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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios

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Fecha
2026-04-27
Radicado
25000233600020150237601
Número interno
58542
Ponente
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FELIPE DE VIVERO ARCINIEGAS
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios

Regla de decisión

Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver disputas relacionadas con la liquidación y pago de bonificaciones de éxito pactadas en contratos de prestación de servicios, siempre que la cuantía de la pretensión exceda los 500 SMLMV. La demanda debe presentarse dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, que comienza a correr una vez vencido el plazo para la liquidación del contrato, incluso si este no se realiza. Además, la declaración de la representante legal del IDU, aunque no puede considerarse confesión judicial debido a la prohibición legal, puede ser valorada como prueba testimonial anticipada para interpretar el alcance de las estipulaciones contractuales, siempre que se ajuste a los principios de sana crítica y coherencia. Esta decisión modifica precedentes y establece un marco claro para la aplicación del medio de control de controversias contractuales en casos de incumplimiento relacionados con bonificaciones de éxito.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 141 y 150

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia sometida a juicio tiene origen en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002, celebrado entre el abogado… y el IDU, establecimiento público de orden distrital. A su turno, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO ENTIDAD DISTRITAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO POR ENTIDAD DISTRITAL ABOGADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN TERMINACIÓN DEL PROCESO POR CONCILIACIÓN PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PRUEBA ANTICIPADA TESTIMONIO ANTICIPADO VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA ANTICIPADA PRÁCTICA DE PRUEBA ANTICIPADA APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONFESIÓN JUDICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL PROHIBICIÓN DE CONFESIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTATAL DECLARACIÓN JURAMENTADA VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO FUNCIÓN JURISDICCIONAL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA PRINCIPIO DE COHERENCIA COHERENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULA AMBIGUA INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL HERMENÉUTICA JURÍDICA REGLAS DE HERMENÉUTICA CONSTITUCIONAL APLICACIÓN DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA CLÁUSULA OSCURA EN INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL JURISPRUDENCIA DOCTRINA PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES GESTIÓN DEL ABOGADO REPRESENTACIÓN JUDICIAL POR UN ABOGADO FUNCIONES DEL ABOGADO FACULTADES DEL ABOGADO HONORARIOS DEL ABOGADO ACTUACIÓN EN LA DEFENSA JUDICIAL CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEMANDA DE RECONVENCIÓN REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACUMULACIÓN DE PROCESOS CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NORMATIVA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EFECTOS DE LA COSA JUZGADA EFECTOS DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL INTERPRETACIÓN LITERAL CLASES DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ABOGADO DEFENSOR CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA TERMINACIÓN DEL PROCESO EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN VALOR VARIABLE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PAGO DE CONCILIACIÓN SALDOS A FAVOR PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN EFECTIVA, ÚTIL O CONSERVATORIA DEL CONTRATO APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL NATURALEZA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBER DE DILIGENCIA DEBER DE DILIGENCIA DEL ABOGADO DEBER DE LEALTAD CON EL CLIENTE TÉCNICA JURÍDICA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO OBLIGACIÓN DE MEDIO INCENTIVO ECONÓMICO INTERPRETACIÓN INCLUYENTE O EXPLICATIVA DEL CONTRATO FAVOR DEBITORIS INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN OBLIGACIÓN EXIGIBLE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DEL PAGO INEJECUCIÓN PRESUPUESTAL LIQUIDACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA ACUMULACIÓN DE DEMANDAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA OBJETO DE LA CONCILIACIÓN RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA INDEXACIÓN DE LA CONDENA NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO VALOR DE LA CONDENA ACTA DE CONCILIACIÓN IPC TASA DE INTERÉS MORATORIO COBRO DEL INTERÉS MORATORIO CÓMPUTO EN EL INTERÉS MORATORIO EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES PAGO PARCIAL CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Equilibrio económico del contrato Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Garantía única y efectividad de la póliza Prestación de servicios y contrato realidad Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 53.333 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / ENTIDAD DISTRITAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO POR ENTIDAD DISTRITAL / ABOGADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO / BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO Problema jurídico: ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada? Respuesta al problema jurídico: Si Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia sometida a juicio tiene origen en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002, celebrado entre el abogado (…) y el IDU, establecimiento público de orden distrital. A su turno, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, al Consejo de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA, por cuanto en el presente asunto se debate el incumplimiento del IDU en relación con la correcta liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002, al haberse desconocido, según alega el demandante, el alcance de las estipulaciones contractuales acordadas por las partes. