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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020190078801-67537-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-12-09"
radicado: "25000233600020190078801"
numero: "67537"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-12-09
- **Radicado:** 25000233600020190078801
- **Número interno:** 67537
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** MONTENEGRO & LEROY COAL CO SAS
- **Demandado:** ANM
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190078801-67537-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020190078801/8F8C6EF5C1D8B6614BC0A0BD015FAE54C5795011B91DB341309AE646EE7E20D2/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900788011100103

## Problema jurídico

¿Debe conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido contra las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del contrato de concesión minera?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para cuestionar las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017…
- ¿Debe imponerse condena en costas y fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte apelante, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y a las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104 y 150
- Ley 685 de 2001, art. 293

## Extracto

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con base en el artículo 104 del CPACA, pues las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, proferidas en el marco de la ejecución del contrato de concesión minera No. FI2- 161, fueron dictadas por la Agencia Nacional de Minería, en tanto agencia estatal de naturaleza especial.

## Síntesis temática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de las resoluciones que expide una agencia estatal de naturaleza especial en la ejecución de un contrato de concesión minera, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: las resoluciones impugnadas se dictaron en el marco de la ejecución del contrato de concesión, lo que las sujeta al derecho administrativo; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la resolución de la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, asigna en primera instancia a los tribunales administrativos el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos, de modo que la segunda instancia corresponde a esta Corporación. Por ello, la vocación de doble instancia del proceso determina la competencia del superior. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.

## Descriptores temáticos

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA, COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, ASUNTOS MINEROS, CONTRATO DE CONCESIÓN, CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA, DOBLE INSTANCIA, ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, RECURSO DE APELACIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA FUNCIONAL, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, COMPETENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, CONTROL JUDICIAL, RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, SEGUNDA INSTANCIA, ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, FALSA MOTIVACIÓN, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VICIOS DE FORMA, SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, ACTO ADMINISTRATIVO FICTO, SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO, PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO, REQUISITOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO, SILENCIO ADMINISTRATIVO, DERECHO MINERO, CONCESIÓN, CONCESIÓN DE MINA, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, LEY 658 DE 2001, CONCEPTO TÉCNICO, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCESO DECLARATIVO

