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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

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Fecha
2025-02-21
Radicado
25000233600020180053802
Número interno
69580
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
D&amp T PROYECTOS SAS
Demandado
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINARMARCA - FONDECUN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Lo que dijo la Sala

Antes de abordar los motivos de inconformidad del apelante, es necesario precisar que el contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (en adelante, “EGCAP”). Según el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado, como FONDECUN, se rigen por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales, y no están sometidas al EGCAP. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa, la gestión fiscal y del régimen de inhabilidades e incompatibilidades… El manual de contratación de FONDECUN aportado al proceso, que fijó tal régimen… reitera que su actividad contractual no está sometida al EGCAP…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede reclamar el pago de costos asociados a la elaboración de diseños adicionales durante la formación del contrato, ya que el alcance del contrato no incluyó la obligación de actualizar diseños previamente elaborados por la entidad, sino que el contratista debía elaborar los diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Aunque el contrato utilizó la expresión "actualización de diseños", esto no implicaba la actualización de diseños previamente proporcionados por la entidad, sino la elaboración de nuevos diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas. Además, el contratista aceptó en su propuesta que su obligación consistía en elaborar los diseños bajo las condiciones precisadas por la entidad, que excluían la existencia de diseños previos para ser evolucionados. Esta decisión reitera que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que implica que su régimen contractual está determinado por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública resulta aplicable al contrato objeto de controversia, cuando se observa que, FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007, art. 14

También resuelve

  • ¿Procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de diseños, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños…
  • ¿La entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes…
  • ¿La parte demandante (contratista) acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL MANUAL DE CONTRATACIÓN RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN PLANOS ARQUITECTÓNICOS FORMACIÓN DEL CONTRATO CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL REAJUSTE DE COSTOS REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS PRECIO DESCUENTO EN EL PRECIO DEL BIEN INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA FACTURA PAGO DE LA FACTURA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE FUTURO CUMPLIMIENTO AUSENCIA DE PRESTACIÓN DE FUTURO CUMPLIMIENTO RIESGO RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL TASA DE CAMBIO RIESGOS RIESGO PREVISIBLE INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MAYOR VALOR DE LOS COSTOS INTERVENTOR CONCEPTO DE INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA FACULTADES DEL INTERVENTOR CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO OBJECIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 43.741 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL / MANUAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública resulta aplicable al contrato objeto de controversia, cuando se observa que, FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado? Respuesta al problema jurídico: No Antes de abordar los motivos de inconformidad del apelante, es necesario precisar que el contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (en adelante, “EGCAP”). Según el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado, como FONDECUN, se rigen por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales, y no están sometidas al EGCAP. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa, la gestión fiscal y del régimen de inhabilidades e incompatibilidades (...) El manual de contratación de FONDECUN aportado al proceso, que fijó tal régimen (...) reitera que su actividad contractual no está sometida al EGCAP FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 14 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / FORMACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DE COSTOS / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de diseños, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños durante la etapa de formación del contrato? Respuesta al problema jurídico: No Los costos de elaboración del diseño (...) se debe establecer si, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños durante la etapa de formación del contrato, la entidad está obligada a pagar un valor adicional por su elaboración, ya que definió el alcance de las obligaciones limitándolas a la actualización. (...) El clausulado del contrato no estableció expresamente que la obligación de D&T consistiera en tomar unos diseños previamente elaborados y suministrados por FONDECUN para llevarlos a un nivel más avanzado de ingeniería, ya que en la descripción de las actividades previstas para la etapa de diseños