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152.5 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / AUTO QUE APRUEBA EL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / TERMINACIÓN DEL PROCESO POR CONCILIACIÓN / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La demanda de controversias contractuales fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato y el plazo legal para su liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si La demanda presentada el 16 de octubre de 2015 fue interpuesta en tiempo, de conformidad con lo previsto en el inciso v) de literal j) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA, tal como pasa a explicarse: Según lo pactado en la cláusula octava del contrato 475 de 2002, su plazo de ejecución se extendía hasta la finalización de los procesos promovidos por ICA S.A., con ocasión del contrato 462 de 1997. Dicho término culminó el 7 de noviembre de 2013, fecha en la cual quedó en firme el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio suscrito entre el IDU e ICA S.A. A partir del 8 de noviembre de 2013 comenzó a correr el término para la liquidación del contrato que, conforme con la cláusula decima octava del negocio jurídico y los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, era de cuatro meses para la liquidación de bilateral y dos meses para la unilateral, el cual venció el 8 de mayo de 2014 sin que se realizara bajo ninguna de esas modalidades. En consecuencia, los dos años de caducidad del medio de control de controversias contractuales iniciaron el 9 de mayo de 2014 y se extendieron hasta el 9 de mayo de 2016, por lo que la demanda fue presentada oportunamente, incluso sin necesidad de adicionar la suspensión derivada de la solicitud de conciliación extrajudicial. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61 PRUEBA ANTICIPADA / TESTIMONIO ANTICIPADO / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA ANTICIPADA / PRÁCTICA DE PRUEBA ANTICIPADA / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CONFESIÓN JUDICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL / PROHIBICIÓN DE CONFESIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTATAL / DECLARACIÓN JURAMENTADA / VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE COHERENCIA / COHERENCIA DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO Problema jurídico: ¿Resulta procedente otorgar valor probatorio, como testimonio anticipado y sin desconocer la prohibición legal respecto de la confesión, a la declaración rendida por la entonces representante legal del IDU para interpretar el alcance de las estipulaciones del contrato objeto de controversia? Respuesta al problema jurídico: Si La declaración rendida por quien ejerció el cargo de directora general del IDU y suscribió el negocio jurídico objeto de controversia podría sugerir, prima facie, la configuración de una confesión, en la medida en que proviene de quien ostentó la representación legal de la entidad al momento de los hechos; no obstante, tal entendimiento no resulta jurídicamente viable (…). En consecuencia, aun cuando la declarante hubiese ostentado la calidad de representante legal para la época de celebración del contrato, sus manifestaciones no pueden producir los efectos propios de la confesión judicial, al tratarse de una prohibición legal de carácter absoluto que impide atribuir el carácter de confesión a tales declaraciones, con independencia del momento en que se rindan. Ahora bien, se constata que, para la fecha en que la señora (…) rindió su declaración ya no se encontraba en ejercicio del cargo, razón por la cual sus manifestaciones deben apreciarse como prueba testimonial anticipada, en los términos del artículo 187 del Código General del Proceso (…). Así las cosas, se observa que la declaración objeto de análisis fue recibida bajo la gravedad del juramento y con comparecencia del IDU, de modo que no se advierte vulneración del principio de contradicción ni resulta exigible su ratificación posterior, a la luz de lo dispuesto en los artículos 188 y 222 del CGP. (…) [A]un cuando la interpretación del contrato constituye una labor que corresponde al juez, ello no impide que el testimonio sea valorado como elemento de juicio, junto con los demás medios de prueba recaudados en el proceso, para reconstruir el contexto negocial, la intención común de las partes y las circunstancias que rodearon la celebración del acuerdo de voluntades, aspectos que constituyen hechos susceptibles de prueba y que pueden ilustrar el proceso hermenéutico, sin sustituir la función jurisdiccional. En consecuencia, la declaración será apreciada como testimonio, bajo las reglas de la sana crítica y en armonía con los demás elementos de prueba obrantes en el expediente. Precisado este punto, la Sala encuentra que la señora (…) expuso de manera coherente, clara y completa la finalidad perseguida con la estipulación de la bonificación de éxito en el contrato de prestación de servicios suscrito con el hoy demandante, indicando que se buscaba incentivar no solo la defensa judicial de la entidad, sino también una gestión activa mediante la formulación de demandas de reconvención, y que desde la etapa precontractual se contemplaba la eventual acumulación de procesos judiciales. (…) En tales condiciones, la Sala otorgará valor probatorio a la declaración en calidad de testimonio y la apreciará de manera armónica con las demás pruebas, sin atribuirle valor de confesión, pero reconociéndole aptitud para ilustrar el iter negocial y el contexto bajo el cual se produjo el acuerdo de voluntades objeto de la controversia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza de la prueba testimonial anticipada, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 30789, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353, C.P. María Adriana Marin; sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 42717, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 187, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 222 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULA AMBIGUA / INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / HERMENÉUTICA JURÍDICA / REGLAS DE HERMENÉUTICA CONSTITUCIONAL / APLICACIÓN DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA / CLÁUSULA OSCURA EN INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / JURISPRUDENCIA / DOCTRINA / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Procede interpretar la cláusula relativa a la bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios con fundamento en la intención común de las partes, el principio de buena fe y las reglas de hermenéutica contractual previstas en el Código Civil, para establecer su verdadero alcance? Respuesta al problema jurídico: Si [L]as posturas interpretativas divergentes sobre la forma de calcular la prima de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002 imponen a la Sala la necesidad de adelantar un ejercicio hermenéutico a la luz de las pautas de interpretación