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Consejo de Estado
Providencia
Allí se concluyó que la consulta previa no era un requisito necesario para la adjudicación del contrato de concesión minera
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020150124402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La decisión adoptada en la sentencia de primera instancia de prorrogar y ampliar los efectos de la medida cautelar de suspensión del contrato de explotación minera, para garantizar el derecho a la consulta previa de la comunidad indígena U’wa, debe ser revocada por ser incongruente con los hechos y pretensiones de la demanda, y porque no guarda relación con la finalidad de la medida cautelar? Sí
El juez de primera instancia profiere sentencia dentro del medio de control de controversias contractuales relativo a un contrato de concesión minera, debiendo guardar estricta congruencia entre los hechos y pretensiones de la demanda y las decisiones adoptadas, resultando improcedente prorrogar o ampliar los efectos de medidas cautelares de suspensión para ordenar la realización de trámites de consulta previa no solicitados por la comunidad indígena. Asimismo, la autoridad judicial declara de oficio la nulidad absoluta del contrato de concesión minera al constatar la superposición del área con zonas de reserva forestal, aplicando las prohibiciones legales contenidas en el artículo 34 del Código de Minas y los artículos 206 y 207 del Decreto Ley 2811 de 1974, las cuales impiden el desarrollo de actividades mineras en dichas zonas protegidas salvo previa sustracción por la autoridad ambiental competente.síntesis automática
También resuelve:
¿La decisión de la sentencia de primera instancia que de oficio declaró parcialmente la nulidad absoluta del contrato de concesión de explotación minera…
¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso, cuando se observa que en la presente litis se ventiló un interés público?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No existen expectativas legítimas en contravía del ordenamiento jurídico
Sentencia — Sentencia
2023-03-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000233600020190013901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existió una vulneración al debido proceso en el procedimiento sancionatorio minero contra el demandante? No
Cuando el titular minero es requerido en un procedimiento sancionatorio, el derecho de contradicción se garantiza mediante providencia notificada por estado, sin que sea exigible una notificación personal fuera de las excepciones previstas en la normativa especial. La regla se apoya en tres razones. Primera, la normativa minera admite la notificación por anotación en estados de las providencias del procedimiento, y el demandante reconoció que los primeros autos se notificaron de esa forma. Segunda, la declaratoria de caducidad se fundamentó en el incumplimiento parcial de los requerimientos, y la multa en la falta de entrega de formularios básicos, de modo que la falta de notificación alegada no configura causal de nulidad. Tercera, no existen expectativas legítimas contrarias al ordenamiento que justifiquen desconocer reglas de derecho público de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, el cambio de dirección para notificaciones personales resulta irrelevante y no se vulneró el debido proceso. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de caducidad del contrato de concesión minera debe estar precedida de un procedimiento administrativo donde se le permita al concesionario conocer las causas de ésta y ejercer su…
¿La falta de ejecución del contrato excusa al contratista de la obligación de mantener vigente la garantía minero ambiental?
¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad
Sentencia — Sentencia
2022-10-10
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001333603420130046001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad, por haber sido expedidas con falsa motivación, y por haber desconocido el principio de preferencia, consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001? Sí
Las resoluciones demandadas están viciadas de nulidad por haber sido expedidas con falsa motivación y por desconocer el principio de preferencia, consagrado en el artículo 16 de la Ley 685 de 2001. La Sala ha determinado que la administración se equivocó al rechazar la propuesta del actor, ya que algunas de las superposiciones invocadas no existían, lo que implica que el acto se encuentra viciado de nulidad. Además, la violación del principio de preferencia, aunque no es absoluta, fue aceptada por la autoridad minera en casi la totalidad de los documentos enunciados en los hechos probados, lo que da lugar a que este acto también se vicie de nulidad. La Sala ha anulado la Resolución 000081 de 2015, dada la relación inescindible que existe entre este acto y los estudiados en el título anterior, lo cual obliga a que se elimine el manto de legalidad de todos en su conjunto.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros…
¿El fenómeno de la caducidad opera frente a los actos administrativos que son producto del silencio administrativo negativo?
¿Procede el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios al declararse la nulidad de las resoluciones acusadas?