no se incluyó ninguna referencia en este sentido. Tampoco se estipuló que la entidad contratante debía entregar diseños a nivel de factibilidad (fase II) para que el contratista los desarrollara hasta un nivel de detalle apto para ejecutar las obras de construcción (fase III). De igual forma, no se impuso como obligación de FONDECUN garantizar un nivel mínimo de maduración o calidad de los diseños que presuntamente debía proporcionar a D&T, sino únicamente el deber de entregar la “información técnica” previamente suministrada por la ELC. (...) No obstante, el contrato utilizó la expresión “actualización de los estudios y diseños” para referirse al conjunto de actividades que debía ejecutar D&T, desde la recolección de información básica hasta la elaboración de un presupuesto detallado de cantidades de obra. Según el uso general de las palabras, el sustantivo actualización podría interpretarse como la obligación del contratista de “poner al día” o “darle actualidad” a unos diseños preexistentes de la misma obra, aunque éstos no se mencionaron expresamente en el clausulado del negocio jurídico. (...) Aunque las cláusulas no son completamente explícitas en cuanto al alcance de la obligación de D&T, sí es posible determinarlo a la luz de los documentos del proceso de formación del contrato y sin limitarse únicamente a la literalidad de las estipulaciones transcritas, como pretende el demandante. (...) no cabe duda de que en los estudios previos de la subgerencia de FONDECUN se definió la necesidad técnica que se buscaba satisfacer a través del contrato y el resultado que se pretendía obtener con su ejecución. Concretamente, se establecieron las especificaciones técnicas que debían tenerse en cuenta tanto al elaborar los diseños como al acometer las obras. Sin embargo, no se incluyó ni suministró a los interesados un diseño (medio) para la consecución de tales resultados (...) La respuesta de FONDECUN [a la solicitud de aclaración por algunos proponentes] clarificó varios aspectos a los interesados. En primer lugar, el diagnóstico técnico de la red contraincendios elaborado por Río Arquitectura e Ingeniería —el cual no reposa en el expediente— no constituía un diseño para ejecutar las obras de actualización conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Este documento sirvió para identificar la necesidad de realizar dichas tareas y establecer las especificaciones generales. Por esta razón, la actividad del futuro contratista no consistía en actualizar este diagnóstico. (...) En segundo lugar, FONDECUN también dejó claro que el contratista tendría la obligación de elaborar el diseño necesario para cumplir con las especificaciones técnicas. La expresión “actualización de diseños” —utilizada en la minuta del contrato— no significaba, entonces, que el contratista debía tomar unos diseños previamente elaborados y suministrados por la entidad para llevarlos a un nivel más avanzado de ingeniería, sino que el ejecutor debía elaborar el diseño como la primera actividad comprendida en la “actualización de la red existente”. (...) Según el numeral 2.2 del documento titulado “Reglas de Participación” de la convocatoria pública IP-009-2015, los documentos del proceso de contratación incluían los estudios y documentos previos, la minuta del contrato, las observaciones realizadas por los interesados y las respuestas emitidas por FONDECUN. Al presentar su propuesta, D&T declaró en la carta de presentación "(...) aceptamos todos los requerimientos establecidos en dicho documento” (...) De esta manera, D&T aceptó que su obligación consistía en elaborar los diseños bajo las condiciones precisadas por FONDECUN. Estas condiciones excluían la existencia de diseños previos suministrados por la entidad para ser evolucionados a un nivel más avanzado de ingeniería, ya que FONDECUN aclaró que el contratista debía “adelantar las actividades que sean necesarias, a fin de realizar el diseño de la red de detección y extinción de incendios existentes en las instalaciones”. Por tanto, no procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de estos diseños, pues dicha labor era una obligación contractual del contratista y ésta no se limitó al reajuste de un diseño suministrado por la entidad contratante. (...) D&T no solo podía prever, sino que conocía a ciencia cierta, que las actividades del componente de diseño no consistirían en ajustar un diseño suministrado por FONDECUN. (...) En consecuencia, la obligación de elaborar un “diseño completo” no puede considerarse como no pactada, menos aún imprevista. Por lo tanto, no procede el reajuste del precio pactado. (...) El deber de información (...) D&T debía analizar la suficiencia de la información proporcionada por la entidad y su incidencia en los costos asociados a la etapa de elaboración de diseños. Era una obligación del contratista, como experto, “adelantar las actividades que sean necesarias a fin de realizar el diseño de la red”, pues, tal y como se ha reseñado, la entidad dejó claro que no consistía simplemente en la actualización del diagnóstico elaborado por Río Arquitectura e Ingeniería S.A.S. (...) De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que no es atendible el reparo formulado por el apelante a la sentencia impugnada, ya que éste se basa en el desconocimiento del alcance de la obligación de diseño asumida por D&T. Dado que la prestación era elaborar el diseño necesario para cumplir las especificaciones técnicas, primera actividad comprendida en la “actualización de la red existente”, D&T debe asumir por su cuenta y riesgo los costos en que hubiera incurrido para ese fin. La decisión de desestimar el reparo no se basa en la ausencia de una cuantificación de los perjuicios o compensaciones solicitadas por el demandante, sino en la falta de demostración de los demás elementos necesarios para la prosperidad de una pretensión de responsabilidad contractual. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / PRECIO / DESCUENTO EN EL PRECIO DEL BIEN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes principales, sin un soporte técnico que lo justificara? Respuesta al problema jurídico: No El descuento practicado a D&T por la calidad de la pintura (...) En relación con este segundo asunto, corresponde establecer si la entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes principales, sin un soporte técnico que lo justificara. La Sala aclara que no examinará la oportunidad en que se practicó este descuento. La sentencia de primera instancia concluyó que dicho descuento no fue extemporáneo, pues —aunque se había pagado un acta parcial que incluía este ítem— la oportunidad para aplicarlo se extendía hasta el acta de recibo definitivo de la obra, en la que se verificaba su conformidad técnica.(...) Frente a esta conclusión, por lo demás sustentada en el parágrafo segundo de la cláusula sexta del contrato, el apelante se limitó a reiterar que el descuento fue extemporáneo, sin atacar las bases del razonamiento del Tribunal. Por lo tanto, como no se controvirtió el fundamento de la decisión sobre la oportunidad del descuento, la Sala no abordará este asunto. (...) La cláusula quinta del contrato 308 de 2015 estableció que el sistema de pago de las obras sería el de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. Por su parte, la cláusula tercera estipuló que los pagos de la etapa de obra se realizarían mediante actas mensuales, previa verificación y aceptación de las cantidades ejecutadas por parte de la interventoría. (...) La cláusula en cuestión habilitaba a FONDECUN a descontar montos previamente pagados al contratista cuando la interventoría determinara que las actividades correspondientes no cumplían con las especificaciones técnicas. Esta facultad se alineaba con otras estipulaciones contractuales que obligaban al contratista a garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados. (...). Aunque es indiscutible que FONDECUN estaba facultada para aplicar descuentos, resulta necesario verificar si esta atribución fue ejercida conforme a las condiciones pactadas, es decir, si el descuento se fundamentó en el incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. (...) Aunque el apelante afirmó que no hubo un soporte idóneo que justificara el descuento por la mala calidad de la pintura, en el plenario muestra todo lo contrario. La prueba técnica realizada por un tercero que evidenció los anotados defectos de adherencia y espesor. Estos resultados no fueron desmentidos por D&T durante la ejecución del contrato ni fueron desvirtuados en el proceso con las pruebas que reposan en el expediente. En consecuencia, la Sala concluye que FONDECUN sí tenía un fundamento técnico suficiente para aplicar el descuento. (...) Debido a los resultados de la prueba de adherencia, el 30 de septiembre de 2016 la interventoría informó a FONDECUN que no era posible dar por recibida a satisfacción la actividad de pintura dados los defectos detectados. No obstante, debido a que la actividad ya había sido pagada, el interventor precisó que lo que procedía era efectuar el descuento correspondiente en el acta de recibo final, de acuerdo con el parágrafo segundo de la cláusula sexta (...) Aunque el contrato no detalló el método para cuantificar el valor a descontar por los trabajos que no cumplieran con las especificaciones técnicas, la Sala considera que FONDECUN y la interventoría se ciñeron a los parámetros que emanan de la naturaleza de las obligaciones (Código Civil, art. 1603) y de la modalidad de pago convenida (precios unitarios sin fórmula de reajuste). En efecto, para determinar monto a descontar, la interventoría se basó en los análisis de precios unitarios previamente presentados por el mismo contratista para la actividad de pintura (...) Además, en el expediente no hay pruebas técnicas que desvirtúen la corrección del cálculo de este descuento. 73. En consecuencia, la Sala concluye que el reparo del apelante no es atendible. FONDECUN ejerció adecuadamente su facultad de aplicar descuentos por las actividades defectuosamente ejecutadas por el contratista. El presupuesto contractual que habilitaba este descuento se satisfizo, dado que se probaron técnicamente los problemas de adherencia y espesor de la pintura. Estos hallazgos, que evidenciaron el incumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el contrato, no fueron desvirtuados por D&T durante la ejecución del contrato ni en el curso del proceso judicial. Así, la decisión de desestimar el reparo no se basa en la ausencia de una cuantificación de los perjuicios o compensaciones solicitadas por eldemandante, sino en la falta de demostración de los demás elementos necesarios para la prosperidad de una pretensión de responsabilidad contractual. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS / ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA / FACTURA / PAGO DE LA FACTURA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La parte demandante (contratista) acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de la terminación del plazo contractual, momento para el cual D&T ya debía haber adquirido —e instalado— las tuberías contempladas en el alcance físico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No Los costos derivados de la devolución de la factura 126 (...) En cuanto a este tercer asunto, corresponde determinar si el acta de recibo de la obra acredita —como afirma el apelante— que se cumplieron las condiciones necesarias para que se efectuara el pago de la factura No. 126 y, en consecuencia, si FONDECUN debe asumir los costos de almacenaje derivados de su devolución injustificada. (...) En el expediente no obra la factura No. 126 ni los documentos que se acompañaron a ésta, incluida la orden de desembolso emanada de la interventoría. Por tanto, la Sala no puede constatar si efectivamente había una diferencia entre los valores establecidos en la autorización de desembolso de la interventoría —que era uno de los documentos exigidos contractualmente para efectuar el pago— y el monto incorporado en la factura radicada. El acta de recibo final de la obra, suscrita en noviembre de 2016, tampoco acredita que este soporte se hubiera allegado debidamente ni que fuera consistente con el documento de cobro, pues el acta ni siquiera mencionó la factura 126. (...) Para que la Sala accediera al reconocimiento pretendido, el contratista tenía que probar que aportó todos los soportes en debida forma —incluida la orden de desembolso vigente de la interventoría— y, en consecuencia, que FONDECUN no tenía una justificación válida para abstenerse de pagar la factura No. 126. Sin embargo, D&T no cumplió esa carga probatoria, por lo que el reparo formulado en la apelación no es atendible. (...) Adicionalmente, a partir de los documentos del expediente, la Sala concluye que no está probada una relación causal entre el presunto incumplimiento de FONDECUN —devolución injustificada de la factura— y el perjuicio alegado por D&T —sobrecostos de almacenaje—. (...) no se acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de la terminación del plazo contractual, momento para el cual D&T ya debía haber adquirido —e instalado— las tuberías contempladas en el alcance físico del contrato. Esta consideración, que también impide acoger el reparo del apelante, no versa sobre la cuantía del perjuicio, sino sobre su existencia y vinculación causal con la conducta de FONDECUN. (...) Por último, la Sala no desconoce que el apelante expresó haber intentado radicar una factura de reemplazo tras la devolución de la factura No. 126 y que la interventoría se negó a recibir oportunamente los documentos necesarios para emitir una nueva autorización de desembolso. Sin embargo, dicho análisis excede el objeto del litigio, pues la pretensión del contratista —pretensión 7ª de la demanda— se limitó exclusivamente a la factura No. 126. Por las anteriores razones, la Sala no modificará la decisión adoptada por el Tribunal sobre este punto del litigio para ampliarlo a otra factura. RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRESTACIÓN DE FUTURO CUMPLIMIENTO / AUSENCIA DE PRESTACIÓN DE FUTURO CUMPLIMIENTO / RIESGO / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / TASA DE CAMBIO / CONTRATISTA / RIESGOS / RIESGO PREVISIBLE / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Debe restablecerse el equilibrio económico del contrato debido a la magnitud de la variación de la tasa de cambio entre la presentación de la propuesta y la expiración del plazo contractual? Respuesta al problema jurídico: No Los sobrecostos derivados de la fluctuación de la tasa de cambio (...) Frente a este cuarto asunto, corresponde a la Sala determinar si debe restablecerse el equilibrio económico del contrato debido a la magnitud de la variación de la tasa de cambio entre la presentación de la propuesta y la expiración del plazo contractual. Según el apelante, esta variación (31,3%) no fue considerada por el Tribunal y sus efectos no quedaron regulados por la matriz de riesgos del contrato ni cubiertos por los precios unitarios propuestos por el contratista. (...) Como se indicó, el contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al EGCAP. Por esta razón, no es aplicable el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 (...) El artículo 868 del Código Comercio sí integra el contenido del contrato. Según este enunciado legal, cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, el deudor podrá pedir su revisión. De verificarse este supuesto fáctico, el juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, decretará su terminación. (...) Entre el artículo 868 del Código de Comercio y los artículos 5.1 y 27 de la Ley 80 de 1993 existen diferencias insoslayables. Una de ellas es que en la legislación mercantil la facultad del juez de reajustar el contrato depende de que se verifique la existencia de prestaciones de futuro cumplimiento que se hayan tornado excesivamente onerosas. (...) D&T solicitó que, a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de obra, se ordene a FONDECUN pagar una suma adicional al precio pactado, argumentando una supuesta excesiva onerosidad para el cumplimiento de sus prestaciones por la depreciación del peso colombiano frente al dólar americano. Esta pretensión es