contractual previstas en el Código Civil, aplicables cuando el sentido de una cláusula genera incertidumbre, duda o discrepancia. Tales pautas, aplicables también a los contratos estatales, se encuentran consagradas en los artículos 1618 a 1624 ejusdem, y según la doctrina y la jurisprudencia, comprenden dos principios rectores y seis reglas de interpretación. Los principios rectores son los siguientes: (i) la búsqueda de la común intención de las partes -communis intentio o voluntas spectanda- y (ii) la buena fe negocial o contractual. Por su parte, las reglas abarcan: (i) la especificidad o especialidad; (ii) la interpretación efectiva, útil o conservatoria; (iii) la interpretación naturalista o fundada en la naturaleza del contrato, y de la interpretación usual; (iv) la interpretación contextual, extensiva y auténtica; (v) la interpretación incluyente o explicativa; y (vi) la interpretación de cláusulas ambiguas en favor del deudor, y en contra del estipulante. En relación con el primero de dichos principios, el artículo 1618 del Código Civil dispone que, «conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras». Esta regla ha sido reconocida por esta Sección como la primera y cardinal directriz que debe orientar al juez en su labor interpretativa, pues, cuando de contratos se trata, esta labor no tiene como objeto primario establecer el querer dispositivo e individual de cada uno de los contratantes, sino la intención común de todos ellos, toda vez que el contrato es el resultado de la convergencia de sus designios negociales. (…) Ahora bien, la buena fe contractual, como segundo principio rector, atraviesa transversalmente el ejercicio interpretativo orientado a desentrañar la recíproca intención de las partes. Este postulado, consagrado de manera general en el artículo 83 de la Constitución Política y desarrollado en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, adquiere especial relevancia en el ámbito de la contratación estatal, en la medida en que «obliga a la administración pública y a los particulares contratistas, a tener en cuenta las exigencias éticas que emergen de la mutua confianza en el proceso de celebración, ejecución y liquidación de los contratos». A partir de lo expuesto, podría afirmarse que cualquier ejercicio hermenéutico debe iniciarse desentrañando y averiguando la verdadera intención, la voluntad genuina de las partes contratantes, apreciada a la luz del principio de la buena fe contractual, y que solamente cuando dicha indagación no permita esclarecer el sentido de la cláusula controvertida debe acudirse a las directrices de interpretación previstas en los artículos 1619 a 1624 del Código Civil, que tienen «un carácter subsidiario, instrumental o de apoyo, en la labor de fijación del contenido contractual». Con todo, esta secuencia metodológica no puede entenderse de manera rígida. Si bien la búsqueda de la intención común de la voluntad constituye la regla general y el punto de partida del análisis, en determinados eventos una aproximación exclusivamente subjetiva puede resultar insuficiente para auscultar plenamente el alcance de una estipulación contractual. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretación de las cláusulas contractuales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1991, exp. 5973, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 30 de junio de 2011, exp. 38619, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 7 de junio de 2011, exp. 18762, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp. 37959, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 10 de febrero de 2021, exp. 47068, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Corte Constitucional, sentencia C 892 del 22 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2008, exp 2000-00075-01, M.P. Arturo Solarte Rodríguez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1619, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1621, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1623, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1624 CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / GESTIÓN DEL ABOGADO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / REPRESENTACIÓN JUDICIAL POR UN ABOGADO / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / FUNCIONES DEL ABOGADO / FACULTADES DEL ABOGADO / HONORARIOS DEL ABOGADO / ACTUACIÓN EN LA DEFENSA JUDICIAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / REMUNERACIÓN EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / TERMINACIÓN DEL PROCESO POR CONCILIACIÓN / CONTENIDO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NORMATIVA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / EFECTOS DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN / ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL / INTERPRETACIÓN LITERAL Problema jurídico: ¿Los principios de la búsqueda de la intención común de las partes y de la buena fe contractual permiten interpretar que la cláusula de bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios fue pactada para causarse tanto en los eventos de terminación del litigio mediante sentencia como mediante conciliación, conforme a la finalidad económica del negocio y a la voluntad convergente de los contratantes? Respuesta al problema jurídico: Si De la interpretación sistemática de la cláusula cuarta se advierte que la bonificación de éxito fue concebida como una remuneración variable vinculada al resultado de los procesos en los cuales el contratista ejerció la representación judicial del IDU, sin que su causación quedara restringida exclusivamente a la expedición de una sentencia. En efecto, en el parágrafo segundo se estructuraron dos supuestos diferenciados pero concurrentes de pago, como manifestaciones autónomas del éxito alcanzado en el litigio, al prever el reconocimiento del 1% sobre la diferencia entre la suma pretendida por ICA S.A. y la que finalmente se determinara -en los procesos en los que la entidad actuaba como demandada-, así como del 2% sobre las sumas que resultaren a favor del IDU -en aquellos en los que actuaba como demandante. Por su parte, el parágrafo tercero de la cláusula no estableció una base distinta de liquidación de la bonificación de éxito, sino que reguló el evento en que el proceso culminara mediante conciliación, al disponer, de un lado, que «solo se pagarán los valores ocasionados hasta ese momento», lo cual se refiere a los honorarios fijos asociados a los hitos procesales -como efectivamente fue pagado este concepto- y, de otro, que «sobre el valor conciliado se causará la bonificación de éxito