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130088601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Respecto de las controversias relativas a los contratos de concesión minera opera la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
En los contratos de concesión minera no procede la caducidad del medio de control de controversias contractuales, pues su objeto es la exploración y explotación de un recurso natural no renovable, y en consecuencia el juez resuelve el fondo de la litis. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la competencia de la Subsección para resolver el fondo se fija por los artículos 150 del CPACA y 293 del Código de Minas. Segundo, el artículo 6 y el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, este último aplicable a la controversia según la jurisprudencia reiterada de la Corporación, excluyen la caducidad en estos casos. La providencia resuelve el fondo de la controversia y reitera la jurisprudencia citada en la nota de relatoría sobre la caducidad en contratos de concesión minera; en la práctica, la excepción de caducidad no puede sustentarse en el término bienal frente a controversias sobre concesiones mineras, por lo que el juez debe examinar el fondo de la litis.síntesis automática
También resuelve:
¿El Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guarguar y Laguna Verde, cuya declaración como tal se realizó mediante el Acuerdo 022 de 2009 expedido por la CAR…
¿En asuntos mineros, las normas expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión, tienen la posibilidad de modificarlo?
¿En el presente caso se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación
Sentencia — Sentencia
2023-03-03
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020130182202
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial para garantizar su conservación? Sí
Los Parques Nacionales Naturales están sometidos a un régimen jurídico especial porque son áreas de manejo especial reservadas para conservar valores sobresalientes de fauna, flora y paisajes, de modo que en ellas solo pueden realizarse actividades de conservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación y cultura. La regla se apoya en tres razones. Primera, el Decreto ley 2811 de 1974 considera el ambiente patrimonio común y crea las áreas de manejo especial, dentro de las cuales se encuentra el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Segunda, el artículo 63 de la Constitución atribuye a los parques naturales las prerrogativas de los bienes de uso público, es decir, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Tercera, el artículo 34 del Código de Minas impide ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas delimitadas como de protección, entre ellas los parques nacionales naturales. En el caso se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿El acto administrativo mediante el cual se declara, reserva, delimita y alindera un Parque Nacional Natural goza de ejecutividad y ejecutoriedad desde su publicación en el Diario Oficial?
¿El contrato de concesión minera otorga a favor del concesionario un derecho real de dominio sobre el área otorgada o sobre los minerales que se encuentran en ella?
¿Ante la nulidad absoluta del contrato de concesión minera, se hace viable la restitución que normalmente conlleva esta declaratoria de anulación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020190078801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido contra las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del contrato de concesión minera? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de las resoluciones que expide una agencia estatal de naturaleza especial en la ejecución de un contrato de concesión minera, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: las resoluciones impugnadas se dictaron en el marco de la ejecución del contrato de concesión, lo que las sujeta al derecho administrativo; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la resolución de la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, asigna en primera instancia a los tribunales administrativos el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos, de modo que la segunda instancia corresponde a esta Corporación. Por ello, la vocación de doble instancia del proceso determina la competencia del superior. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de controversias contractuales para cuestionar las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017…
¿Debe imponerse condena en costas y fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte apelante, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y a las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el panorama normativo de la consulta previa se encuentra permeado de inseguridad jurídica
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020150124402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El panorama normativo de la consulta previa se encuentra permeado de inseguridad jurídica? Sí
La consulta previa, libre e informada hoy “debe ser un proceso intercultural de diálogo en el que el Estado debe entonces tomar las medidas necesarias para reducir las desigualdades fácticas de poder que puedan tener los pueblos étnicos”, esto es, un verdadero mecanismo de participación y conciliación cuyo objetivo sea lograr un acuerdo entre el Estado y/o empresas privadas y las comunidades étnicamente diferenciadas sobre las medidas que las afecten; teniendo en cuenta que, en aquellos casos en que la afectación sea intensa el consentimiento previo, libre e informado es obligatorio.… Los elementos que integran el derecho fundamental a la consulta previa han sido desarrollados en el escenario internacional, principalmente por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como por la jurisprudencia de la CIDH.… En Colombia…
También resuelve:
¿El caso debió ser abordado desde una perspectiva étnica que permitía el estudio de la garantía del derecho de participación del pueblo indígena U’wa en la celebración del contrato de explotación…