improcedente bajo el artículo 868 del Código de Comercio, ya que las prestaciones se consumaron y el contrato se terminó, por lo que no existe una prestación de futuro cumplimiento susceptible de revisión. Además, el régimen aplicable a este contrato no contempla ninguna disposición que otorgue expresamente al contratista el derecho a que se garantice el mantenimiento de la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar. (...) Sin embargo, la ausencia de una norma que garantice la preservación del equilibrio económico de los contratos no sometidos al EGCAP —más allá de lo dispuesto en el artículo 868 del Código de Comercio, que no otorga tal derecho como precisó la Corte Suprema de Justicia—, carece de relevancia para este caso. Esto se debe a que D&T asumió el riesgo cambiario (...) En el numeral 6.2.5 del estudio previo, que es un documento que hace parte del contrato según su cláusula vigésimo cuarta, se asignó al contratista el riesgo financiero, (...) De acuerdo con los documentos del expediente, D&T no presentó observaciones ni comentarios respecto a la distribución de riesgos del contrato. (...) FONDECUN no accedió a modificar la asignación de riesgos establecida en el contrato. Por consiguiente, además de evidenciarse la tendencia alcista de la divisa, lo cual relativiza la imprevisibilidad de esta variación, D&T aceptó asumir el riesgo y retener integralmente los efectos de su materialización, tal como lo establece el numeral 12 de su propuesta (...) El oferente que asume un riesgo debe calcular la probabilidad de su ocurrencia y su impacto sobre los flujos esperados para determinar el costo de asumir dicha contingencia y establecer el valor de su oferta. Por esta razón, el precio propuesto debe reflejar la asunción de riesgos, ya que su distribución busca que la parte que los asuma soporte los efectos de su materialización. Así, los riesgos asignados forman parte de la equivalencia subjetiva de las prestaciones en un contrato conmutativo (Código Civil, art. 1498). (...) La materialización de un riesgo asignado no altera esta equivalencia, pues se entiende que su ocurrencia y sus efectos ya estaban contemplados en la ecuación que definió dicha equivalencia a partir de la estructuración de los precios. Esto es aún más claro en el presente caso, donde (i) se pactó que D&T asumiría “integralmente” los efectos de la fluctuación de la tasa de cambio y (ii) no son aplicables los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007 y 24 (núm. 5, lit. e) de la Ley 80 de 1993, que respectivamente hacen referencia a la asignación de “riesgos previsibles” y prohíben la “formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada”. (...) En conclusión, no procede ordenar el pago de sumas adicionales al precio pactado por la variación de la tasa de cambio, ya que no se cumplen los supuestos para aplicar el artículo 868 del Código de Comercio y, además, el contratista asumió integralmente el riesgo cambiario. Así, la decisión de desestimar el reparo no se basa en la ausencia de una cuantificación de los perjuicios o compensaciones solicitadas por el demandante, sino en la improcedencia legal y contractual de reclamar en este caso una compensación económica adicional por prestaciones ya ejecutadas, respecto de las cuales se alegó una mayor onerosidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad del juez para reajustar el contrato conforme con la legislación mercantil, ver: Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, Sentencia del 12 de julio de 2024, exp. SC1360-2024, [Consideración 2.4.4.]. Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, Sentencia del 22 de noviembre de 2011, exp. 2006- 00537-01, [fundamento jurídico 2]. Sobre el equilibrio económico en contratos estatales no sometidos al EGCAP, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio ce 2024, exp. 44807, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz [Consideración 32]. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2022, exp. 58485, C.P. José Roberto Sáchica Mendez y sentencia del 27 de septiembre de 2024, exp. 67.304, C.P. José Roberto Sáchica Mendez FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1498 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿FONDECUN estaba obligada a reconocer los costos de los materiales adquiridos y las actividades ejecutadas fuera del alcance inicial, al ser la única contratante de D&T con la competencia para adicionar el contrato y haber generado en el demandante una confianza legítima respecto de dicha adición? Respuesta al problema jurídico: No Las actividades ejecutadas por fuera del alcance inicial (...) En relación con este quinto asunto, corresponde determinar, de acuerdo con lo afirmado por el apelante, si FONDECUN estaba obligada a reconocer los costos de los materiales adquiridos y las actividades ejecutadas fuera del alcance inicial, al ser la única contratante de D&T con la competencia para adicionar el contrato y haber generado en el demandante una confianza legítima respecto de dicha adición. (...) La cláusula sexta del contrato (...) De conformidad con esta estipulación, el contratista tenía prohibido ejecutar actividades adicionales no previstas en el contrato, a menos que previamente se hubiera firmado un acuerdo adicional. Las partes sujetaron la modificación del contrato a una solemnidad convencional, lo cual es plenamente válido en los contratos sometidos al derecho común en virtud del principio de autonomía de la voluntad (Código Civil, arts. 1858 y 1979). Por ello, en caso de que D&T ejecutara actividades adicionales sin cumplir con esta formalidad, los asumiría por su cuenta y riesgo, y no habría lugar a su reconocimiento por parte de FONDECUN. 