antes señalada», expresión que, contrario a lo que discutió el IDU, no sustituye los criterios definidos en el parágrafo segundo, sino que remite a ellos, en cuanto dispone que la bonificación que se causa es la antes señalada, esto es, la del 1% y del 2%. (…) [L]a conciliación, contrario a lo sostenido por el IDU en el litigio, no altera la estructura de la remuneración variable ni sustituye las reglas de cálculo del 1% y del 2% por una base distinta, sino que constituye simplemente el mecanismo a través del cual se define el resultado del litigio, al cual se aplican los mismos criterios de causación previstos en el parágrafo segundo. Bajo ese entendimiento, la acumulación de los procesos y su finalización mediante un único acuerdo conciliatorio implica que la bonificación de éxito del 1% deba calcularse respecto de la diferencia resultante entre las súplicas formuladas por ICA S.A. en cada una de las demandas promovidas y el resultado económico definido en el acuerdo conciliatorio para cada proceso. Por su parte, el 2% debe calcularse con base en las sumas efectivamente reconocidas a favor del IDU en el acuerdo conciliatorio, como resultado de las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención. Así las cosas, la Sala considera que fue el propio texto contractual el que equiparó, para efectos de la causación de la bonificación de éxito, el resultado definido mediante sentencia a aquel alcanzado por vía conciliatoria. En tal virtud, la estipulación debe interpretarse en el sentido de que el derecho a obtener la bonificación de éxito -y la correlativa obligación de pago- surge cuando se obtiene un resultado económico favorable para la entidad en cada uno de los procesos, ya fuere por sentencia proferida por la autoridad judicial competente o mediante acuerdo que pusiera fin a las disputas, en los términos expresamente pactados por las partes. Esta interpretación resulta coherente con el régimen legal aplicable, en tanto los artículos 65, 66 y 70 de la Ley 446 de 1998 -vigentes para la fecha en que se surtieron los procesos judiciales- reconocen expresamente a las entidades públicas la facultad de conciliar controversias de contenido económico, tanto en sede judicial como prejudicial, y le otorgan al acuerdo conciliatorio efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo, equiparándolo, en sus consecuencias sustanciales, a una sentencia. (…) En síntesis, contrario a lo sostenido por el IDU en su recurso de apelación, para la Sala, tanto la conducta precontractual de las partes como la interpretación integral del clausulado, evidencian que la bonificación de éxito fue concebida para operar en dos supuestos susceptibles de concurrir -la disminución de las súplicas formuladas por ICA S.A. en contra del Instituto y la obtención de condenas a favor del IDU-, los cuales, de verificarse simultáneamente, daban lugar al pago total de la remuneración acordada, sin quedar supeditada de manera exclusivamente a la expedición de una sentencia judicial, en tanto las partes convinieron expresamente que la conciliación produciría los mismos efectos de cara a su causación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la producción de un consentimiento contractual, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de junio de 1989, M.P. Rafael Romero Sierra. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 65, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 66, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 70 REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLASES DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / REPRESENTACIÓN JUDICIAL POR UN ABOGADO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / ABOGADO DEFENSOR / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / GESTIÓN DEL ABOGADO / ACTUACIÓN EN LA DEFENSA JUDICIAL / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / TERMINACIÓN DEL PROCESO / TERMINACIÓN DEL PROCESO POR CONCILIACIÓN / EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN / VALOR VARIABLE / INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PAGO DE CONCILIACIÓN / SALDOS A FAVOR / PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD / INTERPRETACIÓN EFECTIVA, ÚTIL O CONSERVATORIA DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / NATURALEZA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / DEBER DE DILIGENCIA / DEBER DE DILIGENCIA DEL ABOGADO / DEBER DE LEALTAD CON EL CLIENTE / TÉCNICA JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO / OBLIGACIÓN DE MEDIO / INCENTIVO ECONÓMICO / INTERPRETACIÓN INCLUYENTE O EXPLICATIVA DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE CLÁUSULA AMBIGUA / FAVOR DEBITORIS Problema jurídico: ¿La interpretación de la cláusula cuarta y de los parágrafos del contrato de prestación de servicios profesionales, conforme a los principios y reglas de hermenéutica contractual previstos en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, permite concluir que la bonificación de éxito comprendía dos supuestos autónomos y concurrentes de causación, exigibles cuando el resultado económico favorable para el IDU proviniera de la disminución de las pretensiones formuladas en su contra y de las sumas obtenidas mediante la demanda de reconvención, incluso si dichos resultados se alcanzaron mediante conciliación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 1622 del Código Civil contempla una regla de carácter subjetivo que, en estricto sentido, integra tres pautas hermenéuticas diferenciadas: (i) la interpretación contextual, (…) (ii) la interpretación extensiva (…) y (iii) la interpretación auténtica (…). El artículo 1619 del Código Civil consagra la denominada regla de la especificidad o especialidad, al establecer que «por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre [la] que se ha contratado». Se trata, entonces, de una pauta de carácter objetivo según la cual las estipulaciones contractuales deben interpretarse dentro del ámbito material propio del negocio jurídico celebrado, de modo que expresiones amplias o genéricas no pueden extenderse más allá del objeto efectivamente convenido. (…) En el asunto bajo examen, se constata que los parágrafos que regularon la prima de éxito no constituyen cláusulas de alcance abierto que requieran ser restringidas mediante esta pauta, sino estipulaciones diseñadas a la medida de un contrato de prestación de servicios para la representación judicial en un litigio complejo y determinado. (…) Por tanto, la aplicación de la regla de especialidad conduce a afirmar que el alcance de la bonificación debe ceñirse estrictamente a los eventos