Titulación de la relatoría 21.284 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LAS SECCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO / DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
Problema jurídico:
¿Es competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un tribunal administrativo, referente a la adjudicación de rutas de transporte?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias y litigios originados en actos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor –$1.596’000.000 (f. 3 c. p.pal.)– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.2 del CPACA, es decir, $283´350.000 (...) . Hay que precisar que la Resolución n°. 084 de 2011, tal como se expondrá más adelante, corresponde a un acto administrativo ajeno a la actividad contractual del Estado, por lo que, en principio, el conocimiento de este proceso estaría a cargo de la Sección Primera de esta Corporación, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 058 de 1999 –modificado por el artículo 1° del Acuerdo 055 de 2003–. Sin embargo, tal circunstancia no afecta la competencia de la Sala ni constituye motivo de nulidad procesal por los siguientes motivos: La distribución entre Secciones, de conformidad con la especialidad del tema a tratar, no altera la competencia funcional establecida a cargo del Consejo de Estado. En tal sentido, la distribución contenida en el mencionado acuerdo corresponde a un reparto de cargas de trabajo al interior de las Secciones que integran la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación que, en todo caso, conforme a los factores de atribución funcional y cuantía es el encargado de resolver la apelación formulada, según lo ya expuesto. (...) En idénticas situaciones a las que ahora ocupa la atención de la Sala, en las que se resolvieron demandas contra la adjudicación de rutas de transporte, las Subsecciones que integran esta Sección han sostenido que, encontrándose para fallo, corresponde dictar sentencia de mérito. Esto con fundamento en que i) las normas que indican los asuntos que corresponden a las diferentes Secciones de esta Corporación son reglas de reparto, pero que no afectan su competencia, porque el legislador es quien define las reglas de competencia y ii) es el mismo artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 el que dispone que la distribución de procesos entre las secciones tiene «efectos de repartimiento».
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la distribución de competencia entre las secciones del Consejo de Estado, consultar auto de 15 de febrero de 2019, Exp. 2013-00256-00. Y sobre la competencia para resolver demandas contra la adjudicación de rutas de transporte, consultar sentencia de 24 de septiembre de 2020, Exp. 54487, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 8 de septiembre de 2021, Exp. 61896, C.P. Martín Bermúdez Muñoz y sentencia de 27 de septiembre de 2024, Exp. 61859, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO DE ESTADO, ACUERDO 055 DE 2003 - ARTÍCULO 1, CONSEJO DE ESTADO, ACUERDO 058 DE 1999 - ARTÍCULO 13, CONSEJO DE ESTADO, ACUERDO 080 DE 2019 - ARTÍCULO 13, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 2
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTOS DEMANDABLES A TRAVÉS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
Problema jurídico:
¿Es procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al acto que adjudica una ruta terrestre de transporte de pasajeros?
Respuesta al problema jurídico: Si
La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho es el medio de control idóneo para perseguir la anulación de un acto administrativo de carácter particular, el restablecimiento del derecho y la reparación del daño, cuando el interesado se crea lesionado en un derecho amparado en una norma jurídica. Esta Corporación ha reiterado que contra las resoluciones que adjudican una ruta de transporte terrestre de pasajeros procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho –medio de control en el CPACA–, por cuanto son actos administrativos, ajenos al perfeccionamiento o celebración del contrato, proferidos con ocasión de un procedimiento especial mediante los cuales se habilita a un particular a prestar un servicio público reservado a la Administración. En este caso, dado que se solicita la nulidad de los actos administrativos que adjudicaron el permiso para operar la ruta San José del Guaviare (Guaviare) – Granada (Meta), junto con la reparación del daño, el medio de control adecuado es el de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme el artículo 138 del CPACA.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto que adjudica una ruta terrestre de transporte de pasajeros, consultar sentencia del 24 de septiembre de 2020, Exp. 54487; sentencia del 8 de septiembre de 2021, Exp. 61896 y sentencia del 27 de septiembre de 2024, Exp. 61859, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / ACTOS DEMANDABLES A TRAVÉS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO / ACTO QUE RESUELVE RECURSO JUDICIAL / AUTO QUE DECIDE RECURSO DE REPOSICIÓN / INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se entenderán demandados los actos que resolvieron los recursos interpuestos contra un acto administrativo definitivo, cuya nulidad se pretende?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 163 del CPACA, vigente al momento de interposición de la demanda, estableció que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo definitivo que ha sido objeto de recursos ante la Administración, también se entenderán demandados los actos que los resolvieron. El demandante alegó la nulidad de la Resolución n°. 