99. Desde el inicio de la ejecución, D&T advirtió que, debido al estado de la red, sería necesario incluir nuevos ítems para cumplir con el objeto contractual74. Sin embargo, durante el desarrollo del contrato, las partes no suscribieron ningún acuerdo solemne que modificara los términos pactados. En el expediente tampoco reposa ningún documento emanado de FONDECUN en el que expresamente hubiera solicitado a D&T la ejecución de ítems adicionales a los previstos en el contrato. Conforme a lo pactado en la cláusula sexta del contrato, esta razón es suficiente para negar el reconocimiento de los costos reclamados por D&T por la adquisición de materiales que estaban por fuera del alcance del contrato. (...) En una de las comunicaciones que reposan en el expediente, D&T afirmó que durante la reunión del 29 de octubre de 2015 la gerencia de FONDECUN le confirmó que se realizaría una adición al contrato por un valor aproximado de $1’100.000.000, la cual se formalizaría más adelante (...) Esta mención no permite concluir que las partes acordaron verbalmente la ejecución de actividades adicionales —acuerdo verbal que en todo caso no tendría efecto por la ausencia de la solemnidad convencional— ni que se especificaron cuáles serían dichas labores. (...) La conclusión anterior se afianza al reparar en la comunicación de la interventoría del 3 de noviembre de 2015, en la que se puso de presente que el contratista no entregó la información necesaria para estudiar y tramitar la adición (...) Además, el testigo (...), gerente técnico de D&T, reconoció expresamente que no se aprobaron los recursos para adicionar el contrato, precisando que se refería tanto a FONDECUN como a la ELC (...) El principio de confianza legítima está estrechamente relacionado con la denominada ‘teoría de los actos propios’, la cual impide a las partes de una relación jurídica adoptar comportamientos incoherentes o contradictorios que resten efectos jurídicos a una conducta anterior, en aras de salvaguardar el postulado de buena fe D&T no probó un comportamiento contradictorio por parte de FONDECUN frente a la eventual suscripción de una adición. Como se explicó, no está demostrado que la entidad estatal hubiera desplegado una conducta jurídicamente relevante y eficaz en el sentido de (i) eliminar la solemnidad convencional exigida para el perfeccionamiento de adiciones contractuales, (ii) ordenar la ejecución de actividades adicionales o (iii) llegar a un acuerdo verbal sobre los ítems que D&T habría de ejecutar. Por tanto, la negativa al pago de los costos reclamados por el contratista no constituye el ejercicio de un derecho subjetivo en forma contradictoria con un comportamiento anterior ni vulnera el deber de buena fe. Simplemente refleja la aplicación de las reglas contractuales relativas a las actividades no previstas, las cuales permanecieron sin modificaciones. (...) En conclusión, el hecho de que el contratista hubiera adquirido materiales para ejecutar ítems no previstos en el contrato constituye una desatención de lo pactado en el contrato, ya que se estableció expresamente que estaba prohibida su ejecución sin incluirlos previamente mediante una modificación contractual solemne. El efecto jurídico de esta inobservancia está pactado en el mismo contrato: FONDECUN no debe realizar ningún reconocimiento y el contratista tiene que asumir por su cuenta tales costos. En consecuencia, la Sala no encuentra atendible el motivo de inconformidad expresado por el apelante sobre este punto del litigio. Así, la decisión de desestimar el reparo no se basa en la ausencia de una cuantificación de los perjuicios o compensaciones solicitadas por el demandante, sino en la falta de demostración de los demás elementos necesarios para la prosperidad de una pretensión de responsabilidad contractual. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1858, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1979 MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / INTERVENTOR / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / INTERVENTORÍA / FACULTADES DEL INTERVENTOR / CONDUCTA LEGÍTIMA DEL INTERVENTOR / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Los requerimientos técnicos formulados al contratista antes de la firma del acta de entrega y recibo final —que habrían generado una mayor permanencia de recursos administrativos del contratista— carecían de justificación técnica, por lo que FONDECUN debe pagar los sobrecostos asociados? Respuesta al problema jurídico: No Los costos indirectos por mayor permanencia en obra (...) En cuanto a este sexto asunto, corresponde a la Sala determinar si, como planteó el apelante, los requerimientos técnicos formulados a D&T antes de la firma del acta de entrega y recibo final —que habrían generado una mayor permanencia de recursos administrativos del contratista— carecían de justificación técnica, por lo que FONDECUN debe pagar los sobrecostos asociados. (...) En el expediente está probado que el plazo de ejecución contractual se extendió hasta el 12 de diciembre de 2015, debido a la suspensión No. 1 y a la prórroga No. 1 (...) No obstante, el acta de entrega