expresamente previstos en el contrato, sin extensiones que desborden la materia pactada, pero tampoco con restricciones que desnaturalicen o reduzcan indebidamente lo que los extremos negociales estipularon con precisión. (…) El artículo 1620 del Código Civil contempla la regla de la interpretación efectiva, útil o conservatoria, al disponer que «el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno». Esta pauta se funda en el reconocimiento del contrato como fuente normativa obligatoria para las partes y en la presunción de que estas lo celebran con la finalidad de que sus estipulaciones generen consecuencias jurídicas reales y prácticas. En tal virtud, el intérprete está llamado a privilegiar aquella comprensión que mantenga la eficacia de la cláusula y a descartar interpretaciones que la vacíen de contenido, la tornen inocua o frustren la finalidad económica perseguida por los contratantes. (…) [L]a interpretación que admite la concurrencia de ambos supuestos y reconoce la equivalencia funcional entre sentencia y conciliación preserva la coherencia interna de la cláusula y mantiene incólume la lógica económica que la informa. En tal virtud, la regla de conservación conduce a preferir el entendimiento que permita a la estipulación desplegar íntegramente los efectos previstos por las partes y no aquella que los restrinja sin respaldo en el texto contractual. El artículo 1621 del Código Civil incorpora dos reglas hermenéuticas distintas: (i) la denominada interpretación naturalista, conforme con la cual «en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato»; y (ii) la interpretación usual, según la cual «las cláusulas de uso común se presumen, aunque no se expresen». (…) En el sub examine, se reitera, la controversia versa sobre el alcance de una cláusula inserta en un contrato cuyo objeto consistía en la representación judicial del IDU en procesos derivados del contrato 462 de 1997. Se trata, entonces, de un contrato de prestación de servicios, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, celebrado por una entidad estatal para desarrollar actividades relacionadas con su funcionamiento y defensa institucional, modalidad contractual que se justifica en la necesidad de acudir a conocimientos especializados y competencias profesionales externas. (…) No obstante, en el ordenamiento jurídico colombiano no existen tarifas legales imperativas para fijar los honorarios en este tipo de contratos celebrados con entidades estatales, razón por la cual su determinación queda, en principio, librada a la autonomía de la voluntad de las partes, conforme al artículo 40 de la Ley 80 de 1993. En ese contexto, resulta admisible que la remuneración se estructure mediante una combinación de suma fija y componente variable, este último representado en una bonificación porcentual asociada al beneficio económico obtenido por el mandante como resultado de la gestión profesional. (…) Como resultado del análisis efectuado a la luz de los principios de la búsqueda de la recíproca intención de las partes y de la buena fe, así como de las pautas de interpretación previstas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil -contextual, efectiva, naturalista, de especialidad y demás pautas examinadas-, la Sala concluye que la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 y sus parágrafos consagraron un esquema remuneratorio dual, compuesto por dos hipótesis autónomas de causación de la bonificación de éxito, susceptibles de operar de manera concomitante y no excluyente. En efecto, de una parte, el IDU quedó obligado a pagar al demandante el 1% de la diferencia entre el monto de las pretensiones económicas formuladas por ICA S.A. en los procesos radicados 2002-1985, 2002-2337 y 2003-0655 y el valor finalmente determinado por la jurisdicción, porcentaje que retribuye la gestión de defensa encaminada a disminuir o neutralizar las reclamaciones formuladas contra la entidad. De otra parte, la entidad asumió la obligación de reconocer el 2% de las sumas que ICA S.A. se comprometió a pagar al Instituto como resultado de las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención, obligación que quedó reflejada en el acuerdo conciliatorio bajo el rubro «monto a favor del IDU», en cuanto expresión del resultado económico obtenido por la entidad mediante el ejercicio del derecho de acción, que se materializó por la vía de la demanda de reconvención. Asimismo, quedó claramente establecido que la causación de ambos porcentajes no se encontraba supeditada a que los procesos culminaran mediante sentencia judicial, toda vez que el propio contrato previó expresamente la hipótesis de terminación por conciliación y le atribuyó efectos remuneratorios equivalentes. En tal virtud, cualquier interpretación que restrinja la operatividad de uno de los componentes o que altere la base de cálculo definida contractualmente por las partes desconoce no solo el tenor literal del clausulado, sino también su coherencia sistemática y la finalidad económica que orientó el acuerdo de voluntades, además la verdadera intención de las partes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las reglas de interpretación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, exp. 22714, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 24 de abril de 2024, exp. 63438, C.P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 24 de julio de 2013, exp. 25642, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia de 21 de abril de 2004, exp. 14651, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de febrero de 2005, exp. 7504, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; sentencia del 13 de mayo de 2014, exp. 5851, M.P. Margarita Cabello Blanco. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1619, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1621, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1624 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / OBLIGACIÓN EXIGIBLE / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿La acreditación del incumplimiento de una obligación contractual válida y exigible, junto con la demostración del daño antijurídico y del nexo causal entre aquel y este, permite declarar la responsabilidad contractual de la parte incumplida y, en consecuencia, imponer el cumplimiento de las obligaciones debidas o la indemnización de los perjuicios reclamados? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l incumplimiento contractual constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad derivada del contrato estatal y se configura cuando una de las partes, mediante una conducta jurídicamente imputable, deja de ejecutar total, parcial o defectuosamente las obligaciones asumidas, en contravía de lo pactado. (…) Su fundamento descansa, entonces, en la fuerza vinculante del contrato, como expresión de la autonomía de la voluntad y del principio pacta sunt servanda, consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes y debe ejecutarse de buena fe. Ahora bien, la configuración de la responsabilidad contractual exige la acreditación concurrente de tres presupuestos, a saber: (i) el incumplimiento de una obligación válida y exigible -sea por cumplimiento defectuoso o tardío o por inejecución definitiva-; (ii) la causación de un daño antijurídico a la parte cumplida; y (iii) la existencia de un nexo causal entre la conducta incumplida y el perjuicio alegado. El retardo se presenta cuando el deudor no satisface la prestación dentro del término en que era exigible; el cumplimiento defectuoso ocurre cuando la ejecución no se ajusta a las condiciones pactadas, legales o derivadas de la buena fe; y el incumplimiento definitivo tiene lugar cuando la omisión es total o cuando, aun siendo posible la ejecución tardía, está ya no resulta idónea para satisfacer el interés del acreedor. Desde el punto de vista procesal, quien pretende la declaratoria de incumplimiento y la consecuente indemnización debe probar de manera suficiente los hechos constitutivos de la responsabilidad, conforme con el principio de la carga de la prueba -onus probandi-, que impone a las partes demostrar el supuesto fáctico de las normas que invocan. A su vez, el juez debe fundar su decisión en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, de modo que solo cuando se acreditan los elementos señalados procede la condena al cumplimiento o al pago de los perjuicios correspondientes, en los términos solicitados y probados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para la configuración de la responsabilidad contractual, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 17552, Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 1 de marzo de 2006, exp. 15898, C.P. María Elena Giraldo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE / CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / ACTUACIÓN EN LA DEFENSA JUDICIAL / TERMINACIÓN DEL PROCESO POR CONCILIACIÓN / EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN / INEJECUCIÓN PRESUPUESTAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / LIQUIDACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN Problema jurídico: ¿El IDU incurrió en incumplimiento total y parcial de la obligación de reconocer y pagar la bonificación de éxito prevista en la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios, al abstenerse de reconocer el componente correspondiente al 1% y liquidar el componente equivalente al 2% sobre una base distinta de la expresamente pactada, pese a tratarse de una obligación válida, exigible y previamente definida mediante la interpretación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Con respecto al componente de la bonificación de éxito equivalente al 1% de la diferencia entre las pretensiones formuladas por ICA S.A. en los diferentes procesos promovidos y los valores finalmente reconocidos en sede jurisdiccional, se encuentra acreditado, de manera suficiente, que el IDU no efectuó reconocimiento ni pago alguno en favor del abogado (…). [E]l contrato expresamente contempló la hipótesis de terminación por vía conciliatoria y le atribuyó efectos equivalentes a los de una sentencia para efectos de la causación de la bonificación de éxito. Además, se determinó que el cálculo del 1% debía efectuarse individualmente respecto de cada proceso y no de manera global. Así las cosas, se concluye que el IDU, al abstenerse de reconocer este porcentaje, incurrió en una inejecución total de esta prestación, por lo que, desde la perspectiva de la teoría general de responsabilidad contractual, se configura aquí un supuesto de incumplimiento definitivo respecto de ese componente, pues aquella no fue ejecutada ni aun parcialmente, pese a ser exigible y estar claramente determinada en el contrato. (…) Distinta es la situación frente al componente de la bonificación de éxito equivalente al 2%, asociado a las sumas reconocidas a favor del IDU como consecuencia de las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención, toda vez que, si bien la entidad sí reconoció y efectuó un pago equivalente a $274’827.959, formalizado mediante la Resolución 106462 de 2014 -circunstancia que descarta la existencia de una inejecución absoluta-, lo cierto es que el problema radica en la base utilizada para liquidar dicho porcentaje. (…) [E]l IDU tomó como base la suma resultante del cruce de cuentas efectuado en la conciliación -$7.253’011.695,98, que actualizado a julio de 2011 ascendía a $11.205’146.035,90-, esto es, el valor neto obtenido luego de compensar las obligaciones recíprocas y no el monto total reconocido en el acuerdo. Esa metodología alteró sustancialmente el resultado del cálculo, pues redujo la base imponible del porcentaje pactado, generando una liquidación inferior a la debida. Se configura, entonces, un supuesto de cumplimiento defectuoso o parcial, en tanto la obligación fue ejecutada, pero no conforme con las condiciones pactadas ni a la base de cálculo prevista en el contrato. (...) El IDU incurrió en un doble incumplimiento contractual respecto de su obligación de reconocer y pagar la bonificación de éxito al abogado (...) (i) uno total respecto del 1%, al no reconocer ni pagar suma alguna por este concepto; y (ii) otro parcial respecto del 2%, al liquidarlo sobre una base distinta a la pactada. En criterio de la Sala, la conducta desplegada por la entidad no puede considerarse una mera divergencia interpretativa inocua, sino una ejecución contraria al contenido obligacional determinado mediante el ejercicio hermenéutico desarrollado en esta providencia, ya que se acreditó la existencia de una obligación válida y exigible, su inejecución total o defectuosa y la consecuente afectación patrimonial del contratista, consistente en la no percepción íntegra de la bonificación de éxito. LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / SALDOS A FAVOR / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / TERMINACIÓN DEL PROCESO POR CONCILIACIÓN / ACUMULACIÓN DE DEMANDAS / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBJETO DE LA CONCILIACIÓN / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / INDEXACIÓN DE LA CONDENA / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / REINTEGRO DEL PAGO DE LO NO DEBIDO / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO Problema jurídico: ¿Debe el juez modificar la liquidación judicial del porcentaje equivalente al 1% de la bonificación de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios, mediante la correcta determinación de las bases económicas de cálculo correspondientes a cada uno de los procesos promovidos por ICA S.A., la cuantificación de la diferencia entre las pretensiones formuladas y las sumas efectivamente reconocidas en la conciliación, la actualización de los valores conforme al IPC y la determinación del saldo insoluto adeudado por ese concepto? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e procederá a efectuar una liquidación judicial definitiva que refleje con exactitud el contenido obligacional del negocio jurídico (…). La primera parte del parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 establecía que, por concepto de bonificación de éxito, se causaría «el pago del 1% de la diferencia entre la suma pretendida por ICA S.A. y la que finalmente determine el Tribunal». Ahora bien, como las demandas que afrontó el IDU fueron presentadas de manera individual y una vez acumuladas las disputas judiciales estas finalizaron mediante acuerdo conciliatorio, la diferencia referida en dicho texto se deberá calcular con base en el monto de las pretensiones contenidas en cada una de las demandas y aquel que fue efectivamente reconocido en la conciliación, como se procede a realizar: Proceso 2002-1985 (…). ICA S.A. promovió dicho proceso judicial con el propósito de que se restableciera el equilibrio económico del contrato 462 de 1997 y, en consecuencia, se condenara al IDU al pago de las sumas que resultaran probadas durante el trámite procesal; no obstante, al concluir el litigio mediante acuerdo conciliatorio, las partes procedieron a cuantificar de manera expresa y consensuada el valor de tales pretensiones, según consta en el acta de conciliación por ellas suscrita, de modo que el monto que debe servir de base para el cálculo de la bonificación de éxito es el allí fijado, en cuanto corresponde a la estimación económica definitiva aceptada para poner fin a la controversia (…). [S]i las pretensiones económicas ascendían a $20.015’510.103 y se reconocieron $7.325’939.314,25, la diferencia entre lo reclamado y lo efectivamente reconocido equivale a $12.689’570.788,75. En tales condiciones, la bonificación de éxito pactada a favor del abogado (…) por las actuaciones desplegadas en el proceso 2002-1985 corresponde al 1% de dicha diferencia, esto es, $126’895.707,88, suma a la que debe adicionarse el 16% por concepto de IVA, para un total de $147’199.021,14 a valores de julio de 2002. Igualmente, de conformidad con lo previsto en el parágrafo cuarto de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 -según el cual «los valores que se causen con posterioridad al año 2002 se actualizarán conforme al IPC de la fecha de pago»-, esta suma debe ser indexada desde enero de 2003 hasta diciembre de 2014 -fecha en la cual se efectuó el pago incompleto por parte del IDU147-, con base en los índices certificados por el DANE -tabla de empalme (…). Proceso 2002-2337 En este proceso, ICA S.A. pretendió la nulidad de la resolución mediante la cual el IDU declaró la caducidad del contrato 462 de 1997, así como del acto que la confirmó. A título de restablecimiento del derecho, dicha sociedad solicitó, de un parte, el reintegro de los dineros que hubiere debido pagar con ocasión de la efectividad de la cláusula penal, estimados en $11.100’000.000; y de otra, la indemnización de los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad, cuantificados en $20.000’000.000. (…) Así las cosas, la bonificación de éxito pactada a favor del abogado (…) por las actuaciones desplegadas en el proceso 2002-2337 corresponde al 1% de $31.100’000.000, esto es, $311’000.000, suma a la que debe adicionarse el 16% por concepto de IVA, para un total de $360’760.000 a valores de diciembre de 2002. Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el parágrafo cuarto de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 que prevé la actualización de los valores causados con posterioridad al año 2002 conforme al IPC vigente a la fecha de pago-, la suma histórica de $360’760.000 debe traerse a valor presente desde enero de 2003 hasta diciembre de 2014 -momento en que el IDU efectuó el pago incompleto-, con fundamento en los índices certificados por el DANE (…). Proceso 2003-0655 ICA S.A. promovió el proceso judicial mencionado con la súplica de que se declarara la nulidad de la resolución que declaró la ocurrencia de un siniestro cubierto por el amparo de anticipo y del acto que lo confirmó. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que el IDU le reintegrara el dinero que hubiere tenido que pagar por la decisión de hacer efectiva dicha garantía, que ascendía a $7.063’617.062 . De lo anterior se desprende que la totalidad de las pretensiones formuladas en este proceso ascendía a $7.063’617.062 para marzo de 2003 -fecha de presentación de la demanda-; de las cuales, en el acuerdo conciliatorio aprobado, no se reconoció suma alguna por este concepto, razón por la cual la diferencia entre lo reclamado y lo efectivamente reconocido permanece inalterada en ese mismo valor. En tales condiciones, la bonificación de éxito pactada a favor del abogado (…) por las actuaciones desplegadas en el proceso judicial 2003-0655 corresponde al 1% de $7.063’617.062, esto es, $70.636’170,62, suma a la que debe adicionarse el 16% por concepto de IVA, para un total de $81’937.957,91 a valores de marzo de 2003. LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO / VALOR DE LA CONDENA / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / ACTA DE CONCILIACIÓN / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / IPC / INDEXACIÓN DE LA CONDENA Problema jurídico: ¿La bonificación de éxito equivalente al 2% pactada en el contrato de prestación de servicios, debió liquidarse con base en el valor total reconocido a favor del IDU como consecuencia de la demanda de reconvención? Respuesta al problema jurídico: Si La segunda parte del parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 establecía que, por concepto de bonificación de éxito, se causaría a favor del abogado (…) el 2% de la suma a la que resultara condenada ICA S.A., las cuales, tal como se precisó en párrafos anteriores, tenían su génesis en las pretensiones formuladas por el IDU en la demanda de reconvención. En este sentido, se advierte que, conforme con el acta de conciliación, ICA S.A. debía reconocer al IDU la