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## Texto del documento

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / ASUNTOS MINEROS / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / DOBLE INSTANCIA / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / RECURSO DE APELACIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA FUNCIONAL
Problema jurídico:
¿Debe conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido contra las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con base en el artículo 104 del CPACA, pues las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, proferidas en el marco de la ejecución del contrato de concesión minera No. FI2- 161, fueron dictadas por la Agencia Nacional de Minería, en tanto agencia estatal de naturaleza especial. El Consejo de Estado también es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los artículos 150 del CPACA y 293 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas-, dada la vocación de doble instancia del proceso, considerando que dicha normativa asignó el conocimiento de los asuntos derivados de contratos de concesión mineros en primera instancia a los tribunales administrativos, por lo que ahora corresponde a esta Corporación fungir como juez de segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 293
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / COMPETENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTROL JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para cuestionar las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería durante la ejecución del contrato de concesión minera, mediante las cuales se rechazó la solicitud de devolución de área presentada por la contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería por la expedición de las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, mediante las cuales se rechazó una solicitud de devolución de área dentro del contrato de concesión minera No. FI2-161, el medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se formularon pretensiones referidas a una decisión dictada con ocasión al iter contractual minero.
FUENTE FORMAL:
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA , RESOLUCIÓN 004409 DE 2016, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, RESOLUCIÓN 001318 DE 2017, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / FALSA MOTIVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VICIOS DE FORMA / CONTROL JUDICIAL / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / REQUISITOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO / DERECHO MINERO / CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONCESIÓN DE MINA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / LEY 658 DE 2001 / CONCEPTO TÉCNICO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
"¿Las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, proferidas con ocasión del contrato de concesión minera No. FI2-161 incurrieron en una falsa motivación e irregularidades de forma por haber rechazado la solicitud de devolución de área presentada con base en la ausencia de un PTO, [plan de trabajos y obras], avalado, aunque a juicio de la parte apelante aquel se presentó y/o aprobó tácitamente como resultado del silencio de la Administración protocolizado mediante la escritura No. 00604 del 25 de marzo de 2010?"
Respuesta al problema jurídico: No
En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, en el recurso de apelación, Montenegro [Sociedad Montenegro & Leroy Coal Co LTDA] consideró que la sentencia de primera instancia debe revocarse para, en su lugar, accederse a las pretensiones de la demanda, con sustento en que las resoluciones enjuiciadas desconocieron la configuración de un silencio administrativo positivo en su favor, marco en el cual, de entrada, no se reiteraron los cuestionamientos de la demanda dirigidos a controvertir: i) que con el PTO supuestamente se delimitó el área definitiva y solo se tuvo en cuenta el área solicitada en devolución; ii) que el concepto técnico No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 no era un acto administrativo, y iii) que al omitirse la aprobación expresa del PTO no se resolvió su solicitud de renuncia al tiempo restante de la etapa de construcción y montaje, lo que en su criterio la obligó a pagar injustificadamente varios cánones superficiarios. Ciertamente, de la lectura integral de la apelación no se evidencia cuestionamiento alguno sobre los puntos anteriormente expuestos, circunstancia que releva a la Sala de analizarlos en segunda instancia, pues la labor del ad quem es, precisamente, resolver los reproches que contra la sentencia del juzgador de primera instancia se formulen, sin que le corresponda volver a estudiar la demanda, so pena de infringir el principio de congruencia y de pretermitir la carga que le asiste a las partes de defender sus intereses en el curso del proceso. A partir de lo expuesto, y de conformidad con los cuestionamientos formulados en el recurso de alzada, corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, proferidas con ocasión del contrato de concesión minera No. FI2-161 incurrieron en una falsa motivación e irregularidades de forma por haber rechazado la solicitud de devolución de área presentada con base en la ausencia de un PTO avalado, aunque a juicio de la parte apelante aquel se presentó y/o aprobó tácitamente como resultado del silencio de la Administración protocolizado mediante la escritura No. 00604 del 25 de marzo de 2010. (...) Al respecto, conviene comenzar por precisar que el silencio administrativo es una ficción jurídica mediante la cual se presupone que la falta de respuesta de la Administración frente a una solicitud y/o petición fue resuelta por esa ausencia de voluntad, de manera que se entiende configurado un acto administrativo ficto o presunto que, naturalmente, no obra por escrito, sino que se deduce de la abstención en dirimir lo pedido, para lo cual se requiere que: i) haya una solicitud respecto de una entidad pública que se encuentre debidamente radicada, ii) la ley permita la configuración de la figura, y iii) exista una abstención absoluta de respuesta del órgano respectivo dentro del plazo previsto en la ley para el efecto (...) En el ordenamiento jurídico colombiano el silencio administrativo es, por regla general, negativo lo que implica que cuando existe una ausencia de voluntad expresa de la Administración producto de una solicitud luego del interregno para su resolución, se entiende que fue resuelta desfavorablemente. Con ello se persigue no dejar en vilo indefinidamente lo pedido por los administrados frente al Estado y, así, activar en favor de aquellos la posibilidad de que, si a bien lo tienen, puedan cuestionar judicialmente el acto administrativo ficto o presunto negativo (...) Por su parte, el legislador también previó excepcional y taxativamente algunos eventos en los cuales el silencio administrativo puede ser positivo, es decir, ante la falta de respuesta de la Administración se configura un acto administrativo ficto o presunto favorable para el peticionario, el cual tiene por objeto que en situaciones de suma complejidad las entidades del Estado sean diligentes en su actuar, so pena de que su falta de aquiescencia se entienda como un visto bueno. A su turno, también se previó que el silencio administrativo positivo debe protocolizarse, lo cual es una constatación de simple vista por el notario mediante la cual da fe de que se constituyó, aspecto frente al cual vale aclarar que, en todo caso, por más que ello se instituya por escrito, no quiere decir que se trate de un elemento de la existencia del acto administrativo, pues dicho procedimiento es una simple verificación que no ata necesariamente al juez, quien puede analizar directamente si se cumplieron o no los elementos para su configuración. Precisado lo anterior, comoquiera que en el caso de estudio Montenegro consideró que su PTO se avaló mediante la figura del silencio administrativo positivo, aspecto que, a su juicio, debía llevar a la aprobación de la devolución de áreas pedidas, conviene destacar que, en efecto, la Ley 685 de 2001 estipuló en su artículo 84 que, como resultado de las labores exploratorias, el concesionario debe presentar para la aprobación de la entidad concedente el PTO, en el que deberá incluir, entre otros, la delimitación definitiva del área de explotación, aspecto que, leído en concordancia con el artículo 82 ejusdem, revela que, para pedirse la devolución de áreas se requiere contar con ese documento aprobado, pues es ahí donde se hace la delimitación de la zona frente a la cual se realizarán los trabajos y obras con fines extractivos. Ello es de gran importancia, pues la delimitación del área definitiva es clave para establecer la zona donde se pasarán a realizar los trabajos y obras y, posteriormente, las labores extractivas, de modo que se requiere la mayor claridad y definición de la zona comprometida para ese fin, a efectos de verificar aspectos como la ausencia de superposiciones y las zonas que se encuentran libres. (...) Sobre la base de las anteriores premisas la Sala advierte, de entrada, que no se vislumbra ninguna falsa motivación o irregularidad de forma respecto a las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, mediante las cuales se denegó la devolución de área solicitada por Montenegro, por cuanto, como se expondrá a continuación, para proceder favorablemente a ello se requería que el PTO estuviera aprobado y este no fue avalado expresamente, ni med

