poder de manera incompleta para que se declarara desierto el recurso de apelación?¿Se determinó que la actuación del demandado motivó la imposición de la condena y que esa actuación estuvo revestida de dolo o culpa grave?
¿Puede el juez de segunda instancia, al resolver la apelación interpuesta únicamente por la entidad demandada, revisar la negativa al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto del gravamen sobre los movimientos financieros y complementar la sentencia para decidir la pretensión de liquidación del contrato, si el consorcio demandante no apeló la providencia ni solicitó su adición? No
El juez de segunda instancia no puede revisar lo decidido en primera instancia sobre una pretensión que la parte demandante no apeló ni pidió adicionar, cuando la apelación fue interpuesta únicamente por la entidad demandada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP limita el recurso al examen de los reparos concretos formulados por el apelante; el artículo 328 del CGP obliga a pronunciarse solo sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y el inciso segundo del artículo 287 del CGP permite complementar la sentencia en lo silenciado solo cuando la parte perjudicada apeló o solicitó su adición. Así, una negativa de primera instancia no impugnada queda con efectos de cosa juzgada y no puede reabrirse en la segunda instancia. Esta regla refleja los límites de la apelación frente a pretensiones que el apelado no controvirtió, y se aplica a los procesos de controversias contractuales en los que la sentencia guarde silencio sobre una pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el idóneo para reclamar la indemnización de los perjuicios que una de las partes atribuye al incumplimiento de un contrato estatal?¿Incurre la Agencia Nacional de Infraestructura en incumplimiento del contrato de obra pública al practicar las retenciones por concepto de la contribución especial de obra pública…¿Debe el consorcio demandante asumir las costas de segunda instancia, incluidas las agencias en derecho, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura?
Auto interlocutorio — Auto que declara desierto recurso2022-06-06Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170041702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Precisó la demandante en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión? No
El contratista no precisará en qué sentido las resoluciones demostraban la existencia de colusión, ya que la omisión de esta especificación implica que la prueba documental no resulta pertinente, útil ni conducente para demostrar las supuestas irregularidades en el procedimiento de selección y las conductas violatorias de la libre competencia por parte de los oferentes adjudicatarios. En este caso concreto, la demandante no detalló cómo las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio podían ilustrar la existencia de acuerdos colusorios en el proceso específico, limitándose a afirmar que dichas decisiones eran útiles para ilustrar al tribunal sobre la existencia de colusión en otros eventos. Como resultado, el tribunal confirmó la decisión de negar la admisión de dichas resoluciones como prueba, reafirmando que la parte demandante no cumplió con los requisitos de sustentación necesarios para que el recurso de apelación fuera debidamente presentado y examinado.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentaron argumentos contra los fundamentos de hecho y/o derecho que sirvieron de sustento al tribunal para negar el decreto de la prueba testimonial?¿El Tribunal negó la prueba por considerarla innecesaria para demostrar los hechos objeto del litigio?¿La parte recurrente sustentó debidamente su impugnación?