suma de $14.582’565.813,31 a julio de 2002, con independencia del valor neto que finalmente resultara a su cargo luego del cruce de cuentas en el que operó la compensación de obligaciones recíprocas, líquidas y exigibles, el cual ascendió a $7.253’011.695,98. No obstante, fue sobre esta última suma -previamente actualizada- que el IDU liquidó el porcentaje del 2%, proceder que no se ajusta a la base prevista contractualmente. En tales condiciones, la bonificación de éxito que debió reconocerse al abogado (…) por el ejercicio del derecho de acción a través de la demanda de reconvención corresponde al 2% de la suma de $14.582’565.813,31, esto es, $291’651.316,26, valor al que debe adicionarse el 16% por concepto de IVA, para un total de $338’315.526,86 a precios de julio de 2002. Igualmente, de conformidad con lo previsto en el parágrafo cuarto de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 -según el cual «los valores que se causen con posterioridad al año 2002 se actualizarán conforme al IPC de la fecha de pago»-, esta suma debe ser indexada desde enero de 2003 hasta diciembre de 2014 -fecha en la cual se efectuó el pago incompleto por parte del IDU-, con base en los índices certificados por el DANE -tabla de empalme (…). Al efectuar la operación -($338’315.526,86 × 82,47) / 50,42- se obtiene como resultado la suma de $553’369.327,65, monto que corresponde al valor que debió reconocer y pagar la entidad accionada el abogado (…) por concepto de la bonificación de éxito pactada en relación con el ejercicio del derecho de acción en la demanda de reconvención incoada en el proceso 2002-1985. RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / CÓMPUTO EN EL INTERÉS MORATORIO / EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES / PAGO PARCIAL / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE COMISIÓN DE ÉXITO Problema jurídico: ¿Los intereses moratorios sobre el saldo insoluto derivado del contrato de prestación de servicios, deben liquidarse únicamente a partir del pago parcial efectuado en diciembre de 2014, al quedar determinado desde ese momento el monto cierto de la obligación pendiente, y no desde el vencimiento del plazo contractual previsto para el pago de la factura? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con este punto, debe acudirse a la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios 475 de 2002, en la cual se estableció que: «teniendo en cuenta el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, cuando el IDU no cancele al asesor las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura debidamente elaborada y radicada en el IDU, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC». Dicha estipulación resulta concordante con lo previsto en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 (…). Ahora bien, en principio, la mora se configuraría una vez vencido el término de 45 días hábiles contados desde la radicación de la factura presentada por el abogado -1° de abril de 2014-, pues, conforme con el artículo 1608 del Código Civil, el deudor incurre en mora cuando no cumple la obligación dentro del plazo estipulado, por lo que al existir un término contractual expreso para el pago, la exigibilidad de la obligación y, por ende, la mora, se producirían automáticamente al vencimiento de dicho plazo sin necesidad de requerimiento adicional. No obstante, en el sub examine se advierte que, con posterioridad a la radicación de la factura, surgió una controversia objetiva entre las partes contractuales frente a la correcta metodología para liquidar la bonificación de éxito, particularmente en lo concerniente a la base de cálculo y a los valores que debían reconocerse. Esta divergencia interpretativa -que originó el presente proceso- impidió que el monto exacto de la obligación quedara pacíficamente determinado en ese momento, lo que condujo a que la entidad efectuara un reconocimiento y pago en diciembre de 2014 bajo su propia interpretación contractual, la cual fue aceptada por el contratista de manera parcial. En tales condiciones, aunque la obligación era exigible con anterioridad, el pago parcial realizado en diciembre de 2014 delimitó con precisión la existencia de un saldo insoluto cierto y cuantificado, que, como se dejó plasmado en líneas anteriores, ascendió a $1.240’576.482,36. Por tanto, los intereses moratorios se liquidarán respecto de dicho saldo a partir de diciembre de 2014 hasta la fecha de expedición de la providencia, aplicando para ello una tasa equivalente al doble del interés legal civil, esto es, el 12% anual, toda vez que en el contrato no se pactó una tasa de intereses moratorios diferentes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el método desarrollado por el Consejo de Estado para la liquidación de los intereses moratorios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 29 de enero de 2004, exp. 10779, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 2 de julio de 2021, exp. 51163, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 16 de junio de 2025, exp. 55030, C.P. Adriana Polidura Castillo. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608 CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Problema jurídico: ¿La condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte vencida exige fijar las agencias en derecho por parte del juez de segunda instancia y deferir al Tribunal de origen la liquidación de las costas, una vez acreditada su causación en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 361 del CGP dispone que «las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho». A su turno, los artículos 365 (numerales 1 y 8) y 366 ejusdem -aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA- establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre que en el expediente se acredite su causación; y, en tal evento, su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría del Tribunal a quo, correspondiéndole a este juzgador únicamente la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, conforme con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. En este contexto, este juzgador impondrá condena en costas al IDU, en su condición de parte vencida en el proceso, habida cuenta de que su contraparte intervino activamente en el trámite de la segunda instancia mediante la presentación de recurso de apelación y alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que, en esta instancia, se reconocen agencias en derecho equivalentes al 0,5% del valor de las pretensiones acogidas, de conformidad con las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502376011100103