084 del 5 de octubre de 2011 que adjudicó a Cootransguaviare Ltda. la ruta San José del Guaviare (Guaviare) – Granada (Meta) y viceversa. Interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra esa decisión, que fueron resueltos a través de las Resoluciones n°. 089 de 2011 y n°. 01787 de 2012, respectivamente. La decisión que resolvió el recurso de reposición –nº. 089 de 2011– no fue demandada. A pesar de lo anterior, la Sala estima que procede el estudio de fondo de las pretensiones, ya que en vigencia del CPACA, conforme al artículo 163 citado, se entienden integrados a la demanda los actos que resolvieron los recursos contra el acto definitivo y resulta incoherente que, ante la nulidad del acto demandado, se mantengan en el ordenamiento jurídico aquellos que definieron lo mismo al resolver los recursos.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 163
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / TRANSPORTE DE PASAJEROS / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CONCILIACIÓN FALLIDA / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentado dentro de los cuatro meses siguientes a notificación de la resolución que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto de adjudicación de la ruta terrestre de transporte de pasajeros?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, establece que las leyes procesales son de aplicación inmediata, salvo que los términos hubieren iniciado con la anterior, caso en el cual esta será la norma aplicable. El artículo 136.2 del CCA, vigente al momento en que empezó a correr el término para presentar la demanda, disponía que el término para formular pretensiones, en nulidad y restablecimiento del derecho, es de cuatro meses, que se cuentan a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. La demanda se interpuso en tiempo –11 de diciembre de 2012–9 porque la Resolución n°. 001787, que resolvió el recurso de apelación, se notificó personalmente al representante legal suplente de la demandante el 6 de junio de 2012 (f. 78 c. 2). Según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, el término de caducidad estuvo suspendido entre el 5 de octubre de 2012, fecha en que se radicó la solicitud de conciliación prejudicial, y el 10 de diciembre siguiente, cuando la Procuraduría expidió la constancia de conciliación fallida (fls.617-620 c. 2). El resto del término transcurrió hasta el 11 de diciembre de 2012, fecha en la cual se presentó la demanda.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 2, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21
SERVICIO DE TRANSPORTE / TRANSPORTE DE PASAJEROS / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS / ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / ACTO ADMINISTRATIVO BILATERAL / REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El acto de adjudicación del permiso para la operación de una ruta es susceptible de ser revocado por la Administración?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala encuentra que el acto de adjudicación del servicio de transporte se asemeja a lo que en el derecho comparado se denomina una concesión administrativa, porque se trata de un acto administrativo bilateral que: i) está precedido de un procedimiento especial, exclusivo para el otorgamiento competitivo de permisos de operación, denominado «licitación pública»; ii) se otorga en función del interés general; iii) permite a un privado la prestación de un servicio público; iv) requiere de la participación y el consentimiento de ambas partes; v) es bilateral, porque genera obligaciones y derechos recíprocos entre las partes; por un lado, la Administración debe evaluar y vigilar permanentemente la prestación del servicio (art. 29.9 del Decreto 171 de 2001), mientras que el privado tiene derecho a operar la ruta, pero en los términos dispuestos en las normas aplicables; vi) es revocable en caso de que el adjudicatario no entre a prestar el servicio dentro del plazo establecido (art. 29.10 del Decreto 171 de 2001), pero también lo será, inclusive, si no lo presta en debida forma (art. 29.9) del Decreto 171 de 2001; vii) es intransferible y viii) se otorga con carácter temporal.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 171 DE 2001 - ARTÍCULO 29 NUMERAL 10, DECRETO 171 DE 2001 - ARTÍCULO 29 NUMERAL 9
ACTOS DEMANDABLES A TRAVÉS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGO DE NULIDAD ALEGADO / VIOLACIÓN DE LA NORMA / TÉRMINOS DE REFERENCIA / CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARGO DE NULIDAD / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El acto de adjudicación de una licitación pública –que no se rige por la Ley 80 de 1993– y los actos que lo confirmaron son nulos por infracción de las normas en que debían fundarse por interpretación errónea de los términos de referencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el expediente obra la respectiva certificación expedida por la empresa Satrack Inc de Colombia Sevisat S.A.S. que certifica que de llegar a ser Cootransguaviare Ltda. la adjudicataria de la licitación se instalaría y prestaría el servicio de localización requerido en la totalidad de los vehículos ofrecidos (fls. 564- 365 c. 2). Se aprecia, además, que la certificación contiene las mismas especificaciones técnicas contenidas en la sección 2.3.1.3 para los dispositivos de localización. De manera que frente a esta certificación no existen dudas sobre el cumplimiento del requisito. Asimismo, obra en el expediente copia de los formatos de contrato de prestación de servicios de la