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

suspendido para la época en la que se allegó el POT, la autoridad minera sí se pronunció frente a este, de manera que, ante la falta de subsanación de ese documento, la aquí demandada estaba obligada a rechazar la reducción del área pedida como lo hizo mediante los actos administrativos demandados (hechos probados Nos. 6.1.3.1. a 6.1.3.3.), pues para proceder en los términos deseados por el concesionario se debía contar con dicho documento técnico aprobado, que no se avaló porque no fue subsanado en el área exacta definitiva, elemento frente al cual, cabe resaltar, no existió ningún cuestionamiento de la demandante. A su vez, la Sala destaca que, mediante auto PARB No. 1298 del 9 de diciembre de 2016, la Agencia Nacional de Minería declaró expresamente la improcedencia del silencio administrativo positivo frente al PTO (hecho probado 6.1.2.21), decisión que, si bien es un acto administrativo definitivo, por contener un efecto jurídico directo, consistente en descartar la existencia de un acto ficto o presunto, lo cierto es que la firmeza y/o falta de cuestionamiento de esa decisión en este proceso no resultaba suficiente para denegar las pretensiones de la apelación, habida cuenta que, precisamente, Montenegro alegó que antes de esa decisión se había configurado un acto ficto o presunto, lo que tornaba en obligatorio verificar su existencia previa o no y, como se descartó que no surgió a la vida jurídica, es claro que a la autoridad minera le asistió razón en arribar a la misma conclusión mediante la decisión administrativa en mención. Por último, dada la improsperidad de las pretensiones principales, es inane pronunciarse sobre las peticiones indemnizatorias, pues estaban atadas a que los cargos de la apelación se resolvieran favorablemente, lo que no sucedió. En conclusión, se encontró que las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, en virtud de las cuales se rechazó una solicitud de devolución de área dentro del contrato de concesión minera No. FI2-161, no incurrieron en una falsa motivación ni en una irregularidad de forma, por cuanto se basaron debidamente en el hecho de que no se configuró ningún silencio administrativo en favor de Montenegro, dado que: i) el pronunciamiento frente al PTO por la autoridad minera no fue extemporáneo, ii) no se requería una respuesta definitiva para interrumpir el término de silencio administrativo ficto o presunto, y iii) los escritos posteriores no tenían la vocación de incidir en la configuración o no de un supuesto acto ficto previo. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia del 20 de mayo de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, debido a la improsperidad de los cuestionamientos de la apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Frente al principio de congruencia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024, Exp. 18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848), C.P. Nicolás Yepes Corrales. Concepto sobre el silencio administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 13 de diciembre de 2019, Exp. 11001-03-06-000-2019-00110-00 (2424), C.P. Óscar Darío Amaya Navas. Respecto al silencio administrativo negativo, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-875 del 22 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Respecto al silencio administrativo positivo, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre la protocolización y sus efectos véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 24 de abril de 2024, Exp. 15001-23-33-000-2022-00137-01 (70640), C.P. William Edgardo Barrera Muñoz. En cuanto al iter minero, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2023, Exp. 11001-03-26-000-2021- 00193-00 (67516), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la validez y eficacia de los actos administrativos emitidos de manera tardía, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2023, Exp. 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033) y ii) Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Exp. 25000-23-36-000-2019-00697-01 (67948), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 281, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 284, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 82, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 84
APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCESO DECLARATIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA
Problema jurídico:
¿Debe imponerse condena en costas y fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte apelante, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y a las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554 de 2016, al haber resultado vencida en el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 1 del artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la medida de su comprobación. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda instancia a la apelante, por resultar vencida en esta instancia. Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues la Agencia Nacional de Minería actuó con apoderado en esa etapa y presentó alegatos de conclusión, motivo por el cual la Sala las determinará, según lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, según el cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV. En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de la Agencia Nacional de Minería, monto que será asumido por Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-12-09. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 25000233600020190078801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020190078801-67537-sentencia).