y recibo final de la obra se suscribió hasta el 31 de noviembre de 2016 (...) El 12 de diciembre de 2015, el contratista y el interventor suscribieron el acta de terminación del contrato, en la que se dejó constancia de que D&T “no cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido” (...) En la misma fecha, las partes firmaron el acta No. 02, en la que se detallaron las actividades pendientes necesarias para alcanzar el cumplimiento del objeto contractual, que el contratista se comprometió a desarrollar en un plazo máximo de una semana. (...) Las actividades pendientes que se relacionaron en el acta No. 02 de 2015 estaban comprendidas dentro del objeto del contrato 308 de 2015. En efecto, el principal componente del sistema de extinción de incendios era la red de tuberías (ítems 11 a 30 de la oferta económica), que incluía la instalación de nuevos tramos y ramales, la soldadura de pedestales (soportes), el uso de abrazaderas, los arriostamientos y la pintura de las tuberías. (...) En este contexto, la Sala concluye que la inclusión de estas actividades pendientes en el acta No. 2 estaba justificada, dado que su ejecución se había previsto en la oferta presentada por el contratista para garantizar la entrega funcional y completa del sistema antiincendios. Estas actividades coinciden plenamente con el listado de labores pendientes remitido por el interventor a FONDECUN, lo que confirma que, hasta ese momento, la interventoría no formuló exigencias que excedieran las obligaciones contractuales asumidas por D&T. Esta conclusión se refuerza al considerar que el contratista no dejó salvedades en el acta No. 2, sino que reconoció y aceptó que estaban pendientes dichas actividades. En virtud de ello, D&T se comprometió voluntariamente a ejecutarlas y entregarlas a más tardar el 19 de diciembre de 2015, a pesar de que el plazo de ejecución contractual ya había expirado. (...) Corresponde ahora determinar si, durante el periodo en que se extendió la ejecución de las obras más allá del plazo contractual, la interventoría formuló requerimientos técnicos que por carecer de justificación habrían impedido que el acta de entrega y recibo final se suscribiera en una fecha anterior.(...) En el plenario obra una comunicación del 16 de febrero del 2016 en la que el interventor expuso al contratista las razones técnicas por las cuales no podía recibir determinadas actividades pendientes, explicando los defectos y aportando las correspondientes evidencias fotográficas. Asimismo, la interventoría manifestó a D&T que las razones que adujo para cuestionar su decisión de no recibir las obras carecían de sustento técnico, puesto que se limitaron a describir la ejecución del contrato, por lo que no había razones técnicas frente a las cuales el interventor se pudiera pronunciar. De acuerdo con el contrato, la interventoría podía válidamente formular estas observaciones y rehusarse a recibir partes de la obra hasta tanto no cumplieran con los estándares mínimos de calidad fijados convencionalmente o que no se ajustaran a las normas técnicas de referencia. Esto no implicaba un “constreñimiento ilegal”, sino la aplicación de lo pactado por las partes. (...) La razonabilidad técnica de los requerimientos formulados por la interventoría, enmarcados dentro de sus atribuciones contractuales, es un aspecto que exige conocimientos especializados para su elucidación. Por ende, este asunto debía ser objeto de un dictamen pericial (CGP, art. 226). En el expediente no hay pruebas que desvirtúen su fundamento técnico —ni siquiera el dictamen aportado extemporáneamente trató el asunto—. Por lo tanto, la Sala no encuentra probado que la mayor permanencia en obra fuera atribuible a actuaciones de la interventoría o FONDECUN sin justificación técnica. (...) En todo caso, desde una perspectiva contractual —y no de la ingeniería—, la Sala advierte que los documentos del expediente acreditan que la interventoría se limitó a verificar el cumplimiento de las actividades pendientes descritas en el acta No. 02 de 2015, las cuales estaban comprendidas en el objeto del contrato (...) En suma, los documentos del expediente demuestran: (i) que las actividades realizadas por D&T tras de la expiración del plazo hacían parte del contenido del contrato y de los pendientes identificados en el acta No. 02 del 12 de diciembre de 2015; (ii) que los requerimientos formulados por la interventoría se centraron en estos aspectos y no implicaron la exigencia de obligaciones no pactadas en el contrato; aunque D&T señaló reiteradamente que estas actividades eran menores y que su costo era bajo, y se comprometió inicialmente a realizarlas en una semana, las bitácoras de obra revelan que aún en los meses de febrero, marzo y abril de 2016 se continuaban ejecutando; y (iii) que no se probó que las observaciones formuladas por el interventor, que postergaron el recibo final de la obra, carecieran de justificación técnica. Por ende, dado que no se demostró que las causas determinantes de la mayor permanencia fueran ajenas a D&T e imputables a FONDECUN, el demandante debe asumir por su cuenta los costos asociados a esta situación, por lo que no prospera el reparo del apelante. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226 PAGO DE LA FACTURA / MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA / CONTRATO DE OBRA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El retraso en la facturación de las sumas que debían pagarse contra el acta de liquidación del contrato fue atribuible a FONDECUN, en particular por la formulación de observaciones técnicas injustificadas para la firma del acta de recibo y por su negativa a permitir la inclusión de salvedades en el acta de liquidación bilateral, y por ello, FONDECUN está obligada a pagar réditos sobre este capital? Respuesta al problema jurídico: No Intereses sobre los montos que facturaban contra la liquidación (...) En cuanto a este último asunto, corresponde a la Sala determinar si el retraso en la facturación de las sumas que debían pagarse contra el acta de liquidación del contrato fue atribuible a FONDECUN, en particular por la formulación de observaciones técnicas injustificadas para la firma del acta de recibo y por su negativa a permitir la inclusión de salvedades en el acta de liquidación bilateral. Con base en ello, se establecerá si FONDECUN está obligada a pagar réditos sobre este capital. (...) Como se concluyó en el apartado anterior, la demora en la suscripción del acta de entrega y recibo final de la obra no es atribuible a la culpa contractual de FONDECUN ni a exigencias injustificadas de la interventoría. Por el contrario, ésta se originó en la necesidad de que D&T ejecutara una serie de actividades pendientes tras la expiración del plazo de ejecución contractual. En consecuencia, no resulta aplicable el artículo 1538 del Código Civil, según el cual se tiene por cumplida una condición suspensiva cuando una persona utiliza medios ilícitos para impedir su cumplimiento. (...). Dado que a la expiración del plazo contractual no se habían cumplido los requisitos necesarios para la firma del acta de recibo final, la obligación de FONDECUN de pagar el 10% del valor de las obras no se tornó exigible antes de la suscripción del acta de liquidación, como plantea el apelante. Por lo tanto, no es posible afirmar que FONDECUN se constituyó en mora (Código Civil, art. 1608.1) ni que se hayan generado intereses sobre un capital cuya exigibilidad dependía del recibo final de la obra y de la liquidación del contrato. (...) Por otra parte, la Sala no encuentra en el expediente ningún documento que respalde la afirmación del demandante de que FONDECUN impidió la suscripción del acta de liquidación con salvedades. En últimas, el contratista incorporó salvedades en el documento anexo al acta de liquidación bilateral del 25 de abril de 2017, las cuales se plantearon como pretensiones en este proceso. En consecuencia, la Sala concluye que este motivo de inconformidad con la sentencia impugnada tampoco es atendible. La decisión de desestimar el reparo no se basa en la ausencia de una cuantificación de los perjuicios o compensaciones solicitadas por el demandante, sino en la falta de demostración de los demás elementos necesarios para la prosperidad de una pretensión de responsabilidad contractual. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608 NUMERAL 1 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / OBJECIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas a la parte demandante en segunda instancia y confirmar el monto de las mismas impuesto en primera instancia? Respuesta al problema jurídico: Si El recurso de apelación se resolverá desfavorablemente para D&T, por lo que se confirmará la sentencia impugnada. En este orden de ideas, es procedente la condena en costas al demandante por la segunda instancia. El apoderado de FONDECUN no realizó ninguna gestión con posterioridad a la radicación del recurso de alzada por parte de D&T, por tanto, respecto de las agencias en derecho para la segunda instancia, se reconocerá el monto mínimo por las cargas de vigilancia del proceso: 1 SMMLV. (...) En el recurso de apelación, D&T formuló reparos a la fijación de las agencias en derecho por la primera instancia por $20’000.000. En su criterio, el hecho de que se hubiera contestado extemporáneamente la demanda ha debido tenerse en cuenta para negar el reconocimiento de las agencias en derecho. (...) El Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 no condiciona el reconocimiento de agencias en derecho a la realización de actuaciones procesales específicas por parte de los apoderados. Esta norma establece que dicho reconocimiento debe basarse en una ponderación de factores como la naturaleza, calidad y duración de la gestión, la cuantía del proceso y las circunstancias particulares del caso. Por lo tanto, el hecho de que la demanda haya sido contestada tardíamente no impide automáticamente que se reconozcan agencias en derecho. (...) La Sala observa que los apoderados de FONDECUN realizaron múltiples gestiones en las diferentes etapas de la primera instancia, lo que justifica un reconocimiento por concepto de agencias en derecho. Además, el Tribunal redujo significativamente el monto obtenido al aplicar el porcentaje mínimo del 3% establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, que superaba los $130’000.000, al considerarlo desproporcionado con fundamento en el principio de gratuidad relativa. Tras ponderar los intereses debatidos, la gestión de los apoderados y la finalidad de la condena en agencias en derecho, el Tribunal fijó el valor en $20’000.000. Por estas razones, la Sala concluye que dicho análisis fue acertado y no es necesario modificar el monto establecido en primera instancia. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800538021100103