sociedad Satrack y el formato de vinculación de clientes (fls. 367-373 c. 2). De igual manera, obra en el proceso la Resolución proferida por el Ministerio de Transporte el 24 de junio de 2002 por medio de la cual se otorga licencia para la prestación de servicios telemáticos con cubrimiento nacional a la sociedad Satrack Inc de Colombia Sevisat S.A.S. (fls. 567-569 c. 2). También se observa una certificación expedida por la representante legal de Cootransguaviare Ltda. (f. 374 c. 2), en la cual la representante se comprometía –bajo la gravedad de juramento– a contratar los servicios y elementos necesarios de localización con las especificaciones técnicas de la sección 2.3.1.3 de los términos de referencia con la empresa Satrack Inc de Colombia Sevisat S.A.S. (f. 572 c. 2). De conformidad con lo anterior, no quedó acreditado que Cootransguaviare Ltda. incumplió la sección 2.3.1.3 de los términos de referencia y que, en consecuencia, no debió ser seleccionado en el proceso de licitación. (...) las disposiciones del Estatuto General de la Contratación Pública aplicables a la licitación nº. DTM-001-2011 se limitan a complementar el proceso de selección, en cuanto a reglas de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. Sin embargo, estas no deben contradecir las normas especiales. En efecto, los términos de referencia, que tal como se indicó corresponden a las reglas adoptadas mediante Resolución nº. 9901 del 2 de agosto de 2002 del Ministerio de Transporte, establecen que será suficiente acreditar que se contratarán los servicios y elementos de localización necesarios para resultar favorecido con la licitación. Finalmente, además de la inaplicación de la normativa invocada, lo regulado en el artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, nada tiene que ver con la controversia propuesta, ya que de lo que se trata aquí es de definir el alcance de los términos de referencia frente a los equipos referidos y no aspecto alguno relacionado con la subsanación de las ofertas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2474 DE 2008 - ARTÍCULO 10
ACTOS DEMANDABLES A TRAVÉS DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGO DE NULIDAD ALEGADO / TÉRMINOS DE REFERENCIA / CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CAPACIDAD TÉCNICA / CONDUCTOR DE VEHÍCULO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CARGO DE NULIDAD / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El acto de adjudicación de una licitación pública –que no se rige por la Ley 80 de 1993– y los actos que lo confirmaron son nulos por falsa motivación por el puntaje otorgado a la capacitación de conductores y el diligenciamiento de la proforma nº. 5.1?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala considera, entonces, que las certificaciones de la gerente de Cootransguaviare Ltda. y los diplomas que le sirvieron de soporte se ajustaron a lo dispuesto en el en la sección 2.3.1.2 de los términos de referencia y, por ello, como lo manifestó el a quo, era procedente asignarle la máxima calificación a la cooperativa adjudicataria por la certificación de los programas técnicos de capacitación. (...) El recurrente esgrimió que el contador y el representante legal que suscribieron la proforma n°. 5.1 no fueron «plenamente identificados». No obstante, obra en el expediente el certificado de existencia y representación legal de Cootransguaviare Ltda. (fls. 284-290 c. 2). De conformidad con el documento, la representante legal de la cooperativa es G. G. T. Asimismo, obra la carta de presentación de la propuesta de Cootransguaviare Ltda. suscrita por G. G. T. en su calidad de presentante legal de dicha cooperativa (fls. 276-279 c. 2). Por otra parte, se encuentran en el expediente los estados financieros del año 2010 firmados por H. E. B. L. en su calidad de contador público (fls. 590-604 c. 2). También obra su tarjeta profesional de contador público (f. 605 c. 2). Contrario a lo esgrimido por el recurrente y conforme a lo hasta aquí expuesto, la Sala no aprecia que los signatarios de la proforma n°. 5.1 no hayan sido «plenamente identificados». Por el contrario, al confrontar las firmas consignadas en la proforma nº. 5 con los documentos antes mencionados, se concluye que aquellas corresponden a la representante legal y al contador público de Cootransguavire Ltda., con lo cual, a juicio de la Sala, se cumplió con lo consignado en la sección 1.10.1 de los términos de referencia frente al debido diligenciamiento de la proforma n°. 5.1 (fls. 84-85). Por ello, el cargo no prospera.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 365.1 del CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, de modo que en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda (art. 365.3 del CGP). En este caso, aun cuando se modificará la sentencia de primera instancia en lo relativo al valor de las agencias en derecho, la Sala considera procedente la condena en costas en esta instancia, dado que el recurso de apelación no prosperó en lo que tiene relación con las pretensiones de la demanda. De conformidad con el artículo 366.4 del CGP y en los términos del Acuerdo nº. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda –hoy Acuerdo n°. 10554 de 2016–, las agencias en derecho se tasarán en el 0.1% del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones se estimaron en $1.596’000.000 (f. 3 c. p.pal.), la demandante pagará la suma de $1.596.000 por concepto de agencias en derecho, que serán distribuidos en partes iguales en favor de cada uno de los sujetos que integraron la parte pasiva.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4